El daño perpetrado al país con la llamada capitalización realizada en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada fue incalculable. No solamente derivó en gravísimos efectos económicos para el país, sino que vulneró la soberanía y las normas legales. Conforme a esto, la recuperación de las instituciones capitalizadas era una necesidad imperiosa para Bolivia.

Sin embargo, la nacionalización determinada por el actual Gobierno no tuvo los efectos esperados. No siguió una línea uniforme y coherente. Sucesivos cambios de ministros de Hidrocarburos y presidentes de YPFB muestran las contradicciones en que cayó el Gobierno. En ese escenario se multiplicaron las negociaciones desventajosas. No sólo eso, también se trabó todos los procesos llamados a esclarecer el saqueo desatado durante la capitalización. Luego se fracasó en la política de inversiones. Finalmente, los proyectos de industrialización interna y exportación abortaron.
 
Ya el caso Santos Ramírez mostró que paralelamente se había desatado una fiebre de corrupción desenfrenada. Ésta fue antecedida por varios escándalos aún no resueltos ya desde la gestión Jorge Alvarado. Varios casos verdaderamente preocupantes nunca fueron esclarecidos y quedaron archivados de la manera más chicanera. Basta recordar el del cambio de anexos a los nuevos contratos con las petroleras. Allí se adulteraron documentos públicos en una negociación realizada al mejor estilo de las grandes estafas mafiosas.
 
De ese modo y por lo anotado es claro que el Gobierno, vía YPFB, hasta ahora no ha logrado administrar plenamente el sistema hidrocarburífero de los bolivianos. Lo que se mostraba como el barco insignia del cambio prometido por el MAS parece naufragar en las peores aguas.
 
A todas luces se advierte que las autoridades dejaron que sigan siendo las petroleras transnacionales las que produzcan, refinen y hagan lo que quieran con esta riqueza natural de nuestra propiedad. Los responsables del área demuestran una incompetencia proverbial y se limitan a ser malos comercializadores.
 
Como corolario a toda la penuria antes descrita, ahora surge con características de escándalo, la denuncia del presidente de YPFB Transporte (ex Transredes), contra Carlos Villegas, ex Ministro de Hidrocarburos y hoy presidente de YPFB. La adquisición de las acciones de Transredes, sin tomar en cuenta un pasivo millonario, ha sido denunciada y reconocida. Se ocultó a la opinión pública e inclusive a los miembros del Directorio de YPFB Transporte que el Gobierno compró Transredes, pero asimilando millonarias deudas pendientes.
 
Quedan muy lejos aquellas esperanzas de contar con una megaempresa corporativa, técnica, eficiente y sobre todo transparente. Hace tres años y medio, esa idea circulaba en diversos círculos técnicos y políticos. Se recordaba los ilustrativos ejemplos de empresas como Petrobrás o la noruega Statoil. Todos parecíamos estar de acuerdo en ese proyecto, aún entendido en los términos más elementales. Pero alguien o algunos en el Gobierno no. Ahora parece tarde para cambiar y el país queda expectante de otro desastre.