Con fines que se pueden presumir de claramente electoralistas, el gobierno ha procedido a militarizar las instalaciones de la empresa petrolera Chaco, que ya fue nacionalizada dos veces: el 1 de mayo de 2006 y el 1 de mayo de 2008. Esta acción podría denominarse la tercera nacionalización de dicha empresa, lo que muestra que a Evo le tembló la mano al menos dos años y ocho meses, luego de su primera nacionalización.

 

Recordemos el artículo séptimo del decreto nacionalizador de 2006:
"I. El Estado, recupera su plena participación en toda la cadena productiva del sector de hidrocarburos

II. Se nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1 en las empresas Chaco SA., Andina SA., Transredes SA., Petrobrás Bolivia Refinación SA. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA.

III. YPFB nombrará inmediatamente a sus representantes y síndicos en los respectivos directorios y firmará nuevos contratos de sociedad y administración en los que se garantice el control y la dirección estatal de las actividades hidrocarburíferas en el país."

Para las autoridades del gobierno, la palabrita "inmediatamente" tiene un significado temporal muy diferente que para el pueblo boliviano. Dos años y ocho meses demoró en hacer cumplir su propia disposición. ¿No habrá sido en el fondo un convenio entre Chaco e YPFB para darle oxígeno político teatral al MAS?.

Están enjuiciadas las anteriores autoridades "capitalizadoras" por haber dispuesto inconstitucionalmente el patrimonio de YPFB para entregárselo a empresas extranjeras bajo promesas de inversión. El propio decreto nacionalizador calificó como acto de "traición a la Patria" la denominada capitalización de la empresa petrolera. ¿Cómo se explica que esa traición haya sido tolerada durante los tres años primeros del gobierno actual? ¿Tendrá que incluirse como cómplices de la traición a las actuales autoridades gubernamentales que no pudieron cumplir "inmediatamente" su decreto nacionalizador? ¿Cuál fue el daño económico al Estado producido por la demora injustificada desde todo punto de vista?.

 

De hecho, si la primera nacionalización de Chaco y Andina se hubiese cumplido a cabalidad, el gobierno habría podido negociar los contratos petroleros de "operación" (producción compartida, como se vió anteriormente), consigo mismo, porque la mayoría de los 44 contratos han sido firmados con Chaco y Andina, lo que le daba gran ventaja en el conjunto de la negociación. Asimismo, hubiese influído decisivamente en el caso de Andina, respecto de los megacampos operados por Petrobras, porque tiene una participación del 50% en esos pozos gasíferos. ¿Cuales las razones de tanta demora en un negocio en el que los centavos y los días significan miles de millones de dólares?
Lo ocurrido ayer en el caso de la militarización de las instalaciones de Chaco, teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, debe tomarse con pinzas. Falta leer la letra chica de los decretos y resoluciones emanados del Poder Ejecutivo en relación a esa acción.

 No extrañará que, pasado el referendo constitucional, aparezca un "acuerdo" de último momento con la Amoco Bolivia, la asociada capitalizadora supuestamente rebelde al decreto de 1 de mayo de 2006.