Desde el momento mismo en que el gobierno nacional formula algún anuncio que tiene que ver con la distribución de los recursos económicos del Estado y que de algún modo puedan beneficiar a los sectores de economía deprimida de nuestro conglomerado social, con toda seguridad que se abren expectativas ciudadanas que son motivo de alegría para estos y de preocupación para otros.

 

La ciudadanía que se encuentra complacida es la que se entera de la creación, por ejemplo, de un nuevo bono solidario como el recientemente anunciado por el Primer Mandatario, que se denominaría Juana Azurduy, cuya cobertura permitiría cobrar ciertos montos a mujeres embarazadas y a los niños pequeños.

Para los estudiantes del nivel primario ya está vigente el bono Juancito Pinto en tanto que para la gente de la tercera edad está la Renta Dignidad. Sucede sin embargo que surge una profunda preocupación cuando se advierte -desde el mismo gobierno- que los ingresos en el mes de abril, por concepto de la exportación de gas, tendrán un bajón que afectará al presupuesto nacional y por tanto al sostenimiento de los bonos antes indicados.

Así planteado el asunto naturalmente que los diferentes grupos poblacionales con afinidad en el destino de los beneficios, hacen suyos los mismos incluyéndolos en sus esmirriados presupuestos y en la perspectiva de seguridad que puedan tener esos bonos en función especialmente del tiempo de su vigencia.

Si bajan los ingresos por la venta de los hidrocarburos, básicamente del gas tarijeño, disminuirán las asignaciones del IDH y consiguientemente los bonos que dependen de esas cuentas quedan en riesgo u obligan al gobierno a utilizar otros recursos para compensar las diferencias que puedan presentarse y que en la medida de su permanencia pueden complicar severamente el sistema económico boliviano.

Si la economía nacional sufre distorsiones muy marcadas en su configuración real, se entiende que lo prudente es disponer medidas de austeridad, sin embargo y de manera contraria, políticamente parecería que el hecho no se toma en cuenta y en periodos de crisis, como el actual, con muy claras y profundas restricciones presupuestarias, irresponsablemente se anuncian otros bonos que de todos modos tendrán fuerte incidencia en el sostenimiento de una balanza financiera desequilibrada. 

Ante el anuncio presidencial, más político que benéfico, las mujeres gestantes del país abrigaron la esperanza de que el bono para ellas se aplicaría de forma general, pero parece que la reducción financiera por efecto de la venta de gas obliga a un cambio en el destino del mismo que sólo servirá a las futuras madres y los niños que no gozan de ningún seguro y que de ese modo serían los únicos que tendrían derecho y acceso inmediato al nuevo beneficio social.

Es necesario que la política económica del Estado funcione en relación directa y concreta con los sistemas generadores de recursos, de manera que una estrategia de orden meramente político no afecte su solidez y garantice el cumplimiento de compromisos ya contraídos y que son parte de presupuestos familiares. No es posible y tampoco admisible que se ponga en juego la economía nacional por no contemplar seriamente las posibilidades reales de los ingresos que percibirá el Tesoro General de la Nación, dando primero alegría y luego haciendo mofa de la expectativa ciudadana, más propiamente de la mujer boliviana.