Se acaba la postal, al menos por ahora. Las aguas cristalinas del río Yolosa ya no cruzan libres y chispeantes en medio del cañadón verde junto al tibio viento tropical.

Alguien ha cubierto el cauce. Ha sepultado el curso natural con trazos de orugas metálicas. Ha abierto pozas turbias y fétidas, plagadas de mosquitos. Hasta se advierten rastros de veneno químico en las aguas.  

Se acaban los aromas a helecho, jazmín y café. La maquinaria levanta polvareda y exhala diesel quemado.  

Incluso durante ciertas semanas se acaba el concierto de la naturaleza. En lugar de las voces de los grillos, los sapos, las parabas y el resto de la orquesta silvestre surgió el estruendo de las retroexcavadoras. También acallaron el concierto natural los motores de las volquetas y las incesantes descargas de pedrones y arena.  

Se han empezado a multiplicar los reclamos y las alarmas entre los fruticultores y cocaleros de las comunidades cercanas. Se comenta que en varios casos han vertido lágrimas al ver su río manchado, desviado, herido a tajos.
Los turistas que, viniendo desde La Paz, juegan con el vértigo de la pendiente y la bicicleta han empezado a cambiar las acostumbradas voces de celebración. A la llegada lanzan expresiones de desencanto, al ver el río.
Estamos en la cabecera yungueña, en el principio del trópico fértil y diverso colmado de cascadas y pozas, de frutos silvestres, platanales, cocales, residencias campestres, hoteles exóticos...  

Estamos a los pies de Coroico, el primer, el célebre primer municipio turístico de Bolivia que se halla en problemas. Los cooperativistas mineros vinieron, literalmente, a moverle el piso.

Cinco cooperativas mineras auríferas, en especial la Uchumachi, la Yolosita y la Gran Poder, llegaron  hace más de un año en busca del preciado metal. Al comienzo su presencia era discreta, pero desde hace aproximadamente tres meses pasaron del barranquilleo artesanal al uso de maquinaria mecanizada y, en algún caso, químicos. 

La bronca y las lágrimas de los pobladores no sólo se deben a los hechos, sino también a la forma en que se produjeron. Los cooperativistas no cuentan con la licencia ambiental ni tampoco con la certificación social que deberían haber recibido de los propios coroiqueños. Es decir que calan el río emblema de la zona en contra de la voluntad de las comunidades y del municipio.
“El río Yolosa es el eje de la legendaria y proverbial vida agrícola y turística que caracteriza a Coroico. Su contaminación y cambio de cauce nos asusta, nos sobrecoge”, resume Reynaldo Tintaya, uno de los principales dirigentes de los comunarios.

Sin embargo, los mineros hacen gala de singulares contratos suscritos con el propio presidente de Comibol, Hugo Miranda. Por ejemplo, el 13 de julio de 2009 Miranda firmó el acuerdo con la cooperativa “Yolosita”. En el documento, la autoridad asegura que el cauce y las aguas cristalinas del río Yolosa son “Reserva Fiscal Minera”. Luego arrienda dos cuadrículas del área por 10 años a los cooperativistas. Según los comunarios, la estatal minera ya ha cedido cinco cuadrículas a los cooperativistas. Una cuadrícula minera equivale a 25 hectáreas.
Por su parte, los mineros se comprometen, en la clausula décima sexta del contrato, “al cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente, dispuestas por la Ley 1333(…) debiendo tramitar y desarrollar sus actividades mineras con la debida licencia ambiental, tomando todas las precauciones y recaudos necesarios para evitar perjuicios y daños a terceras personas, sembradíos, ganadería y el ambiente en general”.

Sin embargo, casi 11 meses después del acuerdo es lo que menos han hecho.
Junto con la copia del contrato, los buscadores de oro sólo alcanzaron a mostrar ante agricultores y vecinos un certificado de gestión de Licencia Ambiental expedido por la fundación privada Medmin (Medio Ambiente, Minería e Industria). Tanto la cooperativa Uchumachi como la Yolosita tomaron dichos servicios con una confianza notable. Tanto que antes de que concluya el trámite ya revolvieron el río con equipo pesado.

Fuentes de la Dirección de Medio Ambiente, que pidieron no ser identificadas, explicaron que Medmin es sólo una consultora contratada por las cooperativas para acelerar los trámites de obtención de la licencia ambiental ante el Ministerio de Minería y Metalurgia. Éstos deben ser luego derivados al Viceministerio de Biodiversidad para su aprobación. Hasta la fecha en este despacho no se ha recibido ninguna solicitud de las cooperativas respecto a la obtención de la licencia ambiental.

En ese escenario, durante los últimos tres meses se multiplicaron los reclamos de los afectados a las autoridades locales. Luego se movilizaron las organizaciones agrarias. Y empezaron los roces y amenazas entre grupos.

Darwin Luna, secretario general de la sub central Ponce de León, es uno de los varios dirigentes que afirma haber sido amenazado por los cooperativistas. Señala que le pidieron abandonar su reclamo de obligar a los mineros a dejar la zona. “Este año han empezado a mecanizar, y recién las comunidades nos hemos dado cuenta de que el río estaba destrozado. El cambiar el horario de trabajo no ha servido de nada. Hemos visto destrozos en las orillas del río. Existen lagunas donde pueden proliferar mosquitos y no se está trabajando en la mitigación. No tienen tampoco certificación social, ninguna de las comunidades está de acuerdo con su presencia. La contaminación auditiva es tremenda. No se toma en cuenta a las poblaciones alrededor. Los mineros nos han dicho que nos van a procesar, que tienen abogados. Uno de ellos, Carlos Inda de la cooperativa Uchumachi, nos ha advertido que están siendo apoyados por el Gobierno. Ha amenazado con que los cooperativistas van a venir en grupo a dinamitar Coroico, pero nosotros nos debemos a las bases, y las bases quieren que los mineros se vayan, así que nos vamos a mantener firmes”, aseguró.

El 9 de diciembre el Consejo Municipal de Coroico pidió al Alcalde Manuel Yani que ordene la paralización de los trabajos mineros. Sorprendentemente, seis días más tarde, el burgomaestre les respondió que el Municipio no tiene las facultades para suspender o paralizar las obras de las cooperativas mineras. Pero la presión social no cesó.

Luego de reiteradas quejas de las comunidades, a fines de diciembre de 2009 el Concejo Municipal de Coroico determinó una medida singular que hasta hoy los comunarios no logran entender: “Que las cooperativas trabajen de noche, para que la contaminación no sea tan evidente”. La instrucción llegó por parte del presidente del concejo municipal, Rolando Linares: “Se ha instruido, para no entorpecer con el trabajo de la cooperativa Uchumachi, que dejen de operar durante el día para que el cauce del río vaya con la pureza que tiene éste, y que operen toda la noche”, manifestaba entonces la autoridad.

Es así que durante decenas de noches, desde las cuatro de la tarde hasta las siete de la mañana, las máquinas taladraron el río haciendo un ruido que les ha quitado el sueño a todos los habitantes de alrededor. Según los comunarios, los niños y las niñas se dormían en la escuela, los animales del cercano refugio silvestre Senda Verde comenzaron a enfermarse, los adultos sentían cansancio y tensión. Los turistas habían disminuido… y el río continuaba siendo deformado.

Los reclamos volvieron a aflorar y los cooperativistas empezaron a explicar sus acciones.

Carlos Troche, un diputado nacional y dirigente de las cooperativas, participa activamente en el conflicto. Al ser consultado sobre la situación Troche reclamó por las bajas regalías mineras que tiene el departamento. “La Paz es el quinto departamento en ingresos mineros. No puede perjudicarse por este tipo de actividades. (…) Si nos van a cortar la minería por el tema ambiental, lamentablemente le están quitando un derecho de desarrollo al departamento de La Paz”.

El parlamentario además aseguró que “más bien a su paso admira el trabajo que están realizando los mineros. Mostraremos que así es el tema de la minería en el país”.    

Guido Toro, director de la Cooperativa Uchumachi, aseguró a Canal 13, Yungas Televisión, que en el río Yolosa hay cinco emprendimientos del sector. En la parte de la cabecera está la cooperativa Minasa, luego la Tres Amigos, Gran Poder, Uchumachi y Yolosita. Toro señala que las cinco se hallan afiliadas a Fencoman (Federación Regional de Cooperativas Mineras auríferas del Norte de La Paz) y Fencomin (Federación Nacional de Cooperativas Mineras). “No hay tanto oro como en la zona de Tipuani, pero hay nomás. Nosotros queremos decir a la población, al Concejo Municipal, que no hay porqué alarmarse. Estamos trabajando lo que manda la ley, lo hacemos con el permiso de las comunidades. Además el Gobierno nos respalda, pagamos todos los impuestos y les damos regalías a las comunidades en obras”, dice Toro. El dirigente asegura además que no están invadiendo terrenos. “Somos pasajeros, llegamos a trabajar y luego los terrenos quedan como antes. Hacemos lavado de oro. No usamos químicos. Estamos en el trámite de la ficha ambiental y ellos nos van a poner las condiciones de trabajo, pero por el momento hemos tenido conversaciones con el Concejo Municipal y se ha entablado un diálogo para que trabajemos durante la noche”.

Sin embargo, el discurso conciliador de Toro dista de los testimonios de los lugareños. La noche del 20 de octubre del año pasado, por ejemplo, una de las comunarias, Elena Callisaya, caminaba por el borde del río donde trabaja la cooperativa Uchumachi. De pronto, recibió un balazo disparado por los mineros que la hirió en la cadera. Fue trasladada de emergencia a un hospital en La Paz.  Desde este episodio los comunarios temen caminar en la noche cerca del río. “Los mineros son abusivos, vienen borrachos, nos amedrentan…”, se quejan los pobladores de Yolosa y Coroico.

A la tensión se sumaron otros problemas derivados de la incipiente fiebre del oro en la zona. En poblaciones como Chirapaca y Yolosita se habla de casos de personas, sobre todo niños, que han sido afectadas dermatológicamente por las aguas contaminadas del río. “Hay lugares donde fueron a lavar o bañarse y después les salieron manchas en la piel”, explican los pobladores.

La angustia motivó una voluntariosa investigación científica. El 21 de noviembre del año pasado, un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UMSA, junto a un ingeniero y un técnico del SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología) se reunieron en Yolosa. Luego realizaron la toma de muestras del agua del río para su análisis. Las conclusiones del informe señalan: “Según el reglamento de contaminación hídrica, se tiene que los datos obtenidos en el río no están en el rango permisible de la ley. El DQO (demanda química de oxígeno) no entra en el rango permisible ya que sobrepasa los límites, los cuales son mayores a 300.

Se puede concluir que por los datos obtenidos las aguas del río son de clase D, y estas son muy peligrosas para todo lo que lo rodea, es dañino por el resultado que presenta, y por lo tanto no se debería de permitir entrar a esta agua a nadie.”

Allegados a los estudiantes que realizaron el trabajo nos informaron que los estudiantes fueron amenazados por los cooperativistas. La difusión de los resultados del informe cobró entonces un curso discreto y cauteloso.  

Pero la labor minera desató más problemas. En enero, el movimiento del cauce del río causado por las máquinas retroexcavadoras, inundó el refugio de animales silvestres Senda Verde. Irónicamente este centro pronto obtendrá su licencia por parte de la Dirección General de Biodiversidad como el primero en su género en Bolivia. El día de la inundación, los propietarios acudieron de emergencia a la cooperativa Uchumachi. Lograron que ésta utilice su maquinaria para habilitar la entrada a Senda Verde, que había sido bloqueada por la carga de piedras y troncos que trajo la riada.
Horas más tarde, la cooperativa envió una factura por más de 1.300 dólares a Senda Verde a cuenta de este trabajo. Los dueños del refugio no piensan pagarla.
Vicky Ossio, propietaria de Senda Verde, asegura que el perjuicio ha sido enorme. “El trabajo de las cooperativas nos afecta de varias maneras, como propiedad, como refugio y a nivel turístico. No podemos dormir, no podemos usar el agua del río, los animales están estresados, estamos en riesgo ante la próxima riada. La situación es desesperante, y encima nos cobran por tratar de arreglar el desastre que ellos han cometido”, dice.

La suma de problemas motivó una tensa e infructuosa reunión entre las partes en marzo. Entonces se realizó una reunión entre autoridades del municipio, comunarios, cooperativistas y asesores de la Comibol. Durante la cita los abogados y asesores legales de Comibol, Percy Ávila y Fernando Gonzales, y el entonces presidente de FECOMAN, también socio de una de las cooperativas y el diputado Carlos Troche, asumieron una postura común. Aseguraron que en el caso de la Cooperativa Uchumachi, se estaba trabajando en un área de reserva fiscal y que el municipio de Coroico no podía hacer nada para impedir esas operaciones mineras. Se ampararon en el contrato y el certificado de Medmin.

Por su parte, las autoridades municipales de Coroico, sustentan su posición de expulsar a las cooperativas mineras en la Ley 2074. Esta norma declaró el 23 de enero de 2004 a Coroico como "Zona Prioritaria de Desarrollo Turístico". “La Ley 2074 nos da el derecho de proteger todos nuestros atractivos turísticos, y entre ellos está el cauce del tradicional río Yolosa. No podemos vender nuestra naturaleza, eso no se repone nunca, nuestra posición es firme: tienen que desalojar el río. Queremos llegar hasta el Presidente Evo Morales para que sepa qué es lo que están haciendo los subalternos en contra del medio ambiente. Sabemos que reponer el cauce natural del río tiene un costo, el daño ya está consumado”, expresa hoy Rolando Linares.

Es el eco moderado de una posición más radical que el 11 de mayo estuvo a punto de desatar una tragedia. Ese día, a media tarde, 50 dirigentes de la central agraria 16 de enero se dirigieron al campamento de la cooperativa Uchumachi. Llevaban la posición adoptada en la víspera por una magna asamblea. Las resoluciones del texto deciden la expulsión de las cooperativas y les dan 20 días de plazo para retirar la maquinaria. Les reclaman además a los mineros por las amenazas de muerte que vertieron. Añaden la advertencia de medidas que van desde el secuestro de maquinarias y el bloqueo carretero, hasta la suspensión del Festival Internacional que cada año se realiza en la zona. Adelantan además el extremo de recurrir a “la justicia comunitaria”. 

Según diversos testimonios, en el campamento se presentaron el diputado Troche y funcionarios del Viceministerio de Cooperativas que empezaron a tomar fotografías de los dirigentes campesinos. Esta acción, se asegura, derivó en amagos de pelea. La tensión se incrementó luego de que se acercaron decenas de mineros portando dinamitas. Sólo la serenidad de los dirigentes de ambos sectores logró evitar la confrontación.

Reuniones posteriores entre las cabezas acordaron que extremarían esfuerzos para que el pleito vaya por los cauces legales. Los mineros optaron por paralizar labores durante tres semanas, plazo próximo a cumplirse.

En el interín, tanto las centrales agrarias como las cooperativas mineras han acudido a sus respectivas matrices para pedir apoyo. Desde ambos frentes se asegura que el caso es intransable.
En La Paz, los dirigentes campesinos realizan maratónicas gestiones para lograr que sus denuncias sean aceptadas en diversas reparticiones.

Mientras la respuesta de las autoridades a las consultas de este medio parecen calcadas. “Las normas son claras, ellos tenían que hacer la denuncia ante las autoridades competentes. Nosotros como abogados tenemos que cuidar primero las concesiones mineras como COMIBOL. Hay actividades que son permisibles aún sin la licencia ambiental cuando son de exploración como es el caso de estas dos cooperativas, pero tienen que ir tramitando paralelamente la licencia ambiental”, señaló Percy Avila, asesor legal de Comibol que participó en las reuniones realizadas en Coroico. Ante la pregunta de si esas actividades de exploración son permisibles con maquinaria pesada, Ávila contesta, “No conozco en qué condiciones trabajan las cooperativas. Es un tema que corresponde al gobierno municipal que debería hacer las inspecciones correspondientes y luego realizar la denuncia ante la autoridad competente.”

“Adelantar posiciones es disparar tiros al aire, una vez que esté posesionado tomaré conocimiento del caso, no lo conozco a fondo”, señala Ángel Miranda, el alcalde electo de Coroico. “Estamos a la espera de los memoriales para poder actuar”, aseguró un funcionario de la Autoridad Jurisdiccional Minera. “Sólo llegaron denuncias verbales, nada escrito”, explicó un responsable de la Dirección de Biodiversidad. En la Prefectura, Ismael Churque, de la Dirección de Medio Ambiente señala que sólo está en trámite la realización del análisis del agua del río. No se ha adelantado nada acerca de la licencia ambiental.

Pareciera que la burocracia multiplicara la distancia hacia Coroico. Pero el primer municipio turístico de Bolivia se halla a 90 kilómetros de La Paz. Está conectado por una vía asfaltada que se interrumpe a cinco kilómetros del poblado. Allí, en un paisaje tropical hoy opacado por un río que era cristalino y llamaba al sosiego y la paz espiritual. Pero la postal ya no existe, al menos por ahora.  

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DíA D (DD).- ¿Qué pasa entre cooperativistas y comunarios en Coroico?

Carlos Troche (CT) Hay una amenaza de avasallamiento de insatisfacción de la comunidad. Ellos exigen a los cooperativistas la licencia ambiental. Eso está en trámite. Una vez que concluya el trámite se va a presentar la documentación pertinente.

DD.-¿Siguen trabajando las cooperativas?

CT.-En este momento han suspendido con el afán de abrir una vía al diálogo porque no hay ninguna ley que les prohíba trabajar.  Ahora hay un tema elemental: La Paz es el quinto departamento en ingresos por regalías mineras con 23 millones de dólares anuales. La Paz no puede perjudicarse por este tipo de actividades que frenan la minería. Con las regalías que pagamos se apoya al Estado. Si nos van a cortar el tema de la minería por el tema ambiental o por cualquier cosa que ellos creen justa, lamentablemente le están quitando un derecho de  desarrollo al departamento de La Paz.

DD.- ¿Qué hace usted en ese contexto ante esas presiones ambientalistas?
CT.- Estamos mediando el tema para que podamos llegar a satisfacer algunas necesidades de ellos. No queremos justamente la vía del enfrentamiento. Ya hemos tenido el caso muy doloroso de Huanuni y otros casos dolorosos en varios sectores donde se enfrentaron comunidades con cooperativistas.  Queremos un diálogo constructivo para un desarrollo armónico del área.
Ahora hay que ver que también enturbian las aguas los hoteles y el hospital de Coroico. Habrá que ver con un estudio quién contamina más. Si hay daño ambiental habrá que mitigarlo.
Hay que dialogar, hay que ver qué quieren, qué piden ellos. 

DD.- ¿Pero no cree que se perderá más por turismo y recursos de la biodiversidad ambiental al empezar a explotarse el oro con maquinaria que trabaja de noche y altera el río?
CT.- El turista se va a bañar a los hoteles no al río. Más bien, a su paso, el turista admira el trabajo que están realizando los mineros. Se puede aprovechar para decir que así es el tema minero en Bolivia.

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Coroico es la capital de la Provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz. Mediante la Ley 2074 se ha convertido en el Primer Municipio Turístico de Bolivia. La zona, ubicada al noreste de la ciudad de La Paz, a un altura promedio de 1.720 msnm, presenta tres pisos ecológicos, gran diversidad de flora, fauna y variados servicios y atractivos turísticos.

Ocupa una superficie de 3.000 Km2 y tiene una población de 12.237 habitantes distribuidos en cien comunidades.

El clima, el paisaje, y el río, son las principales ofertas de este municipio, que se encuentra en los márgenes del Parque Nacional Cotapata, creado en 1983. Dentro de las riquezas naturales se tienen más de 1.800 especies de plantas superiores, 455 de aves identificadas, 64 especies de mamíferos y una rica variedad de bromelias y orquídeas.