Con sorpresa y preocupación, nos enteramos que el Gobierno en las próximas semanas importará gas licuado de petróleo (GLP) del Perú. Asume esa medida porque producción nacional fue rebasada por el consumo interno en varias zonas del país.Desde hace casi cuatro décadas en Bolivia se utiliza domésticamente el gas licuado de petróleo (GLP) con precios relativamente bajos.

Sin embargo, y a pesar de que este combustible es subvencionado exclusivamente para en los hogares, actualmente resulta acaparado por el sector del autotransporte. Así, si uno ingresa a algunos microbuses, minibuses y taxis, puede observar no pocas veces, al lado del conductor o en la parte posterior del vehículo, una garrafa de GLP, pese al grave riesgo que implica.

Consecuentemente en varias ciudades y durante las últimas semanas se ha podido observar nuevamente largas filas de gente esperando a los camiones repartidores de garrafas. Éstos son prácticamente asaltados por los transportistas.
A ello se suma una baja en la producción nacional de GLP que se debe a la poca o nula ampliación de los volúmenes de explotación. No hubo inversiones económicas ni proyectos suficientes y llegan poco a poco las consecuencias. Las transnacionales rechazan la idea arguyendo la inseguridad existente. El Gobierno no sabe hacer inversiones dada la evidente falta de preparación en el equipo que encabeza Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el nulo tino del Ministerio de Hidrocarburos. 

De ese modo, ahora las autoridades buscan, entre la desesperación y la improvisación, el camino para que las petroleras transnacionales vuelvan a invertir en los yacimientos hidrocarburíferos bolivianos.

Adicionalmente, en el colmo del problema, la escases de GLP empeora por un creciente contrabando hormiga del GLP boliviano hacia el Perú. Un negocio redondo cruza a través de la amplia frontera binacional.

La Aduana aún con un pomposo refuerzo militar no pudo hacer nada para frenar semejante descalabro.

Resultará paradójico que Bolivia importe gas del Perú, con altos precios internacionales, para que este GLP vuelva nuevamente a su país de origen, pero esta vez con precios subvencionados.

En ese marco, entre las soluciones delineadas como parte de las políticas de seguridad energética, se plantea la obligatoriedad de la  conversión de los vehículos” al uso de gas natural vehicular (GNV). Es decir principalmente metano, el gas que exportamos a los países vecinos, y tenemos en grandes cantidades y a bajo costo. Asimismo se tiene en ejecución las conexiones domiciliarias de gas natural (metano principalmente).

A estas alturas duele más la errada, o casi inexistente, política de industrialización de los hidrocarburos que asumió el Gobierno. La construcción oportuna de plantas de separación de líquidos habría también aligerado notablemente el problema. El caso Santos Ramírez muestra cuánto daño le hace la corrupción al país.
Otra falla de gestión, la falta de planificación estratégica y, por ejemplo, la fabricación de biocombustibles también empieza a ser sentida. La crisis del GLP recuerda además que esta Bolivia importa también gasolina y diesel. Esperemos un gran cambio a futuro. Urge optimizar el uso y la explotación de nuestros recursos hidrocarburíferos y abrir otros horizontes. Se debe incentivar los proyectos de utilización de energías alternativas (eólica, paneles solares, hidroeléctricas, biodigestores, aprovechamiento del litio, etc.). Sólo de esta manera llegaremos a nuestra tan anhelada seguridad energética a fin de lograr un día lo que se podría denominar soberanía energética, es decir conseguir un autoabastecimiento energético total. A partir de ese equilibrio y del incremento de nuestras exportaciones podremos sí honrar el apelativo de “potencia energética”, con el que tantos políticos se han enjuagado la boca.