REGIMEN AUTONOMICO EN LA NUEVA CONSTITUCION

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Publicado el 01/05/2009

Lo que no debemos callar

Retomando el análisis de la Nueva Constitución Política del Estado, hoy nos referiremos con mayor amplitud al régimen de las autonomías, que han sido incluidas en la Tercera Parte de la Carta Constitucional a través de sus artículos 269 al 305.

 

Es pertinente remitirnos previamente a lo establecido por la Real Academia Española de la Lengua que nos dice: “Autonomía o autonómico es la potestad que dentro del Estado pueden gozar ciertos municipios, provincias, regiones u otras entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno propios”: La palabra descentralizar es también apropiada porque, según la misma fuente, es “transferir a diversas corporaciones u oficios, parte de la autoridad que antes ejercía el gobierno supremo del Estado”. Como se podrá observar, ambos términos son apropiados, y por ello consideramos que quizá el segundo hubiera sido mejor para definir el proceso que vive Bolivia, si no estuviera desprestigiado por la inadecuada aplicación que se hizo de la palabra en el pasado.

 

 

La primera novedad digna de destacar es que bajo el régimen autónomo, autonómico o descentralizado, la división territorial de Bolivia ya no es de departamentos, provincias, secciones de provincia y cantones, como la conocimos siempre, sino de departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos (Art. 269).

 

 

Al referirse a esta nueva organización territorial, la Constitución reconoce la autonomía de los departamentos, municipios, regiones y territorios indígenas, todo diferentes, pero con igual rango constitucional y no subordinados entre sí (Art. 276). Las regiones pueden estar conformadas por una sola provincia o por varios municipios y provincias con continuidad geográfica, sin trascender límites departamentales (Art. 280), y los territorios indígenas pueden juntarse de una sola autonomía formando una mancomunidad (Art. 273 y 291), como también pueden erigirse en municipios independientes (Art. 294).

 

 

Pareciera que con estos cambios de nuestra geografía política se pretende reivindicar los derechos de los indígenas largamente vulnerados durante 500 años, pero no se advierte que parcelando el territorio nacional en una cantidad infinita de unidades geográficas, inclusive sobrepuestas, sobre todo reconociéndoles a todas ellas una autonomía de rango constitucional e igualdad de condiciones, en realidad se está sembrando una peligrosa semilla de discordia que aflorará, tarde o temprano, en todo el país, enfrentando a los nueve departamentos contra las que serán unas 500 provincias, alrededor de 800 municipios, quién sabe cuántas regiones y docenas de autonomías indígenas, todos en una pugna entre sí, que puede degenerar en violencia inacabable, motivada por la propiedad de metros más o metros menos de territorio, y con mayor razón si en ellos existieran recursos renovables o no renovables de algún valor, así como también por la ambición nunca confesada que pueden tener los líderes locales para usufructuar la autoridad de sus autonomías en beneficio propio, lo que no será novedad en la historia boliviana.

 

 

Es que el actual Gobierno, por su afán de liquidar las autonomías departamentales, como fue su declarada e inocultable intención inicial, y al no poder lograrlo ha adoptado el maquiavélico camino de dividir para reinar, sin tomar en cuenta que esta política va a volcarse en contra suya, ya que la historia enseña que los pueblos y sus caudillos prefieren erigir su propio imperio de aldea.

 

 

Siguiendo esta línea de análisis, en mi nota del domingo 1º de marzo alerté sobre la trampa que encerraba el reconocimiento de las autonomías regionales. Al haberse adoptado esta modalidad organizativa, las provincias, municipios o pueblos indígenas, por decisión propia o inducida, le cerrarán las puertas al gobierno departamental mediante la regionalización (Art. 280), para que éste no pueda designar autoridades locales (subprefectos o subgobernadores). Indicios de este fenómeno ya han aparecido en el sur tarijeño, donde los dirigentes de las provincias chaqueñas han manifestado su deseo de “regionalizarse” como un medio de aprovechar el uso exclusivo de sus recursos naturales, y de paso desconocer a la autoridad departamental. El artículo citado es concluyente en su apartado II) cuando señala que: “donde se conformen regiones no se podrá elegir autoridades provinciales”, lo que le resta al Prefecto o Gobernador toda posibilidad de que pueda ejercer autoridad en dichas regiones. Y esto nos demuestra que en breve todo el país quedará autonomizado por las exigencias de los pueblos y particularmente de sus líderes, llenando todos los espacios de la administración del Estado con reyezuelos de toda laya. Mas aún: lo que el Ejecutivo pretende hacer con los Prefectos o Gobernadores, será que reinen pero no gobiernen, una receta que también le será administrada a sí mismo, puesto que por esa política de dividir para eliminar autoridades medias, promoviendo gobiernos aislados e independientes, no estará lejano el día en que el Presidente, Vicepresidente y los ministros formen apenas un club de amigos a los que se reunirá en un hotel de cinco estrellas a la orilla del Lago, para que se informen del acontecer nacional vía Internet, naturalmente siempre que cuenten con la aquiescencia del cacique local.

 

 

Es muy diferente regionalizar un país con criterios técnicos para imponer desde arriba, que delegar a los pueblos esta facultad que entraña emocionalidad y subjetivismo, justamente porque es hecha desde abajo.

 

 

La existencia de un Gobierno central que planifique, coordine y controle todo el territorio nacional, su población y sus recursos, dirija las relaciones internacionales y maneje los grandes sistemas nacionales, podría coexistir cómodamente con las autonomías departamentales y los municipios, fortalecidos estos tres niveles, sin necesidad de que aparezcan autonomías intermedias como las regionales e indígenas, que han sido introducidas con intenciones obvias de orden demagógico y obstructivo. Pero, ¿no se puede ver un poco más allá de nuestras narices?