Se reabrió la polémica por las Malvinas en
un tema estratégico: la explotación petrolera. La noticia remite a
inversiones inglesas en las islas argentinas usurpadas por el Reino
Unido y la decisión del gobierno argentino por impedir el transporte de
materiales asociados a dicha explotación. Esa medida gubernamental está
sostenida en el incumpliendo inglés de acuerdos diplomáticos entre ambos
países. Acuerdos que funcionaron entre 1995 y 2007 y reiteradamente
incumplidos por las licitaciones de áreas petroleros habilitadas por
Inglaterra en Malvinas.

Los trascendidos y declaraciones en cada país motivan las más diversas
especulaciones, incluso guerreristas (al mejor estilo Thatcher en 1982)
en el ambiente electoral británico, pero lo importante es la discusión
sobre el uso soberano de los recursos naturales, un tema que trasciende
la explotación de hidrocarburos y se proyecta a la explotación de la
minería, de la tierra y su producción agrícola y ganadera, especialmente
en tiempos de subas de los precios de la alimentación y deterioro de la
capacidad de compra de los sectores de menores ingresos.
 
El capital sin fronteras

El hecho son las concesiones para explorar y explotar yacimientos
establecidos en el mar argentino. Son acciones de empresas
transnacionales sobre un potencial de 200.000 millones de barriles de
petróleo.
 No resulta ocioso recordar el peso estratégico de la producción
petrolera en las condiciones del modelo productivo vigente y que la
Argentina es de los pocos países que no administra soberanamente las
reservas petroleras. El 90% de las reservas de petróleo del mundo son
administradas por los Estados nacionales, claro que también se verifica
la dependencia de la actividad petrolera de las corporaciones privadas
que manejan el paquete de la tecnología del petróleo, la
comercialización, el financiamiento y el transporte. No alcanza con la
soberanía sobre los yacimientos, siendo estratégico el paquete
tecnológico, el know how de la exploración, explotación y distribución
de los hidrocarburos. Es todo un tema para pensar la cuestión energética
desde un enfoque alternativo, pues no solo se trata de recuperar la
petrolera estatal, sino de articular un trabajo de ciencia y técnica en
el marco de la cooperación e integración regional.
 
El episodio que comentamos articula a la Empresa Desire Petroleum y uno
de sus principales accionistas: la Banca Barclays, entidad financiera
organizadora seleccionada por el gobierno argentino para la reapertura
del canje de la deuda externa en cesación de pagos. Se trata de una
combinación de dos temas centrales, la explotación petrolera y la
negociación de las acreencias externas. Convengamos que la cuestión
involucra a socios locales de la iniciativa inglesa, ya que el detenido
embarque de tubos sin costura provenía de la empresa Techint. Este
consorcio actúa en la explotación petrolera en territorio argentino a
través de Tecpetrol y cabe el interrogante si el intento exportador de
Techint no inhabilita el accionar del grupo en la explotación petrolera
en nuestro país.

Es un razonamiento extensivo a la actividad petrolera inglesa, de la
Barclays y la banca británica, como de todas las empresas externas,
especialmente inglesas, que operan en el país. Recordemos que existen
disposiciones de la Secretaría de Energía que prohíbe expresamente
operar en la plataforma continental argentina sin habilitación de
autoridad competente de nuestro país, situación que incluye a las
empresas “controlantes, controladas, accionistas, y asociadas”.
 
Pensar y actuar soberanamente

Son cuestiones a considerar en el marco de la recrudecida crisis de la
economía mundial, donde se discute la cuestión fiscal de Europa, el
déficit de los estados europeos y su financiamiento por la banca
europea. La respuesta del capital y los Estados hegemónicos a la crisis
pasa por el ajuste de las cuentas públicas afectando salarios y gasto
estatal social, y por una nueva escalada de la ofensiva del capital por
la expansión de la explotación de fuerza de trabajo y recursos naturales.
 
Es tiempo para pensar en la administración soberana de la economía, en
soberanía alimentaria, energética y financiera. Lo que estamos
sugiriendo es combinar acciones diplomáticas con un debate sobre la
soberanía del orden económico local. ¿Es acaso utópico pensarlo, cuando
la tendencia es al alza del precio del petróleo, de las tasas de interés
(ahora aumentadas por la Reserva Federal de EEUU) y de los precios de
los recursos naturales? El debate no es ocioso, máxime cuando el país
está negociando el tratado de libe comercio entre el Mercosur y Europa
para suscribir en Mayo en los fastos del bicentenario.
 
El asunto es que no son discusiones distintas, el libre comercio que
afecta y afectará a la debilitada industria local es parte de la
estrategia ofensiva del capital mundial por la expansión de su actividad
en recursos naturales, finanzas y comercio.

Lo que sugerimos es la oportunidad para la discusión sobre la
organización económica local sobre bases de soberanía, ahora que se
acaba de anunciar el funcionamiento de una articulación entre el
Ministerio de Economía y el Banco Central para redefinir el “modelo
productivo” surgido de la cesación de pagos de fines del 2001 y de la
devaluación de comienzos del 2002. De allí vino el gran crecimiento
económico de los últimos años. Se sostiene ahora que además de dólar
alto hace falta financiamiento para ampliar la inversión y la acumulación.
 
Pretendemos argumentar que no sirve engordar el mismo modelo productivo.
Se requiere avanzar en otro sentido, donde el eje sea la soberanía y la
satisfacción de necesidades sociales que fundamentan la extendida
pobreza en la Argentina.

- Julio C. Gambina es Profesor de Economía Política en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la
Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Miembro del
Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales,
CLACSO. Director del Centro de Estudios de la Federación Judicial
Argentina, CEFJA. Fundador de ATTAC-Argentina.