El pasado lunes 24 de enero, la ministra de Economía presentó en rueda de prensa las principales líneas directrices para el saneamiento del sector de las cajas de ahorros. Básicamente, se centraban en el refuerzo del requisito de ratio de “core capital” hasta el 8%, más allá de lo exigido en ningún estado europeo, y que sería aún mayor para el caso de aquellas instituciones que no coticen en Bolsa o que no tengan una presencia significativa de inversores privados.

Esta propuesta de saneamiento de las cajas de ahorros tiene una serie de implicaciones que no sólo afectan a la estructura resultante finalmente del proceso de reestructuración sino también a su incidencia sobre la evolución económica general.
En primer lugar, implica que las cajas de ahorros se ven abocadas a una carrera frenética por captar capital que las deja a los pies de los caballos de los especuladores institucionales: fondos de inversión y de capital riesgo, mayoritariamente, ávidos de beneficios inmediatos por la vía del acceso a sus líneas de negocio más rentables.
En segundo lugar, sorprende que se haya lanzado sin que se conozca con precisión cuál es la exposición al riesgo inmobiliario del sector y, en consecuencia, de qué necesidades concretas de capital se está hablando. El anuncio por parte de la ministra de que se necesitarán en torno a 20 mil millones de euros ya ha sido puesto en tela de juicio hasta por la Comisión Europea (no digamos por los mercados que, en función de la estimación del ajuste inmobiliario, barajan cifras que superan los 80 mil millones de euros). Mal empezamos si la credibilidad de la propuesta queda en entredicho desde el mismo momento de su anuncio.

En tercer lugar, la propuesta de recapitalización tendrá repercusiones evidentes sobre la concesión de créditos y préstamos por parte del sistema bancario por cuanto cada una de sus operaciones de activo, en función de su tipología, implica el consumo de recursos propios. Es decir, se abunda aún más en la restricción crediticia de bancos y cajas, con lo cual vuelve a ponerse de manifiesto que a fuerza de preservar, no ya la estabilidad del sistema financiero, sino el que éste no asuma siquiera parcialmente las consecuencias de los riesgos en los que ha incurrido el gobierno está dispuesto a continuar sacrificando la recuperación económica.

Y, finalmente, tampoco debemos olvidar que aquí no se va a nacionalizar nada, por mucha retórica que circule al respecto. Si las cajas no pueden acceder al capital necesario, el Estado entrará en sus consejos de administración por la vía del FROB, pero no para convertirlo en instituciones públicas sino para sanearlos y venderlos al mejor postor.

En definitiva, la oportunidad de que la crisis hubiera permitido una reforma del sistema financiero que deviniera en una mayor presencia pública directa en el mismo desaparece por completo del horizonte y, de paso, se agravan las condiciones para la recuperación económica. ¿Se puede hacer peor?

Alberto Montero Soler ([email protected]) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía.