La medianoche del 20 de diciembre de 1989, más de 26 mil soldados de Estados Unidos invadieron Panamá, emplearon armas, técnicas y equipos de guerra sumamente sofisticados y dejaron un saldo de miles de muertos y heridos. La secular política intervencionista y militarista de la Casa Blanca  en América Latina cobró entonces una nueva factura de muerte y destrucción.

Como había sido planificado, el ataque se concentró en los principales cuarteles de las ciudades de Panamá y Colón, así como en los aeropuertos. Prácticamente el barrio de El Chorrillo fue destruido en gran parte y también hubo choques armados en San Miguelito. Fueron los Batallones de la Dignidad los que —en forma desordenada— respondieron al ataque norteamericano.

Según fuentes oficiales del Comando Sur —citados por Patricia Pizzurno y Celestino Araúz, en los enfrentamientos murieron 23 soldados estadounidenses, y aunque nunca se supo con certeza cuántos panameños, entre civiles y militares, perdieron la vida, los cálculos más conservadores hablan de varios cientos, pero organizaciones civiles cifran las víctimas fatales en al menos 5.000.

Estados Unidos justificó la masacre apoyada en la más moderna tecnología militar, con el argumento ilegal de derrocar al general Manuel Noriega, acusado de narcotráfico.

En ese contexto, Panamá rindió hace dos días homenaje a sus muertos con una manifestación frente a la antigua embajada del país agresor. 

Organizaciones e instituciones, entre ellas la Asociación de Familiares de Caídos y el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, se congregaron allí y exigieron al Gobierno que declare el 20 de diciembre Día de Duelo Nacional. No obstante, a 21 años de ese genocidio y mientras el pueblo panameño no halla justicia, los agresores invadieron —cuantas veces les dio la gana— otros pueblos para consolidar su dominio global por la fuerza de las armas.