El Gobierno encabezado por el presidente Evo Morales tomó el 1 de mayo el control de tres grandes generadoras de electricidad, que eran operadas por empresas extranjeras. Igualmente estatizó la cooperativa de electricidad de Cochabamba. Morales dijo al firmar este importante decreto: “Estamos cumpliendo con el pedido clamoroso del pueblo de recuperar y nacionalizar los recursos naturales y los servicios básicos, que antes eran del Estado”. Revirtió así otra parte de la política de “capitalización” neoliberal realizada en los años 90, durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada”, y cambió el derecho propietario de Corani, Valle Hermoso y Guaracahi, en favor de ENDE.

El Gobierno masista volvió a dar un golpe de efecto en un 1 de mayo. Recordemos que también “regaló” a los trabajadores varias nacionalizaciones prácticamente en cada año de su gestión. Es el caso de Yacimientos Petrolíferos fiscales Bolivianos (YPFB) Combustible de Aviación Air Bp y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).

En relación a las generadoras que vuelven al Estado, cabe mencionar que Corani era operada por la subsidiaria de la francesa GDF. Por su parte, Ecoenergy Internacional contaba con el 50 por ciento de las acciones. De igual modo la británica Rurelec PLC tenía también el 50 por ciento del paquete accionario de Guarachi. Finalmente la mitad de las acciones de Valle Hermoso pertenecía a la empresa The Bolivian Generating Group y el resto del paquete accionario era manejado por el grupo español Bilbao – Viscaya – Argentaria y el suizo Zurich a nombre del Estado boliviano.

En el caso de Elfec, los trabajadores rechazaron la nacionalización porque el paquete accionario no se encontraba en manos de capitales extranjeros, sino de los mismos trabajadores y de la Cooperativa Mixta de Teléfonos de Cochabamba (Comteco).

En el Decreto de Nacionalización se instruye a Ende pagar los paquetes accionarios, luego de un proceso de evaluación que debe realizar una empresa contratada por la propia Ende, en un plazo de 120 días hábiles. El Presidente justificó la medida señalando que “los servicios básicos no pueden ser de negocio privado, sino de servicio público”. Por ello se espera que esta acción gubernamental repercuta en beneficios de los ciudadanos en cuanto a tarifas y nuevas inversiones.

La medida vuelve a abrir un viejo reto para Bolivia. Medidas como esta requieren de un complemento trascendental para que en el futuro no tengan un efecto boomerang: eficiente y honesta administración.

Ya ha pasado a lo largo de la historia boliviana y en la propia historia de este régimen que medidas esperanzadoras son desvirtuadas y devaluadas por funcionarios incapaces y corruptos.

La administración de las minas nacionalizadas en 1953 durante las décadas del 60 y el 70, la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos entre los 80 y los 90, la del Lloyd Aéreo Boliviano, etc, dieron argumentos a los “capitalizadores” para que abran las puertas del asalto al país. Conociendo ese pasado, las actuales autoridades deben velar por que no se comentan ese tipo de graves errores.

Por ello las autoridades deberán prever que la medida asumida tenga su correlato con años y años de gestión exitosa y desarrollo. En el delicado caso de la electricidad les queda muy cerca el desafío de incrementar la capacidad en la provisión de este servicio que se acerca a un peligroso tope.

Entonces la palabra Nacionalización sonará a fiesta, hasta gloria, no como en algún tiempo pasado, a frustración