No es poca cosa que el ex presidente de la Aduana Nacional, un general designado en el cargo por el propio primer mandatario, haya revelado, documentos en mano, la presunta participación del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en el millonario contrabando de mercadería avaluada en más de 1.5 millones de dólares en Pando a mediados del presente año.

Las revelaciones, que esta vez no provienen de la oposición, si no, por el contrario, del seno mismo del Poder Ejecutivo, involucran también al actual prefecto interino de Pando, quien, cuando ejercía el cargo de responsable del Comando Conjunto en ese Departamento, no habría actuado para retener los camiones con contrabando.

El defensor de Quintana es su aún colega y ex representante en Bolivia de Petrobras, Walker San Miguel, quien dice que las denuncias del ex funcionario jerárquico de la Aduana de este mismo gobierno, tienen finalidad política. El ministro de Defensa que también impulsa la dudosa compra de helicópteros por 10 millones de dólares, descartando el ofrecimiento que habría hecho China de proveer esos aparatos con créditos no reembolsables y/o concesionales, cree que las denuncias provienen de la oposición y se ha estrellado contra medios de comunicación a los que también considera adversarios del régimen.

Pero lo más grave de todo es la revelación que da cuenta que, antes de su relevo como presidente a.i. de la Aduana, López habría puesto en conocimiento verbalmente de todos estos hechos al mismísimo presidente de la República, Evo Morales.

¿Que le respondió Evo cuando le informó de estos hechos?. "Cumpla con su deber en el marco de la Ley", habría ordenado Evo. ¿Que le correspondía, independientemente de aquello, al mismo Presidente hacer, teniendo en cuenta que el involucrada trabaja exactamente al lado de su oficina?. Lo mismo. Cumplir con la ley, lo que quiere decir denunciar el hecho a la justicia ordinaria para que investigue a su ministro. Pero no se sabe de denuncia alguna y, por el contrario, el involucrado sigue hasta hoy ejerciendo el carguito, lo que da una pauta muy preocupante de hasta dónde pudo haber penetrado la corrupción aduanera.

Bajo la lógica del informe de Unasur sobre la masacre en Pando, en cuyas conclusiones advierte que la presunta participación del ex prefecto pandino, Leopoldo Fernández, no se inscribe en la categoría de "delitos de función", por lo que correspondería un juzgamiento en la vía ordinaria para averiguar la verdad de los hechos, en el caso del ministro de la Presidencia, entre las funciones y competencias asignadas en la Ley de Organización del Poder Ejecutivo y su respectivo decreto reglamentario, tampoco aparece el fomento y participación en contrabando, incitación a la violencia, amenazas de muerte u otros.

Entre las funciones del presidente de la República, establecidos en la actual y pisoteada Constitución Política del Estado, está que su principal obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes. No aparece por ningún lado omitir actos de administración cuando recibe denuncias documentadas de presunta corrupción de sus ministros ni el hacerse el ofendido cuando se sindica a alguno de ellos de estar involucrados en actos ilegales.

Pocas semanas antes del relevo de López de su cargo, este general sufrió al menos dos atentados en su propio domicilio que pusieron en riesgo serio su propia vida y la de sus familiares. ¿Alguien investigó los hechos? ¿Quién será el principal sospechoso? ¿No habría que poner este asunto como un anexo en el informe de Unasur sobre las posibles causas de la masacre pandina?.

Aduana, YPFB, retrocesos en la nacionalización hidrocarburífera, pagos a ex "capitalizadoras" de Transredes, Programa de Vivienda (el mismo presidente habría ordenado que ninguno de sus funcionarios hable de las presuntas ilegalidades en programas de vivienda en construcción), adjudicaciones a OAS y otras perlitas en este rubro, millonarios cheques venezolanos sin rendición de cuenta alguna, Comibol en el fango de la ineficiencia y la millonaria corrupción, Banco Central exportando reservas internacionales, Fondesif, etc, etc, etc.

¿Será por todo lo anterior que la aprobación de la Ley de Investigación de Fortunas, impulsada por el ex ministro y ex parlamentario Andrés Soliz Rada, ahora rebautizada Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, quedó en las gavetas congresales por siempre jamás?. Mas útil hubiere resultado que la millonaria concentración masista apostada en la Plaza Murillo para exigir la aprobación de los cambios al texto constitucional y el referéndum, haya sido para aprobar esa ley de investigación de fortunas.

¿Que está haciendo el presidente de los bolivianos?. No solo de cortinas de humo se vive en este país.