No hay duda alguna de que para cualquier empresa petrolera que se precie de serlo, contar con capital de inversión para sus actividades es la clave para su desarrollo sano y vigoroso.
 
El crédito para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es, en ese contexto, positivo, más aún si provienen del Banco Central de Bolivia (BCB), entidad que se especializó en prestar esos recursos a economías extranjeras a bajísimas tasas de interés, perjudicando la economía nacional.

La crítica proveniente de la inefable Confederación de “Empresarios” Privados de Bolivia, que expresó su rechazo a que el BCB disponga de parte de las reservas internacionales para prestar a YPFB, con el argumento de que se ponen en riesgo las “reservas internacionales”, sin más otro fundamento, es resultado de la miopía inveterada de sus dirigentes, por decir lo menos.
 
La preocupación por el préstamo de dinero a YPFB no radica, en consecuencia, en el origen de esos recursos. Radica, por el contrario, en el destino que puedan tener, dada la situación de la estatal petrolera boliviana.
 
YPFB no está en condiciones técnicas ni gerenciales de recibir y gastar con razonable posibilidad de éxito esos recursos. No tiene estados financieros actualizados al día. Esa sola falencia impide que el plantel gerencial y de toma de decisiones pueda orientar el destino de esos recursos minimizando o anulando los riesgos propios de cada operación o inversión, más aún tratándose de una empresa petrolera.
 
A lo anterior se suma el hecho de que ninguno de sus ejecutivos, empezando por el presidente interino, que sigue siendo interventor, así como sus vicepresidentes y gerentes de área, ocupa sus cargos como resultado de un procedimiento de selección altamente competitivo. Por ello mismo es que no cuentan con, ni exigen tener, el mínimo indispensable requisito para la toma de decisiones ejecutivas, que es la información contable en forma diaria, oportuna, confiable y segura.
 
Como carecen en absoluto de experiencia en el gerenciamiento de una empresa petrolera con los patrones de calidad que el mundo empresarial exige hoy, ni siquiera se preocupan del asunto que hace a la elemental transparencia de la administración de recursos, sea en el ámbito estatal como en el privado. Es puro voluntarismo, como el que exhibió en su momento el ex presidente Santos Ramírez.
 
No es cierto que YPFB sea corporativa hoy, como autoridades políticas del gobierno pretenden hacernos creer con sólo bautizarla así. Lo corporativo no es discurso. Es un sistema de dirección y gobierno de empresas que asegura su éxito. Merece incluso una normativa legal específica y especializada que no hay aún en el país y no se ha escuchado que haya iniciativas de alguna repartición del Órgano Ejecutivo para proponerlas.
 
El otro ángulo del asunto es que mientras YPFB siga conviviendo con Repsol YPF (en Andina), está sometida a la continuada succión de recursos, tarea que se ha vuelto la especialidad de la transnacional española-norteamericana, cuyo cuasi delincuencial comportamiento quedó evidenciado en las auditorías petroleras engavetadas por las autoridades máximas de este gobierno. ¿Cuánto de esos mil millones de dólares irán a parar a proyectos con Repsol YPF? Esa es la cuestión.
 
Los dirigentes de la CEPB, en vez de cuestionar el origen de esos recursos, bien podrían exigir el gobierno que disponga que el BCB deje de prestar al extranjero el saldo de las reservas que tanto les preocupan (pareciera que representaran intereses de bancos y empresas extranjeras), y pedir, por el contrario, que las destine a la industrialización interna, de la que ellos debieran ser actores de primera línea en alianzas con iniciativas estatales.

 

Asimismo, debieran exigir que YPFB, al igual que todas las empresas privadas, se maneje con transparencia y profesionalismo antes de recibir recursos del Estado. Esa postura si sería digna de una agrupación empresarial preocupada por sí misma y por el destino del país en el que se desenvuelven, que son y deben ser destinos equivalentes.