-          Primer Foro Internacional “Bolivia y su Salida al Mar”, celebrado en el Auditorio de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2010 -

Distinguidos miembros del Cuerpo Diplomático,

Invitados Especiales,

Autoridades Universitarias,

Profesores y Estudiantes,

Compatriotas y Amigos todos:

            Ante la extrema brevedad del tiempo concedido para comentar una problemática compleja como lo es la cuestión de Bolivia y su salida al mar, expresamos nuestro asombro  de que una controversia que surgió, evolucionó y ha ido de tumbo en tumbo desde hace 131 años, sea objeto  apenas hoy de un “Primer Foro Internacional” .  La forma de llamarlo por sí solo da cuenta del olvido, del abandono, de la orfandad en que se ha encontrado Bolivia en su calvario con un Chile que no ha manifestado interés en exponer y menos limar las aristas oscuras de su ilegal ocupación y apropiación de una vasta porción  de territorio boliviano. 

            Después de todo, Chile no aparece como víctima sino como victimario, y los agresores por definición no gustan que se hable de sus felonías.  Y por eso los voceros y  defensores oficiosos del violento despojo,  al pedido boliviano de ¡justicia!, responden arrogantemente:  “¡Pacta Sunt Servanda!”.  Es decir, los tratados son de obligatorio cumplimiento, y punto.

            Lo dijeron hace 131 años y lo continúan diciendo en el siglo 21:  ¡Pacta Sunt Servanda!  Pero, ¿acaso  no pueden revisarse o abrogarse los tratados que  encadenen para siempre a unos Estados con otros, cuando son fruto del uso ilegítimo de la fuerza?  

            Los tratados violatorios del derecho internacional, especialmente los que contradicen normas que tienen el carácter de Jus Cogens, no son obligatorios y pueden ser anulados.  Algunos tratados desiguales, impuestos por una potencia ocupante a un país ocupado, como los de Estados Unidos con Panamá post-invasión y el tratado de 1904 entre Bolivia y Chile, no tienen validez legal y pueden ser denunciados unilateralmente.

            Hemos sido siempre partidarios de una salida al mar de Bolivia, mas no en las condiciones que ofrece Chile sino como reconocimiento de la razón que esgrime Bolivia y por un sentido elemental de  justicia.  Bolivia no debe recuperar sus patrimonios ni su acceso al mar como   dádiva del vecino país, sino porque es su legítimo dueño.  El Movimiento Continental de Unidad Latinoamericana, del que fui Vicepresidente ejecutivo, expidió declaraciones anualmente a favor de Bolivia entre 1975 y 1993 en cónclaves continentales y subregionales.

            Pero la justicia que necesita Bolivia no cae del cielo:  hay que luchar denodadamente por ella.  No existe un tribunal internacional, ni negociadores, ni árbitros, ni mediadores  que de manera oficiosa impartan justicia – como un Santa Claus justiciero -- a menos que nuestras razones sean puestas a su consideración y sean escuchadas, atendidas y apoyadas por un amplio auditorio que ayude a incorporarlas  en  acuerdos  aceptables.  Y esas razones deben contener y transmitir la fuerza del derecho, para derrotar las mentiras de la contraparte basadas en su “derecho” a la fuerza.

            Nos sentimos abrumados por el impresionante volumen de datos históricos y argumentos jurídicos brillantes que han aportado historiadores, estadistas, diplomáticos y juristas – incluso chilenos -- para esclarecer las circunstancias absurdas en que, luego de la llamada “Guerra del Pacífico”, Bolivia perdió  hasta 158,000 kilómetros cuadrados de su territorio (se citan cifras superiores) sin contar los que perdió Perú. 

            Antes de continuar, quiero agradecer de manera especial al Ing. Félix Peñaranda, boliviano y panameño, exembajador de Bolivia en Panamá,  latinoamericano patriota, por abrirnos las puertas a  este episodio  que empaña la posibilidad de que Chile y Bolivia se sientan hermanos de verdad.  La información reunida y las limitaciones de tiempo nos eximen de revisar las circunstancias históricas y los razonamientos jurídicos aportados, los cuales, por otra parte, nos parecen inobjetables.

            Aprovechamos también la circunstancia de contar entre nosotros al Dr. Rodolfo  Becerra de la Roca, distinguido historiador y jurista boliviano,  para presentarle  nuestros respetos y felicitarlo por su patriótico trabajo de arrojar brillantes luces sobre la problemática.

1.      IMPORTANCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL EN LA DIPLOMACIA.

Hace unos cincuenta años tuve el honor de conocer en su residencia al Dr. Ricardo J. Alfaro, expresidente de Panamá y exvicepresidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.  Dieciséis años después, en 1967, y siendo estudiante de Diplomacia, sostuve un intercambio en diarios locales con el ilustre panameño en torno a ciertos derechos que el gobierno panameño le había otorgado al de Estados Unidos para explorar la factibilidad de un Canal al Nivel del Mar en la provincia del Darién, a los cuales me opuse.  El Dr. Alfaro – que defendía los acuerdos --  en gesto que lo ennoblece, llamó por teléfono y me dio la razón, alentándome a que continuara defendiendo el derecho internacional en nuestras relaciones con el coloso del Norte.  El pacto del Darién – como se les conoció a catorce notas canjeadas – no fructificó.

En 1974, el Dr. Nikolai Ushakov, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y embajador de esta potencia en Suiza, era mi profesor entonces en Ginebra.  Luego de explicarle la problemática canalera y la Declaración Tack-Kissinger suscrita el 7 de febrero de ese año, me dijo lo mismo:  que nunca dejara de invocar el derecho internacional, en las negociaciones o fuera de ellas, porque era el arma de los pueblos contra las grandes potencias.

Es verdad que el derecho internacional carece de un órgano mundial que lo haga cumplir y lo fiscalice, y que los Estados frecuentemente lo evaden, pero el progreso de la humanidad depende de que sus principios y normas sean acatados porque han sido pensadas para este fin ético.  Si no se respetaran sus preceptos, la fuerza y la violencia no encontrarían resistencia.

El derecho internacional no se acata siempre, pero sin el mismo no pueden existir los Estados, particularmente los débiles. Al derecho internacional se deben los revolucionarios que luchan por la liberación, los Estados que antes eran colonias y fideicomisos, las repúblicas que luchan por su independencia y su integridad territorial, las poblaciones que defienden sus derechos humanos.  Por esa razón, el derecho internacional debe ser el marco de referencia de la diplomacia.  Sin el derecho internacional, pese a sus falencias y nuestras inconsecuencias, no poseeríamos los panameños el Canal interoceánico ni  el mundo hubiese votado unánimemente en contra del bloqueo imperialista a Cuba.  Claro que las grandes potencias imperialistas no lo necesitan y lo esquivan cada vez que quieren, como lo hizo Estados Unidos cuando, a raíz del incidente del 11 de septiembre, su presidente declaró que, en su lucha contra el “terrorismo”, Estados Unidos no reconocería obligaciones internacionales ni soberanías, y que se desvinculaba de  la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados.

 Veamos un ejemplo actual:   En el año 2003 el gobierno de Chile acordó con el de Estados Unidos llevar a cabo ejercicios navales internacionales en Panamá para defender el Canal y a nuestro país, dando origen a las Operaciones Panamax bajo el Comando Sur, que se realizan anualmente y en las que participan crecientemente países de la región y miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Estas maniobras, que inicialmente eran navales, ahora son de tierra, mar y aire, y sus objetivos son de neutralizar presuntas amenazas “terroristas”.  Pero las Panamax 2010, actualmente en ejecución, tienen como objetivo de represalia un alzamiento campesino que amenaza el Canal.

 ¿Consultaron Chile y Estados Unidos al gobierno y pueblo de Panamá antes de aprobar las maniobras?    ¿Decidieron Chile y Estados Unidos que las Operaciones Panamax eran compatibles con el Tratado de Neutralidad, que prohíbe la presencia militar extranjera en territorio panameño?   ¿Pidieron Chile y Estados Unidos la opinión de los Estados que suscribieron el Protocolo de Adhesión al Tratado de Neutralidad para determinar si las Operaciones Panamax lo violaban?  ¿Cuál es el rol de Panamá en dichas operaciones si, conforme a la Constitución Nacional, nuestro país carece de, y no puede tener ejército?  La Constitución panameña dice que los panameños – no los extranjeros – tienen el deber de tomar las armas para la defensa nacional.   ¿Constituyen las Operaciones Panamax una claudicación de nuestro país de su deber de interpretar el Tratado de Neutralidad de acuerdo con nuestros intereses nacionales?    ¿Puede el Comando Sur de Estados Unidos sofocar una supuesta rebelión campesina, sin violar el principio de no intervención y nuestra  soberanía?    ¿Qué significado tiene que Estados Unidos haya dado origen  con Chile a las Operaciones Panamax, considerando que este país es el único del mundo que participa en ejercicios navales con Estados Unidos en todos los océanos y mares  del planeta?   ¿Con cuál rango se sienta el representante panameño junto a los Almirantes del Comando Sur, de Latinoamérica y la OTAN, si  Panamá no tiene marina de guerra?

Las respuestas a las preguntas anteriores revelarían que ni Chile ni Estados Unidos cumplieron con sus responsabilidades ante el Derecho Internacional, siendo que el primero es parte contratante y el segundo, parte negociante del Tratado de Neutralidad, al dejar por fuera de toda discusión a la otra parte negociante (Panamá), con la que trata en secreto,  y a más de 60 partes contratantes que suscribieron el Protocolo de Adhesión al Tratado de Neutralidad.

2.      LA FALSA INTANGIBILIDAD DE LOS TRATADOS.

Chile rechaza resolver el enclaustramiento y otras violaciones de la soberanía de Bolivia  sosteniendo que el Tratado de 1904t es intangible, intocable,, pero lo mismo sostuvo Estados Unidos por 73 años en relación con el Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903, impuesto a Panamá a perpetuidad. 

Panamá arguyó desde 1904  que era soberana en la Zona del Canal en relación con  las facultades de construir, mantener, manejar y proteger el Canal, así como con fines distintos a éstas.  Estados Unidos, con su arrogancia característica, rechazó siempre la tesis panameña  de que nuestro país era soberano en todas las actividades ajenas al Canal, y que ellos estaban autorizados para actuar “como si fueran soberanos”, lo cual equivalía para ellos serlo en la realidad.  Pero 60 años más tarde, a raíz de los sangrientos sucesos en que el ejército norteamericano masacró a 23 panameños e hirió a más de 500, ambos países suscribieron  la Declaración Moreno-Bunker de 1964 y, 10 años después, la Declaración Tack-Kissinger, de 7 de febrero de 1974, en las que Estados Unidos aceptó reemplazar el  mal llamado “Tratado” por uno enteramente nuevo que eliminara “de una vez por todas” las causas de conflicto entre ambos países.

  En Panamá se había producido un cambio fundamental en las circunstancias, porque el poder ahora estaba en manos de la Guardia Nacional, que logró el apoyo de sectores populares, la clase media y intelectuales progresistas de cara a coronar nuestro principal objetivo histórico: lograr la plena soberanía en la integridad del territorio y propiciar el perfeccionamiento del Estado. 

Los  tratados impuestos a China durante las Guerras del Opio a mediados del siglo XIX por Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos fueron también tratados desiguales por esa misma  circunstancia.  Sin embargo, con el colapso de la Dinastía Qing y la fundación de la República,  los gobiernos chinos los dieron por terminados, que eran tenidos como tratados “intangibles” por las potencias coloniales, y el cielo no se vino abajo por ello.  Se había producido en China un cambio fundamental en las circunstancias que justificaban la terminación de los tratados desiguales: de un gobierno feudal sumiso e impotente ante los extranjeros, se pasó a un gobierno del pueblo representativo de la nación china.

En Bolivia también se ha producido un cambio fundamental de las circunstancias que rodearon la firma del mal llamado Tratado de 1904.  Con la llegada al poder del presidente Evo Morales,  Bolivia se ha refundado sobre la mayoría de la población; el país posee una Constitución esperanzadora que recoge sus aspiraciones históricas, y su política exterior debe  ser como el espejo de ese cambio. 

3.       LOS PRETEXTOS DE LOS AGRESORES.

            Los países agresores emplean pretextos ridículos, increíbles y falsos al  intentar justificar sus invasiones. 

            En 1856, un norteamericano que se apeó del ferrocarril interoceánico de Panamá rehusó pagar el “real” que costaba  una tajada de sandía que se comió, y el vendedor le hizo el reclamo.    El norteamericano amenazó con su arma al panameño y se formó una trifulca  que produjo cientos de muertos y heridos.  El gobierno de Estados Unidos culpó al de Colombia por los perjuicios ocasionados a las víctimas norteamericanas y exigió, como indemnización, la plena autonomía de las zonas terminales panameñas en ambos océanos (posteriormente los puertos de Cristóbal y Balboa), así como el pago de una escandalosa y desproporcionada suma de dinero.

            En 1898, el barco de guerra “Maine” de Estados Unidos explotó y se hundió en La Habana.  Los estadounidenses no tardaron en acusar a España de sabotaje, declarándole la guerra al día siguiente.   Pero – por extraño que parezca – las naves de guerra de Estados Unidos ya se encontraban en posición de combate para neutralizar la flota española en diversos puntos.  El pretexto del “Maine” condujo a la intervención norteamericana en la lucha por la independencia de Cuba, para frustrarla con el Tratado de 1903 y la Enmienda Platt, y sirvió para anexarse vastos dominios de España en las Filipinas, Puerto Rico, Cuba e islas oceánicas. 

            El presidente George Bush, padre, justificó la invasión iniciada el 20 de diciembre de 1989 a Panamá pretextando que las Fuerzas de Defensa habían maltratado a un oficial de la Marina de Estados Unidos y a su esposa, dos días antes.  Hubo un desmentido de la noticia al día siguiente por parte de las Fuerzas de Defensa en diarios locales, de que el incidente nunca tuvo lugar,  pero la maquinaria bélica se había echado a  andar mucho antes y cayó sobre Panamá dos días después.  Es decir, que en apenas dos días se juntó toda la parafernalia infernal sobre Panamá, que costó más de 750 millones de dólares y fue la proyección militar más grande de Estados Unidos después de la Guerra de Vietnam, contra nuestro país, que ni siquiera tenía radares ni defensa antiaérea.

            Y en Bolivia, ¿cuál fue el pretexto para agredirla?  El cobro de 10 centavos por quintal de guano y salitre extraído por una compañía de Antofagasta, de capital anglo-chileno, subsidiaria del consorcio inglés Melbourne and Clarke.  La empresa se había negado a pagar el impuesto por más de un año, y el gobierno boliviano, en ejercicio de  su soberanía, decidió rematarla el 14 de febrero de 1879, fecha en que Chile atacó, ocupó e inició su desmembramiento de Bolivia.  Transcribimos lo que al respecto relata el Dr. Rodolfo Becerra de la Roca:

 “No se comprende cómo la intención del cobro de un gravamen de 10 centavos, pudo provocar un conflicto bélico que le significó al agresor aumentar su territorio en más de 200,000 kilómetros cuadrados, incluidos el peruano, cuajados de fabulosa riqueza milyunanochesca; sorprende que un gravamen dispuesto legalmente, sin transgredir el artículo 4º del Tratado de 1874 como se tiene demostrado, que no se efectivizó, que más bien fue revocado, sirviera de pretexto para apropiarse de un patrimonio ajeno y que ese gravamen aumentado en veinte veces más por el acusador, más otros ingresos que se apoderó del suelo invadido, hubiesen servido a Chile para sostener la invasión y consolidar la conquista e territorios a título de indemnización de guerra, que Chile se engulle como trofeo de su victoria y Bolivia tiene que soportar como castigo eterno.”

            Las investigaciones demostraron que Chile se había estado preparando para una gran contienda muchos años antes de 1879; que había adquirido en Europa las naves de guerra más avanzadas y un sinfín de recursos bélicos, y que los intereses ingleses estaban detrás de la expropiación de que Bolivia iba a ser objeto.  El presunto cobro de diez centavos al salitre y el guano extraídos por chilenos e ingleses, al que tenía derecho Bolivia, fue un simple pretexto.

            Que la agresión a Bolivia tenía como objeto la anexión y expropiarla de sus enormes riquezas lo demuestra el ultimátum que dirigió el señor Abraham Koening, enviado diplomático de Chile en Bolivia, quien se expresó de la manera siguiente el 13 de agosto de 1900:

            “Hace muchos años que mi país desea convertir el Pacto de Tregua en Tratado de Paz, arreglar de una vez por todas sus diferencias con Bolivia. No podemos esperar más, el gobierno y el pueblo chileno consideran que han esperado con paciencia. Es un error muy esparcido y que se repite diariamente en la prensa y en la calle, el opinar que Bolivia tiene derecho a exigir un puerto en compensación de su Litoral. No hay tal cosa. Chile ha ocupado el Litoral con el mismo título con que Alemania anexó al Imperio la Alsacia y la Lorena, con el mismo título con el que los Estados Unidos de América han tomado Puerto Rico. Nuestros derechos nacen de la victoria, ley suprema de las naciones.   Que el Litoral es rico …

…y que vale muchos millones, eso ya lo sabíamos. Lo guardamos porque vale, que si nada valiera no habría interés en su conservación. Terminada la guerra, la nación vencedora impone sus condiciones y exige el pago de los gastos ocasionados. Bolivia fue vencida, no tenía con qué pagar y entregó el Litoral. Fue una entrega absoluta, incondicional, perpetua. En consecuencia, Chile no debe nada, no está obligado a nada, mucho menos a la cesión de una zona de terreno y de un puerto”.

            Que el despojo territorial de Bolivia obedecía a un consciente acto de expropiación y usurpación, inspirado en la anexión alemana de Alsacia y Lorena, queda muy claro del ultimátum del agente Koening a Bolivia.  Pero además lo confirma el Artículo XII del Tratado de 1904, relativo a la solución de controversias que surjan de la interpretación del tratado, que reproducimos a continuación:

ARTÍCULO XII

“Todas las cuestiones que llegaren a suscitarse con motivo de la inteligencia o ejecución del presente Tratado, serán sometidas al arbitraje de Su Majestad el Emperador de Alemania.”

              En los tratados modernos, la solución de controversias se remite a los medios diplomáticos, al arbitraje y a la Corte Internacional de Justicia.

4.       LA DIMENSIÓN DEL DAÑO A BOLIVIA.

A Bolivia se le privó de unos 158,000 km2 de territorio.  Para que lo comprendamos mejor los panameños, esta área equivale a más de 110 veces la antigua Zona del Canal y más de dos veces nuestro territorio nacional.  El territorio expropiado a Bolivia por Chile es mayor que el más grande país de Centroamérica, Nicaragua, con 130,373 km2, y equivale a más de un tercio del área total de los siete países que conforman Centroamérica.

En dichos territorios se localizan los yacimientos de cobre más grandes del mundo, que hacen de Chile el primer exportador a nivel planetario, así como cuantiosas reservas de salitre, guano, azufre y litio, entre otros, como el agua, y a estos tesoros se suma la riqueza ictiológica y de los fondos marinos.

Como país mediterráneo, sin litoral, Bolivia sufre pérdidas económicas directas e indirectas puesto que, al carecer de costas, su producción e intercambio resultan costosos y complicados, y deja de beneficiarse de corrientes migratorias e inversiones que se orientan naturalmente a países que sí tienen costas.

La deuda de Chile es enorme, porque enorme es la lesión.

5.       EL ENCLAUSTRAMIENTO DE BOLIVIA Y LOS DERECHOS HUMANOS.

          La Convención sobre el Derecho del Mar, que entró en vigor en 1994, reconoce las dificultades de los Estados mediterráneos, sin litoral o acceso al mar.  Pero una cosa son los Estados mediterráneos que lo son por geografía o historia, y otra, los Estados mediterráneos que sufren tal condición por una acción de fuerza o bélica en violación del derecho internacional.  Bolivia nunca fue un Estado mediterráneo hasta que se le privó de su condición marítima en 1879.

Al enclaustramiento de Bolivia se suman otras violaciones a tratados y actos que vulneran el desarrollo del país y que producen en Bolivia los efectos de un bloqueo – que, desde la Conferencia Naval de Londres de 1909, es un acto de guerra – y que en el derecho internacional contemporáneo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Definición de Agresión (1974)  se le clasifica como un acto de agresión. 

Pero las guerras están prohibidas desde la Liga de las Naciones hasta las Naciones Unidas como delito de lesa humanidad.  El bloqueo intenta impedir o limitar el libre desarrollo de un país castigado y bajo asedio para neutralizar su defensa y, en el fondo, niega el derecho a la existencia nacional.   Aún en tiempos de paz,  “bloqueo” significa cortar, cerrar, incomunicar con el exterior para lograr la rendición del sitiado por la fuerza o por el hambre. Al país bloqueado se le priva de, o se le dificultan las relaciones internacionales, la explotación de sus recursos, su comercio exterior, y el libre flujo de inversiones y capitales.  En este sentido, la no resolución del enclaustramiento y a la mediterraneidad artificialmente impuesta y mantenida por Chile, como producto de un acto de agresión, constituye una violación masiva  de los derechos humanos de la nación boliviana.  Pero a Bolivia no se le ha bloqueado solamente sino que ha sido desmembrada, lo cual agrava el acto de agresión.   Los mismos señalamientos jurídicos que se han hecho al infame bloqueo de Estados Unidos a Cuba, se aplican mutatis mutandi a Bolivia y, recordamos,  el bloqueo a Cuba ha sido condenado  por unanimidad universal.

Aún Estados Unidos, que bloqueó a Libia, Cuba y Panamá el siglo pasado, mantuvo una oposición al bloqueo, en tiempos de paz, cuando expresó en 1916 ante el gobierno de Francia lo siguiente:

            "Los Estados Unidos no reconocen a ninguna potencia extranjera el derecho de poner obstáculos al ejercicio de los derechos comerciales de los países no interesados, recurriendo al bloqueo cuando no exista estado de guerra".

6.       ALGUNAS PERSPECTIVAS.

Indudablemente que Bolivia ha cometido errores en el manejo del problema, porque no siempre su política exterior ha sido coherente, permanente y firme, y su causa ha sido debilitada  en algunas coyunturas en las que no han faltado la corrupción, el desconocimiento y la ausencia de patriotismo de sus agentes y voceros.

Como panameño y latinoamericanista  -- y con el respeto que nos merecen los gobiernos de Bolivia y Chile -- deseamos culminar esta intervención con algunas percepciones sobre el caso.

-          Bolivia debe ventilar y negociar su causa con Chile dentro de la unidad latinoamericana, pero no a costa de la soberanía boliviana ni de su historia.

-           Bolivia debe reformular su política exterior, de hecho latinoamericanista e integradora, para resolver con transparencia y franqueza y de manera integral, sus problemas con Chile.

-          Bolivia debe elaborar una reclamación histórica que incluya una teoría para la recuperación de su condición marítima.

-          Bolivia debe incorporar los fundamentos de su reclamación en los textos escolares, desde la educación básica hasta la superior.

-          Bolivia debe crear los institutos y centros académicos necesarios para elaborar una estrategia marítima a largo plazo.

-          Bolivia debe integrar y formar equipos de diplomáticos y  otros profesionales capaces de explicar la problemática con persuasión, tanto a nivel nacional como internacional.

-          Bolivia debe instruir al personal del Servicio Exterior para que represente con dignidad y responsabilidad la causa nacional.

-          Bolivia debe promover una campaña de concientización a nivel nacional acerca de sus objetivos  para que toda la población apoye su política internacional.

-          Bolivia debe hacer uso de los foros y tribunas internacionales a su alcance para dar a conocer su posición y recabar apoyo mundial.

-          Bolivia no debe mezclar en su agenda de negociaciones con Chile el problema del enclaustramiento propiamente dicho con otros temas bilaterales, por importantes que éstos sean.

-          Bolivia debe abandonar el carácter bilateral y desarrollar una diplomacia colectiva que le permita fortalecer su causa.

-          Bolivia debe examinar, firmar y ratificar los tratados internacionales que puedan coadyuvar a su causa.

-          Bolivia debe procurar una declaración conjunta con Chile sobre los tópicos esenciales a su mediterraneidad, que sea base firme de negociaciones.

-          Bolivia debe prepararse para cualquier contingencia, incluso elaborar los fundamentos jurídicos de una Solicitud de Demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia con un estudio preciso sobre la competencia de dicho tribunal en el caso.

Agradezco su atención y pido disculpas tanto a Bolivia como a Chile si nuestras palabras pudieran interpretarse como si abrigaran intenciones ofensivas hacia los gobiernos y pueblos de ambas naciones hermanas.  Nada más lejos de nuestro ánimo.

Gracias.

Panamá, 1 de septiembre de 2010.