Luego de que el vicepresidente de operaciones de YPFB, José Luis Gutiérrez, declarara a inicios de este mes que “Chile es una alternativa” como mercado del gas boliviano, se reinició el debate sobre la venta de gas al vecino país, posibilidad que el pueblo boliviano condicionó a la devolución de una salida soberana al mar en sendo referendo nacional de julio del año 2004.

Pero el debate ya no es entre posiciones opuestas. Ahora coinciden en lo esencial los más altos cargos del gobierno actual, incluyendo el presidente interino e interventor de YPFB, Carlos Villegas, quien declaró que la posibilidad de venta de gas a Chile existe y se negociará en el marco de la agenda de 13 puntos que se discute con la diplomacia del Mapocho.

 

Los otrora adversarios en esta materia ahora unen fuerzas. Así, en entrevista concedida a El Nacional, el ex ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, Luis Lema Molina, evidenció las coincidencias de ex "gonistas" con el masismo gobernante. El político incluso le puso ya cantidad aproximada a una posible exportación de gas a Chile y propuso "hacer un referéndum para venderle gas a Chile, en base a que existen dos gaseoductos en el norte argentino con capacidad de transporte de 10 millones de metros cúbicos".

 

Según su criterio, el mismo que se manejaba en el gobierno de Sánchez de Lozada, sólo se podrá industrializar el gas si previamente se incrementa su exportación. Al respecto Lema afirmó que "con los dos mercados Chile ( con 10 MM mcd) y Argentina con 27 recién se puede hablar de industrialización...". Estas supuestas condicionantes ya fueron anteriormente descartadas por especialistas, quienes afirmaron que con sólo instalar plantas separadoras de licuables en las corrientes de gas de exportación a Brasil y Argentina YPFB podría obtener suficiente materia prima para instalar procesos industriales diversos.

 

Lo cierto es que día que pasa se borran las diferencias entre masismo gobernante y "gonismo opositor", lo que configura una nueva situación política al respecto. En materia hidrocarburífera parece ya no haber oposición ni oficialismo desde que en abril de 2007 masistas y podemistas (ex MNR, MIR y ADN) votaran unánimemente por la aprobación de los nuevos contratos petroleros sin conocer previamente los resultados de las auditorías petroleras ordenadas por el decreto de nacionalización de mayo de 2006.

 

Hoy, por el contrario, habría una sola voz favorable a la exportación de gas a Chile, sin
condición marítima ni industrialización, dos mandatos que fueron la causa de la caída y huida de Sánchez de Lozada en octubre de 2003 y que sectores populares de El Alto, La Paz, Camiri y varios otros no parecen estar dispuestos a aceptar. Alguno incluso calificó a la nueva posición de Evo Morales como de traición al país y su programa de gobierno.

 

El ex dirigente cívico, Roberto Ruíz Bass Werner, ahora senador disidente de Podemos, fue un férreo defensor de la exportación de gas por puertos chilenos en el marco del contrato Pacific LNG que se gestaba durante el gobierno de Tuto Quiroga y de Sánchez de Lozada, entre 2001 y 2003 inclusive. Ruiz se ha convertido en aliado del MAS y tuvo un rol importante en la inserción de la disposición transitoria octava de la nueva CPE, que garantiza los derechos de las petroleras transnacionales en los nuevos contratos suscritos con el gobierno en octubre de 2006, los que les permiten pagar inversiones dudosas de la década pasada con la producción actual y futura del gas, prorrogando de esta forma los antes vilipendiados "contratos de riesgo compartido" que heredó el MAS del primer gobierno de Sánchez de Lozada.

 

DE LA DEMANDA MARÍTIMA AL PRAGMATISMO DEL "NEGOCIO ES
NEGOCIO

 

El 4 de septiembre el vicepresidente operativo de YPFB, José Luis Gutiérrez, develó
claramente el ánimo que parece estar detrás de la postura gubernamental. "Conocemos los problemas que tenemos con Chile. No debería haber eso porque negocio es negocio, pero eso hay que hacerle entender a la gente. A nuestro pueblo hay que decirle ‘señores, no podemos perder (dinero)’... Al pueblo hay que decirle ‘negocio es negocio’”.

 

Ya en enero de este año, el gobierno de Evo Morales dio la pauta del viraje en su política exportadora de gas como materia prima, cuando el presidente de YPFB, Carlos Villegas, afirmó que en el marco de lo que llamó necesidad de "diversificar el mercado de exportación", no descarta la posibilidad de venderle gas a Chile, en coincidencia con una propuesta de la Cámara Nacional de Comercio, entidad que ese mismo mes propuso lo mismo.

 

Entre septiembre y octubre de 2003, bajo la consigna de industrializar el gas internamente y rechazar la posibilidad de exportarlo a y por Chile, la población boliviana protagonizó masivas movilizaciones en contra del gobierno de Sánchez de Lozada, empeñado en viabilizar su exportación al norte chileno, favoreciendo a las industrias y empresas mineras asentadas en esa zona. Denuncias de entonces afirmaban que en varias empresas mineras chilenas Sánchez de Lozada tenía intereses empresariales. La renuncia del gobernante fue precedida por más de sesenta muertos en violentos enfrentamientos con fuerzas militares y policiales.

 

O INDUSTRIALIZAR O EXPORTAR

 

El programa de gobierno del MAS propuesto para las elecciones de 18 de diciembre de 2005 priorizaban la industrialización del energético y el respeto a las decisiones del referéndum de 2004 (gas por mar con soberanía). Durante los casi cuatro años de su gobierno no se instaló ninguna industria derivada del gas o del petróleo, pero el eje de la nueva campaña proselitista sigue girando en torno a ese ofrecimiento y, simultáneamente, los gobernantes persisten en "ampliar" mercados de exportación de gas como materia prima, hablando incluso de venderle a Paraguay y Uruguay, pese a no tener reservas confirmadas disponibles ni para el consumo interno en el largo plazo.

 

Contrariamente a los criterios pro exportadores de ex autoridades del  gonismo y ahora dirigentes y gobernantes del MAS, el especialista y doctor en química, Justo Zapata Quiroz, desmintió técnicamente la hipótesis de que para industrializar el gas éste debe ser explotado masivamente.

 

Afirmó que lo que el país necesita es masificar el uso interno del energético construyendo ductos que lleven gas al altiplano y al oriente del país. Otros especialistas añadieron que antes de pensar en mercados de exportación adicionales, Bolivia debe garantizar sus reservas para su consumo propio por al menos cien años, dado que si se comprometen mas volúmenes de exportación, en veinte años no habrá gas ni para el consumo interno.

 

En efecto, las reservas probadas de gas están a la baja, pero la política hidrocarburífera del gobierno no tiene previsiones para establecer reservas estratégicas por al menos cien años.

 

La última estimación de la consultora internacional De Goyler & Mc Naugthon, las cifró en poco más de 18 TCF tras la toma de gobierno de Evo Morales. Al ritmo de explotación actual, dicha cantidad se estima en algo menos de 17 TCF. Tomando en cuenta los actuales compromisos de exportación, Bolivia no contaría con gas ni para su consumo interno el año 2027.

 

Antes de esa cifra, la misma consultora estimaba en más de 27 TCF las reservas de gas, con lo que los impulsores de la exportación pura y simple afirmaban que Bolivia tenía gas para mil años, con lo que querían justificar de esta forma la intención de firmar contratos de exportación masiva de gas a Estados Unidos, México y Chile mediante barcos metaneros.

 

Coincidentemente con las intenciones renovadas de exportación de gas a Chile, personeros de Gazprom y técnicos de YPFB están haciendo trabajos de estimación de reservas de gas.

 

Anuncios preliminares apuran cifras al alza, lo que ha hecho sospechar del interés gubernamental, similar al de su antecesor, de justificar cifras para exportar gas "si o si", según revelaron fuentes del interior de YPFB que participan en estas tareas conjuntamente a Gazprom. La participación de Gazprom se produce luego de varios intentos fracasados de YPFB por contratar consultoras independientes. Pero la corporación rusa no es la indicada para hacer esas "estimaciones" porque, a la vez, tiene contratos de exploración en zonas petroleras bolivianas, lo que la hace parte interesada.

 

Entretanto, con la excusa del escándalo de supuestos sobornos, YPFB ha rescindido el
contrato de construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande y no ha reiniciado su construcción, perdiendo al menos 350 millones de dólares al año por energía adicional que se lleva Brasil y, al mismo tiempo, aplazando indefinidamente proyectos de industrialización de licuables que se pueden rescatar de ese torrente de exportación de gas, además del GLP, energético que incluso debemos importar a altos precios.