La posesión de nuevas autoridades en el Poder Judicial no le conferirá al ciudadano común el derecho a la justicia e igualdad ante la ley que anhela diariamente y que la propaganda oficialista promete insistentemente. Por el contrario, por  todas las señales que exhala hoy el poder político en Bolivia, la nueva cúpula magistradas y magistrados –de rostro mayoritariamente “indígena”- podría ser la puntada final de los fines y propósitos de un renovado “superestado”, materialización del imperialismo transnacional en Bolivia, para defender los intereses de las empresas petroleras,  mineras, agroindustriales y financieras, que hoy gozan en el país de los más grandes privilegios desde el periodo de los barones del estaño.

En el marco de la disputa política, la oposición gubernamental se limita a criticar la cercanía gubernamental de las nuevas autoridades elegidas por voto ciudadano, embanderan el triunfo del voto nulo y anticipan el  retroceso democrático en Bolivia. En el MAS se respira un aire de cierta tranquilidad al tener una “justicia dócil”,  creen que frente a cualquier acusación en contra de sus actuales autoridades tendrán las espaldas cubiertas para enfrentar cualquier proceso judicial. Como siempre, olvidan que en países neocolonizados como el nuestro políticos más mentados, como Fujimori  o Menen, sufren en sus países el rigor de esas autoridades judiciales, que ayudaron a entronizar, cuando ya no fueron útiles para los fines y propósitos de las transnacionales.   

Poder copado, gobierno fuerte

El “superestado”, a diferencia de otros periodos históricos en el país, cuando sólo necesita de las cúpulas sociales o de la bota militar, hoy  requiere apremiadamente  de la “aprobación popular” mediante el sufragio para mimetizar al máximo sus intenciones antinacionales y utiliza convenientemente a los sectores políticos de oposición y oficialismo, y los medios de información para ese propósito.  Veamos.

Primero, apresuró la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado en las urnas, que contiene una lista de sus privilegios inamovibles y de sus intentos por dividir el país mediante las autonomías departamentales e indígenas. Teniendo en sus manos el instrumento legal sólo le restaba materializar su poder sobre la nación boliviana.

Primero, posibilitó la convocatoria a nuevas elecciones generales, que según muchos expertos tuvo demasiadas irregularidades.  Con ello, la reelecta cabeza del Poder Ejecutivo logró la mayor votación desde el inefable Víctor Paz Estenssoro, 64 por ciento. Los resultados legislativos no fueron menos favorables, el partido oficialista consiguió los dos tercios del total de parlamentarios, los suficientes para aprobar cualquier norma. Qué consiguió el poder transnacional: un gobierno fuerte para que defienda sus inversiones y mantenga el saqueo de los recursos naturales, pero principalmente un Ejecutivo capaz de anular la agenda de octubre de 2003 que junto a la lucha por el TIPNIS son parte del imaginario de triunfos del pueblo boliviano.         

¿Cuál era el siguiente paso? Con el Poder Electoral en el bolsillo, como la opinión pública devela en el país. Sólo le restaba tener a su mando a las nuevas cabezas del Poder Judicial y usaron conveniente los mecanismos legislativos para hacer una elección única en el mundo, que seguramente será después reproducida en países africanos dividos en guerras intestinas.

Para las transnacionales es sumamente importante copar el Poder Judicial en Bolivia por nuestra tradición histórica. No quieren repetir la situación de la primera nacionalización de 1937, cuando la Corte Suprema de Justicia falló en contra de la Standard Oil por incumplimiento de contrato y permitió la recuperación del petróleo y la creación de YPFB.

Para graficar el temor transnacional, recordemos que durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997), la Suprema estaba dirigida por Edgar Fernández Oblitas, quien se opuso abiertamente a la capitalización, ante ese peligro el MNR  junto con la embajada de EEUU urdió un plan para defenestrarlo y sentenciarlo. El gonismo –previamente- había conseguido un importante triunfo electoral y conformado una coalición junto al MBL y UCS en el parlamento para aprobar las leyes del despojo del patrimonio nacional. ¿No son parecidas las situaciones?

“Rostro indígena”

A estas alturas del actual régimen, no se puede decir que lo indígena es la veta principal de la lucha contra el imperialismo transnacional. El actual mandatario fue considerado el primer presidente indígena de Latinoamérica y muchos creyeron que sería garantía del cambio real. Contrariamente, hizo a las transnacionales petroleras sus socias, estás fueron autoras intelectuales de la masacre de octubre, pero les perdonó la vida, como se dicen en las calles.  En reiteradas oportunidades las denunció por haberse unido al complot oligárquico en su contra, pero su “indulgencia mesiánica” pudo más que los hechos.

Hoy en días, el rostro indígena llena las oficinas del Ejecutivo y Legislativo, ¿pero es muestra fehaciente de la llegada del cambio?. La respuesta es negativa. Como los hechos se desarrollan como en una cadena de dominó, el rostro indígena sólo tiende a ser utilizado de manera propagandística para contentar y alentar a los núcleos más duros del MAS. Creemos desde este espacio que las nuevas autoridades judiciales no llegarán a ser agentes efectivos del cambio y seguirán el mismo camino de legisladores y autoridades del gobierno.        

Políticos desechables

La reciente historia latinoamericana demuestra que los políticos al servicio del imperialismo transnacional son simples objetos simbólicos que cuando cumplen su misión son alagados y promocionados mundialmente, aunque posean un prontuario de hechos de corrupción y actos de violación a los derechos humanos en su hoja de vida,  pero cuando su caudal político disminuye dramáticamente  y su credibilidad es exprimida al máximo sólo sirven para una cosa, para ser chivos expiatorios y que el sistema económico, político y social no cambie.

Esto le sucedió al ex presidente del Perú, Alberto Fujimori, quien tenía entre sus trofeos la desarticulación de Sendero Luminoso y la implantación del régimen neoliberal en la nación hermana. Cuando ya no le sirvió al poder y la crisis política iba a tocar la bases de la economía transnacional fue obligado escapar y hoy expía sus culpas en cárceles de su país acusado de violaciones a los derechos humanos y corrupción.

Una esperanza

Aunque el camino trazado por las transnacionales para las nuevas autoridades judiciales no admite cambio de ruta,  sólo podemos decir que el verdadero talante de los nuevos magistrados y magistradas se reconocerá cuando les toque defender el interés de la nación boliviana, es decir, al pueblo y a su pródigo territorio lleno de ingentes recursos naturales.  La regla admite excepciones.