Uno de los conflictos internos que más conmovieron al Gobierno de Evo Morales en su primera gestión fue la investigación de las inversiones que realizaron las transnacionales del petróleo en Bolivia. De manera sorpresiva, cuando las autoridades recibieron información estratégica de inestimable valor legal se impuso una censura interna y un arreglo precipitado de contratos con las grandes petroleras. A casi cuatro años de aquellos hechos, DÍA D obtuvo parte de aquella información que sin explicar las razones, las autoridades decidieron callar.  
"Los resultados de las auditorías servirán de base a YPFB para determinar la retribución o participación definitiva correspondiente a las compañías en los contratos a ser firmados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3 del presente Decreto Supremo". Eso dispone, mandataria y textualmente, el artículo cuarto del decreto nacionalizador del 1 de mayo de 2006, No. 28701, denominado también "Héroes del Chaco".
Esta norma no fue modificada. Su cumplimiento, en consecuencia, era obligatorio para todos. ¿La cumplió el Gobierno, autor de la norma, antes de firmar los contratos con las empresas petroleras, establecidos en el mismo decreto, actividad que debía tener como base los resultados de las auditorías? No. ¿Esta omisión es punible? ¿Le causó daños al Estado? Esto es materia de análisis político y jurídico. DÍA D anotará, entretanto, algunos relevantes hallazgos de las auditorías petroleras.

LAS TRAMPAS DE TRANSREDES Y REPSOL
Transredes y Repsol son casos paradigmáticos. La transportadora Transredes, fundada el año 1997 sobre la base de activos de YPFB valorados, "a precios de mercado", en 263,5 millones de dólares, debió haber sido "capitalizada" con ese mismo monto por parte de Enron/Shell. Este consorcio se adjudicó el derecho a suscribir y pagar el 50% del paquete accionario de esa empresa, además de su administración durante el período de inversiones (ocho años).
¿Pagó ese monto de dinero (263,5 millones de dólares) el consorcio TR Holding, compuesto por Enron y Shell el 16 de mayo de 1997, fecha desde la que aparece como socio y administrador de Transredes S.A.? Sorpresivamente, el reporte del Citibank de fecha 2 de junio de 1997 respecto del movimiento de la cuenta 3617-3915 a nombre de Transredes SAM, reporta el siguiente movimiento de dinero:
El 16 de mayo de 1997 existía un saldo negativo de 515,28 dólares. Ese mismo día se reporta un depósito de 263,5 millones de dólares resultante de una transferencia (Wire Transfer Request) ordenada por TR Holding Ltda, de su cuenta 4072-8047 a favor de Transredes. El mismo 16 de mayo de 1997, se reporta una transacción por 263,2 millones de dólares al Citibank Treasury Nassau, Bahamas. ¿Se aportó por un día y luego se esfumó el dinero en ese paraíso financiero?
Luego, en familia, las empresas Transredes S.A. y Shell International Ltd., suscriben un acuerdo ("Acuerdo de Administración de Inversiones" o "Investment Management Agreement") por el cual Transredes S.A. designa a Shell International Investment Ltd., una subsidiaria de su socia, como “Administrador”. Dispone que éste constituya y administre un fondo de Mercado de Dinero (un fondo de Mercado de Dinero es una cartera de títulos - valores de corto plazo) bajo las directrices, limitaciones y restricciones que se establecen en el mencionado acuerdo. En abril de 1998, Shell International Investment Ltd. comenzó a administrar los fondos traspasados del Grupo Citibank por un monto de 210 millones de dólares.
¿Qué significa lo anterior? Que el socio "capitalizador" se quedó con el dinero de la sociedad en virtud de un artificio. ¿Era legal ese mandato de administración? ¿Lo permitía el contrato suscrito entre el Estado boliviano y Enron/Shell? No. Ese contrato, por el contrario, prohibía expresamente esta práctica. Los "rendimientos" generados por esa suma administrada por Shell simplemente fueron irrisorios. Los Estados Financieros de Transredes reflejan sucesivas pérdidas en las primeras gestiones. Si ese dinero se hubiese puesto en depósitos a Plazo Fijo en bancos bolivianos, los intereses percibidos hubiesen reportado ingentes ganancias a Transredes y, por ende, al Fondo de Capitalización Colectiva.
El hallazgo anterior, sumado al hecho de que esos 210 millones de dólares que se encargó administrar a Shell International Investment Ltd. sirvieron para beneficiar exclusivamente a los socios capitalizadores y no a Transredes, según los detalles contenidos en los informes trimestrales de "inversiones", constituyen motivo y causal suficiente para la desvinculación societaria de hecho, por deslealtad probada. La información y documentación obtenida debió ser utilizada por el Estado boliviano para recuperar, sin costo alguno, el 50% del paquete accionario detentado por Ashmore, sucesora de TR Holding.
Lo inexplicable del caso es que estos hallazgos fueron ignorados por los negociadores del Gobierno de Evo Morales. Estas autoridades, en vez de dar cumplimiento estricto al mandato del artículo 4 del D.S. 28701, complementado por el decreto 28771 de 28 de junio de 2006, decidieron pagar a Ashmore la suma de 240 millones de dólares. La auditoría a Transredes ha obtenido otros hallazgos que pudieron y debieron ser utilizados para que YPFB recupere el control absoluto del paquete accionario y enfrente, sin temor, cualquier tipo de juicios o arbitrajes en cualquier escenario. ¿Por qué, contrariamente, no hizo públicas en el ámbito nacional e internacional estas graves irregularidades y violaciones contractuales? YPFB y los Ministerios de Defensa Legal y de Hidrocarburos, a cargo de Héctor Arce Zaconeta y Carlos Villegas, respectivamente, prefirieron negociar casi en secreto, como ahora ocurre con el Adendum al contrato de exportación de gas a la Argentina.

 

REPSOL Y UN REGALITO PARA PETROBRAS
Repsol YPF. Esta empresa, con fachada española pero con importantes porciones de capital norteamericano e inglés, se llevó la parte del león. Se encargó de la "capitalización de Andina S.A. al comprar los derechos y acciones en YPF, Pérez Companc y Pluspetrol el año 1999. La auditoría petrolera reveló que no cumplió los compromisos de inversión, que apenas alcanzaron a 63 millones de dólares de los 292.2 millones que declaró haber inyectado hasta el año 2001. Lo que sí hizo fue firmar un contrato con Petrobras el año 2001, a espaldas de YPFB, denominado contrato Hedging, en virtud al cual, entre ese año y el 2003, devolvió 300 millones de dólares a Petrobras por gas que la estatal petrolera exportó al Brasil, provenientes de los campos explotados por Andina/Repsol. De esa suma, al menos 150 millones de dólares le pertenecían al Fondo de Capitalización Colectiva.
El valor de "capitalización" de Andina era de 265 millones de dólares. Evidenciado como está - aceptado incluso por la propia Repsol YPF -, que esa suma no fue invertida y, por tanto, no se produjo el aporte de capital para detentar el 50% de acciones, porque éstas no fueron pagadas, ¿por qué no recuperó YPFB el control accionario equivalente al monto no pagado por la "capitalizadora"?
¿Por qué el Gobierno no utilizó estos hallazgos para recuperar el control de esas estratégicas empresas (Andina controla el 50% de los megacampos San Alberto y Sábalo) a favor de YPFB?
Sin embargo, probablemente exista una pregunta mucho más intrigante: ¿por qué las autoridades de gobierno hasta el presente no han brindado una explicación clara y pormenorizada sobre todos estos casos?