Este ensayo forma parte del libro “LA BATALLA POR EL PETROLEO Y EL GAS EN AMERICA LATINA” publicado en México en junio de 2009, junto a tres investigaciones realizadas en Brasil por Fernando Siqueira, Perú por Manuel Dammert y México por Cuauhtemoc Velasco, con el objetivo de identificar las políticas que llevan adelante los gobiernos de estos cuatro países en el estratégico sector de los hidrocarburos.

BOLIVIA:LA FATALIDAD DEL PETROLEO Y DEL GAS
Enclave de recursos naturales
MCS Eduardo Paz Rada *
Introducción
Los primeros signos económicos del siglo veintiuno en el planeta se han
caracterizado por el auge de los precios de las materias primas, especialmente los hidrocarburos, debido a los cambios sustanciales en la economía internacional con la emergencia de nuevas potencias económicas y políticas, como China, India, Rusia y Brasil, las que se han sumado a las ya tradicionales de Europa, Norteamérica y Japón, lo que ha provocado la elevación de la demanda de petróleo y gas a fin de mantener sus expectativas de desarrollo en la competencia económica  mundial.
Bolivia y la región latinoamericana no han estado ajenas a esta evolución, precisamente porque cuentan con importantes reservas de recursos naturales aunque, al mismo tiempo, tienen un bajo nivel de industrialización y demanda de los mismos. Esta situación los hace apetecibles a la voracidad de los motores económicos y financieros mundiales.
La cercanía geográfica con la primera potencia económica y militar del mundo, Estados Unidos, ha significado, en la historia moderna y contemporáneamente, una dependencia y control de la misma sobre estos recursos importantes como reserva propia y, en la actualidad, al presentarse nuevas condiciones en las relaciones debido a la presencia en algunos países de la región, especialmente aquellos que tienen importantes reservas de petróleo, como es el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia, de gobiernos que han adoptado políticas de nacionalización, control de las rentas, integración energética y manejo alternativo de su riqueza, se crean situaciones de inestabilidad y tensión internacionales.
Los casos de México y Colombia tienen un carácter distinto por el tipo de políticas económicas implementadas por sus gobiernos en los últimos diez años, marcando así, más bien, un ritmo coherente con las aspiraciones y expectativas de las estrategias de Washington y las grandes transnacionales del rubro.
La presencia emergente de Brasil en el concierto económico mundializado también representa un factor de alta importancia en el ordenamiento estratégico y geopolítico de la región, tomando en cuenta que, al perder sobretodo Argentina su lugar preponderante por las reformas neoliberales, significa una avasalladora presencia de esta potencia regional con pretensiones de hegemonía económica y política latinoamericana y caribeña. En el caso boliviano, el peso continental de Brasil determina en alto grado sus perfiles y perspectivas. 
Al mismo tiempo de presentarse grandes controversias y conflictos mundiales por el control de las zonas ricas en petróleo y gas, caso de la Guerra del Golfo, la invasión de Irak y los enfrentamientos geopolíticos en Europa Oriental, la lucha por el control de la renta de hidrocarburos, a través de las grandes corporaciones del rubro y los Estados en el ámbito internacional es muy fuerte, a nivel interno en los países también se han presentado situaciones de aguda confrontación y lucha económica, política, regional y social por controlar y administrar estos recursos. Un caso particular al respecto es el de Bolivia.
El control de la renta petrolera
El antecedente inmediato de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, primero de mayo de 2006, es la revuelta popular, denominada “Guerra del Gas”, del 17 de octubre de 2003, oportunidad en la que la movilización de cientos de miles de hombres y mujeres derrocó no solamente al Presidente de la Republica en ese momento, el magnate minero Gonzalo Sánchez de Lozada, sino a todo el sistema político vigente en los últimos veinte años, abriendo un horizonte de posibilidades de cambio económico y regional que se canalizó, parcialmente, en el gobierno del actual Jefe de Estado, Evo Morales, con la realización de reformas políticas, sociales y económicas, particularmente en el rubro de los recursos naturales.
Como analizaremos, el poder de las grandes empresas mundiales del rubro de los hidrocarburos, como expresión del sistema capitalista en su fase de mayor concentración y monopolio, choca radicalmente con el poder de los Estados, en particular de aquellos que, siendo importantes reservorios de riquezas de la naturaleza, se encuentran en situación de dependencia y debilidad, como resultado, precisamente, de las relaciones económicas y comerciales asimétricas, vinculadas con la división internacional del trabajo y de la desigual distribución, uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Es, por lo tanto, una intensa lucha política y económica que se amplia de manera integral a todos los aspectos de las relaciones internacionales, por una parte, y a disputas internas, a veces cruentas, por el control de la renta entre las clases sociales, las regiones y los grupos de presión, por otra.
Los recursos naturales en Bolivia se encuentran en el eje de su historia y su existencia misma, desde la plata de Potosí del largo periodo colonial de los siglos XVI al XIX, hasta el potencial de las reservas de gas en el Chaco, de hierro en el Mutún y de litio en el Salar de Uyuni, en los próximos siglos.
 
La historia de Bolivia se concentra, precisamente, en los modos de explotación y uso de los recursos naturales, y sus triunfos y derrotas se vinculan a los mismos. Su inserción en el capitalismo internacional, como otras colonias y semicolonias, se ha caracterizado por la importancia que adquieren y las formas en que se aplican las políticas acerca de los recursos naturales.
La explotación de la plata, el guano y el salitre, destinados al proceso de acumulación originaria del capitalismo eurocéntrico, han caracterizado el siglo XIX boliviano, con el añadido de una conflagración bélica con Chile por el control de las salitreras de la región del Litoral que, después de la Guerra del Pacífico (1879-1882), quedaron bajo control chileno, dejando al país como Nación enclaustrada sin contacto directo con el comercio marítimo mundial. Los intereses económicos de las empresas inglesas Melbourne y Clarke, a través de la Compañía de Salitres y Ferrocarriles Antofagasta, fueron determinantes para definir el destino de la guerra, los recursos y su soberanía.
El siglo XX mantuvo las mismas características. La necesidad de la goma para ruedas, con el auge de la floreciente industria del automóvil, impulsó importantes expediciones a la región amazónica de Bolivia donde explotaron grandes extensiones de territorio, provocando el interés brasileño que culminó con la Guerra del Acre (1899-1903) que significó para Bolivia la pérdida de 200.000 kilómetros cuadrados de ricos territorios.
La tradición potosina de la explotación de plata, durante varios siglos, se transfirió, bajo las nuevas necesidades de la industria capitalista de este siglo, a la minería del estaño. Recurso alrededor del cual se organizó prácticamente toda la estructura nacional económica, administrativa y social de Bolivia, dando como resultado la explotación de las ricas minas de Potosí, Oruro y La Paz, convertidas a la postre en campamentos fantasmas debido a que estos enclaves dejaron de tener importancia para la demanda económica mundial. Sin embargo, se crearon grandes fortunas que se insertaron en las corporaciones mineras transnacionales, las fundiciones y las finanzas internacionales.
Después de la nacionalización de la minas en Bolivia (1952), el Estado recuperó estos recursos y empresas, impulsó la integración nacional, pero nuevamente, en la segunda mitad del siglo XX, empresarios vinculados al capital imperialista tomaron el control de los mas importantes yacimientos mineros de Bolivia. La economía internacional transnacionalizada convirtió a la extracción minera boliviana en un eslabón más de su cadena, en dependencia directa de las necesidades y fluctuaciones de los complejos industriales.
La lógica económica del enclave, de la succión de materias primas en una economía primario-exportadora, de la dependencia y sometimiento a las economías centrales, de la negación de la posibilidad de avanzar en procesos de industrialización y de sustitución de importaciones y de mantenimiento de una situación semicolonial con un Estado débil, han marcado también las características del negocio de los hidrocarburos en Bolivia.
Más aún cuando la historia del petróleo es la historia de un pequeño número de poderosas empresas decididas a todo por controlar y manejar este recurso estratégico del mundo contemporáneo, de guerras internacionales y regionales, de invasiones, agresiones militares y masacres, de sangre y miedo, en suma, de destruir, aniquilar y someter todo aquello que se opone al control de poderosos oligopolios del rubro.
La energía es sinónimo de desarrollo y bienestar, pero también es sinónimo de atraso y dependencia, de riqueza y miseria al mismo tiempo, de acuerdo al lugar que ocupan los países y las naciones en la distribución desigual de la misma. A Bolivia le ha tocado el lugar de sufrir miseria y pobreza siendo fuente natural de recursos que, en cada etapa del desarrollo, han servido al enriquecimiento de  las metrópolis industrializadas,  dejando solamente magros beneficios al país.
El gas natural, recurso energético del cual Bolivia tiene la segunda reserva más importante de Sudamérica, después de Venezuela, ha sido masivamente aprovechado por Argentina y Brasil en los últimos treinta años. Los gasoductos de exportación han sido construidos para transportar el energético a los centros industriales y a las grandes metrópolis de ambos países, siendo prácticamente mínimas las cantidades utilizadas internamente.
Si bien los gobiernos de turno en Bolivia han firmado los acuerdos de exportación de gas, han sido las transnacionales del rubro las que han aprovechado y conseguido grandes ventajas económicas en este lucrativo negocio. La geopolítica de la energía ha dominado las relaciones de Bolivia con los países vecinos. Tanto Golbery Couto e Silva, como Augusto Pinochet como los estrategas argentinos consideran de alta importancia las reservas de recursos naturales de Bolivia para el aprovechamiento de sus países y su propia seguridad nacional.
Como en el caso de la plata, el estaño, la goma y el petróleo, con el gas ha ocurrido, hasta ahora, lo mismo. La prioridad ha sido y es la exportación de los recursos como materia prima, sin ningún proceso de valorización y menos considerar como importante la industrialización y el uso interno de los mismos. “Bolivia es el primer país en el mundo en hacer los oleoductos y gasoductos para vaciarse”, afirma Andrés Soliz Rada, a tiempo de considerar que el gas es el recurso que puede impulsar la transformación de la estructura económica del país, por la versatilidad y variedad de su aprovechamiento, siempre y cuando su uso sea
soberano. Soliz Rada se ha convertido, en los últimos cuarenta años, en el más importante defensor de la soberanía nacional, los recursos naturales y el proyecto indomestizo de construcción nacional latinoamericana. 
La Guerra del Chaco y la Primera Nacionalización del Petróleo
Mucho tiempo antes de la explotación de petróleo y gas en Bolivia con destino al mercado internacional y aún antes del uso de los hidrocarburos como energía que moviliza la manufactura y la industria, en los territorios andinos y chaqueños de América precolonial y colonial, donde habitaban los pueblos aymará, quechua y guaraní, se utilizaban las emanaciones naturales de petróleo como combustible, lubricante, impermeabilizante y en el uso medicinal. A finales del siglo XIX, cuando Rockefeller iniciaba la construcción del imperio de la Standard Oil con el monopolio de la producción y comercialización de petróleo, en Incahuasi, cerca de la población de Camiri en Bolivia se descubre (1896) la existencia de yacimientos de petróleo.
En 1914 se hace la primera concesión de 3 hectáreas para la exploración petrolera y en 1916 se elaboran las primeras disposiciones legales destinadas a normar la actividad. En 1922 la poderosa Standard Oil de Estados Unidos consigue ingresar en la exploración y producción de petróleo en  Bolivia con la transferencia de una concesión por 66 años conseguida por la Richmond Levering dos años antes.
Dos años después Standard Oil ya producía 500 barriles diarios en el yacimiento Bermejo II e instalaba dos refinerías básicas en Camiri y Sanandita (Chaco boliviano), para en 1927 alcanzar una producción anual de 40.000 barriles y en 1936 controlar 36 pozos y dos refinerías.            
El impresionante desarrollo económico y tecnológico conseguido en los países centrales requería de manera sostenida y multiplicada de más y más energía, las empresas del rubro, que rompen el monopolio de la Standard Oil, a partir de 1911, se enfrentan de manera  encarnizada por controlar las fuentes de petróleo donde estas se encuentren. El centro estratégico de Sudamérica se va a convertir en teatro de operaciones de una guerra internacional por el control de reservas de petróleo identificadas en la región del Chaco.
Las petroleras Royal Dutch Shell se instaló en Paraguay a través de una subsidiaria y  Standard Oil había sentado  sus intereses en Bolivia. La Guerra del Chaco que enfrentó durante cuatro años (1932-1936) a los pueblos paraguayo y boliviano, con casi cien mil muertos, tuvo como estrategia de fondo el choque de intereses de las grandes empresas por el control de ricos yacimientos de hidrocarburos.
El resultado de esta  guerra se convirtió en un momento constitutivo de alta importancia para Paraguay y Bolivia, sobretodo por los efectos producidos en sus condiciones sociales, políticas y económicas y los procesos internos que desencadenó con el accionar de los excombatientes.
En la historia de Bolivia la Guerra del Chaco adquiere una importancia sin igual porque consiguió nacionalizar y forjar la conciencia de los bolivianos y abrió una nueva etapa en la formación social, económica y política del país, con una dinámica en la que el Estado asume un rol protagónico en tareas vinculadas a los recursos naturales como el control del comercio de minerales y la recuperación de los hidrocarburos. Carlos Montenegro se convierte en el más importante impulsor de la formación de la conciencia nacional y de la defensa de los recursos naturales contra la acción colonial del imperialismo.
La Primera Nacionalización del Petróleo en América Latina precisamente se realiza en Bolivia post bélica. En 1937, el gobierno del general David Toro y del coronel Germán Busch, con el respaldo de los excombatientes civiles y militares, toma la decisión de controlar directamente toda la cadena del petróleo, expulsando a la Standard Oil, considerada responsable de la tragedia del Chaco y de haber traicionado a Bolivia al realizar actividades de contrabando de gasolina hacia Argentina durante la conflagración bélica.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa estatal creada un año antes de la nacionalización, asumió, por decisión del gobierno militar nacionalista, la responsabilidad de desarrollar las actividades operativas y administrativas del complejo de los hidrocarburos en el país. Esta empresa se convertirá en un puntal fundamental para comprender la evolución de la industria petrolera en Bolivia.
Si bien la tradición de la explotación minera en el país se enraizaba en el periodo colonial y en ese momento era la actividad económica mas importante, especialmente por la generación de recursos económicos, la importancia de la demanda internacional por la guerra mundial y por contar con mas de 30.000 trabajadores, los que desarrollarán un importante sindicalismo que marcará los siguientes treinta años del proceso político social boliviano, la industria de la producción petrolera se encontraba en un momento naciente y se convertía en un importante campo de desarrollo para el futuro nacional, como se evidenció en las siguientes décadas.
La producción de petróleo va en aumento hasta 1952, sobretodo destinada al consumo interno, para a partir de ese año y hasta el 1956 exportar a Argentina. La nueva ley relacionada a los hidrocarburos, denominada Código Davenport, llamada así por el apellido del asesor estadounidense que la redactó, fue aprobada en octubre de 1955, dando lugar a un nuevo periodo de la aplicación de políticas de apertura a las petroleras internacionales en suelo boliviano.
Esta ley adoptó la perspectiva de favorecer las concesiones a las grandes empresas  petroleras, de ahí que en un corto periodo de tres años fueron quince las empresas que iniciaron sus actividades de prospección y exploración petrolera, entre ellas la Gulf Oil Company de Estados Unidos, que se va a convertir en la mas importante por haber conseguido importantes yacimientos de gas natural. Entretanto la empresa estatal YPFB perdió la centralidad y la responsabilidad de administrar la política petrolera de Bolivia.
La Segunda Nacionalización de los hidrocarburos
Diez años después, en el contexto de una  nueva ola militar nacionalista cruzada por la guerrillas encabezadas por Ernesto Che Guevara, por una parte, y por la ingerencia militar y diplomática de Estados Unidos, por otra, se produce la Segunda Nacionalización de los Hidrocarburos.
Bajo el Mandato Revolucionario de las Fuerzas Armadas, impulsado por el ala civil-militar nacionalista encabezada por los generales Alfredo Ovando Candia y Juan José Torrez Gonzales, que determinaba la presencia activa del Estado en las áreas estratégicas de la economía y el control de los recursos naturales, la recuperación de los campos de Colpa, Caranda y Rio Grande permitió al país recuperar el valor de cinco mil millones de dólares de reservas probadas de gas y petróleo.
El 17 de octubre de 1969, las Fuerzas Armadas fueron las encargadas directas de la toma de los campos gasíferos con una movilización hacia las instalaciones con las que contaba la empresa, entretanto las organizaciones populares, sindicales, gremiales y universitarias, respaldaban la decisión gubernamental. En este episodio de importancia, se destacó Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien ocupaba las funciones de Ministro de Energía e Hidrocarburos del gabinete del Presidente; general Alfredo Ovando Candia.
El contexto de la etapa más dura de la Guerra Fría ha cruzado la constante lucha de las petroleras por controlar los recursos energéticos en el mundo y las relaciones internacionales han sido uno de los ejes de la pugna hegemónica mundial. El tema del poder ha estado, por lo tanto, en la base misma de las acciones vinculadas al petróleo, desde la nacionalización del petróleo por la Unión Soviética, en 1920, pasando por la nacionalización boliviana de 1937, la mexicana de 1938, de Irán en 1951, hasta las de los años sesenta y setenta en otras naciones del Tercer Mundo, hasta la formación de la poderosa Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en Irak en 1960. El mayor representante de la lucha teórica e ideológica del nacionalismo revolucionario en Bolivia, Sergio Almaráz Paz, denunció, desde una posición nacional antiimperialista, la ingerencia de las petroleras en la vida económica y política de los países productores de petróleo.
Por tal razón la reacción del gobierno de Washington ante la nacionalización del gas en Bolivia significó una fuerte llamada de atención al gobierno boliviano, primero, y después se dio a la tarea de conspirar contra el gobierno, hasta conseguir, en agosto de 1971, con el apoyo de los gobiernos militares de Argentina y Brasil, derrocar al régimen del general Juan José Torres.
Las naciones, sobretodo aquellas del Tercer Mundo, formaron empresas estatales encargadas de la administración de los hidrocarburos, convirtiéndose en las mayores rivales de las grandes petroleras privadas que tenían el control de los mercados y de las tecnologías de punta en el rubro. La lucha entre ambas fue siempre encarnizada debido a los poderosos intereses en juego y a las millonarias ganancias que se encontraban en disputa. La renta petrolera se ha convertido en el botín más apetecible y peligroso del último siglo a nivel internacional y en las esferas nacionales también.
De ahí que los negocios petroleros han estado casi siempre teñidos de sangre. Las guerras de invasión, las intervenciones militares, los juegos geopolíticos, las divisiones nacionales y regionales y otras formas de conflicto son intrínsecos a esta actividad económica. Las potencias industriales, Estados Unidos, Francia, Inglaterra principalmente, han estado a la vanguardia de la defensa y posicionamiento de las poderosas empresas petroleras.
Un nuevo episodio se abrió con el gobierno dictatorial apoyado por Estados Unidos en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, encabezado por el general Hugo Banzer Suarez, quien a partir de 1972, con la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos, mediante decisión exclusiva del poder ejecutivo, determinó la apertura de negocios con las empresas petroleras transnacionales a través de Contratos de Operación y Servicios a cargo de YPFB.
En este periodo, con un alza importante en los precios internacionales de las materias primas, la actividad petrolera significó la producción de 47.000 barriles de petróleo diarios en 1973 y la proyección, hacia 1979, de importantes reservas de gas natural, con campos de producción destinados a los mercados argentino y brasileño, que ya fueron comprometidas en los acuerdos binacionales. Paralelamente a la presencia de las empresas internacionales, el debilitamiento de YPFB era notable con la descapitalización y la sola tarea de administrar y distribuir los ingresos que correspondían a Bolivia, consistentes en el 19 por ciento de impuestos nacionales y 11 por ciento de regalías correspondientes a los departamentos productores de hidrocarburos.
Este modelo de negocios petroleros sobre la base de la presencia dominante de las empresas extranjeras se profundizó en la década de los ochenta con la aplicación de las reformas neoliberales a través del Decreto Supremo 21060, de agosto de 1985, que se convirtió en el documento que sustituyó a la Constitución Política del Estado y a las Leyes, para implementar la liberalización total de la economía boliviana, con la apertura a los capitales internacionales en los terrenos de la minería, el petróleo y las fundiciones.
La víctima de este proceso fue YPFB, empresa estatal que paulatinamente fue debilitada y perdiendo responsabilidades en las actividades directamente vinculadas a la exploración, explotación y comercialización de los hidrocarburos. En esta perspectiva, en 1990, una nueva Ley de Hidrocarburos es aprobada por el Congreso Nacional mayoritariamente representado por los partidos adheridos al proyecto neoliberal, frente a las débiles reacciones de los sectores nacionalistas y de los sindicatos afectados por la flexibilización laboral y los despidos en masa.
Esta disposición legal establecía la aplicación universal de Contratos de Operación y de Asociación en las fases de Exploración y Explotación con las empresas transnacionales que se establecieron con comodidad en el país, tomando en cuenta las facilidades y ventajas determinadas por las políticas liberales caracterizadas por la prescindencia del Estado en las actividades económicas, el librecambio generalizado y la vigencia de los principios de la mano invisible de la oferta y la demanda en todas la fases del circuito de la economía nacional.
De esta manera, y paso a paso, la actividad de las grandes empresas petroleras y de sus subsidiarias se fue afianzando en Bolivia, sobre la base de las políticas económicas implementadas bajo la tuición del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en Banco Mundial (BM) y de las normas legales que eran acomodadas a los intereses y planes de las transnacionales.
La existencia de importantes campos con reservas de gas natural en el oriente y sur del país, los compromisos de exportación a Brasil y Argentina y la creciente demanda de los centros industriales y urbanos en dichos países y en Chile, convertían al gas boliviano en un valioso recurso a disposición de las empresas, en la medida en que éstas ejerzan una actividad política, diplomática, de influencias y negocios destinada a afianzar su presencia en Bolivia en las mejores condiciones posibles.
La Enajenación con el nombre de Capitalización
En este periodo, el sistema político en el país, formado especialmente por organizaciones y dirigentes comprometidos con las reformas neoliberales, se convirtió rápidamente en la mejor vía de ejecución de la estrategia destinada a posicionar importantes ventajas a las empresas extranjeras en desmedro de la estatal petrolera. Al mismo tiempo, los gobiernos de Argentina y Brasil, especialmente, desarrollaban acciones decisivas para garantizar la construcción de gasoductos destinados a trasladar el gas hacia sus territorios. En varias oportunidades los Presidentes de estos países celebraron “cumbres” destinadas a este objetivo.
El momento culminante de este proceso de enajenación de los recursos energéticos fue durante el primer gobierno de Gonzalo Sanchez de Lozada (1993-1997), quien en su condición de poderoso empresario de la minería transnacionalizada vinculado al mundo internacional de los negocios y jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), emprendió el proyecto de la total transferencia de las empresas y recursos estratégicos del país a las empresas transnacionales, en particular a las petroleras. La premisa era que el Estado debía estar fuera de todo emprendimiento económico y ser únicamente facilitador de la iniciativa privada y del funcionamiento del mercado liberalizado.
La denominada capitalización de las empresas estatales, base de la economía boliviana, fue el instrumento por el cual los hidrocarburos, la energía eléctrica, los ferrocarriles, los minerales, las telecomunicaciones y el transporte aéreo fueron desnacionalizados y, después de cuatro décadas de estatismo económico, pasaron al control de grandes corporaciones empresariales.
En el ámbito petrolero fueron los gigantes transnacionales Petrobrás de Brasil, Repsol de España-Argentina, Total de Francia, British de Inglaterra y Enron-Shell de Estados Unidos-Holanda los que se llevaron la mayor y más importante tajada de recursos. La Ley de Capitalización de 1994 significó el desmantelamiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (YPFB), convertida en “empresa residual”, y la transferencia de recursos y reservas hidrocarburíferos que tenían un valor de 15.000 millones de dólares, por tan sólo 2.000 millones de dólares que se comprometieron a invertir las transnacionales.
La modalidad adoptada para llevar adelante los negocios petroleros fue la creación de empresas mixtas, las mismas que tenían el control mayoritario de acciones y la administración directa de las transnacionales. Se formaron las empresas Andina y Chaco, encargadas de las actividades de exploración y producción, en tanto que Transredes manejaba el transporte de los hidrocarburos.
Finalmente, en este periodo de entrega de los recursos naturales, entre 1997 y 2002, se firmaron 69 contratos denominados de riesgo compartido, los mismos que establecieron las nuevas prácticas y modalidades de ejecución de las políticas del sector, sobre la base de una novísima Ley de Hidrocarburos, aprobada en 1997, que establecía un nuevo esquema de la presencia transnacional en Bolivia.
Un aspecto escandaloso de este negocio, según el experto petrolero boliviano Enrique Mariaca Bilbao, fue la llamada Reclasificación de Campos destinada a determinar los campos nuevos y existentes con la finalidad de aplicar distintas modalidades de tributación. Dos megacampos gasíferos , San Alberto y San Antonio, descubiertos y a punto de ser explotados por YPFB, y que por tanto debían ser clasificados como “existentes” para que paguen impuestos mas elevados, fueron clasificados como “nuevos”, beneficiando millonariamente a las petroleras.
Con los Contratos de Riesgo Compartido, el control de las reservas de gas natural en Bolivia quedó distribuido entre las empresas e la siguiente manera: para las capitalizadas el 9 por ciento, para las nuevas 4 por ciento y, la parte del león, con el 86 por ciento, para las que venían operando en el país.
Hasta 2002 eran dieciocho las compañías que operaban en Bolivia, entre ellas cinco controlaban el 72 por ciento de las reservas: Repsol. Total, Petrobrás, Maxus y British.
Un capítulo especial corresponde a las relaciones bilaterales del negocio del gas de Bolivia con Argentina, primero, y con Brasil, después. La Segunda Nacionalización, de 1969, permitió, a partir de 1972, la exportación de gas a la Argentina durante treinta años, según los acuerdos establecidos por los gobiernos de Alejandro Lanusse y Hugo Banzer, convirtiéndose Bolivia en el proveedor más importante de energía para el uso industrial y doméstico en el país del sur. La exportación de 1.86 billones de pies cúbicos de gas natural significó un ingreso de 4.200 millones de dólares al país.
Con Brasil, el primer acuerdo fue firmado en 1993 entre los gobiernos de Itamar Franco de Brasil y Gonzalo Sanchez de Lozada, de Bolivia, y en 1996 el Presidente de Petrobrás, José Mendez, y el de YPFB, Arturo Castaños, rubricaron el acuerdo de exportación de 30 millones de metros cúbicos de gas diarios durante veinte años a partir de 1999 con un precio de entre 0.95 y 1.06 dólares el millón de Unidades Térmicas Inglesas. Petrobrás consiguió, además, el “derecho preferente” ante cualquier otro comprador que pueda presentarse en el futuro. Poco tiempo después de la firma del documento de compra-venta, Arturo Castaños deja YPFB y se convierte en representante de Petrobrás en Bolivia
La construcción y administración del gasoducto de 3.150 kilómetros (550 kilómetros en territorio boliviano) fue concedida a Transredes, constituida por el consorcio Enron-Shell, después de un escandaloso negociado en el que estuvo implicado el mismo presidente Sanchez de Lozada.
En 1999 se exportó gas (2.1 millones de metros cúbicos día) por un valor de
40 millones de dólares y en 2001 se exportó (11.5 millones) por un valor de 200 millones de dólares. Estaba previsto exportar en 2009, 30 millones de metros cúbicos día con un valor de 2.228 millones de dólares y en 2019 con un valor de 2.143 millones de dólares.
Petrobrás en Bolivia sustituyó prácticamente a YPFB en toda la cadena de los hidrocarburos. Si YPFB era la empresa estatal responsable de todas las fases de la industria petrolera en el país, con el proceso de “capitalización” la transnacional de origen brasileño se convirtió en la empresa más importante e influyente en la economía y la política bolivianas. Petrobrás manejaba toda la cadena petrolera desde la exploración, pasando por la explotación, producción, refinación, transporte y comercialización hasta la distribución mayorista y minorista.
Tenía, en sociedad con Total y Andina, bajo su control los megacampos de San Antonio y San Alberto, y de manera exclusiva el gasoducto a Yacuiba, el monopolio de las refinerías y las estaciones de venta de gasolina y derivados de petróleo en todo el país.

El régimen impositivo fue flexibilizándose paulatinamente en la década de los noventa hasta alcanzar, según la Ley de Capitalización, la Ley de Hidrocarburos y la Ley 843 de impuestos nacionales, los niveles de pago del 50 por ciento de producción por la explotación de los campos “existentes” y solamente 18 por ciento por la explotación de los campos considerados “nuevos”. En cifras comparativas se establece que durante el sexenio 1990-1996 el Tesoro General de la Nación tuvo ingresos en el rubro de hidrocarburos de 371 millones de dólares, mientras que en el siguiente sexenio 1997-2002 llegó a 379 millones de dólares a pesar de  que la actividad productiva había tenido un importante crecimiento.
Las ventajas dadas por los gobiernos neoliberales a las empresas del sector establecidas en Bolivia eran diversas. Bajo costo de la producción de hidrocarburos (en el caso de Chaco y Andina los más bajos del mundo), información valiosa transferida por YPFB a las empresas y mínima o ninguna fiscalización técnica, legal e impositiva fueron las características de la política petrolera liberal en Bolivia.
Uno de los aspectos mas controvertidos ha sido el de las reservas de gas natural existentes en Bolivia, desde la información optimista que señala que las reservas de gas alcanzan a 54.9 trillones de pies cúbicos, hasta la pesimista que establece que las reservas llegan a 27.9 trillones de pies cúbicos. Estas reservas se convertirían en las segundas más importantes de América del Sur, después de las de Venezuela, las que, sin embargo, no están en la prioridad de su explotación.
Las prioridades exportadoras por los contratos realizados con Brasil y Argentina permiten determinar que el mercado interno queda desfavorecido, en la medida en que cubrir la demanda de los países vecinos significa obligaciones determinadas que impiden que los proyectos del uso extensivo e intensivo, en la industrialización y el uso doméstico generalizado en Bolivia se vean seriamente limitados.
Haciendo un balance preliminar acerca de periodo 1971-2003, la desnacionalización de los hidrocarburos y los demás recursos naturales fue paulatina y sistemática. Primero, durante la dictadura del general Hugo Banzer, de 1971 a 1978, con las Leyes de Hidrocarburos y de Inversiones y después, en los gobiernos democráticos de Victor Paz Estensoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sanchez de Lozada, Hugo Banzer y Jorge Quiroga, de 1985 a 2003, con el Decreto 21060, las nuevas Leyes de Hidrocarburos, la Ley de Capitalización y los Contratos de Operación y Riesgo Compartido con las empresas. Asimismo, de manera paralela se produjo el debilitamiento y practica anulación de la empresa estatal YPFB que se convirtió, de acuerdo a la capitalización, en empresa residual, después de haber sido la base de la economía boliviana. Este esquema permitió que las petroleras transnacionales consigan excelentes condiciones para la explotación de petróleo y gas en Bolivia con mercados seguros en Argentina y Brasil. 
La Guerra del Gas
El ordenamiento económico y político establecido en el contexto de la democracia electoral y de la imposición de las reformas neoliberales desde 1985, que durante veinte años determinó el manejo de los recursos naturales en función de las demandas del mercado mundial y en función de los requerimientos de las transnacionales del sector, comenzó a enfrentar fuertes remezones y rebeliones sociales de carácter popular a partir del año 2000, con la llamada Guerra del Agua que impido que la ciudad de Cochabamba, la tercera más importante del país, privatice a favor de la empresa canadiense Bechtel, la administración, producción, manejo y comercialización del agua.
Si bien en el campo de los hidrocarburos existieron, en la década de los noventa, manifestaciones políticas y sociales de rechazo y protesta contra las políticas neoliberales, fue recién a principios del nuevo siglo que se produjeron movilizaciones populares multitudinarias e impugnaciones técnicas y económicas que definieron el curso posterior del sector.   
La explosión popular más radical y multitudinaria se produjo en la Guerra del Gas de octubre de 2003, durante el segundo gobierno de Gonzalo Sanchez de Lozada, precedida por un enfrentamiento entre fuerzas del Ejército y la Policía en febrero del mismo año. El tema de los hidrocarburos ocupó el centro mismo de la tormenta social y política en la Guerra del Gas no solamente por las condiciones en que se estaba explotando el recurso, sino por el impulso oficial a un proyecto que pretendía la exportación de gas natural a Chile, México y Estados Unidos.
La posibilidad de vender gas a Chile se convirtió en un tema fundamental de la protesta popular por dos motivos: uno, la animadversión cívica al país vecino como consecuencia de la Guerra del Pacífico del siglo XIX que significó para Bolivia la pérdida de los recursos del cobre, el guano y el salitre y su salida soberana al Océano Pacífico, y dos, el imaginario social que consideraba que exportando gas natural a Chile y otros países, las posibilidades de contar con este energético para el consumo interno, doméstico e industrial, eran nulas. La consigna “el gas de los bolivianos no debe ser vendido a los chilenos” fue masivamente coreada en todo el país por los rebeldes de octubre.
La ciudad de El Alto, colindante con la capital política La Paz, en el altiplano boliviano, con una población de mas un millón de habitantes mayoritariamente migrante indígena y minera, que en los últimos veinte años creció demográficamente a una tasa del 10 por ciento, fue el epicentro de las luchas de octubre, junto a las organizaciones vecinales de La Paz y las organizaciones campesinas e indígenas del altiplano norte boliviano. La Guerra del Gas, que provocó la muerte de más de sesenta personas por los enfrentamientos de las manifestaciones populares con las Fuerzas Armadas, culminó con la expulsión del Presidente de la República, Gonzalo Sanchez de Lozada, quien tuvo que huir hacia Estados Unidos y el desmoronamiento del sistema de partidos políticos conservadores  y neoliberales, que había tenido la hegemonía de las instituciones legislativas y ejecutivas que implementaron las políticas de libremercado y apertura total a las inversiones transnacionales.
El 17 de octubre de 2003 es el momento clave de los cambios sociales, económicos, culturales y políticos que se han producido en Bolivia, después de más de veinte años de neoliberalismo. En el campo de los hidrocarburos, el más sensible y fundamental de la economía, comenzó un periodo de luchas, presiones y cambios que culminaron en la Tercera Nacionalización de los Hidrocarburos en Bolivia, el primero de mayo de 2006.
El Referéndum del Gas, realizado en 2004, fue una consulta popular para determinar las políticas generales del Estado en torno al energético y posicionó claramente la perspectiva de la recuperación del recurso en boca de pozo, la no venta del mismo a Chile, la necesidad de la industrialización interna, la refundación de YPFB, la abrogación de la Ley de Hidrocarburos y su sustitución por otra y la determinación de impuestos y regalías que alcancen al 50 por ciento de su valor como renta nacional. Asimismo, la consulta definió la utilización del gas como recurso estratégico que permita negociar con Chile una salida al mar.
A pesar de las fuertes presiones de la petroleras internacionales que operaban en Bolivia y que hicieron gestiones con las regiones, los partidos políticos, los parlamentarios, los medios de comunicación y los ministros del gobierno de Carlos Mesa, sucesor de Sanchez de Lozada en su condición de Vicepresidente, en mayo de 2005 se aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos que establecía un nuevo canon de impuestos que llegaba al 50 por ciento y la obligación de las empresas de cambiar el contenido de sus contrato de acuerdo a la nueva disposición.
La promulgación de este documento generó una nueva crisis política puesto que el Presidente Mesa se negó a firmar la Ley, tarea que cumplió el Presidente de la Cámara de Senadores. Por esta razón, entre otras, Mesa renunció, abriendo el camino a la realización de nuevas elecciones nacionales con la anticipación de un año.
Una diferente correlación de fuerzas sociales, políticas y electorales se había generado con la Guerra del Gas. Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), consiguió ubicarse en la cresta de la ola de protestas contra el régimen precedente y canalizó la bronca popular a favor de su candidatura presidencial, desarrollando propuestas parlamentarias sobre el tema de hidrocarburos que se orientaban a la recuperación de los recursos petroleros y  gasíferos y a la mejora de los ingresos nacionales, incrementando los precios que estaban pagando Brasil y Argentina adecuándose a los referenciales internacionales.
La Nueva Correlación Histórica
Después de conseguir una votación histórica, 54 por ciento de apoyo, en las elecciones de diciembre de 2005, Evo Morales Ayma afirmó, en su discurso ante el Congreso Nacional, el 22 de enero de 2006, que “es hora de detener el saqueo de nuestros recursos naturales” y nombró a Andrés Soliz Rada en el cargo de Ministro de Hidrocarburos por sus antecedentes de luchador intransigente por la soberanía  sobre los recursos naturales y por haber sido el principal impugnador de las políticas petroleras neoliberales a favor de las transnacionales y defensor de la industrialización interna y del abastecimiento pleno al mercado interno. La persistencia de la lucha de Soliz Rada permitió crear una conciencia nacional sobre los recursos naturales y los hidrocarburos en Bolivia
Las relaciones con las empresas petroleras que operaban en Bolivia se enturbiaron inmediatamente debido a la perspectiva que asumían las políticas del sector, especialmente por la determinación del gobierno de recuperar los recursos de manos de las trasnacionales y de refundar  y potenciar la empresa estatal YPFB como pivote estratégico de los hidrocarburos.
Los compromisos de venta de gas a Brasil y Argentina eran fundamentales en las relaciones internacionales y en el lugar que tenían las empresas petroleras. En ese momento, Brasil compraba a Bolivia 28 millones de metros cúbicos diarios a un precio de 3.25 dólares por millar de unidades térmicas inglesas y Argentina 7.7 millones a un precio de 2.08 dólares denominado “precio solidario” de Bolivia con Argentina, de una reserva estimada en 48.5 trillones de pies cúbicos, reserva especialmente importante para los mercados regionales en expansión constante, particularmente en vinculado al complejo industrial de Sao Paulo y a los nuevos emprendimientos en curso.
El potencial gasífero boliviano, segundo en la región, se convertía en un valor económico, geopolítico e histórico de la mayor importancia y su posición estratégica en el centro de Sudamérica generaba la expectativa de los países vecinos, en un  nuevo contexto de las posibilidades de integración y complementación económica y política.         
Las premisas acerca de la utilización del gas en la nueva situación interna estaban establecidas en el aumento de los volúmenes de exportación, el mejoramiento de los ingresos fiscales, el impulso a la industrialización del recurso, la preservación de las reservas estratégicas, la fiscalización a las empresas petroleras y el fortalecimiento de YPFB.
La preocupación de Petrobrás, Repsol, Total, British y Shell, las más importantes trasnacionales en el país se dejó sentir de inmediato tanto a través de sus representantes directos en Bolivia, como también a través de los gobiernos de Brasil, España. Francia, Holanda e Inglaterra, los mismos que desarrollaron acciones de influencia alrededor del gobierno de Evo Morales Ayma.
Las transnacionales, agrupadas en la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), con sede en Santa Cruz de la Sierra, determinaron extraoficialmente que Petrobrás se convierta en la punta de lanza para la defensa de sus intereses en su relación con el nuevo gobierno boliviano.
La fortaleza de los negocios que había adquirido Petrobrás en el país la convertían en la empresa más interesada en marcar el compás de las políticas del sector en el gobierno boliviano, para ello el propio gobierno de Brasilia asumió un rol protagónico y de influencia. Las relaciones personales entre los Presidentes Evo Morales Ayma y Luis Inacio Lula Da Silva eran muy buenas, en tanto que las relaciones de Estado Bolivia-Brasil eran muy tensas y las de Petrobrás con el Ministerio de Hidrocarburos eran malas, en la medida en que existía colisión de intereses.
La transnacional brasileña controlaba el 46 por ciento de las reservas probadas y probables de gas natural, el 75 por ciento de la exportación de gas a Brasil, el 95 por ciento de las refinerías, el 100 por ciento de la gasolina y el 65 por ciento del diesel que se comerciaban en Bolivia. El Presidente de Petrobrás, Sergio Gabrieli, anunció, con fines de tranquilizar las relaciones con el gobierno boliviano, la ejecución de inversiones por cinco mil millones de dólares.
A su vez, el gobierno boliviano desarrollaba una agresiva política de transparencia y recuperación del sector hidrocarburífero, pidiendo que las empresas informen sobre el estado de sus negocios, situación que no había ocurrido en los años precedentes, en los que su actividad prácticamente estaba libre de todo control y fiscalización de las autoridades.
Si bien la empresa estatal petrolera de Venezuela PDVSA, sobre la base de las excelentes relaciones entre los presidentes Morales y Hugo Chavez, se comprometió a apoyar el desarrollo del sector en Bolivia y firmó un Acuerdo Marco de Cooperación con YPFB “para proyectos de infraestructura, procesamiento de gas y petróleo, intercambio de usos tecnológicos y capacitación de recursos humanos”, su ejecución efectiva ha sido muy limitada. Sin embargo, Venezuela aseguró el suministro de diesel para el mercado boliviano con 200 mil barriles anuales que cubran el déficit del consumo local.
Es posible advertir que, si bien los anuncios oficiales de los gobiernos de Bolivia, Brasil, Venezuela y Argentina para asegurar la complementación entre empresas estatales del petróleo eran promisorios, en las decisiones y acciones concretas no se producían avances. Las evidentes contradicciones entre las transnacionales petroleras y los Estados productores, en el ámbito mundial, también se presentan entre las empresas estatales, como se advierte en el caso boliviano que no ha conseguido el efectivo apoyo de PDVSA, empresa con una experiencia y potencialidad reconocida internacionalmente.
La Tercera Nacionalización de los Hidrocarburos
La decisión de considerar ilegales los 71 Contratos con las Petroleras por parte del Ministerio de Hidrocarburos, en la medida que no fueron aprobados por el Congreso Nacional, como determina la Constitución Política del Estado, provocó una crisis en las empresas, lo mismo que las denuncias de manejos irregulares de sus finanzas, el contrabando de hidrocarburos, la inscripción de reservas en las Bolsas de Valores y otras evidencias de incumplimiento de la legislación nacional. Repsol tuvo que reconocer, de inmediato, que había retirado la inscripción de reservas que no le pertenecían, con graves daños a su economía, en medio de un escándalo financiero que desembocó en un proceso de los accionistas, en los estrados judiciales de Estados Unidos.
Por otra parte, la misma empresa fue sancionada por la justicia ordinaria por haber realizado contrabando de petróleo, situación que provocó el apresamiento, en mayo de 2006, del Presidente de Repsol, Julio Gavito y los reclamos del gobierno español y su Presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Otro caso que alcanzó a esta empresa fue la denuncia de daños ambientales en los ríos de la región del Chaco boliviano, donde los pobladores viven de la pesca.
Transredes también fue sancionada con una multa de 1.5 millones de dólares por la contaminación del río Desaguadero debido al derrame de petróleo.
Los intentos de negociación de las políticas petroleras por parte de las empresas, a través de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, fueron rechazados por el Ministro de sector por considerar que el Estado Boliviano debía establecer una relación directa con cada una de las petroleras, en función de las características del trabajo y las obligaciones de cada una de ellas.
La consideración de que el gas es un recurso ordenador de la economía boliviana, con reservas estimadas en 200.000 millones de dólares, y el principio de construir un país digno con el uso productivo de los recursos naturales, estuvieron presentes en la formulación de las bases de la recuperación del gas.
La contraofensiva de las petroleras se manifestó durante los primeros meses de 2006, inclusive con el incentivo a los esfuerzos regionales autonomistas e inclusive separatistas de los departamentos de Tarija y Santa Cruz, importantes productores de gas, que se enfrentaban con el gobierno del Presidente Evo Morales. La Cámara fue uno de los puntales de la campaña desatada contra las perspectivas proteccionistas de las políticas petroleras, particularmente a través de los medios de comunicación de todo el país y Petrobrás implementó una línea dura contra el gobierno que se manifestó en declaraciones de sus ejecutivos y de autoridades del gobierno brasileño.
La Tercera Nacionalización de los Hidrocarburos, del primero de mayo de 2006, se llevó adelante, después de un cuidadoso estudio de un equipo formado alrededor del Presidente Morales, a través del Decreto 28701 “Héroes del Chaco” y ejecutado  con la presencia del propio Presidente y las Fuerzas Armadas de la Nación en el megacampo de San Alberto de Petrobrás. Esto provocó una reacción muy fuerte de Brasil y su gobierno, surgiendo inclusive demandas públicas de una acción militar contra Bolivia por considerar que se había afectado la soberanía brasileña.
El Decreto determinó la recuperación plena y total de los recursos hidrocarburíferos producidos en Bolivia para beneficio del pueblo boliviano, el potenciamiento de    YPFB, la recuperación de las empresas “capitalizadas” y de las acciones correspondientes controladas por las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFPs), el inicio del proceso de industrialización y los nuevos porcentajes de participación del Estado en la renta del gas.
Según el documento de la Nacionalización el producto de los megacampos, aquellos que producen más de 100 millones de pies cúbicos diarios, deberá ser distribuido en 82 por ciento para el Estado Boliviano y 18 por ciento para las empresas, y de los campos pequeños la distribución será de 50 por ciento para el Estado y 50 por ciento para las empresas. Esta decisión significaba sextuplicar los ingresos nacionales generados por el gas, es así que de un ingreso de 200 millones de dólares en 2004, se pasa a un ingreso de 1.300 millones de dólares en 2006.
De inmediato Petrobrás anunció el “congelamiento” de todas sus inversiones en Bolivia, en tanto que el Ministro de Energía de Brasil, Silas Rondeau, preguntaba telefónicamente a su similar de Bolivia, Andrés Soliz, si se cortará el envío de gas a su país. El representante de la Unión Europea, Javier Solana, manifestó su preocupación por la “intranquilidad e inseguridad jurídica existente en Bolivia” y el Presidente Lula Da Silva declaró, dos meses después, que era necesario -para Brasil- acabar con la dependencia del gas boliviano y reveló “me pidieron que invada Bolivia por la Nacionalización”. 
La geopolítica regional se manifestó a través de la simpatía de Argentina por la determinación, en tanto Brasil y Chile demostraron preocupación y rechazo.
Brasil utiliza diariamente 40.6 millones de metros cúbicos de gas, de los cuales Bolivia le provee 28 millones de metros cúbicos, aproximadamente.
Tres días después de la emisión del Decreto de Nacionalización se produjo una cumbre extraordinaria de varios Presidente de la región en Foz del Iguazú, donde se reunieron Nestor Kirchner de Argentina, Lula Da Silva de Brasil, Evo Morales de Bolivia, Nicolas Duarte de Paraguay y Hugo Chavez de Venezuela, oportunidad en la que se bajaron los ánimos de tensión, al menos momentáneamente hasta conocer la implementación de las medidas adoptadas.
De manera sospechosa, la empresa De Golyer y McNeugthon, que en 2004 había calificado reservas de gas en Bolivia por 48.7 trillones de pies cúbicos, informó que las reservas en 2005 solamente eran de 38.6 trillones de pies cúbicos.
Con la finalidad de contar con información acerca de los negocios de las empresas, el Ministerio de Hidrocarburos determina realizar Auditorias Técnicas y Financieras a cada una de ellas y de esta manera considerar, en los casos que corresponda, la readecuación de contratos a las nuevas reglas establecidas por el nuevo gobierno nacional. Asimismo se decide que YPFB sea la única comercializadora de hidrocarburos a nivel interno, afectando la estructura que Petrobrás había construido en los últimos diez años.
En septiembre de 2006, cuando el Ministerio de Hidrocarburos emitió la Resolución 207-06, en concordancia con el Decreto de Nacionalización, para traspasar las refinerías de Petrobrás a YPFB, el gobierno brasileño la representó ante el Vicepresidente de la República, Alvaro Garcia, quién demandó al Ministro Andrés Soliz dejar sin efecto la misma. A tiempo de negarse a suspender la Resolución, el Ministro renunció a su cargo. La presión del gobierno de Brasil se hizo más evidente en este episodio.
Los nuevos contratos petroleros
Los esfuerzos por potenciar YPFB tropezaron con una serie de problemas, entre ellos la inestabilidad de sus ejecutivos, quienes sucesivamente renunciaron a su cargo, en menos de dos años se sucedieron cinco Presidentes de la estatal petrolera. En octubre de 2006 se firmaron 44  nuevos contratos de operación y servicios entre YPFB y 14 empresas del sector, en un contexto de escándalos acerca de la veracidad de los documentos firmados y el carácter secreto de algunos anexos favorables a las transnacionales en la medida que podían deducir costos y conseguir mayores utilidades.
Las mismas empresas, Total, Petrobrás, Repsol, British, a través de los nuevos contratos, consiguieron mantener su presencia en el país bajo condiciones en las cuales el Estado Boliviano conseguía mejores ingresos por el incremento de los volúmenes de exportación y por la mejora de los precios que fueron asimilados a los que rigen en el mercado internacional.
La renta petrolera se incrementó en 600 por ciento y se redistribuye entre el Gobierno Central, las Prefecturas Departamentales, los Gobiernos Municipales, las Universidades y en la dotación anual de bonos a distintos sectores de la población, como los de la Tercera Edad y de los niños que estudian.
Este nuevo ordenamiento de la política del sector dejo tranquilas a las empresas, entretanto el gobierno intentaba implementar nuevas acciones para avanzar en los proyectos de la industrialización, del consumo masivo, de construcción de gasoductos internos y de uso productivo de los recursos generados por la exportación de gas.
Después de dos años, el gobierno avanzó en la recuperación de las Refinerías y, en mayo de 2008, implementó la Nacionalización de la transportadora Transredes junto a la Nacionalización de la Empresa de Telecomunicaciones y la recuperación de la mayoría de acciones en las empresas “capitalizadas” Andina y Chaco, aunque ambas aun bajo la administración de las transnacionales.
A pesar de los intentos de formular políticas coherentes sobre hidrocarburos y de hacer de YPFB una empresa poderosa, el gobierno ha quedado estancado en el sector. Se han producido muchos cambios en la cúpula del Ministerio y en la Presidencia de YPFB. Se hace evidente que YPFB no es una empresa solvente técnica y administrativamente, que pueda convertirse en base de operaciones para impulsar la industria del petróleo en Bolivia.
Por el contrario, la ineficiencia y la corrupción han alcanzado al nivel máximo de la empresa al haberse descubierto que el Presidente de YPFB entre marzo de 2008 y enero de 2009, Santos Ramirez, recibía coimas de la empresa Catler-Uniservice contratada para implementar una Planta Separadora de Líquidos. El descubrimiento de este escándalo se produjo después del asesinato del empresario Jorge Oconnor, quien fue aniquilado cuando iba a realizar la entrega de dinero destinado a Ramirez, según las investigaciones oficiales.
Santos Ramirez, políticamente el brazo derecho del Presidente Evo Morales, fue un importante impulsor de la última Ley de Hidrocarburos y después de ser Presidente de la Cámara de Senadores, paso a dirigir YPFB y ahora se encuentra preso en la cárcel pública junto a varias personas vinculadas al hecho de corrupción.
Un final paradójico. Corrupción, ineficiencia e incapacidad en YPFB, después de la ejecución de un hecho histórico trascendental como fue la Tercera Nacionalización de los Hidrocarburos en Bolivia.
La información oficial señala que durante los últimos cuatro años, los ingresos en el rubro de los hidrocarburos han batido todos los record históricos, con un incremento que va de 300 millones de dólares en 2004 a 2.100 millones de dólares en 2008, esto como consecuencia de la recuperación de los recursos del gas para el Estado boliviano, la subida de los precios y el nuevo sistema de impuestos y regalías establecidos en la Ley, el Decreto de Nacionalización y los nuevos contratos con las empresas.
Los aspectos pendientes de ejecución del Decreto de Nacionalización “Héroes del Chaco” y que marcan el retraso del proceso de su implementación son: la aplicación de los resultados de las Auditorias a las empresas petroleras que permitan el saneamiento de las cuentas pendientes de las mismas, la reestructuración de la empresas estatal YPFB, considerada el fundamento central de la aplicación de las políticas del sector y el desarrollo del proceso de industrialización de los hidrocarburos como prioridad establecida también en las movilizaciones de Guerra del Gas y el Referéndum de 2004.
Al respecto, los ofrecimientos rituales de los ejecutivos brasileños de Petrobrás, en encuentros de alto nivel de las autoridades nacionales, para realizar emprendimientos  de industrialización del gas en Bolivia han quedado solamente en anuncios, en tanto el proyecto industrial para la separación de líquidos ha quedado  truncado precisamente por el hecho de corrupción en YPFB antes descrito.
De igual manera, los presidentes de Venezuela y Bolivia anunciaron la construcción de una planta petroquímica en Bolivia con la participación de PDVSA e YPFB, sin que hasta la fecha existan indicios de avance al respecto.
La nueva Constitución Política del Estado, debatida en la Asamblea Constituyente entre 2006 y 2008 y aprobada en enero de 2009 determina que los hidrocarburos son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano, el que a través del Estado ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado para su comercialización. Asimismo, el Estado define la política de hidrocarburos, promueve su desarrollo integral sustentable y equitativo y garantiza la soberanía energética.
Por otra parte afirma que YPFB, como empresa estatal con autonomía de gestión, es la única facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización y que la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) será responsable de ejecutar en representación del Estado y dentro de su territorio la industrialización de los hidrocarburos.
La nueva Constitución establece que en los casos en que YPFB conforme asociaciones o sociedades de economía mixta para las actividades de de exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos, la empresa estatal deberá obligatoriamente contar con una participación accionaria no menor al cincuenta y uno por ciento del total del capital social. Asimismo, se obliga a todas las empresas extranjeras a someterse a la soberanía del Estado, a la dependencia de las leyes y de las autoridades del Estado y no se reconocerá en ningún caso tribunal o jurisdicción extranjera y no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplomáticas.
Los aspectos pendientes de ejecución del Decreto de Nacionalización así como el nuevo texto constitucional expresan la debilidad institucional del Estado Nacional y de su estructura ejecutiva y empresarial que, por su incoherencia y por la ausencia de políticas sólidas del gobierno y a pesar de los esfuerzos realizados, no puede enfrentar el poder de las empresas petroleras extranjeras.
La lejanía del horizonte liberador
Ante la crisis neoliberal, acelerada por los levantamientos sociales en Bolivia, el tema de las rentas y destino de los recursos procedentes del gas natural se convirtió en el eje de las orientaciones políticas de los gobiernos, en la primera década del siglo veintiuno, definiendo nuevos criterios en relación a las empresas transnacionales, a la distribución de la renta, a la industrialización de los recursos naturales rompiendo la lógica del enclave exportador de materias primas y al ejercicio del poder acerca de los hidrocarburos.
Las pugnas internas, de carácter cívico y regional, expresadas en la lucha por las autonomías y la administración directa de los recursos, se inscriben en los enfrentamientos de los distintos sectores y clases sociales, especialmente de Santa Cruz y Tarija, lugares donde las oligarquías locales han tenido un control férreo de los recursos naturales, ante las demandas de los demás sectores y regiones del país por tener una participación más efectiva. En este sentido, el gobierno de Evo Morales enfrentó la resistencia de los sectores tradicionales del oriente y el sur del país a sus políticas de recuperación de los recursos para el Estado, el fortalecimiento de YPFB y la redistribución de la renta petrolera por la vía de los bonos y las políticas sociales.
El modelo de economía de enclave especializado en la exportación de materias primas, definido como “desarrollo hacia afuera”, ha caracterizado al país desde la época colonial hasta el presente con la explotación de minerales, goma, recursos forestales, petróleo y gas natural, sin poder romper la lógica impuesta por el capitalismo internacional. El nuevo proceso boliviano ha abierto la posibilidad de marcar nuevas tendencias al respecto, se han dado algunos pasos en el campo de los hidrocarburos, sin embargo la ausencia de una perspectiva estratégica ha impedido avanzar lo suficiente al respecto.
Esta pendiente, por lo tanto, la formulación de un proyecto nacional que tome en cuenta el uso productivo de las rentas petroleras, que significa utilizar los recursos naturales para desarrollar de manera sostenible los recursos renovables, avanzar en el proceso de industrialización gasífera, articular la geografía nacional en base a una matriz energética que priorice el uso interno del gas y promover una revolución agrícola que sostenga la economía nacional en la perspectiva de conseguir la autosuficiencia alimentaria.
El gobierno de Morales consiguió articular alrededor de su liderazgo y los movimientos sociales, primero, y de su gobierno, después, una gama de fuerzas sociales dentro del nacionalismo boliviano, con hegemonía indígena, defendiendo el carácter nacional y estratégico de los recursos naturales, el fortalecimiento económico del Estado, aunque la proyección de la unidad nacional queda en riesgo cuando la nueva Constitución establece la vigencia de 36 naciones con derechos políticos, económicos y jurisdiccionales que, a mediano plazo, podría llevar a la fragmentación de Bolivia.
Al respecto, ya se han dado algunas señales preocupantes respecto, precisamente, a los recursos mineros y petroleros, al generarse un derecho a favor de algunos pueblos indígenas para administrar estos recursos. Se han producido enfrentamientos violentos entre grupos de  indígenas con trabajadores mineros, en varias regiones del país, por el control de reservas, al igual que anuncios realizados por otros grupos indígenas para autorizar la exploración y explotación de hidrocarburos en territorios bajo su jurisdicción.
Si bien los procesos de nac