De secretos tenemos muchas historias en Bolivia. Ninguna de ellas grata para la recordación lamentablemente. Por ejemplo ese empeño en hacernos creer que la fundición de estaño era un complejo secreto que solamente los británicos (que fundían el nuestro) podían y debían conocer. Falso, ya los egipcios, en tiempo de los faraones, fundían estaño.

Mucho más próximo que eso está el caso de las auditorías a las empresas petroleras que operaban en Bolivia, antes de la nacionalización de los hidrocarburos. Las auditorías se hicieron, se pagaron inclusive, pero los resultados solamente los conoce un puñado de personas, el vicepresidente García Linera entre ellas, siendo que tal información debería ser de conocimiento público, para saludables debates que el mismo García Linera ha desafiado estar dispuesto a sostener, pero sin aceptar como requisito previo develar las tales auditorías.

Hay muchos otros secretos en nuestra historia nacional. Algunos  a esta altura solo pintorescos y anecdóticos, como los matrimonios secretos del entonces presidente René Barrientos Ortuño. Siguen manteniéndose en secreto también, a propósito, las causas reales de su muerte, que precedió a una seguidilla de otras muertes trágicas tampoco explicadas, hasta ahora, entre ellas las de sus ministros Solis y Larrea, del periodista Alfredo Alexander y su esposa, del coronel Roberto Quintanilla y tantas más que con solo mencionarlas llenaría estas páginas.

Todo ese preámbulo nos conduce al más reciente secreto que tiene inquieta a la opinión pública, mucho más vasta y relevante que la opinión publicada: el contenido de los documentos relacionados con las últimas dictaduras militares y que el alto mando de las Fuerzas Armadas se está resistiendo a divulgar.

Por supuesto que no es información banal la que deben contener esos documentos.  Si bien los nombres de los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Luis Espinal y otras 160 víctimas de una de las últimas dictaduras están medianamente identificados, hace falta conocer los antecedentes, los fundamentos, la planeación de tan horrendos crímenes y eso muchos creen que se puede lograr conociendo esos documentos ahora secretos.

Y paradójicamente el mayor beneficio cuando se trasparente esa información será para las Fuerzas Armadas, porque fue a su nombre que unos cuantos de sus miembros cometieron esas atrocidades. Como tantas otras veces sucedió en la historia boliviana.

Uno de esos nefastos y tenebrosos personajes, precisamente, Luis Arce Gómez, ahora preso en Chonchocoro, está en una  posición coincidente con la de algunos militares activos del alto mando actual. Es decir, prefiere mantener silencio y conservar el secreto. Cualquier coincidencia con Arce Gómez deshonra.

Algunos voceros militares han dado fecha próxima para entregar esa información secreta a las actuales autoridades judiciales. Deben hacerlo.

Deben cumplir ese ofrecimiento, no solamente para terminar con la incertidumbre ya demasiado larga de los familiares de las víctimas, sino también para respetar y hacer respetar el derecho ciudadano a la información sobre lo que se hace y se hizo a nombre del Estado, pero además, y muy principalmente, para limpiar la imagen de la institución que para los bolivianos es la única que aglutina el ser nacional: Las Fuerzas Armadas de Bolivia.