La Fundación Milenio, creada en 1990, ha publicado un “análisis” respecto del contrato interrumpible firmado por el gobierno de Evo Morales con Argentina para venderle más gas adicional al contrato suscrito el 2006. Según Milenio, el contrato interrumpible llegó tres años retrasado, lo que habría significado una pérdida de 527 millones
para Bolivia porque dejó de percibir esa cifra que se calcula multiplicando el volumen de gas disponible en ese período por el precio del gas que paga Argentina a Bolivia. Ese gas disponible, siempre según Milenio, es el que Brasil no nominó (no demandó a
Bolivia) fundamentalmente por los efectos de la crisis financiera internacional que afectó su economía.

La Fundación Milenio emite esos “análisis” gracias al financiamiento de entidades extranjeras tales como la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, la National Endowment for Democracy de los Estados Unidos, la Fundación para el Desarrollo FUNDES de Suiza. Georgetown University de los Estados Unidos, Corporación Andina de Fomento, Organización Panamericana de la Salud, Corporación Tiempo 2000 de Chile, World Resources Institute de los Estados Unidos, Instituto de Relaciones
Europeo-Latinoamericanas de Europa, Fundación Tinker de Nueva York, Cooperación Canadiense Programa del Instituto Neerlandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) y otros.

La National Endowment for Democracy (NED) es, a su vez, “una prolongación de la CIA” norteamericana, que canaliza recursos financieros públicos de ese país para, vía la NED, para intervenir e influir decisivamente en países como Bolivia. Corporación Tiempo 2000 de Chile es una ONG vinculada a la Concertación, a la que pertenece la
Democracia Cristiana de ese país, que alberga, a su vez, a los más importantes potentados mineros. Como sabemos, con el cambio de gobierno producido el año 2006, cuando Evo Morales asumió la presidencia, los bolivianos optaron por un proyecto político que garantice la industrialización del gas, luego de haber expulsado a Gonzalo Sánchez de Lozada, un minero empecinado en exportar gas al norte de Chile, y de haber negado en el referéndum del año 2004 la exportación de ese energético como materia prima a mercados chilenos que, en realidad, estaban destinados a alimentar a
las poderosas transnacionales mineras del norte de ese país.

Los esfuerzos industrializadores del gobierno de Morales han sido retrasados por errores propios así como por extraños sucesos externos.

El más relevante fue el escándalo Catler-Uniservice, que costó la vida a un empresario boliviano, la cárcel para un alto dirigente político del MAS, Santos Ramírez y, lo que fue peor para el país en su conjunto, la suspensión de la construcción de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande.

El trabajoso parto hacia la industrialización ha sido entorpecido otra vez con otro escándalo (denominado Gerson Rojas), que amenaza aún seriamente con suspender otra vez las obras de la Separadora de Río Grande y también de las del Gran Chaco, en Tarija. Ambas, como se sabe, deben extraer el etano, el GLP y gasolinas naturales que se exportan a Brasil y Argentina junto al gas metano, pero sin que Bolivia cobre el precio de esa energía adicional. Están también en riesgo la continuidad de la construcción de la Planta de Etileno- Polietileno en Tarija y la de Urea y Amoníaco en Cochabamba.

Bolivia necesita certificar mayores reservas probadas de gas que garanticen las inversiones en la industrialización del gas a largo plazo. En ese contexto, cuanto menor sea el ritmo de exportación de gas a los países vecinos, mayor será el energético disponible a futuro para industrializarlo y luego vender los subproductos con mayor valor agregado (más riqueza y más divisas para los bolivianos), además de la
generación de empleo y cualificación tecnológica. Para Milenio (NED, Corporación Tiempo 2000 y otros), no fue nunca un motivo de análisis el continuado regalo que hace Bolivia a Argentina y Brasil de los licuables del gas (1.300 millones de dólares anuales
perdidos) ni la persistente exportación de energía no renovable sin valor agregado. No existe entre sus publicaciones preocupación alguna por los efectos económicos adversos resultantes de la suspensión por cuatro años de la construcción de la Separadora de Río Grande, cuyo funcionamiento afectará directamente intereses de Petrobras, que tiene
como socias inversionistas, a su vez, a corporaciones norteamericanas. Hubiese sido más saludable para el país tener desde el 2009 las plantas industrializadoras de gas y no haber sido necesaria, en consecuencia, la firma del contrato interrumpible con Argentina que, ahora, sólo disminuye las escasas reservas probadas de gas, las que, de no reponerse con más exploración, pondrían a Bolivia en la necesidad de importar gas en menos de 12 años. En ese contexto, los 527 millones de dólares cifrados por Milenio, han sido en realidad un valioso ahorro que podrá multiplicarse en varios miles de millones cuando se lo industrialice.