¿Hombre de negocios, socio o villano?. Desde sus inicios las relaciones entre James Gulsby con el Gobierno y las autoridades judiciales bolivianas han sido extrañas. Unas veces puesto ante la opinión pública como parte negociadora del Gobierno de Evo Morales y YPFB, otras veces como “socio estratégico”de Catler Uniservice, y recientemente, como imputadopenal del escándalo “Catler” que sacudió YPFB el mes de enero de 2009.Según diversos analistas,éstas y otras razones, explicarían porque se hanpropuesto en calidad de testigos en el Caso Catler, al Presidente Evo Morales, además de otras autoridades y ex autoridades de Gobierno, como Héctor Arce Zaconeta, Guillermo Aruquipa, Pablo Menacho Diederich, Luis Fernando Vincentti, Luis Arce Catacora, Wálter Guiteras, entre otros.

¿No era más conveniente continuar la obra, contratar a Gulsby Process Systems (Gulsby PS), y así evitar la inutilización de los equipos ya construidos, la pérdida 100 a 500 millones de dólares al año por la venta de licuables, y el desabastecimiento de carburantes en el mercado interno?; ¿cuál es la posición final del Directorio de YPFB sobre el rompimiento de negociaciones con Gulsby PS anunciada por el ministro Vincentti y los juicios penales que se le siguen?; ¿por qué no se continuó la construcción de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande sobre la base de la auditoría técnica, y por el contrario, se anunció recientemente extraditar a James Gulsby dentro del caso Catler?;¿no es obligación del canciller David Choquehuanca informar cuáles son los juicios contra James Gulsby en Estados Unidos?, son algunas de las preguntas formuladas por los técnicos especializados.

James Gulsby, ciudadano estadounidense, domiciliado en la ciudad de Houston (Estados Unidos), es ni más ni menos que el gerente de Gulsby Process Systems (Gulsby PS), empresa subcontratista de Catler Uniservice, que recibió $us. 13,3 millones, la suma mayor del dinero destinado a la construcción de la planta de extracción de licuables de Río Grande.Gulsby, gerente de la empresa subcontratista de Catler Uniservice, luego de la muerte de Jorge OConnor ocurrida el mes de enero de 2009, negoció por más de un año un acuerdo con altas autoridades del Gobierno boliviano, aunque las condiciones y términos de ese eventual acuerdo jamás fueron puestas a conocimiento de la prensa nacional. YPFB, por su parte, envió técnicos al país del norte y contrató un bufete de abogados de Estados Unidos con este mismo fin.

Un informe de auditoría técnica realizada a Gulsby PS, del 1 de junio de 2009, concluyó que dicha empresa posee las capacidades técnicas para desarrollar la planta de Río Grande (Santa Cruz), y recomienda a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) establecer una relación jurídica.Extrañamente, tiempo después de estas negociaciones y el informe de auditoría técnica sobre la viabilidad de Gulsby PS, un fiscal anunció laeventual extradición a Bolivia de James Gulsby, pero hasta dónde se conoce oficialmente, este empresario no ha sido acusado formalmente por el caso Catler.

Las negociaciones “ocultas”entre James Gulsby, Héctor Arce Zaconeta y Pablo Menacho Diederich

El inicio de esta trama se desarrolla en la capital de Estados Unidos. Al parecer nadie lo conoce en Bolivia, pero se reunieron con James Gulsby, el ex Ministro de Estado, Pablo Menacho Diederich y el actual Presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce Zaconeta, el día 16 de febrero de 2009 en Washington D.C. en presencia de los abogados del bufete Foley Hoag LLP contratados por Bolivia. En una entrevista ofrecida a la periodista Iris Ajata Guerrero, el propio Arce Zaconeta reveló: “Gulsby tiene una responsabilidad con Yacimientos porque ha recibido de esta empresa estatal 35 millones (de dólares), entonces pueden reunirse tranquilamente y buscar una solución al tema”.

A su regreso, periodistas de la Red Erbol informaron que el Ministerio de Defensa Legal había ocultado el informe del funcionario del Ministerio de Defensa Legal, Pablo Menacho Diederich. Una vez conocido por la opinión pública, dicho informe confidencial de viaje MDLE/DGDJA-I 004/09, recibido por el Ministerio de Defensa Legal, en el punto seis, referido al segundo encuentro que sostuvieron en Washington DC (Estados Unidos) representantes del Ejecutivo y la firma el 16 de febrero, reveló que la delegación boliviana propuso “conocer si Gulsby estaría dispuesto a terminar el trabajo de la planta de forma directa con YPFB”.

El presidente de la firma, James G. Gulsby, respondió que “de ser ésa la disposición del Gobierno boliviano, no tendrían ningún inconveniente en ello”. Pero recordó su contrato con Catler-Uniservice, “por lo que ellos estarían incurriendo en hechos que podrían ser considerados por Catler-Uniservice como perjudiciales para el mismo”.Además dijo que no creía que la firma “vaya a renunciar fácilmente a sus derechos contractuales”.

La reunión concluyó con un acuerdo por el que el Estado se compromete a defender legalmente a la compañía ante cualquier acción de Catler-Uniservice, si la estatal petrolera confirma el avance de obras informado por Gulsby, luego de que se conozcan los resultados de una auditoría que debió estar lista la primera semana de marzo.

En el encuentro participaron el ministro Héctor Arce Zaconeta y el Presidente de Gulsby, además del director de Ingeniería, Jerry G. Gulsby, y el de Proyectos, Mark R. Willcott.

El informe presentado por el consultor especialista en Defensa Arbitral, Jurisdiccional y Administrativa, Pablo Menacho Diederich, al Ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce Zaconeta, el miércoles 18 de febrero, da cuenta que aparentemente, la empresa Gulsby habría efectuado los pedidos de fabricación de equipos para la construcción de la planta a varias industrias en el estado de Texas y en otros Estados de los Estados Unidos de América, que cubren alrededor del noventa por ciento (90%) de la obra.

Contratación de un bufete de Estados Unidos para una negociación con Gulsby PS

El mes de septiembre de 2009, YPFB resolvió adjudicar al bufete de abogados Davis Graham Stubbs LLP, de Estados Unidos, la contratación de un buró de abogados con el fin de“recuperar”los $us 13,3 millones que habían sido entregados a la empresa Gulsby PS. En su oportunidad, el Ministro Luis Fernando Vincentti dijo: “No ha sido contratado (el bufete) para ninguna defensa, sino para llevar adelante una negociación con la Gulsby, a fin de resolver desde el punto de vista jurídico la situación irregular que se tiene en términos de que se ha entregado plata de YPFB por parte de Catler Uniservice, para la compra y provisión de una parte del equipamiento para la planta de Río Grande”.

La convocatoria lanzada el 10 de mayo de 2009, se enmarcó en el decreto supremo 70 del 8 de abril de 2009, que autorizó a YPFB la contratación por excepción de abogados, asesores y bufetes externos, además de peritos y árbitros nacionales e internacionales, justamente para hacer frente los eventuales conflictos legales que le ocasionaría a la petrolera la ruptura del contrato con la asociación argentino-boliviana.

El buró de juristas ejercería la representación y asesoramiento legal, pero también “desarrollaría reuniones, trámites, negociaciones, diligencias e incluso posibles procesos administrativos, judiciales y arbitrales en los Estados Unidos de Norte América”, informaron en YPFB. Además debería “prestar asesoramiento y posible atención de las contingencias emergentes del contrato suscrito con el consorcio Catler-Uniservice o de esta empresa con sus subcontratistas” en Estados Unidos, como es el caso de Gulsby, que es la proveedora del corazón de la planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.

Gulsby PS tenía la experiencia y capacidad técnica. Directorio de YPFB recomienda“relacionamiento apropiado” con Gulsby PS

En julio de 2009 el Directorio de YPFB autorizó al presidente ejecutivo de la petrolera que realice “todas las acciones necesarias a fin de precautelar los bienes que la empresa Gulsby Process Systems LLP se encuentra construyendo para la planta de extracción de licuables de Río Grande”.La resolución 21/2009 del Directorio de YFPB, en efecto, justificó el instructivo a Villegas, recordando que la firma de abogados Morgan Lewis, que representa a Gulsby, pedía el pago de más de 8,34 millones de dólares. En tanto que la petrolera estatal había comunicado la “intención de llevar adelante las acciones necesarias tendientes a establecer el relacionamiento apropiado con la empresa”.El Directorio también aseguró en esa resolución que el “informe de Auditoría Técnica” del 1 de junio “concluyó que la Gulsby Process Systems LLP tiene la experiencia necesaria en el negocio de construcción de plantas de extracción de licuables”.

Según una nota del matutino La Prensa de 12 de febrero de 2010, el aludido informe de una auditoría técnica realizada a Gulsby Process Sistems LLP, de fecha 1 de junio de 2009, concluyó que dicha empresa posee las capacidades técnicas para desarrollar la planta de Río Grande (Santa Cruz), y recomienda a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) establecer una relación jurídica. Los resultados de la auditoría se encuentran en la Resolución 21/2009 del 2 de julio de 2009 del directorio de la estatal petrolera, firmado por ocho de sus diez miembros, entre éstos el presidente de Yacimientos, Carlos Villegas, y el actual Ministro de Hidrocarburos, quien fue representante del Ministerio de la Presidencia ante esa instancia.

Sin embargo, tal acuerdo con Gulsby PS, que tenía el tácito respaldo del Directorio de YPFB, y la suficiente justificación técnica, no se concretó. El ministro de Hidrocarburos, Fernando Vincenti, argumentó el mes de febrero de 2010 que no hubo “la suficiente voluntad” de la compañía para llegar a este acuerdo, pero aseguró que “la empresa existe y se le han desembolsado recursos, ha construido partes de la planta por un valor, por los informes que hemos recibido, aun mayor que los 13 millones de dólares” que ya recibió.

Sin embargo, técnicos especialistas en hidrocarburos indican que hay varias interrogantes sobre esta polémica decisión: ¿no podía emitirse un decreto supremo de excepción para la contratación directa de Gulsby PS, tal como lo ha venido haciendo el Gobierno en distintas contratos de bienes y servicios, y en la contratación del bufete de Estados Unidos?; ¿no era más conveniente continuar la obra, contratar a Gulsby PS, y así evitar la pérdida de los equipos ya construidos,100 a 500 millones de dólares al año por la venta de licuables, y el desabastecimiento de carburantes en el mercado interno?; ¿cuál es la posición final del Directorio de YPFB sobre el rompimiento de negociaciones con Gulsby PS anunciada por el ministro Vincentti?. De establecerse que autoridades de YPFB habrían incurrido en una omisión al haber provocado la inutilización de equipos de la obra, y la paralización injustificada de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, “podrían ser responsables penales por conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, e incluso estafa”, precisaron diversos juristas entendidos en materia penal.

Giro copernicano: petición de extradición y procesos penales contra James Gulsby

Increíblemente, luego de haber transcurrido un año de la muerte del empresario Jorge OConnor y haber entablado negociaciones del más alto nivel el Gobierno boliviano y James Gulsby, la comisión de fiscales del caso Catler informó el mes de febrero de 2010 a la red televisiva privada PAT que solicitó la extradición de James Gulsby porque su empresa cobró 13,3 millones de dólares de una carta de crédito de 35 millones de dólares, que fue abierta por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en favor de la compañía extranjera.

Además, el titular de YPFB, informó que el gobierno lleva proceso judicial contra Gulsby Process Systems en estrados judiciales de Estados Unidos, cuyo objetivo es recuperar 13,32 millones de dólares, que el país no pudo recuperar de la carta de crédito irrevocable que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) abrió a favor de la firma extranjera.

Extrañamente, tampoco YPFB ha informado en qué tribunal de Estados Unidos se ventila este proceso judicial. ¿No debería el Presidente de YPFB o el Directorio de YPFB informar a la ciudadanía cuánto dinero gasta el Estado boliviano en este juicio, y cuál es el resultado esperado?. James Gulsby, y las autoridades diplomáticas bolivianas en Estados Unidos por su parte, han guardado un silencio casi sepulcral, sin haber ofrecido ninguna conferencia de prensa sobre el tema. ¿No es obligación del Canciller David Choquehuanca informar cuáles son los juicios contra James Gulsby en Estados Unidos?.

Los Datos

El año 2008, Catler Uniservice tomó contacto con la empresa Gulsby, y le encargó la fabricación del Turbo Expander, pieza principal de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, y por tal motivo se le depositó $us. 13,3 millones del fideicomiso de 45 millones de dólares aprobado por el Gobierno de Evo Morales y su Gabinete en pleno, mediante Decreto Supremo 29564.

Desde una evaluación técnica, lo más conveniente para el país,según muchos analistas especializados en hidrocarburos, hubiera sido continuar con la construcción de la Planta de Río Grande.

Entre las personalidades citadas por el Caso Catler figuran, además de Evo Morales, los ministros de Estado, Nardi Suxo Iturri, Luis Arce Catacora, Oscar Coca Antezana y  Luis Fernando Vincentti así como el presidente de YPFB, Carlos Villegas Quiroga. En esta lista de testigos también se incluyen, entre otros, los nombres de Mario Arenas Aguado, (Presidente de YPFB Andina), Guillermo Aruquipa, Pablo Menacho (ex Ministro de Defensa Legal), y el ex senador Wálter Guiteras.

El ex Viceministro de Desarrollo Energético e Hidrocarburos, Misael Gemio, también acusado en el Caso Catler, mediante memorial de 2 de febrero de 2010, ha ofrecido como primer testigo de descargo a “Juan Evo Morales Ayma, con C.I. 2763596 Or., siendo indispensable para la defensa”.

Algo que llama la atención especialmente sobre este singular proceso es una explícita prohibición a la prensa. Sobre este particular, las agencias gubernamentales de noticias mantienen en absoluto hermetismo el desarrollo del juicio. Y en las puertas del Tribunal Primero de Sentencia – lugar dónde se desarrollará el juicio – se puede observar un cartel con el siguiente aviso: “Prohibido filmar, grabar, tomar fotografías. El equipo será decomisado y el propietario arrestado”.

Sin embargo, el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal determina que el juez o tribunal autorizará la instalación en la sala de equipos de grabación, fotografía, radiofonía, filmación u otros.

El 14 de julio de 2008, en presencia de Evo Morales, Carlos Villegas, Isaac Avalos, Jerges Mercado, y Santos Ramírez, se firmó en Río Grande, Santa Cruz, el contrato entre la empresa Catler Uniservice y YPFB, para la instalación y  puesta en funcionamiento de una Planta Separadora de Líquidos, cuyo beneficio para el país se estima entre 100 a 500 millones de dólares.

De conformidad alos decretos supremos 29564, 29506, 29661 y 29662, se firmó el contrato de fideicomiso entre el Banco Unión, Ministerio de Hacienda y YPFB, que estableció un primer fideicomiso de 45 millones de dólares para la construcción de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, a partir del cual, se firmó el contrato entre YPFB y la empresa Catler Uniservice.

El Gobierno boliviano decidió anular el contrato con Catler Uniservice, pese a que el ex funcionario del Ministerio de Defensa Legal, Pablo Menacho Diederich, aconsejó mediante informe del 18 de febrero de 2009 no rescindir el contrato porque la subcontratista Gulsby había cumplido con el 90 por ciento de lo acordado dentro de los plazos establecidos. El Presidente de la compañía Gulsby Process Systems, James G. Gulsby, y el Ministro Héctor Arce, en la reunión que sostuvieron el 16 de febrero de 2009 en Washington D.C., en presencia de los abogados del bufete Foley Hoag LLP contratados por Bolivia, “estuvieron de acuerdo en que el peor escenario para ambas partes sería el de un litigio, en el que Gulsby se ve expuesto a reclamaciones por muchas empresas a las que se había enviado las órdenes de compra de los equipos de la planta y en el que el Estado boliviano no pudiera recuperar de manera inmediata los 35 millones de dólares que habían sido comprometidos en la Carta de Crédito”.

El daño económico provocado por la decisión de no continuar la construcción de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, es de 100 a 500 millones de dólares al año, a lo que se debe sumar la inutilización de los equipos construidos por Gulsby y el desabastecimiento de carburantes en el mercado interno.