No puede considerarse meramente casual que los principales escándalos
de supuesta corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),
estén vinculados a la ejecución de proyectos que tengan que ver con el
incremento del consumo interno de gas y la industrialización del mismo.
Cualquier acción de YPFB que tenga que
ver con el tendido de ductos de transporte de
gas dentro del país para incrementar el consumo interno de ese energético en
industrias, vehículos y domicilios, así como la recuperación de los licuables (moléculas
de etano, propano, butano y pentanos) que siguen yéndose virtualmente gratis a
Brasil y Argentina junto al gas metano, afecta
intereses multimillonarios de las petroleras
transnacionales que succionan a ritmos cada vez mayores esa riqueza no
renovable. Pero precisemos en cifras esas afectaciones multimillonarias. El gas
exportado a Brasil o Argentina representa un precio promedio de 11 dólares el
millón de BTU. Consiguientemente, de acuerdo a los
contratos “de operación” firmados por el
gobierno de Evo Morales con las transnacionales en octubre de 2006, las
petroleras recibirán su participación en función a ese precio, es decir, unos 3 a 5 dólares por millón de BTU
aparte de los “costos recuperables” que YPFB les devuelve. La variación se
explica por el tamaño del campo en explotación (un beneficio mayor reciben
Petrobras y Repsol, que operan
los megacampos San Alberto, San Antonio, Itaú y
Margarita, respecto de las que operan campos menores). Si ese mismo gas es
destinado al mercado interno, que paga 1,5 dólares por millón de BTU, el beneficio
para las transnacionales se reduce en
esa misma proporción (unas ocho veces menos).
Consiguientemente, las más interesadas en que al interior de Bolivia no se
aliente el consumo de gas son ellas. YPFB tiene la obligación de contrarrestar
las acciones de ellas en resguardo de los intereses de todos los bolivianos,
como los consumidores domiciliarios de gas, los comercios, restaurantes,
industrias y transporte público.
En resumen, la exportación de gas genera unos
beneficios del orden de los 1.800 millones de dólares anuales a favor de las
petroleras. Si todo el gas se consumiera dentro del país, el beneficio se
reduciría a unos 250 millones de dólares.
Con los licuables la afectación también es
multimillonaria. Argentina importa gas rico en licuables desde hace treinta
años o más. Si bien los volúmenes de exportación eran “menores” (un promedio de
4 millones de metros cúbicos diarios MMCD), desde 2005 se pasó a enviar una
media de 7 MMCD y, luego del contrato suscrito en 2006, el compromiso es llegar
a los 27 MMCD, sólo tres MMCD menos que el contrato GSA con el que se exporta
gas a Brasil.
Al ritmo de exportación actual de gas a
Argentina, el valor de los licuables que van gratis a ese país llega a los 300
millones de dólares anuales. Cuando se llegue a los 27 MMCD ese valor ascenderá
a 1.000 millones de dólares anuales. Por ello es indispensable, estratégica, la
culminación de la
Planta Separadora del Gran Chaco,
que, con una inversión de 603 millones de
dólares, permitirá a los bolivianos quedarse con esos licuables, que son,
básicamente, GLP, gasolinas naturales y el valioso etano, que es materia prima
básica para la producción de etilenos y polietilenos.
Con Brasil la historia es similar. Desde 1999 se
envía gas rico en licuables a título gratuito que se van con los casi 30 MMCD
que se exportan a ese país, que ha montado poderosas industrias petroquímicas que
lo aprovechan a costo cero lo que en el mercado internacional vale 1.100
millones de dólares anuales. El asunto quedó parcialmente
compensado cuando en diciembre de 2009, luego de
10 meses del escándalo Catler-Uniservice (enero/febrero de 2009), YPFB firma
una adenda al contrato GSA que le permite cobrar un precio adicional por el gas
rico, que equivale a sólo 100
a 180 millones de dólares anuales, dependiendo del valor
calórico promedio del gas exportado. Brasil, luego de la adenda, se queda con
el 80% de los licuables,
hecho que le permitió anunciar de inmediato la
inversión de 4.700 millones de dólares en dos petroquímicas que procesarán esa
energía en Tres Lagoas y Uberaba.
El escándalo Catler - Uniservice derivó en la
suspensión de la construcción de la separadora de líquidos de Río Grande. El de
Gerson Rojas apuntaba a lo mismo, pero ahora también a la del Gran Chaco. Varios
sectores de la extrema derecha, vinculada a quienes el 2008 pidieron el
protectorado de Brasil, ahora exigen que las
irregularidades que se habrían cometido en la
contratación de las empresas que las construyen deriven en la inmediata
paralización de las obras.
Bolivia e YPFB no pueden ni deben caer en ese
juego. Las investigaciones por presuntas irregularidades, afecten a quienes afecten,
no deben, por razones de Estado, afectar la conclusión de las plantas y su
plena operación. Por ello, resulta atinada la inmediata reacción del actual
presidente de YPFB, quien aclaró que las obras
continuarán. Si esa misma lógica hubiera
prevalecido cuando estalló el lío de Catler-Uniservice el 2009, que catapultó a
Carlos Villegas a la presidencia de YPFB, Bolivia ya hubiese contado con una
petroquímica y ya no estaría importando GLP y gasolinas.
Caiga quien caiga sí, pero no las Plantas
Separadoras ni la industrialización. Vale la oportunidad para hacer prevalecer nuevamente
la garantía constitucional de presunción de inocencia, muy olvidada ahora
cuando se trata de castigar a los opositores o, como el
caso de Santos Ramírez, a rivales políticos,
como éste mismo ha dejado entender, hechos que, contrariamente, han debilitado
al propio gobierno cuando debe enfrentar estas crisis. A propósito: ¿Por qué no
se investigan a fondo el asesinato de Jorge OConnor y el triple accidente de
Gerson Rojas, que casi le cuesta la vida? ¿Por qué esos hechos derivaron,
extrañamente, en investigaciones a las Plantas
Separadoras de Líquidos? La punta del ovillo
parece estar ahí, antes que en las presuntas coimas.