El “Acuerdo de Amistad y Cooperación entre la Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu (APG IG) y Repsol YPF E&P Bolivia S.A.”, firmado ante notario público el 29 de diciembre de 2010, no había sido tan público, debido a que los dirigentes de guaraníes no quieren revelar su contenido y ahora dicen que es “confidencial”. En virtud a ese acuerdo, Repsol YPF financió la conformación de un Fondo de Inversión extraterritorial de 14,8 millones de dólares constituidos depositado en el Banco do Brasil, cuyos rendimientos benefician a la APG IG, con un monto promedio de cerca a 140 mil dólares mensuales, sin que hasta ahora se haya sabido cómo son utilizados.

Casi simultáneamente a la firma de ese acuerdo, Repsol YPF inició la ampliación de la capacidad de procesamiento de la Planta Margarita de 3 a 9 millones de metros cúbicos diarios (MMCD) para exportar gas a la Argentina. Las obras incluyen la construcción de un gasoducto de exportación de 24 pulgadas desde el Campo Margarita hasta el Campo Sábalo, así como “líneas de recolección” (gasoductos y oleoductos) que conducirán hidrocarburos a la planta ampliada. Esta ampliación concluirá en 2012, en tanto que para 2014 se añadirán inversiones para incrementar la capacidad de procesamiento hasta 14 MMCD.

Según el director por Tarija en el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Luis Lafuente, la APG IG no se ha opuesto a esas ampliaciones y nuevos ductos que transitan por su territorio y que están destinados a la exportación de gas, pero sí lo hacen en relación a la ampliación del Gasoducto Villa Montes – Tarija (GVT), que tiene como finalidad incrementar el consumo interno del energético para domicilios, vehículos e industrias.

Pero la APG IG tampoco quiere revelar el contenido del acuerdo de asesoramiento en temas legales, económicos, medioambientales y otros que tienen con la Organización No Gubernamental Nizkor, dirigida por Gregorio Dionis, un ciudadano argentino - español, alegando el “derecho a la confidencialidad” que ésta tendría pactada con aquella. Nizkor afirma ser la ONG asesora en temas legales, comerciales y financieros desde Bélgica. Dionis es quien dirige esa ONG y ha participado activamente en la “negociación” entre la APG IG y Repsol para la firma del Acuerdo de Amistad y del Fondo de Inversión.

Sobre éste, informaron en un comunicado del 15 de marzo de 2011 “que tiene la finalidad de cumplir con los principios de transparencia financiera y corporativa y debe servir como notificación para los efectos legales oportunos”, según el comunicado. Pero ese principio de transparencia no permitió divulgar el contenido del Acuerdo y menos aún del Fondo de Inversión y ni siquiera los nombres del Consejo de Sabios que administran los recursos.

Autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y de YPFB han denunciado, paralelamente, que la APG IG obstaculiza la ampliación del GVT. Según analistas consultados, el retraso en el incremento de la disponibilidad de gas para consumo interno sólo beneficia a Repsol YPF, Petrobras, BG y las transancionales operadoras de los megacampos, dado que no les interesa económicamente producir gas para Bolivia y prefieren exportarlo por razones de precio.

El País visitó las oficinas de la APG IG en la localidad de Entre Ríos, Tarija, a unos 120 kilómetros al este de la capital tarijeña. Ninguno de los cuatro dirigentes que estuvo en las oficinas el día de la visita del periodista autorizó que se revele su identidad y dijeron que sólo Never Barrientos, el presidente de la APG IG, puede dar información respecto al contenido del acuerdo con Repsol YPF, aprobado también por British Gas y British Petroleum. Cuando se les preguntó sobre el contenido del Acuerdo con Repsol YPF y con Nizkor, respondieron que ambos son confidenciales y que están protegidos por el derecho a la confidencialidad. Respecto de los nombres de los miembros del Consejo de Sabios, pidieron que previamente se les haga llegar la solicitud por escrito.

Dionis, a título de asesor, es uno de los que redacta los comunicados públicos de la APG IG y ha actuado en la suscripción de un “Tratado” con la petrolera Repsol YPF, en virtud al cual ésta ha erogado la suma de 14,8 millones de dólares y lo ha depositado a un Fondo de Inversión a favor de la APG IG, que reporta un promedio del 1% mensual de rentabilidad (unos 140 mil dólares al mes) que son utilizados por la dirigencia indígena a través de un Consejo de Sabios, cuya identidad también fue guardada en reserva por los dirigentes. Para entrevistar a éstos pidieron que previamente se mande por escrito una solicitud de entrevista que contenga las preguntas. “Luego veremos si autorizamos o no la entrevista”, aclararon.

Ni YPFB ni el Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE) de Bolivia conocen el texto del acuerdo entre la APG IG y Repsol YPF. Tampoco se conoce que hayan asumido acciones para conocer los alcances de ese acuerdo y si éste viola o no la soberanía patria y el rol reservado por la Constitución Política del Estado (CPE) a YPFB como única responsable de la actividad hidrocarburífera en el país.

“NO NECESITAMOS AUTORIZACIÓN DE NADIE”

Pero ayer la APG IG publicó en dos medios de comunicación escritos de Tarija un comunicado de prensa en el que denuncian una supuesta “campaña de hostigamiento en contra de su derecho a consulta”. Al final del mismo aclaran que “con relación a nuestros asesores (Nizkor) es obvio que está dentro de nuestro poder de autonomía como asociación indígena el contar con asesores legales, económicos, notariales, medioambientales y de otras especialidades, que se corresponden a nuestra estrategia jurídica a largo plazo, contando además con el asesoramiento de organizaciones de derechos humanos, universidades y especialistas en derecho penal internacional, mercantil internacional y medioambiental internacional, para lo cual no tenemos que pedir autorización a ninguna empresa y tampoco al Gobierno nacional o departamental”.

En el comunicado se fustiga al periódico Nuevo Sur de Tarija y denuncia una supuesta campaña de “hostigamiento” en contra de su derecho a la consulta, en relación a la construcción de la segunda fase de la ampliación del GVT, obra que garantizará el abastecimiento de gas a la industria y la población tarijeña, que frecuentemente sufre racionamiento de este energético.

“Es imposible

reunirse con la APG”

José Larrazábal, dirigente máximo del sector del transporte tarijeño y miembro de la comisión de negociación para la ampliación del Gasoducto Villa Montes - Tarija (GVT), manifestó que ellos hicieron varios intentos para comunicarse con la Asamblea del Pueblo Guaraní pero no lograron concretarla hasta ahora. “Nosotros hemos sido los que primero hemos empezado a reclamar, porque nadie decía nada. Seguíamos en la pelea esa para conseguir la reunión allá en Entre Ríos con los de la Itika Guasu. Lamentablemente ese señor Gregorio Dionis es el que se opone y no da curso a la solicitud de reunión para determinar cómo va”, dijo.

Larrazábal añadió que se les ha ofrecido a los guaraníes un surtidor en Entre Ríos y en Palos Blancos, además que se les va a dejar lista la red secundaria, gas natural; sin embargo, dijo que los asesores extranjeros son los que se oponen. “Estamos preocupados por esta situación, porque si no conseguimos que se empiece a trabajar a partir del próximo mes habrá racionamientos y retrasos en el suministro de gas para los tarijeños”, advirtió.

Nizkor aún no responde

Quedan pendientes de respuesta dos preguntas que le hizo El País a Gregorio Dionis, responsable de la ONG Nizkor que asesora a la APG IG desde Bélgica.

Las preguntas que se le hicieron el jueves 15 pasado son las siguientes:

1.- ¿No tienen nombre propio esas “personas individuales” que son los donantes de Nizkor?

2.- ¿Quiénes son los socios o asociados a esta ONG que usted dirige?