La profunda crisis que afecta a YPFB ha sido motivo para que sus sepultureros de 1997, aquellos que aplaudieron su descuartizamiento hasta llevarla a la condición de empresa residual, ahora den recetas al gobierno del MAS sobre cómo tratar a esta empresa estatal.

 

Entre sus recetas están la abrogatoria de los decretos que viabilizaban compras de bienes y servicios bajo modalidades de excepción, así como la eliminación de los fideicomisos destinados a garantizar la reserva de fondos para financiar proyectos.

 

Uno de los "expertos" que dicta recetas y soluciones es un senador de Podemos, cruceño de origen y que fungió como Director de la empresa petrolera capitalizada Andina S.A./Repsol YPF, en cuya gestión se autorizaron pagos a Petrobras bajo la vigencia del hasta ahora no investigado contrato "Hedging" que significó para YPFB una pérdida de más de 300 millones de dólares en beneficio de Petrobras. El escandalete que rodea la desgracia política de Santos Ramírez es una bicoca frente al famoso "Hedging" y sus efectos.

 

 

Las auditorias petroleras cuantificaron el daño, pero, curiosamente, el actual interventor de YPFB y ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, ocultó sus resultados mientras el senador de Podemos gestionaba la aprobación de los contratos petroleros que ocultaron los resultados de las citadas auditorías. Petrobras ganó y, como se prevé, continuará ahora beneficiándose gratuitamente del gas rico en licuables como lo hace desde hace diez años por falta de una Planta Separadora de Líquidos.

 

 

¿Casualidad?

 

La responsabilidad fundamental del presidente Evo Morales no es haber dictado los decretos supremos motivo de las "angustias" de los sepultureros de hoy. Menos aún en los fideicomisos creados. La responsabilidad está en haberlos dictado y constituido sin antes dar el paso previo, imprescindible e inexcusable de corporativizar YPFB, dotándola de los mejores técnicos, administradores y ejecutivos, con mecanismos de gobierno corporativo transparente.

 

 

¿Pero tiene o tenía obligación el primer mandatario de conocer estos requisitos previos si, como todo sabemos, incluido él, no se ha formado en esa área? ¿Quienes, entonces, tenían la responsabilidad política, técnica, profesional y funcionaria de advertir al primer mandatario que antes de promulgar esos decretos debía dar cumplimiento al artículo octavo del decreto No. 28701, que dispone la refundación de YPFB en el plazo de 60 días, convirtiéndola en una corporación transparente y con control social? De acuerdo a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, el responsable del área es, precisamente, el ministro de Hidrocarburos y Energía. Este es, en suma, el directo responsable político, ejecutivo y administrativo del problema de fondo que aqueja a YPFB. Lo curioso es que el primer mandatario lo nombró "interventor" y nuevo ejecutivo transitorio de la estatal petrolera. Se intervendrá a sí mismo, ante la (¿ingenua?) mirada de Evo.

 

 

No es, en consecuencia, solución eficaz alguna la que recetan los sepultureros de antes y de hoy. El gobierno debe recuperar el rumbo trazado el año 2006 en materia de hidrocarburos. La solución es cumplir los objetivos originalmente diseñados, los que extrañamente encuentran vericuetos peligrosamente distractivos y desviacionistas a cada paso. Sus ministros -y él mismo- se han vuelto especialistas en utilizar el discurso nacionalista para justificar sus medidas neoliberales. Por ello, se erizan los pelos de los ciudadanos que escuchamos recurrentemente al presidente confesar que sigue aprendiendo de sus errores en diversos temas. Sus errorcitos en YPFB están a punto de acabar con la credibilidad de su gobierno y la de él mismo, lo que es lo mismo que tirar por la borda el proyecto de "cambio" con el que buena parte de la ciudadanía se ha esperanzado, incluyendo las masas de campesinos e indígenas que, gracias a los bonos, creen ciegamente en él. ¡Tanto más responsabilidad histórica en las espaldas del presidente!

 

 

Los sepultureros callan sobre la continuidad de la Separadora de Líquidos de Río Grande y de la otra proyectada en el Chaco tarijeño. La primera incomoda a Petrobras y la segunda a Repsol YPF, compradora del gas en el lado argentino. Entre sus recetas no aparecen fórmulas para aconsejar al gobierno evitar la paralización de las obras y la puesta en marcha de esas plantas cuanto antes. Son más de 300 millones de dólares anuales en juego. O son para Bolivia o son para las empresas extranjeras al otro lado de nuestras fronteras. Eso parece que no cuenta.

 

 

Entretanto, Santos Ramírez, abrumado por sus miserables errores y los del gobierno del que fue parte, no debe aún percibir el tamaño del daño que estos han causado al país entero, al ser aprovechados fríamente por el poder petrolero transnacional y sus aliados internos (los sepultureros del día, varios de los cuales parecen estar en el mismísimo Palacio de Gobierno), que le siguió las pistas al milímetro. La muerte del infortunado empresario tarijeño es una consecuencia de la ingenuidad -utilizamos este adjetivo con serias dudas- con que están actuando en este rubro en el que los tenebrosos intereses económicos en juego no dudan en destruir vidas de personas, poblaciones y países enteros.