EL INFORME RYDER SCOTT QUEMA LAS MANOS DEL GOBIERNO

Por:
Gonzalo Jordán Lora

Publicado el 01/10/2010

La filtración de supuestos datos del informe de Ryder Scott (en proceso
de revisión por YPFB y aún sin divulgar), que calculan las reservas probadas de
gas de los principales campos del país (San Alberto, Margarita, Itaú, Sábalo y
San Antonio) en 8,86 TCF (trillones de pies cúbicos, por sus siglas en inglés),
además de generar incertidumbre y preocupación en el rubro, ha provocado la
revelación de cifras (antes) incómodas y manejadas con discrecionalidad durante
cinco años, pero que ahora parecen gustar.

Según estimaciones de la consultora Gas Energy, Bolivia necesita 12,7 TCF de
reservas probadas para poder cumplir con los actuales contratos de exportación a
Brasil y Argentina, atender el mercado interno por diez años y poder realizar
los proyectos de industrialización que el Gobierno tiene pensados.

Actualmente, en promedio, se exporta al Brasil 30 millones de metros cúbicos de
gas diariamente (MMCD); a la Argentina, entre 4,5 y 6 MMCD; y la demanda interna
de gas prevista para la presente gestión asciende a 7 MMCD, con una tasa anual
de crecimiento entre el 11 y 16 por ciento, que irá en aumento en la medida que
la economía nacional también crezca.

Tal y como están las cosas, y de ser ciertas las proyecciones de 8,86 TCF de
reservas probadas de gas en los principales campos, Bernardo Prado, consultor en
temas energéticos, considera que Bolivia podría cumplir sus compromisos con
Brasil, Argentina y el mercado interno hasta el 2019; sin embargo, la
industrialización que se ha propuesto emprender YPFB (ahora en manos de la
Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos EBIH), así como la
exportación de gas a nuevos mercados (Paraguay y Uruguay) se verían seriamente
comprometidos.

Por otra parte, Prado advierte que el compromiso adoptado por el Gobierno
boliviano de garantizar la provisión de gas natural para el proyecto del Mutún,
y los planes de convertirnos en país exportador de energía eléctrica, en este
nuevo escenario, se ponen cuesta arriba.

En efecto, de acuerdo con estimaciones de YPFB, a partir de 2011, la demanda de
gas natural del Mutún será de 2,7 MMCD; en 2014 se incrementará hasta 4,7 MMCD;
y a partir de 2018, a 8,4 millones de metros cúbicos día. Por otra parte, la
termoeléctrica de Entre Ríos, inaugurada en julio último, tiene programado
transformar diariamente, a partir de marzo del próximo año, 20 millones de pies
cúbicos de gas seco (98 por ciento de metano) para la generación de 100 MW de
energía eléctrica. De no ampliarse las reservas probadas de gas, la demanda de
estos dos proyectos pondrá en figurillas el actual delicado equilibrio (entre
demanda y oferta) energético que posee el país.

"Todo lo oculto será revelado"

El otro tema mencionado, la revelación de cifras manejadas con discrecionalidad
durante cinco años pero que ahora, luego del informe de Ryder Scott, han sido
finalmente reveladas, se relaciona con el último informe de la empresa
estadounidense DeGolyer and MacNaughton (D&M), contratada luego de la
Capitalización para la cuantificación y certificación de las reservas de gas en
Bolivia.

El último informe presentado por la empresa D&M, a principios de 2006, daba
cuenta de una disminución significativa de las reservas probadas (26 TCF en
2005) en aproximadamente 43 por ciento, es decir, quedaba un remanente de 16
TCF; variación negativa que resultaba de la aplicación de un nuevo modelo
petrofísico, con nuevos parámetros para calcular la porosidad de los reservorios
y la saturación de agua en los principales campos.

Este nuevo modelo fue rotundamente rechazado por el Ministerio de Hidrocarburos,
encabezado en aquel entonces por Andrés Soliz Rada, luego de ser calificado como
inaceptable e incoherente. Aparentemente, las principales autoridades del sector
consideraron que este nuevo método escondía la intención de reducir el volumen
de las reservas de gas con el propósito de dañar políticamente al nuevo
Gobierno, ahora en manos del MAS ¿Delirio de persecución? No barajaron más bien
la posibilidad, mucho más probable y recurrente en el rubro, de que en realidad
la empresa DeGolyer and MacNaughton había manipulado los cálculos desde 1997
hasta 2005 con el objetivo de favorecer los intereses del Gobierno de Sánchez de
Lozada y de las transnacionales que operaban en el país (ver próximo subtítulo).

El diseño del Plan de Inversiones 2009–2015 de Yacimientos Petrolíferos
Bolivianos, presentado a principios de año, sustenta esta hipótesis, por cuanto
su diseño y formulación se basa en los datos (penúltimos) calculados por D&M a
principios de 2005 (26 TCF), y no en el último informe de 2006 que advertía una
primera disminución de las reservas hasta 16 TCF.

En la edición 542 de Pulso, se cuestionaba algunos de los aspectos y objetivos
del mencionado plan de YPFB, y en particular el riesgo que implicaba formular
una estrategia de hidrocarburos sin contar primero con un inventario de los
recursos energéticos disponibles. Ya que, como bien señalaba entonces el
ingeniero Jorge Téllez, solamente después de elaborar un balance energético
nacional en base a las posibilidades y las reservas efectivas de gas, se podría
proceder a la formulación de una estrategia energética coherente y con buenos
resultados.

Volviendo al informe preliminar sobre las reservas de gas presentado por Ryder
Scott, en una conferencia realizada en Tarija este 18 de octubre, el presidente
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Carlos Villegas, no confirmó ni
desmintió la cifra supuestamente calculada de 8,86 TCF, pero sí mencionó, por
primera vez después de cinco años de silencio, que el último informe oficial
(presentado por D&M endiciembre de 2005) calculaba las reservas probadas de gas
en los "Campos Mayores de Gas" (San Alberto, Itaú, Sábalo y Margarita) en 12,8
TCF. Un giro político sorprendente, que mira con buenos ojos lo que antes
despreciaba, pero que también permite suponer que las cifras calculadas por
Ryder Scott son significativamente menores a estos 12,8 TCF, otrora
vilipendiados.

Manejo discrecional de la información

Desde las primeras publicaciones en relación a las reservas de gas del país,
analistas y reporteros de diferentes medios advirtieron sobre el manejo
discrecional de la información, que además de generar incertidumbre y debilitar
la credibilidad del sector de hidrocarburos del país, impedía la planificación
adecuada de proyectos y de nuevos emprendimientos.

El ingeniero geólogo petrolero Jorge Téllez se mostró como uno de los
especialistas más críticos sobre este tema. Luego de la Capitalización, en 1996,
el primer cálculo de la empresa DeGolyer and MacNaughton dio como resultado 3,73
TCF de reservas probadas. De allí comenzaron a trepar hasta alcanzar un máximo
de 28,69 para el 2003. Como se mencionó anteriormente, el último informe daba
cuenta de una disminución significativa de las reservas probadas que, en 2006,
llegaban a 16 TCF.

De acuerdo con Téllez, este manejo discrecional se dio desde un principio para
favorecer los intereses de las grandes transnacionales; ya que en 1990, YPFB
cuantificó y publicó en sus memorias una reserva en el Campo San Alberto mucho
mayor a la señalada por la empresa D&M en 1996. Sin embargo, estos datos no
fueron reconocidos sino hasta el 2000, y atribuidos a descubrimientos de
Petrobras y no de YPFB, como ocurrió en realidad.

Y es que el artículo 8 del segundo capítulo de la Ley de Hidrocarburos 1689,
promulgada en abril de 1996 por el Gobierno de Sánchez de Lozada, definía como
nuevos a "los hidrocarburos de reservorios cuya producción se inicie a partir de
la vigencia de la presente Ley". Gracias a éste y otros artículos y
modificaciones, se entregó "a las empresas transnacionales no solamente los
yacimientos del campo San Alberto, sino también de otros veintidós campos
gasíferos como si existieran (hidrocarburos nuevos) porque estaban en ese
entonces declarados en ‘Reserva’ (por YPFB) por no contar con mercados y/o
facilidades de su producción", escribe Téllez al final de su libro Geología del
petróleo y del gas natural y la exploración petrolera en Bolivia, a tiempo
denunciar la perdida de millones de dólares para el país a través de estas
argucias legales.