Bolivia debe ser el único país que invierte más de seis millones de dólares en dos sendas auditorías a las empresas petroleras para ocultarlas en gavetas bajo siete llaves. Las petroleras transnacionales deben festejar sonrientes los apuros de las autoridades bolivianas para que los resultados obtenidos en esas investigaciones no se revelen hacia la opinión pública.

 

 

Primero fueron el ex ministro Carlos Villegas y el ex presidente de YPFB, Guillermo Aruquipa, los encargados de "fondear" los voluminosos informes de auditoría elaborados por la Unidad de Fiscalización, Seguimiento y Control del Ministerio de Hidrocarburos y Energía durante el año 2006. De esa forma, la evidencias de fraude contable, incumplimiento de compromisos de inversión, costos operativos inflados, rendimientos sobre abundantes y amortizaciones ya cumplidas, quedaron ocultas para viabilizar los 44 contratos petroleros de octubre de 2006, los que se firmaron sin tomar en cuenta los resultados de estas auditorias. Gracias a ello, la actual y futura producción de gas y petróleo sirven para amortizar inventadas e infladas inversiones de la década pasada. Hoy son motivo de escándalo las denuncias reiteradas del suspendido Contralor General, el que ha ratificado que las auditorías realizadas en ese organismo fiscalizador del Estado, han evidenciado indicios de daños al Estado por 1.500 millones de dólares y responsabilidades penales de varios actores de la era "capitalizadora". La denuncia contrasta curiosamente con las anteriores declaraciones del Contralor sustituto, el ex diputado del MAS, Gabriel Herbas, quien señaló que, pese a hacerlas buscar, en la Contraloría no existían informes de auditoría contra las petroleras.  

 

 

A los anteriores gobiernos se los condenó públicamente por la firma de Anexos D secretos, la firma de contratos con las petroleras garantizándoles la reserva de sus actos de administración, la tolerancia cómplice cuando se evidenció el incumplimiento de compromisos de inversión, el contrabando de hidrocarburos y la evasión fiscal. El nuevo régimen de gobierno que se instaló en enero de 2006 tenía el mandato de develar todos los abusos anteriores y devolverle dignidad al país. Se empezó bien. El decreto nacionalizador es clara muestra de las intenciones. La realización de las primeras auditorias por parte del ministerio sectorial también son hechos que dan fe de la voluntad de andar por la ruta dignificadora. ¿Que ocurrió en el camino? ¿Porqué ocultarlas hasta hoy? ¿Porqué, en tan corto período, cambió el rumbo del accionar gubernamental y se firmaron contratos petroleros sin considerar esas auditorías y ahora se desiste de la oportunida de recuperar 1.500 millones de dólares para el Estado boliviano?.

 

 

 Las denuncias del Contralor suspendido son serias y de consecuencias muy graves que afectan la credibilidad del gobierno en su conjunto frente al negocio petrolero, de significativa influencia en la economía nacional. El gobierno le debe al país una respuesta concreta, contundente y clara. No son los adjetivos descalificadores contra el denunciante lo que espera la población. La única medida frente a la gigantesca duda que se ha instalado en la población es la publicación completa, in extenso, de los informes de auditoría tanto del Ministerio de Hidrocarburos como de la Contraloría General de la República.  

 

 

Vale la pena dejar constancia del extraño silencio de la "oposición" parlamentaria, prefectural y cívica. En esa vía de dejar constancias, siempre es útil recordar dos hechos claves: el acuerdo entre oficialismo y oposición para aprobar en el Congreso los 44 contratos petroleros y la misma coincidencia para aprobar también en el Congreso la disposición transitoria octava del proyecto de nueva Constitución Política del Estado, mediante la cual se constitucionalizan los "derechos" de esas empresas petroleras y se posterga indefinidamente la aplicación de la poética redacción del capítulo relativo a los recursos naturales de ese proyecto constitucional. Esto es sólo para el consumo popular. Quedemos entonces atentos al ruidoso silencio opositor.