Ramiro Víctor Paz suele hacer “premoniciones” en áreas sensibles. Para este economista de trayectoria internacional en las finanzas y la industria, el escándalo de corrupción en YPFB en febrero no fue una novedad. Dos semanas antes del asesinato de Jorge O’Connor en La Paz, en una entrevista concedida a EL NACIONAL, publicada el 18 de enero, Paz señaló: “YPFB es un monstruo corrupto y descontrolado. Debe ser intervenido y se le debe hacer una profunda auditoria jurídica, operativa y financiera”.

 

 Ramiro Paz ha tenido varios aciertos similares: en 1.999, meses antes del escándalo, advirtió al entonces Superintendente de hidrocarburos Carlos Miranda, sobre la estrepitosa  bancarrota de ENRON. En el período 2003-2004, publicó varios artículos (La Prensa, Pulso) revelando la fraudulenta constitución de Pacific LNG. En enero de 2006 sus informes causaron graves pérdidas bursátiles a la petrolera REPSOL, que mentía sobre el volumen de reservas probadas en Argentina y Bolivia. Estas denuncias fueron ampliamente comentadas por medios internacionales y el Congreso Argentino. Mientras dedica su tiempo  a un nuevo libro sobre “La geopolítica de los hidrocarburos en Sud América”, accedió a conversar con este diario, sobre la secuela del escándalo YPBF – CATLER y, claro, los temas pendientes.

 

 

EL NACIONAL (EN).- ¿Cuál es la causa de la corrupción en YPFB?

 

RVP.- Corrupción hay y ha habido en todo el mundo. En Bolivia se ha dado, en los últimos diez años, una cultura delictiva alimentada por ingentes recursos provenientes del tráfico de cocaína, los hidrocarburos, la minería y la transferencia de dineros de bolivianos en el exterior. Hay mucha plata y mucha pobreza.  Los valores han entrado en crisis. Vivimos en la Bolivia Saudita donde el 60 por ciento de la población que es pobre convive con un minúsculo sector que deriva enormes ingresos del narcotráfico, del contrabando y de la corrupción en la inversión y gasto público. El escándalo de Y.P.F.B es un mero episodio en una cadena delictiva que reúne a niños bien, a proxenetas, algunas ONG y líderes indigenistas. La ilegalidad  para el enriquecimiento los une sin exclusión. Hay una nueva sociología del crimen y del poder económico.

 

 

 EN.- ¿Considera que el escándalo y la crisis de YPFB han enseñado a las autoridades a encarar eficientemente el desarrollo del gas y el petróleo?

 

 RVP.- Siempre la crisis conduce a la reflexión. Sin embargo, en Bolivia no hay desde décadas, una comprensión de la industria petrolera. No se percibe que es extraordinariamente compleja y que requiere ser vista e interpretada por un prisma geopolítico, financiero y jurídico. No se trata de geología exclusivamente o de regulación por decretos reservados. Se trata de mercados, finanzas, estrategias corporativas, de secretos y desinformación, de tecnología reservada, de bolsas de valores, transporte y logística y, por encima de todo, de estrategias geopolíticas.

 

 

 

 EN.- ¿Qué falla? ¿Faltan recursos humanos debidamente preparados en este campo?

 

 R.V.P. Más que de capacidad individual se trata de que el Estado comprenda y actué sobre un conjunto complejo de factores como los señalados. Sin embargo, hay que reconocer que en Bolivia el desarrollo de políticas de hidrocarburos y de su ejecución operativa es difícil porque quienes están en el Gobierno, y por tanto en posición de remediar los problemas, no saben cómo hacerlo; y aquellos que saben cómo, generalmente responden a intereses de las transnacionales. No hay un equipo con visión y capacidad de decisión operativa. Los técnicos se los puede alquilar de cualquier país.

 

 

 EN.- ¿Cree que las autoridades de Gobierno han actuado positivamente después de la salida de Santos Ramírez?

 

 RVP.- El Gobierno no se da cuenta de que el problema es de política energética y no de organización. No se da cuenta de que YPFB no puede autoevaluarse. La evaluación debe hacerla el Estado. La reestructuración no es un juego de organigramas de la empresa estatal. Es y debe ser un proceso de identificación de objetivos nacionales en

 

 el marco energético del Cono Sur de Sudamérica. ¿Cuál será el papel de Bolivia en la oferta y la demanda energética regional? ¿Cuáles son los costos y beneficios de fuentes alternativas de energía en el país? ¿hidro, bio, aeólica, geotermia? YPFB no existe como empresa productiva. Es sólo una cáscara burocrática corrupta, que administra con 70 por ciento de su presupuesto compras de diesel y gasolina en el exterior; supervisa (mal) 44 contratos y controla a empresas subsidiarias (con mayoría de capital, pero sin injerencia en sus operaciones). Es un fantasma que controla papeles.

 

 

 EN.- ¿Y qué del préstamo del Banco Central a YPFB para financiar el relanzamiento de esta última exploración y explotación?

 

 RVP.- El préstamo, la gran torta de los fideicomisos de Arce Catacora, es una grosería considerada la crisis que ya vivimos. Parece que para el Gobierno nada ha cambiado y la operación sigue vigente. Considero que debe ser anulado. Más aún, los personajes que lo tramitaron deben ir a la cárcel por desacato a la ley 1670. Dicha norma prohíbe específicamente al Banco Central tales operaciones, a no ser que otra ley compruebe “un desastre nacional, conmoción civil o estado de guerra internacional”. Esto lo saben tres ex presidentes del Banco, que misteriosamente guardan silencio. Detrás de esta estúpida operación están los proveedores de bienes y servicios, que, como Catler, desean otros fideicomisos. Están ansiosos de que la plata se desembolse, pues ya se habrían pagado las coimas para “nuevos proyectos” que no existen. ¡Esperan que caigan los regalitos de la gran piñata que les ofrece el Gobierno!

 

 

  EN.- Recuerdo su denuncia sobre la falsa representación de reservas probadas en Bolivia y Argentina hecha por REPSOL. Incluso se dijo que al evidenciarse ese fraude la petrolera sufrió pérdidas por cerca de 2.000 millones de euros en la bolsa de Nueva York. ¿En esta nueva coyuntura, cómo debería el país manejar el tema de las reservas?

 

  RVP.- Primero se debe certificar las reservas en Bolivia, algo que no se ha dado desde 2005. Es el súmmun de la negligencia gubernamental. También toca determinar si los mega campos San Alberto, Margarita y Sábalo tienen problemas estructurales por agotamiento y sobreproducción. Hay indicios de agua en el campo Margarita. Las operadoras se hacen las desentendidas porque ven que el mercado de los países vecinos se achica, y no piensan hacer más exploración. Tienen razón, un bajo nivel de reservas (certificadas) supone la necesidad de incrementarlas a través de mayor exploración. Pero no todo es tan simple, pues si se encaran nuevos descubrimientos, es necesario tener mercado para la producción resultante. Si se han saturado los mercados y no se puede ampliarlos, ¿vale la pena gastar ingentes recursos financieros en exploración? Todo parece indicar que Brasil y Argentina reducirán su importación de gas boliviano, y, como en otras épocas, nos pagarán en comercio compensado, con chatarra o carritos Hane.

 

 

 EN.- A propósito, ¿cuáles considera que son las áreas en que el Estado ha sido negligente en detectar irregularidades?

 

 RVP.- No se trata de hacer denuncias sino de identificar vacíos y situaciones de fraude que afectan los intereses de la nación. Se debe entender que la industria del petróleo está marcada por la aventura, el abuso, corrupción y violencia. Desde los primeros pozos en Pensilvania hasta los recientes conflictos entre Rusia y Ukrania, la industria se ha caracterizado por altos ideales nacionalistas y bajas pasiones operativas. No es un negocio de angelitos o “santitos”.

 

 En Bolivia podemos identificar tres áreas de irregularidades. A saber:

 

 a)      Irregularidades o actos fraudulentos en las relaciones estado-empresas y que se supone YPFB debería haber controlado.

 

 b)      Irregularidades en el terrible agujero negro de las operaciones de comercio exterior de YPFB me refiero a la importación de diesel y gasolina y la exportación de petróleo reconstituido o “Lecon”

 

 c)      La adquisición de acciones de Andina, Chaco, Petrobras y Transredes. Se sospecha sobreprecio.

 

 

 EN.- ¿podría ser mas especifico?

 

 RVP.- Por supuesto, en lo de Estado-empresas es fundamental que el Gobierno deje sus majaderías y revele las auditorías realizadas por el extraordinario ingeniero Enrique Mariaca. Urge la revisión de los contratos de operación hechos a medida de sastre en sus anexos. Específicamente se requiere evaluar los “costos recuperables” y las distintas tablas para calcularlos. Se presume que las empresas inflan dichos costos.

 

 En lo del diesel hay que revisar costos financieros excesivos en tratos comerciales con PDVSA. En lo de la adquisición de acciones, se debe hacer auditoría forense de por qué, el Estado asumió 380 millones de dólares de pasivos en la compra de las refinerías por 120 millones de dólares actualmente.

 

 

  PERFIL RAMIRO VICTOR PAZ CERRUTO

 

 Con sólida formación militar y académica en Estados Unidos e Inglaterra Ramiro Paz Cerruto trabajó en más de 24 países en Latinoamérica, África y Asia. También colaboró con el Banco interamericano de Desarrollo y el Banco mundial. Asesoró a Naciones

 

 Unidas y en particular a la Organización de Naciones Unidas para Desarrollo Industrial (ONUDI). En el periodo 1988-1993 trabajó para un conglomerado industrial-petrolero (Hadson Petroleum) como director de adquisiciones internacionales, como gerente para América Latina de un Banco de Inversiones (Houghton Capital Corporation) en Nueva York. Ha dado conferencias en universidades americanas y europeas sobre comercio internacional, financiamiento y desarrollo industrial y ha recibido dos premios académicos: Leo S. Rowe memorial de laUniversidad de Pennsylvania y Adlai Stevnson Fellow del Congreso de Estados Unidos. Es miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.

 

 Entre sus múltiples artículos y libros publicados destacan sus obras: Geografía Económica de la Minería de los Andes (editor) DominioAmazónico (historia, geografía y ciencias naturales). Actualmente se halla dedicado escribir un nuevo aporte sobre la geopolítica de energía en Sudamérica