En Nueva York, durante la reunión mantenida entre la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner con directivos de Monsanto, éstos le
comunicaron su plan de inversiones en Argentina por 1.670 millones de
pesos. El plan contempla la construcción de una planta para la
producción de semillas de maíz en Malvinas Argentinas (Córdoba), dos
estaciones experimentales y 170 millones de pesos para investigación y
desarrollo en maíz y soja. Las estaciones experimentales se
localizarían una en Tucumán y la otra en Córdoba.

Dedicado a Cristina Fuentes, in memoriam Una Madre de Barrio Ituzaingó
Anexo, una luchadora

El título no es un juego de palabras. Describe una realidad inminente.
En 1956 la empresa estadounidense Monsanto ingresó a la Argentina como
productora de plásticos y en 1978 empezó sus actividades de
acondicionamiento de semillas híbridas de maíz en Pergamino, provincia
de Buenos Aires. Actualmente posee en nuestro país 5 plantas: dos
procesadoras de semillas (Planta María Eugenia en Rojas, Planta
Pergamino); una productora de herbicidas (Planta Zárate) y dos
estaciones experimentales (Camet, Fontezuela) [1]. Ahora pretende
instalar una tercera fábrica en la provincia de Córdoba y dos nuevas
estaciones experimentales [2][3].

La sede central de Monsanto está en el barrio de Creve Coeur en Saint
Louis, en el estado de Missouri (Estados Unidos). Fundada por John
Francis Queen en 1901 su primer actividad de envergadura fue la venta
del edulcorante artificial sacarina a la empresa Coca Cola. Desde
entonces ha generado y comercializado centenares de sustancias
químicas, entre ellas plaguicidas como el DDT y el Agente Naranja (un
herbicida y desfoliante con partes iguales de 2,4 D y 2,4,5 T usado en
Viet Nam), agregados para transformadores como los PCBs y edulcorantes
como NutraSweet. Contribuyó al desarrollo de las primeras bombas
atómicas a través del Proyecto Dayton y de Mound Laboratories y al
desarrollo de plásticos y electrónica óptica. Ingresó al campo de la
producción de semillas y fue pionera en el desarrollo de organismos
genéticamente modificados, OGMs (1982). Los OGMs tienen incorporados
genes que los torna resistentes a la aplicación de plaguicidas e
incluso a la menor disponibilidad de lluvias.

Lamentablemente sus conductas irresponsables han sido casi tan
numerosas como sus productos. Innumerables tribunales de distintos
países han condenado a Monsanto por adulteración de datos y otras
malas prácticas [1][4]. Recientemente el Tribunal de Gran Instancia de
Lyon, en Francia, condenó a Monsanto porque su plaguicida Lasso dañó
la salud de un productor. Lasso tiene alacloro como principio activo y
cantidades significativas del solvente monoclorobenceno. Precisamente,
las muestras biológicas tomadas al afectado confirmaron la presencia
de monoclorobenceno (2012).

Sería ingenuo considerar a Monsanto como la única amenaza corporativa.
Aunque maneja el 80% del mercado de las plantas transgénicas, es
seguida por Aventis con el 7%, Syngenta (antes Novartis) con el 5%,
Basf con el 5% y DuPont con el 3%. Estas empresas también producen el
60% de los plaguicidas vendidos en el mundo [5].

Monsanto ingresó a la Argentina como industria plástica primero, y
como productora de semillas no transgénicas después [1]. Sin embargo,
sus actividades productivas y comerciales crecieron explosivamente a
partir de la decisión que tomaron varios funcionarios públicos de
Argentina en una oscura reunión de la CONABIA, el organismo de la
Secretaría de Agricultura de la Nación, el 21 de septiembre de 1995
[6][26]. Ese organismo consideró que en lo referente a bioseguridad
agropecuaria no había inconvenientes para que se comercializara la
soja RR (Round-up Ready). Las cartas habían sido echadas sin previo
debate público ni consulta. Argentina ingresó de la mano de Felipe
Solá y un grupo de ignotos funcionarios a la experimentación abierta
de organismos genéticamente modificados. Todos ellos aprobaron al
enigmático vegetal de pequeña estatura el 25 de marzo de 1996 [6]. La
piratería de Monsanto, que se había apoderado de los genes naturales
de la soja con sólo agregarle un gene clonado procedente de la
bacteria Agrobacterium CP4 (el gen CP4 EPSP), ingresaba legalmente al
país. En cuanto al glifosato ya había sido aprobado en 1977 por el
SENASA, que lo revalidó en 1999 [27].

Hacia fines de la década de 1990 Argentina empezaba a pagar el precio
de tener instituciones públicas y funcionarios poco serios, más
preocupados por complacer a las corporaciones internacionales que en
proteger la salud de los ciudadanos. En base al criterio de dosis
letal 50 -absolutamente inapropiado para clasificar plaguicidas- el
glifosato ya estaba incluido internacionalmente en la Clase
Toxicológica IV: "productos que normalmente no ofrecen peligro". Esto
parecía ahuyentar cualquier riesgo. No se consideraron entonces las
consecuencias negativas de sus bajas dosis, pese a que ya existía
suficiente bibliografía y sólidas alertas. Servilismo e ignorancia se
combinaron para que durante los siguientes 15 años personas y
ecosistemas formaran parte de un experimento abierto que las afectaría
en forma silenciosa. Cientos de miles de bebés, niños, adolescentes y
adultos fueron transformados en cobayos involuntarios y sin derecho a
protesta. Pero no recibirían solamente glifosato y su derivado AMPA
[28], sino también una larga lista de otros plaguicidas, entre ellos
los insecticidas endosulfán y clorpirifós y el herbicida 2,4 D.

Las puertas institucionales del país quedaron abiertas así para el
cultivo masivo de la soja TH (comercialmente RR), y su herbicida
asociado, todo ello en base a un raquítico expediente de 146 fojas que
contenía información mayoritariamente aportada por Monsanto. A partir
de allí la revolución transgénica local siguió los mismos caminos de
parcialidad y de corrupción técnica que ya se habían registrado en
otros países. El glifosato y sus derivados pasaron a interactuar luego
con plaguicidas ya existentes y con nuevos productos, todos ellos
autorizados por SENASA con la misma torpeza e insuficiencia técnica
demostrada por la CONABIA. Al resto de la historia la conocemos todos.
La oscura historia administrativa quedó sepultada por crecientes
superficies de suelo argentino dedicadas a la agricultura industrial y
por cuantiosos ingresos privados y fiscales, resultado de las
exportaciones de soja y demás cultivos transgénicos.

Actualmente la patente de la semilla de soja TH y de otras especies
resistentes a plaguicidas sigue perteneciendo a Monsanto, pero desde
el año 2000 ya no es propietaria de la fórmula del glifosato. Esto
explica porqué se multiplicaron industrias productoras en varios
países del mundo. En Argentina se utilizan crecientes cantidades de
glifosato chino, y plantas petroquímicas como Atanor –del grupo
estadounidense Albaugh- lo produce localmente (glifosato II). Atanor
fabrica también los peligrosos plaguicidas 2,4 D; 2,4 DB; MCPA,
trifluralina, atrazina, simazina y dicamba además de participar en el
negocio de los organismos genéticamente modificados. Como Monsanto,
Atanor tiene su casa matriz –Albaugh- en el estado de Missouri. Esta
diversidad de productores de glifosato torna cada vez más difícil el
control de las composiciones químicas, que pueden variar incluso entre
partidas de la misma fábrica y procedencia.

Lamentablemente, algo ya funcionaba mal antes de que se produjese el
boom de los cultivos transgénicos. Al aplicarse plaguicidas sólo se
tenían en cuenta las dosis letales –las que pueden matar directamente
una persona- y se descartaban los efectos de las bajas dosis y la
exposición crónica. Además, en un país sin registros de morbilidad y
de mortalidad por causas generales, y sin un monitoreo continuo y
nacional de residuos de plaguicidas, todo parecía indicar que el uso
de plaguicidas era inofensivo para la salud y el ambiente. Como no
había mediciones tampoco podían detectarse los efectos [7]. Este
pasado de irresponsabilidad estatal prosiguió sin cambios, lo cual
facilitó la expansión descontrolada de cultivos industriales.
Argentina era el país ideal para Monsanto y otras empresas. La
debilidad del Estado y de la propia sociedad para proteger del
desmonte a los ambientes nativos hizo el resto. Argentina bajó su
biodiversidad nativa a niveles alarmantes, pero también bajó su
diversidad de cultivos y productos agropecuarios. Durante el período
1999-2006 la diversidad de cultivos del campo argentino decreció en
más de un 20% [8].

Campos ganaderos pasaron a ser sojeros, fue cada vez más difícil
practicar agricultura orgánica y actividades tradicionales como la
producción de miel entraron en crisis. En Polonia por ejemplo el maíz
transgénico Bt de Monsanto (Mon810) fue acusado de provocar en las
abejas el Trastorno de Colapso de las Colonias (CCD en inglés). Hubo
fuertes protestas nacionales de los apicultores y el gobierno prohibió
finalmente el cultivo de maíz transgénico (mayo de 2012). Como preveía
que esto podía ocurrir, Monsanto adquirió en septiembre del 2011 la
prestigiosa empresa Beelogistics, especializada en esa y otra
enfermedad de las abejas, la virosis IAPV. Al controlar las
operaciones y por lo tanto los informes técnicos de Beelogistics,
Monsanto protege al maíz transgénico del efecto cascada que podría
provocar en otros países la dura sanción polaca [23][24].

En Argentina dejamos de privilegiar la alimentación de seres humanos
para pasar a alimentar masivamente el ganado de la Comunidad Europea y
China, y a proveer de biocombustibles sus vehículos [9]. El uso de
estos últimos le permite argumentar a los países del Primer Mundo que
ellos utilizan menos petróleo, y que son por lo tanto más
sustentables, lo cual es falso.

Quienes compran soja y derivados de soja en naciones alejadas de sus
territorios cuidan así sus suelos, sus aguas y su salud, pues
trasladan a los países productores –en este caso Argentina- todos los
efectos negativos. Aún hoy seguimos creyendo, erróneamente, que el
elevado precio internacional pagado por tonelada de soja compensa las
pérdidas ambientales y sanitarias. Previsiblemente las codicias
privadas y públicas alimentadas por la soja siguen asociadas, aunque
gobiernos y productores hayan mostrado fuertes enfrentamientos.
Entretanto las enfermedades y muertes no registradas, la pérdida de
biodiversidad única y la formación de crecientes depósitos ambientales
de residuos de plaguicidas continúa escandalosamente [7]. Quien crea
que el Estado regula y nos protege está equivocado. Somos un país
abierto a experimentos agropecuarios abiertos, un país que contribuye
además, y a bajo costo, con sus propios desarrollos biotecnológicos.
Nos invaden y ofrecemos al invasor las patentes de OGMs desarrollados
en laboratorios locales. Se repite así la perversidad de la
colonización megaminera, facilitada por los excelentes estudios
geológicos de investigadores argentinos. En este proceso las
universidades públicas y privadas no son precisamente inocentes, pues
generan investigación, desarrollo tecnológico y recursos humanos que
alimentan el modelo extractivo.

Lamentablemente los gobiernos de la Nación y de las provincias siguen
sin reaccionar ante la "megaminería agrícola" que vacía suelos de
nutrientes y hace aumentar las enfermedades y muertes. Mientras la
megaminería metálica crea zonas de sacrificio sobre centenares y miles
de hectáreas, la megaminería agrícola produce zonas de sacrificio
sobre millones de hectáreas de suelos. Todo parece indicar que la
codicia y la complicidad con el modelo agropecuario actual son más
fuertes que la sensibilidad y la razón. Aunque rija por ley el
Principio de Precaución –ello conforme al Artículo 4° de la Ley
Nacional de Ambiente 25675- por ahora sólo rige el Principio de la
Ganancia a Cualquier Costo. Ambiental y social.

Facilitando la invasión

Cuatro hechos nos ayudarán a comprender el sugestivo silencio de los
gobiernos de Argentina y sus funcionarios, y porqué Monsanto puede
invadir Malvinas Argentinas sin mayores obstáculos.

1. El modelo de agricultura industrial o de "cadenas cortas intensas"
que se generalizó en Argentina ha podido desarrollarse prácticamente
sin trabas sociales porque la mayor parte de las personas viven en
ciudades, donde no se perciben los desmontes, ni la expulsión de
campesinos y comunidades indígenas, ni el empobrecimiento de los
suelos. Las ciudades son además los lugares donde se produce la mayor
parte de los insumos del modelo extractivo, desde plaguicidas hasta
maquinaria agrícola [10].

Como era previsible, la ostensible afectación de la salud en barrios
periurbanos expuestos a la contaminación por plaguicidas logró que se
visibilizara uno de los aspectos más negativos de las "cadenas cortas
intensas". Ni gobiernos ni corporaciones pudieron seguir tapando el
sol con sus manos. Vivir cerca de cultivos de soja, algodón, maíz y
muchos otras especies, transgénicas y no transgénicas podía enfermar y
hasta producir la muerte a pequeñas dosis. Pero el aparato productivo
privado y sus fuertes socios del Estado, principalmente Secretarías de
Agricultura, siguieron ignorando mayoritariamente las evidencias
científicas y el Principio de Precaución.

Durante el juicio que se sigue en Córdoba contra dos productores y un
aeroaplicador, la Federación Agraria organizó un tractorazo para
apoyar a los acusados y protestar contra la acción judicial (7 de
julio de 2012). Uno de sus impulsores, visiblemente molesto, indicó
públicamente que ellos venían aplicando plaguicidas desde hace 30-40
años sin que murieran personas por esa causa. Fue una confesión
abierta. Reconoció que sólo pensaban en las dosis letales. Para ellos
–y para los ingenieros agrónomos que firman recetas sanitarias- las
enfermedades y las muertes por exposición a pequeñas dosis no existen.
Simplemente porque ninguno de ellos conoce los modos de acción de las
bajas dosis de cócteles químicos, ni sus efectos negativos sobre el
desarrollo embrionario, el sistema nervioso, el sistema hormonal, el
sistema inmune y demás sistemas del organismo humano [7]. Ya no es
solamente un problema de corporaciones y gobiernos, sino también de
productores mal informados, universidades y carreras de formación
profesional. Durante años los ingenieros agrónomos han dado
indicaciones para la aplicación de plaguicidas sin tener en cuenta los
residuos acumulados en campañas anteriores. Equivocadamente se operó
como si los suelos de las explotaciones agrícolas, químicamente
hablando, empezaran cada nuevo año en cero. Esto explica porqué al
hacerse recetas fitosanitarias se sigue omitiendo la acumulación
previa de clorados antiguos como DDT y recientes como endosulfán.

2. Cada plaguicida no es un principio activo solamente. Es una mezcla
de principio activo con inertes, coadyuvantes y otros agregados,
alguno de ellos tanto o más tóxico que el plaguicida principal. Es lo
que llamamos cóctel 1. Las mezclas de fábrica contenidas en envases
sin abrir también pueden sufrir cambios químicos, lo cual genera
nuevas sustancias químicas extremadamente peligrosas. En los envases
cerrados del plaguicida fosforado malathión se puede formar
isomalathión, una sustancia 7 veces más tóxica que el plaguicida
originalmente envasado. Es lo que llamamos cóctel 2. Los productores y
aplicadores no suelen usar plaguicidas en forma directa, sino que
efectúan mezclas y diluciones muy variables, generando así nuevos e
impredecibles productos. Es lo que llamamos cóctel 3. Finalmente,
cuando esta suma de cócteles –cóctel 1 más cóctel 2 más cóctel 3- es
descargada al ambiente, se generan nuevas sustancias, eventualmente
más tóxicas o más persistentes o ambas. Es el cóctel 4. Del cóctel a
base de glifosato deriva el AMPA y del cóctel a base de endosulfán
deriva el sulfato de endosulfán [7][16].

Todas estas sustancias –no solamente un producto activo- llegan a las
personas por numerosas rutas, entre ellas deriva, por partículas de
suelo contaminadas que transporta el viento, por el agua y por los
alimentos. ¿Cómo pueden los productores y los ingenieros agrónomos
evitar que pequeñas dosis de estos cócteles lleguen a las personas, y
sobre todo a los bebés y a los niños pequeños, que comparativamente a
los adultos, en relación con el peso, consumen más agua, más alimentos
y más aire, y tienen mayor superficie expuesta? No pueden.

Existe además ese agravante ya mencionado anteriormente que ni la
CONABIA ni el SENASA consideran. Los campos en que se practica la
agricultura conservan residuos de plaguicidas antiguos como el DDT y
el HCH, y recientes como el endosulfán, y toda nueva aplicación se
suma a ese "fondo histórico". Se genera así un peligroso cóctel 5.
Pero las personas expuestas, a su vez, son portadoras de plaguicidas
en sus tejidos graso y sanguíneo, con lo cual todo ingreso de
plaguicidas se "agrega" a los depósitos biológicos ya existentes. Es
el cóctel 6. Tanto la deriva desde los campos pulverizados como la
inhalación e ingesta de residuos de plaguicidas se suma a los que cada
persona almacena en sus tejidos, y que le llegaron durante años con
los alimentos, el aire o el agua contaminada, o que recibieron de sus
madres cuando eran embriones y fetos (transferencia transplacentaria)
y bebés (transferencia durante la lactancia). Dado que estas bajas
dosis de residuos pueden alterar el sistema hormonal, pues muchos
plaguicidas tienen actividad estrogénica, y afectar asimismo el
sistema inmune, con lo cual nos volvemos menos resistentes a
enfermedades virales y bacterianas, está claro que la dosis letal 50
con que se guían productores e ingenieros agrónomos resulta
inadecuada, y no protege la salud de personas expuestas.

3. El modelo de agricultura industrial para exportación no sólo
exporta granos y subproductos, sino también nutrientes. Los suelos,
desprovistos de su cobertura y de su biodiversidad natural –ambos
eliminados a fin de facilitar la siembra- carecen entonces de
mecanismos físicos y biológicos suficientes para regenerar los
nutrientes que extrae cada cosecha. El suelo acumula vacíos y se
empobrece. Los compradores extranjeros pagan el grano que compran,
pero no la pérdida de suelo, ni el agua que debió utilizarse para la
producción, ni la salud perdida de las personas expuestas, ni la menor
superficie con ambiente nativo que queda tras la expansión agrícola.

Para producir un kilogramo de porotos de soja, por ejemplo, la planta
utiliza entre 1.500 y 2.000 litros de agua. Graciela Cordone, del INTA
Castelar, sostiene que en un barco cargado con 40.000 toneladas de
soja se exportan 3.576 toneladas de nutrientes, casi el 10% del total.
Si la carga es de trigo, lleva 1.176 toneladas, y si se trata de maíz,
966 toneladas. Esa misma investigadora graficó la pérdida:
"Necesitaríamos 300 camiones para cargar los nutrientes que se
exportan en cada barco". Agregó que de cada tres unidades de
nutrientes perdidas "sólo se repone una". En Argentina sólo se
recupera mediante uso de abonos el 37% de los nutrientes que pierde el
suelo [11]. Seguir considerando que la siembra directa conserva mejor
el suelo es incorrecto, pues la erosión biológica –esto es la
extracción de nutrientes por una planta de cultivo- afecta no
solamente la estructura del suelo sino también la disponibilidad de
nutrientes. De este modo a la erosión eólica e hídrica que afecta
importantes superficies cultivadas en Argentina se agrega la erosión
biológica, cada vez más importante y extendida [10].

En cualquier país las fábricas naturales de suelo son los bosques,
matorrales y pastizales nativos con sus miles de especies vivas. La
agricultura se extiende sobre partes importantes de estos ecosistemas
naturales después que se elimina violentamente la biodiversidad
superficial mediante desmonte mecánico, fuego o sustancias químicas.
De allí que sólo se conserve el suelo. Lamentablemente, la agricultura
y muy especialmente la agricultura industrial, inclusive la practicada
con abonos, demanda más suelo y nutrientes de los que su empobrecido
sistema puede producir naturalmente. En este contexto los suelos más
ricos de la pradera pampeana pueden "resistir" mayor explotación que
los suelos del Chaco semiárido, y éstos –a su vez- bastante más que
los frágiles y pobres suelos rojos de la selva misionera.

Además del defasaje entre la exportación y la regeneración de
nutrientes principales (unos 12) también se registra en los suelos
cultivados una pérdida creciente de oligonutrientes. Si el
empobrecimiento de los suelos coincide con la ocurrencia de otros
disturbios, como sequía, inundaciones y erosión eólica, los efectos
combinados se vuelven cada vez más graves y definitivos. Los cultivos,
ya de por sí vulnerables a plagas, muestran que también son
vulnerables a su propia simplificación. Irónicamente, la destrucción
de bosques y otros ambientes nativos, terrestres y acuáticos, termina
siendo letal para la agricultura. En Argentina las futuras
generaciones heredarán no sólo suelos contaminados sino también suelos
pobres y desertificados.

Habida cuenta que parte de los nutrientes pueden reponerse con
fertilizantes ¿dónde los obtenemos? A los fosfatos, por ejemplo, hay
que comprarlos masivamente en el exterior. Uno de los mayores
proveedores mundiales es Marruecos, donde su gobierno colonizó
violentamente las tierras del pueblo Saharauí para explotar sin
obstáculos sus enormes reservas fosfáticas [12]. De este modo
Argentina comercia impunemente con un gobierno que sigue asesinando a
niños, adolescentes y adultos del Sahara Occidental.

Cada día se extraen en las minas ocupadas del pueblo Saharauí unas
200.000 toneladas de fosfatos, parte de los cuales son compradas por
nuestro país [12]. Pese al cruel origen de esos insumos, casi no hubo
voces de protesta cuando en febrero de 2011 se anunció la instalación
en Argentina de la Oficina Marroquí de Fosfatos (OCP). Peor aún, esta
compañía fue autorizada para crear, conjuntamente con su filial Maroc
Phosphore, la importadora OCP de Argentina. Exportamos soja y
subproductos para alimentar vacas y vehículos extranjeros, e
importamos fosfatos manchados de sangre. De este modo las grandes
plantaciones de soja y sus responsables no sólo provocan enfermedades
y muertes silenciosas en Argentina. Al comprar fosfatos también
contribuyen, indirectamente, a provocar muertes silenciosas en un país
tan distante y tan próximo como Marruecos.

4. Los cultivos transgénicos no solamente implican el saqueo a veces
irreversible del suelo, y la exportación de "agua virtual" y
nutrientes a otros países, sino también la dramática reducción de la
superficie cubierta con ambientes nativos. Solamente la soja TH cubre
más de 18 millones de hectáreas que en algún momento fueron
ecosistemas de alta biodiversidad. Se le deben sumar las superficies
ocupadas por maíz y algodón transgénicos, cada uno de ellos en sus
formas Bt, TH y Bt x TH, que totalizan más de 4,2 millones de
hectáreas antes ocupadas por ambientes nativos (Campaña 2010-2011)
[13].

Es imposible tener agua, regeneración de suelo y estabilidad ambiental
sin conservar superficies importantes de ambientes nativos, terrestres
y acuáticos. Lamentablemente los gobiernos y los pool de siembra no lo
entienden, o no les conviene entender. Prefieren que el país termine
reventándoles en las manos a las futuras generaciones antes que
reducir sus ganancias. Un bosque no tiene solamente árboles, hongos,
reptiles, aves y mamíferos, sino un complejo entramado de seres vivos.
En un metro cuadrado de suelo y hasta los 30 centímetros de
profundidad pueden vivir unos 1.500 millones de protozoarios
(microorganismos), 120 millones de nematodos (gusanos), 440.000
colémbolos (insectos), 400.000 ácaros, 2.900 ciempiés y milpiés, 500
hormigas, y muchas poblaciones de otros organismos [17]. Cuando pasa
la topadora o el fuego para plantar soja, desaparece la biodiversidad
superficial. Ese ambiente "decapitado" deja de fabricar suelo y tiene
muy baja capacidad para retener agua. La formación de 1 centímetro de
suelo en condiciones naturales demanda de cientos a miles de años,
mientras que su destrucción puede lograrse en apenas unos años o
décadas. Sobre calizas duras y clima templado-frío un centímetro de
suelo tarda 5.000 años en formarse. En selvas tropicales lluviosas la
formación de 1 centímetro de suelo rojo (oxisol) puede demandar de 1 a
2 millones de años [18]. ¿Alcanzamos a comprender que los ecosistemas
agrícolas casi no tienen biodiversidad? ¿Y que el silencio atroz y
prácticamente sin vida animal de un campo cultivado con soja anticipa
silencios más dramáticos, si no aprendemos a balancear producción
agropecuaria con conservación de ambientes naturales?

La estabilidad social y ambiental de un país depende primariamente de
que la superficie dedicada a producción agropecuaria y sistemas
urbanos, y la superficie ocupada por ambientes nativos, ocupen cada
una el 50% de la superficie total aproximadamente. De este modo es
mayor la resistencia ambiental a crisis ambientales de todo tipo,
desde sequías a períodos extremadamente lluviosos, fuegos e ingreso de
plagas. Si por el contrario la superficie dedicada a producción crece
desmesuradamente, y solo van quedando Parques Nacionales y otras áreas
naturales protegidas, la vulnerabilidad se vuelve crítica. Es lo que
está sucediendo en Argentina. Pero baja también su resistencia social.
Al haber menos diversidad de cultivos y una desmesurada dependencia de
los países compradores de soja, cada vez que alguno de ellos impone
barreras o suspende las importaciones nuestro sistema económico entra
en pánico. En lugar de ser un país inteligente con una buena
diversidad de cultivos, y un adecuado balance entre superficie
dedicada a producción y ambiente nativo (lo cual supone, es cierto,
menos ganancias) optamos por el país-monocultivo y la dependencia
enfermiza de los compradores externos de granos. Esta combinación
entre codicia, falta de planificación agrícola e imprudencia comercial
puede costarnos muy caro en un planeta cada vez más volátil e
inestable, sometido además al cambio climático global.

En una provincia como Córdoba, que tenía 12 millones de hectáreas de
ambiente boscoso, queda menos del 5% de bosque cerrado. Si recordamos
que Córdoba es una de las provincias con peor gestión ambiental de
Argentina (y la primera con mayor superficie dedicada a soja
transgénica) [14][15], y que para el período 1998-2002 tuvo la tasa de
desmonte más alta del país (-2,93%, una cifra que contrasta con la
media mundial para un período comparable, -0,23%), se entiende cómo
llegamos al actual estado de crisis. Las cuencas hídricas colapsan,
pero las exportaciones de soja aumentan. Nuevamente las ciudades,
alejadas de los lugares donde se fabrican las crisis, parecen no
advertir lo que sucede. Pero los cortes en los suministros de agua
durante 2011 y 2012 encendieron una luz roja que todavía sigue
encendida.

Sin embargo ¿Quién habla en nombre de aquellos que perdieron y
perderán su salud y su vida por bajas dosis de plaguicidas? ¿Quién
habla en nombre de los campesinos expulsados de las tierras donde
convivían con el bosque, ahora dedicadas a la agricultura industrial
que practican terratenientes ilegales? ¿Quién habla en nombre de la
diversidad productiva, reducida irracionalmente por los monocultivos
de soja, algodón, maíz o arroz? ¿Quién habla en nombre de los
ambientes nativos que ya no producen suelo, ni agua, ni estabilidad
ambiental? ¿Quién habla en nombre de un país y de provincias
destrozadas ambientalmente por malas gestiones de gobierno y por
poderosos intereses corporativos? ¿Quién asume la responsabilidad por
la deprimida resistencia ambiental de Argentina, la más baja de toda
su historia?

La respuesta es el silencio. En Argentina ha triunfado hasta ahora el
modelo de los agronegocios, no la agroecología sustentable. Aunque
podría haberse equilibrado la superficie dedicada a producción con la
ocupada por ambiente nativo, gobiernos, corporaciones y hasta sectores
universitarios siguen privilegiando la destrucción, el uso de
biotecnología y la codicia simplificadora. En lugar de Manejo
Integrado de Plagas (MIP) continúa optándose por el envenenamiento
masivo de organismos vivos, que expone colateralmente a cientos de
miles de personas a bajas dosis de plaguicidas. Durante 2009, por
ejemplo, se dispersaron en todo el país unos 292 millones de litros de
plaguicidas. En este contexto las incorrectas autorizaciones de
plaguicidas por el SENASA, la mediocre aprobación de organismos
genéticamente modificados desde la CONABIA y la ausencia de controles
estatales delatan la inadmisible complicidad del Estado con el modelo
de los agronegocios.

Monsanto en Argentina: de 5 a 8 plantas.

Todo lo analizado con anterioridad es un prólogo indispensable para
entender las nuevas invasiones de Monsanto en Argentina. Resulta
ingenuo asumir que una planta procesadora de semillas es solamente una
industria. También es un acelerador indirecto de los procesos de
monocultivo, contaminación y desmonte, y sobre todo, un factor de
consolidación del modelo básicamente depredador instalado en nuestro
país.

En Nueva York, durante la reunión mantenida entre la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner con directivos de Monsanto, éstos le
comunicaron su plan de inversiones en Argentina por 1.670 millones de
pesos. El plan contempla la construcción de una planta para la
producción de semillas de maíz en Malvinas Argentinas (Córdoba), dos
estaciones experimentales y 170 millones de pesos para investigación y
desarrollo en maíz y soja. Las estaciones experimentales se
localizarían una en Tucumán y la otra en Córdoba [1][2].

Malvinas Argentinas es una localidad del Departamento Colón ubicada 14
kilómetros al noreste de la ciudad de Córdoba y a 10 kilómetros de
barrio Ituzaingó Anexo. Según el Censo de 2010 tiene 12.484 habitantes
pero la población continúa creciendo. Al igual de otras ciudades
rurales, sus bordes reciben los plaguicidas aplicados en campos
colindantes cultivados con soja.

Afortunadamente la noticia sobre la posible radicación de Monsanto en
Malvinas Argentinas coincidió con el fuerte debate social sobre los
efectos de las bajas dosis de plaguicidas en la salud humana y el
ambiente.

Además del juicio que se registra en Córdoba contra tres personas por
aplicación ilegal de plaguicidas (2012), se reactivó en la justicia
provincial la causa madre por contaminación en barrio Ituzaingó Anexo
iniciada por FUNAM en 2002 [20]. Esta causa –en la cual están
imputadas las mismas personas que hoy enfrentan el juicio, y donde
seguramente se investigará a funcionarios públicos- analiza la
asociación entre aplicación de plaguicidas y daños a la salud. Los
querellantes de la causa madre son FUNAM además de 30 Madres y vecinos
de barrio Ituzaingó Anexo [19].

Estas acciones, históricas, se suman al emblemático juicio finalizado
en Paraguay hace siete años (2005), donde su Corte Suprema de Justicia
dejó firme la condena de dos años de prisión impuesta a varios
productores sojeros que produjeron la muerte de un niño (Silvino
Talavera), y la intoxicación de su familia, tras aplicar glifosato en
dos oportunidades (2003) [22].

Una planta para el acondicionamiento de semillas -como la planificada
por Monsanto para Malvinas Argentinas- no puede disociarse de los
campos que las sembrarían, ni del uso asociado de plaguicidas y sus
efectos. Siendo Monsanto una de las empresas líderes en el
mantenimiento del modelo extractivo, es inevitable predecir que una
mayor presencia de la corporación agravaría regionalmente los efectos
indeseados, esto es, expansión de la superficie cultivada, destrucción
de ambientes nativos y sobre todo, más enfermedades y muertes por
exposición a bajas dosis de plaguicidas.

El actual modelo agrícola extractivo que se practica en Argentina
debería ser asumido como una variante muy extendida y superficial de
la megaminería. En los cultivos no se extraen metales valiosos, sino
nutrientes que luego se exportan como granos. Agricultura y
megaminería tienen en común, además, el consumo de agua, mayor en la
agricultura industrial, y la generación de pasivos ambientales.
Mientras que la megaminería abandona colas de mineral y depósitos de
estériles, la agricultura industrial deja acumulaciones diseminadas de
plaguicidas que persisten por años y décadas.

La planta de Malvinas Argentinas, cuya puesta en funcionamiento se
prevé para el año 2013, trataría y acondicionaría semillas de maíz
hasta lograr una capacidad máxima de producción de 3,5 millones de
hectáreas. Argentina tendría las dos plantas más grandes del mundo
para el acondicionamiento de semillas, lo cual fortalecería el ya
descontrolado modelo extractivo. Continuamente se registran en Córdoba
operaciones de desmonte ilegal para seguir ampliando el área
cultivable. Es previsible por lo tanto que las actividades de Monsanto
no sólo induzcan la expansión de fronteras agrícolas, sino también
procesos de uso más intensivo de los suelos.

La planta que Monsanto pretende instalar en Malvinas Argentinas no se
dedicaría a la producción de plaguicidas. Pero incentivaría
indirectamente su uso a nivel provincial. Al establecerse en Córdoba
–y ampliar sus actividades en Argentina- consolidaría aún más la
agricultura industrial para exportación. El dilema queda planteado.
Los 400 puestos de trabajo previstos por Monsanto para la planta
representan indudablemente un atractivo en zonas con desempleo
crónico. Pero las actividades de la acondicionadora de semillas
también tendrían efectos indeseados, como la consolidación del modelo
extractivo, con su secuela de morbilidad y mortalidad, y la pérdida de
puestos de trabajo en actividades incompatibles con los cultivos
transgénicos.

Existen además obstáculos legales y administrativos muy importantes.
Es inaceptable que una empresa como Monsanto anuncie sus inversiones
desde Nueva York, y que anticipe además fechas de puesta en
funcionamiento como si no hubiera Estado regulador en Argentina.
También es inaceptable que la propia presidencia de la Nación permita
ese juego colonial. Monsanto, como cualquier otra empresa, no debe
decidir por sí misma lo que hará o no en un país que se supone
soberano. Por el contrario, debe hacer la propuesta formal, iniciar el
proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en Córdoba y someter su
proyecto a debate en Audiencia Pública. La Ley del Ambiente 7343 de la
provincia de Córdoba, su decreto reglamentario 2131 sobre Evaluación
de Impacto Ambiental y la Ley Nacional de Ambiente 25675 son de
cumplimiento obligatorio e ineludible.

Las localizaciones no se deciden en Nueva York o Saint Louis, Estados
Unidos, sino en Malvinas Argentinas, en Córdoba, con la participación
de todos sus pobladores. Ningún funcionario público, por alto que sea
su rango, puede asegurarle a Monsanto que se instalará. Como cualquier
empresa pública o privada debe presentar formalmente su propuesta en
Argentina, y someterse a la ley. Lo sucedido fuera del país volvió a
mostrar el escaso respeto de muchos funcionarios públicos de Argentina
y de la propia Monsanto por los procesos administrativos y por la
opinión de personas que pudieran verse afectadas. No olvidemos además
que esa empresa tiene pésimos antecedentes industriales. Como ya lo
dijimos antes, participó del proceso de fabricación de las primeras
bombas atómicas, produjo armas químicas que se usaron en Vietnam y
violó normas de todo tipo en muchos países, todo ello en nombre de sus
ganancias. De allí que Natural Society, una reconocida organización no
gubernamental de Estados Unidos, declarara a Monsanto "la peor empresa
del año 2011" tras considerar que amenazaba "la salud humana y el
ambiente" [25].

Muchos pobladores de Malvinas Argentinas conocieron la posible
radicación de la planta dedicada al acondicionamiento de semillas por
los medios y no están dispuestos a que la propia Municipalidad, la
provincia o la nación cercene sus derechos. Los debates ya empezaron,
sobre todo en los colegios [21]. Apuntan críticamente al intendente y
al gobierno de la provincia, pues sospechan que ya se habrían otorgado
autorizaciones.

Cabría preguntarse ¿Por qué Córdoba? La decisión no es casual. Hay
cuatro motivos visibles.

1) Tiene a nivel nacional la mayor superficie cultivada con soja
transgénica y pese a que sólo conserva menos del 5% de bosque nativo,
su superficie cultivada sigue creciendo.

2) Desde 1996 los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales vienen
apoyando esta redituable simplificación de la biodiversidad productiva
para acrecentar la exportación.

3) Las universidades públicas y privadas producen cada vez más
especialistas en ingeniería genética, y

4) Sectores importantes de la sociedad están convencidos
–equivocadamente- que este modelo de producción es económicamente
sustentable. Aunque Monsanto no lo explicite, estar cerca de los
grandes consumidores de semillas transgénicas le permitirá fiscalizar
y reducir el creciente uso irregular de "sus" semillas patentadas.

También existen cuatro motivos invisibles;

1) Argentina ejecuta una pésima política ambiental, más basada en la
declamación que en los controles, lo cual tranquiliza a empresas como
Monsanto

2) Los gobiernos locales y buena parte de la sociedad no advierten la
fuerte degradación de los suelos productivos.

3) Las consecuencias sanitarias permanecen tan poco visibles como los
efectos ambientales, y

4) Estado y Monsanto favorecen el mismo tipo de modelo productivo.

Esto es, un modelo extractivo basado en cientos de sustancias tóxicas,
falta de controles estatales y ausencia de estudios epidemiológicos.
Un modelo que genera cuantiosas ganancias públicas y privadas en el
corto plazo. Un modelo que nos hace más dependientes y vulnerables a
los compradores externos. Un modelo que le roba salud y estabilidad
ambiental a las actuales y futuras generaciones. Un modelo que
diariamente y en silencio aumenta la contaminación química de
embriones, fetos, mujeres embarazadas, bebés, niños, adolescentes y
adultos. Un modelo que en el nombre del progreso (de unos pocos)
termina haciendo sufrir indeciblemente (a la mayoría). Un modelo donde
por cada tonelada de soja exportada se invierte localmente en una
tonelada de sufrimiento silencioso. Pero los sufrimientos silenciosos
terminan por romperse. Y cuando el silencio social se rompe nada
vuelve a ser igual.

Prof. Dr. Raúl A. Montenegro, Biólogo - Presidente de FUNAM, Profesor
Titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba y
Premio Nóbel Alternativo 2004 (RLA-Estocolmo, Suecia).

Referencias:

[1] Pérez García, S. & H. Medina. 2008. "Informe de investigación
sobre las operaciones de Monsanto en Argentina". Observatorio de las
Empresas Transnacionales de FOCO, Reporte n° 5, 12 p.

[2] Nuestro Agro. 2012. "Monsanto invertirá 1.600 millones en su nueva
planta de maíz en Córdoba". Editorial Nuestro Agro, Argentina, 18 de
junio de 2012, 2 p. Ver la página Web:
http://www.nuestroagro.com.ar/newsDetails.aspx?id=259

[3] El Liberal. 2012. "Monsanto anunció inversiones por más de 1.670
millones en la Argentina". Diario El Liberal, Santiago del Estero, 16
de junio de 2012, 1 p.

[4] Robin, M. 2008. "Le monde selon Monsanto, de la dioxine aux OGM,
une multinationale qui vous veut du bien". Ed. Decouverte & Arte
Editions, Paris.

[5] Santamarta, J. 2004. "Los transgénicos en el mundo". World Watch,
España, 5 p.

[6] Aranda, D. 2011. "15 años de soja: la prueba del delito". La Vaca,
Buenos Aires, 11 p.

[7] Montenegro, R.A. 2006. "Informe sobre los efectos de los
plaguicidas en la salud humana y el ambiente. Necesidad de prohibir el
uso de plaguicidas agropecuarios en áreas urbanas y periurbanas". Ed.
FUNAM y Cátedra de Biología Evolutiva Humana, Córdoba, 58 p.

[8] Aizen, M.A.; L.A. Garibaldi & M. Dondo. 2009. "Expansión de la
soja y diversidad de la agricultura argentina". Ecología Austral, Vol.
19, pp. 45-54.

[9] WATT. 2011. "Soja argentina se destina a producir biodiesel". WATT
Ag Net, Estados Unidos, 29 de abril de 2011, 1 p.

[10] Montenegro, R.A. 1999. "Introducción a la ecología urbana". Ed.
CEVEqU-GADU, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, 190 p.

[11] Cordone, G. "La Argentina solo repone el 37% de los nutrientes
del suelo". AIM Digital, Buenos Aires, 6 de julio de 2012, 4 p.

[12] Contra Punto. 2011. "El campo y el gobierno argentino unidos:
ambos sectores son cómplices del saqueo en el Sahara". Contra Punto,
Argentina, 8 de febrero de 2011, 4 p.

[13] Argen Bio, 2011. "Argentina: evolución de la superficie cultivada
con OGM en miles de hectáreas". ArgenBio, 2011, 1 p.

[14] Rollán, A. 2008. "La soja en Córdoba superaría los cinco millones
de hectáreas". Diario La Voz del Interior, Córdoba, 29 de noviembre de
2008, p. A 8.

[15] Econ Link. 2009. "Datos de la producción de soja en Argentina:
provincias". Econlink, 1 p. Ver la página Web:
http://www.econlink.com.ar

[16] Montenegro, R.A. 2004. "Latin American experiences in community
based assessments. Joint works with Ituzaingo Anexo neighbors in
Cordoba". Proceedings, 3rd. International Conference on Childrens
Health and the Environment. London School of Hygiene and Tropical
Medicine, University of London (Gran Bretaña), p. 31.

[17] Citado por Primavesi, A. 1984. "Manejo ecologico do solo". Nobel
Ed., Sao Paulo, Brazil, p. 142. Ver Cuadro 5.1, en base a trabajos de
Dunger (1964) y Kevan (1965).

[18] Según J.J. Ibáñez, del Centro de Investigaciones sobre
Desertificación (CSIC) de la Universidad de Valencia (España).

[19] En la causa madre y en la "tercer causa", esta última por loteo
ilegal sobre suelos potencialmente contaminados con plaguicidas y
demás sustancias tóxicas, el abogado patrocinante de FUNAM y de las
Madres (y vecinos) es el Dr. Carlos Nayi. La causa madre y la "tercera
causa" están radicadas en la Fiscalía del Dr. Carlos Matheu.

[20] En el juicio o "segunda causa" se juzga la aplicación ilegal de
plaguicidas. FUNAM participó del debate y elaboración de la Ordenanza
10590/2003 que prohibió la aplicación de plaguicidas en barrio
Ituzaingó Anexo, y logró –tras presentar un informe técnico a la
legislatura de Córdoba- que ésta incluyera en la Ley de Agroquímicos
9164/2004 una franja periurbana de 500 metros vedada para la
aplicación terrestre de plaguicidas de las Clases Toxicológicas Ia, Ib
y II; de 1500 metros para la aplicación aérea de plaguicidas de la
Clases Ia, Ib y II, y de 500 metros para la aplicación aérea de
plaguicidas de las Clases III y IV. FUNAM solicitaba prohibición total
de aplicación terrestre y aérea para una franja de 2500 metros. En
ambos casos las propuestas técnicas de FUNAM fueron apoyadas por las
Madres de barrio Ituzaingó Anexo. La violación de la ordenanza
municipal 10590, de la ley provincial 9164 y de la ley nacional 24051
sobre residuos peligrosos son claves para el juicio que se sustancia
en Tribunales II.

[21] FUNAM está acompañando la resistencia pacífica de grupos de
vecinos, vecinas y estudiantes de Malvinas Argentinas que se oponen al
proyecto, y que exigen el cumplimiento a rajatabla de las leyes
vigentes.

[22] Ciciolli, R. 2007. "Se hizo justicia para Silvino Talavera. Dos
años de cárcel para sojeros que envenenaron a niño campesino". UITA,
Secretaría Regional Latinoamericana, 7 de julio de 2005, 2 p. Ver la
página Web: http://www.rel-uita.org/agricultura/agrotoxicos/dos-anios-de-carcel.htm

[23] Mathews, K. 2012. "Research firm blames Monsanto for bee deaths
so Monsanto buys it". Occupy Monsanto, USA, 30 April 2012, 2 p.

[24] Huff, E.A. 2012. "Poland beekeepers kick Monsanto out of the
hive, successfully ban bee-killing GM corn". Natural News, USA, May
29, 2012, 2 p.

[25] Gucciardi, A. & M. Barrett. 2011. "Monsanto declared worst
company of 2011". Natural Society, USA, December 5, 2011, 3 p.

[26] CONABIA es la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología
Agropecuaria que funciona en el ámbito del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación. Se creó por Resolución 124/1991.

[27] SENASA es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación. Se creó por Ley Nacional n° 23899/1990.

[28] El AMPA (ácido aminometilfosfónico) es un derivado químico del
herbicida glifosato.