BIENES QUE CHILE SE APROPIO EN TERRITORIOS USURPADOS


Los historiadores bolivianos siguiendo la consigna chilena han difundido que la población boliviana en su Litoral era muy escasa y que solamente alcanzaba un 5%, lo que es completamente falso. Si bien fue minoritaria en Antofagasta, no lo era en el resto del Departamento, donde había una población originaria y proveniente del interior, además extranjeros. Está demostrado que en Antofagasta los inmigrantes chilenos formaron la logia secreta “Patria”, desde la cual promovieron el separatismo o la integración de ese territorio a la soberanía chilena, pretextando que se constituyó para luchar contra la opresión y abusos de las autoridades locales bolivianas. Solo este hecho evidencia que los bolivianos eran más numerosos de lo que se ha difundido, porque en un medio con población local reducida no habrían tenido necesidad de conformar organizaciones secretas; pues se entiende que siendo mayoría aplastante no tenían necesidad de éstas.


San Pedro de Atacama, Chiu Chiu, Calama, Soncor, Ingahuasi, Caspana y otros pueblos interiores, definitivamente estaban formados por población puramente boliviana, con antecedentes coloniales, que después de la agresión de Antofagasta y durante la ocupación chilena en los largos años de la Tregua, fue irresponsablemente abandonada a su suerte por el Gobierno de Bolivia, olvido que no fue consecuente ni leal, lo que facilitó su absorción por la política drástica de chilenización del ocupante. En situaciones análogas y otras de sometimiento colonial, se alentó el culto nacionalista y la observancia de costumbres y tradiciones del país de origen, que increíblemente se desatendió en el Departamento de Litoral.


De hecho el territorio de nuestro Litoral tenía una población circunscrita a algunos espacios aptos para la vida humana, ya que se trata del desierto más inhóspito de la Tierra. El mismo territorio abajo del Paralelo 24 reconocido a la soberanía de Chile por los Tratados de 1866 y 1874, era mucho menos habitada que la parte boliviana, donde floreció la actividad minera, lo que desmerece los argumentos manejados por la propaganda pro chilena.


El Departamento del Litoral era, pues, un distrito organizado bajo las leyes bolivianas como cualquier otro departamento. Tenía una Prefectura ejercida por personajes notables, Capitanías de Puerto, subprefectos y corregidores en las provincias, Colecturías, empleados, Jueces de Partido y de Instrucción, había escuelas y centros de enseñanza, casas comerciales y todo lo necesario en esos pueblos que eligieron sus diputados al Poder Legislativo, desde la fundación de la República de Bolivia.
Vasta revisar los Presupuestos nacionales de la época para constatar la importancia del Departamento Litoral, que tenía asignados más recursos que otros departamentos del país.


Todo este entramado administrativo funcionaba en una infraestructura de bienes fiscales, inmuebles y muebles, edificios administrativos, almacenes, depósitos, muelles, atracaderos, escuelas, caminos y otras obras públicas a lo largo y ancho del Departamento Litoral con sus puertos de Antofagasta, Mejillones, Cobija y Tocopilla, un ferrocarril en construcción de Mejillones-Caracoles, cuyo empréstito Chile le hace pagar a Bolivia en el Tratado de 1904, cuando le correspondía reconocerlo como obligación propia, por el hecho de ser una inversión que quedaba en poder del invasor.
En la negociación del Tratado de 1904, el valor de todos esos bienes estatales no se los consideró, no se los tomó en cuenta para ningún efecto, siendo un acápite de suma importancia que no debía ignorarse, principalmente por los negociadores bolivianos que al no pedir su inclusión han incurrido en una omisión culpable, tremendamente irresponsable; porque analizado el Tratado de 1904, como ya lo anotamos en otros artículos, solamente benefició a Chile, sólo se protegieron e impusieron sus intereses, como las deudas bolivianas de las que supuestamente se hizo cargo el Gobierno de Chile, que después de 20 años de amortización con parte de los ingresos de la Aduana de Arica aparecieron más bien incrementados a la suma de $ 6.500.000.-, hecho inaceptable, injusto e indiscutiblemente extorsivo.


Hemos visto en notas anteriores cómo el país agresor se quedó mediante el Tratado de 1904 con extenso territorio que contenía fabulosa riqueza minera, bajo el régimen de “dominio absoluto y perpetuo” y otros territorios, mediante ocupación de fuerza, como los del Paralelo 23 al 24, del arco del río Loa y a lo largo de la frontera actual, donde se apropia de una lonja de tierras sin que exista cesión de ninguna clase. Pero a estos hay que añadir ahora los bienes públicos del Estado boliviano descritos anteriormente, que no han sido objeto de alguna compensación, contra toda norma de derecho.
Pero cuando en 1975 se negoció el callejón al norte de Arica, Chile interpuso una contrapropuesta según la cual Bolivia debía compensar con igual extensión territorial a la cedida y pagar, además, por el aeropuerto de Chacalluta, el ferrocarril Arica a Bolivia y demás instalaciones y construcciones estatales existentes en el corredor. Es decir que Chile cobraba por territorios y bienes arrebatados con fuerza y violencia, sin haber pagado ni un centavo por ese patrimonio que usurpó a Bolivia. Vean cuánta contradicción e inequidad con las que Chile maneja los asuntos pendientes que tiene con Bolivia.


Lo expuesto se añade como otro elemento más que nunca se incluyó en la demanda de nuestra reivindicación marítima, reclamo de bienes que ni siquiera pasó por la mente de los firmantes del Tratado de 1904 que enclaustró a Bolivia. A estos extremos llegaron los entreguistas de 1904.


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