Decía con rotunda contundencia Luis Espinal que “en vez de hacer un periodismo que busca solamente los actos de los grandes, hay que hacer un periodismo que sea la memoria popular”.

 

Esa memoria popular se construye con verdades completas y oportunas.

 

Nada justifica la censura. Ningún tipo de censura, porque la censura – volvemos con Espinal – “se dedica a prohibir o a recortar la verdad e las comunicaciones, par que la verdad no haga daño a nadie”.

 

Hay muchas formas de esconder, reducir o administrar la verdad, disimulando y disfrazando la censura dictatorial con manipulaciones cada vez mejor elaboradas.

 

La manipulación es insostenible sin apariencia de democracia. La democracia real es intolerable para el que busca manipular.

 

Eso es algo que debemos tener siempre presente, pero con mayor urgencia ahora, cuando se está buscando consolidar autonomías, que no son solamente discursos emocionales, sino verdadera capacidad de gestión. De autogestión.

 

Por es necesario reclamar hoy la democracia real, la autogestión real, no solamente  la “participación” o la mera inclusión.

 

¿Y cómo podríamos capacitarnos para la autogestión si nos privan, nos reducen, nos recortan o nos demoran la información?

 

Necesitábamos ese preámbulo para refrescar el hecho de que hace un mes largo (el 21 de junio) solicitamos al vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, puntual, concreta, sobre auditorías que el gobierno boliviano ordenó realizar en el decreto nacionalizador 28701 del Primero de Mayo del 2006.

 

Los resultados de esas auditorías debieron ser considerados para firmarse los contratos petroleros previstos también en esa norma legal. El vicepresidente había asegurado días antes  del 21 de junio que estaba dispuesto a debatir, en cualquier escenario, la transparencia de esos contratos petroleros.

 

Las auditorías estuvieron a cargo de siete empresas consultoras contratadas mediante licitación pública internacional. Hay varios nombres: Baltic Control, Petroconsult, Delta Consult y una empresa francesa, como subcontratista de Delta Consult.

 

Como elementos de juicio para realizar un debate documentado consideramos imprescindible contar con una copia completa de cada uno de esos informes de auditoría. Insistimos varias veces, mediante carta formal, mediante editoriales, pero los documentos solicitados permanecen, hace más de tres años, inaccesibles, desconocidos para la opinión pública. Censurados, en una palabra.

 

Eso es inadmisible y tenemos la irreductible resolución de insistir hasta conseguir esos documentos de auditoría y armar desde Tarija el debate públicamente propuesto por el vicepresidente García Linera.

 

La Contraloría General de la República, por oficio, tendrá también que, en algún momento, interesarse en esas auditorías. También apelaremos a ella, cuando sea oportuno.

 

Porque caso contrario, sin la verdad completa y transparente, indispensable para conocer y actuar en materia de política petrolera, todo lo demás es retórica.

 

Y pretender que Tarija gestione su destino sin conocer toda, absolutamente toda la verdad relacionada con los hidrocarburos que se extraen de su subsuelo, podrá llamarse cualquier cosa, pero no autonomía.

 

Y de autonomía precisamente nos ocupamos en Tarija cada rato, con mucha emotividad, con abundante lírica, con  buenos propósitos y magníficas intenciones.

 

Respetamos eso. Pero nosotros queremos trabajar por la autonomía con hechos, con información completa y confiable. Con la verdad.
No transaremos con menos.