El director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, en nota titulada “Neocolonialismo Agrario” (febrero 2009), advierte que los Estados ricos están comprando tierras en forma frenética en diversas partes del mundo. Demuestra que China es un “comprador compulsivo”. Detenta más de dos millones (MM) de hectáreas (ha) en Australia, Kazajistán, Laos, México, Brasil, Surinam y sobre todo África. Pekín ha firmado 30 acuerdos de cooperación con gobiernos que le dan acceso a tierras y al control de la biodiversidad. Corea del Sur ha adquirido 2.3 MM. Kuwait, Qatar y Arabia Saudi buscan parcelas fértiles “donde sea”, sobre todo ahora, añadimos nosotros, que pueden pagarlas con dólares devaluados. Regiones enteras están bajo control de especuladores como Soros, Tompkins y Benetton, en especial en países con escasa población y gobiernos poco celosos de la soberanía nacional. El problema se agravará aún más debido a las batallas por la alimentación en el Siglo XXI.

 

Cabe preguntar si el reconocimiento constitucional en Bolivia a 36 naciones indígenas, con sistemas jurídicos propios, libre determinación y territorialidad ¿favorece o perjudica esa transferencia de tierras frenética y compulsiva? Ramonet ha puesto en evidencia el verdadero objetivo de decenas de ONG norteamericanas y europeas que, mediante la invocación de legítimas reivindicaciones culturales, abonaron el terreno para atomizar a Bolivia. De manera paralela, los separatistas de la “Media Luna”, luego de facilitar el ingreso de menonitas y capitalistas norteamericanos, brasileños y paraguayos, prefieren mil veces que la tierra sea ocupada por empresarios foráneos y no por indo mestizos del resto del país.  
La Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) determina que las “naciones” indígenas financien sus propias autonomías. ¿Por qué no hacerlo mediante la venta de una parte de extensos territorios ya entregados a pocas familias, sin excluir a pueblos nómadas? Se dirá que la NCPE prohíbe la venta de territorios a extranjeros, pero también reconoce la libre determinación y territorialidad a los pueblos originarios. No debe olvidarse que en países débiles, la Constitución tiene valor relativo. Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) entregó a las transnacionales los recursos estratégicos del país, pese a estar vigente una Constitución de corte estatista. ¿Por qué no hacerlo ahora si las “naciones” indígenas tienen el respaldo de los centros de poder mundial? Los presidentes de Francia y Rusia , por ejemplo, acaban de anunciar que ayudarán a aplicar el nuevo texto. “Casualmente”, ambos países negociarán la explotación del litio y gas bolivianos.
Separatistas e indigenistas repudian a los pensadores nacionales. Uno de ellos, René Zavaleta Mercado, después de maldecir a la casta terrateniente que cobró compensaciones económicas de las oligarquías de Chile, por el asalto a la costa marítima, y de Brasil, por la apropiación de parte de la amazonía boliviana, decía lo siguiente: 
 

“El territorio es lo más profundo de un pueblo. Sólo la sangre misma es tan importante como el territorio. El territorio tiene valor absoluto”. El canciller Rafael Bustillo, en 1872, afirmaba: “El territorio es la primera y más sagrada de las propiedades nacionales, porque encierra en si a todas las demás”. ¿Qué valor pueden tener estas expresiones para Alvaro García Linera, ideólogo del separatismo étnico, quien dice que sólo quiere dividir lo que ya está dividido (“La Epoca” O4-11-01); para Raúl Prada, del MAS, quien insiste en des estructurar al país mediante el retorno al Tawansinsuyo, con lo que desprecia la memoria de los soldados bolivianos que se inmolaron en tres conflagraciones con países vecinos; o para los propagandistas rentados del plurinacionalismo financiado por Europa y USAID?