HIDROCARBUROS: LOS ANEXOS "D", ABANICOS Y AGUJEROS NEGROS
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Publicado el 01/02/2009

Como la mentira siempre tiene patas cortas, los contratos de producción compartida, denominados eufemísticamente "contratos de operación", suscritos el pasado 28 de octubre de 2006, han empezado a cobrar la factura a YPFB y al gobierno.

 

Ha sido el propio ministro de Hidrocarburos en funciones el que se ha encargado de confesar los hechos: "Respetar la propiedad privada es lo que nos está abriendo un abanico en el universo", afirmó a tiempo de reconocer que el pasado año, cuando su predecesor, Carlos Villegas, hablaba de millonarias cifras de inversión, en realidad se refería a cifras infladas, erróneas, que incluían los gastos operativos que YPFB debe devolver, que es lo que está ocurriendo.

 

 

Ese es el revelador estado de las cosas y la absoluta falta de transparencia y honestidad intelectual y política de quienes están manejando el tema energético e hidrocarburífero. Simplemente le mienten al país. No es un opositor el que ha revelado la mentira. Es, ni más ni menos, el propio ministro de Hidrocarburos, Saúl Avalos, el encargado de apuntar directamente a su predecesor e incluso al vicepresidente, porque éste también informó de multimillonarias "inversiones" que en realidad fueron, en gran parte, simples costos recuperables que YPFB debe pagar a las petroleras.

 

 

Estos son, precisamente, los contratos de producción compartida que las mismas autoridades se han empeñado en aclarar que serán respetados en caso de aprobarse la nueva Constitución Política del Estado. No cabe duda. Para ello se reunió el vicepresidente con los senadores opositores, constituidos en "comisión clandestina constituyente", cuya más importante labor se concentró en redactar la disposición transitoria octava (inexistente en el texto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente en Oruro), la que, de modo expreso, determina que los derechos de esas empresas petroleras obtenidos con anterioridad, se mantendrán a su favor. Casualmente, ni las campañas por el Si ni las que se hacen por el No, tocan este vital cambio en el texto constitucional.

 

 

¿Cuáles son esos derechos?

 

Desde el momento en que se firmaron esos contratos sin haber considerado los resultados de las auditorías petroleras ejecutadas por el Ministerio de Hidrocarburos, contraviniendo expresamente el propio Decreto de Nacionalización de 1 de mayo de 2006, son los mismísimos "derechos" inconstitucionales que el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada les otorgó mediante los contratos de riesgo compartido de 1997. De esta forma, gracias a los "contratos de operación" (producción compartida), la actual y futura producción de gas y petróleo sirve para que el pueblo boliviano siga pagando las inventadas "inversiones" que las auditorías petroleras determinaron haber sido infladas y mimetizadas mediante fraudes contables, contratos "hedging" y otras aplicaciones de alta "contabilidad".

 

 

Lo anterior explica la brusca caída de la renta petrolera nacional en estos últimos 18 meses, comparando con la registrada inmediatamente después de pronunciado el decreto nacionalizador. Del 82% en los megacampos, se pasó a alrededor del 50%. El resultado neto puede ser menor, teniendo en cuenta que los campos de baja producción deben recibir el subsidio estatal.

 

 

De nada sirvió que en el decreto nacionalizador señale pomposamente "que el llamado proceso de capitalización y privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB ha significado no solo un grave daño económico al Estado, sino además un acto de traición a la patria al entregar  a manos extranjeras el control y la dirección de un sector estratégico, vulnerando la soberanía y la dignidad nacionales".

 

 

 El ministro Ávalos se ha encargado de desmentir la cita previa y ha dado en el clavo: "Respetar la propiedad privada es lo que nos está abriendo un abanico en el universo". El abanico debe ser, por el contrario, un agujero negro, porque abanicos no hay en el universo. Ahora ni los impuestos son ya de los bolivianos. Ese el retroceso gubernamental en materia petrolera. Reiteramos. Lo dice un ministro de Estado del actual gobierno. Las petroleras deben estar participando y aportando activamente a la campaña por el Si a la nueva CPE.


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