La Izquierda Nacional (IN) Boliviana nació y se desarrolló polemizando. Sus planteamientos fundamentales: La unidad de América Latina, la integridad de Bolivia, la defensa de los recursos humanos y naturales, de la soberanía y dignidad nacionales, la construcción del movimiento patriótico aglutinador de pueblos y clases sociales oprimidos por el imperialismo y la articulación entre  nacionalismo defensivo y socialismo latinoamericano conforman la base ideológica con la que actuó en la política boliviana de las últimas décadas.

 

De los conceptos mencionados, los que se influyen y condicionan mutuamente, la defensa de los recursos humanos y la explotación racional e industrialización de los recursos naturales son los que están presentes en la mayoría de sus controversias.  Estos puntos son los que enfrentan de manera radical a la IN con el imperialismo y sus voceros internos, así como con organizaciones políticas y sociales que los respaldan.

 

La IN lidió también con corrientes ideológicas que, pese a declararse antiimperialistas, al no defender a la nación oprimida, descontextualizaron el uso de la vía armada, pretendieron disgregar a Bolivia con posiciones ultra indigenistas o consideraron que la “ayuda” de la social democracia europea era el camino para potenciar al país.

 

Para la IN, la defensa de los recursos humanos, de los recursos naturales y la industrialización constituyen una trilogía inseparable. El desprecio foráneo por el hombre boliviano incluye su supuesta incapacidad para manejar sus recursos naturales. Las conflagraciones en las que intervino Bolivia con sus vecinos tienen nombre de recursos naturales. Con Chile, la guerra del guano y del salitre; con  Brasil, la del caucho; con Paraguay, la del petróleo.

 

Las más destacadas figuras de nuestra historia están identificadas con la defensa de los recursos humanos y naturales. Así lo demuestran las gestas de Manuel Isidoro Belzu, Agustín Morales, Germán Busch y Gualberto Villarroel. En el período de ascenso de la Revolución Nacional, se impulsa la defensa de los recursos humanos (la reforma agraria y el voto universal) y la defensa de los recursos naturales (nacionalización de las minas). Su declinación coincide con la privatización del gas y del petróleo (Código Davenport), la ingerencia decisiva del FMI en la economía (plan de estabilización monetaria y la transferencia del control de COMIBOL al poder foráneo, a través del Plan Triangular).

 

La problemática de los recursos naturales es similar en los países de América Latina. Después de las guerras de la independencia frente a España, compañías inglesas y estadounidenses nos “especializaron” en la exportación de una materia prima. Argentina de carne, Bolivia de estaño, Chile de cobre o Perú de azúcar. A partir de esta realidad, nuestra historia se fue tornando más compleja, pero sin abandonar su rasgo esencial: La incapacidad para defender sus economías de manera coordinada, como lo hicieron las 13 colonias inglesas que, en 1776, fundaron los Estados UNIDOS de Norte América.

 

LA IN EN LA NACIONALIZACION DE LA GULF

 

Los planteamientos citados explican el por qué el nacimiento de la IN boliviana y la rápida importancia que adquiere en la vida nacional coincide con su defensa de la Nacionalización de la Gulf, del 17 de octubre de 1970. En meses previos,  su mentor ideológico, Adolfo Perelman (ver el “Prólogo a la Obra Completa de Sergio Almaraz”), había reunido a un grupo de personas, en torno a las ideas de Jorge Abelardo Ramos, Carlos Montenegro, Augusto Céspedes y Sergio Almaraz Paz, para participar en la confrontación que existía en las FFAA, entre el general René Barrientos Ortuño, portavoz de los intereses de la Gulf y del Pentágono, y el general Alfredo Ovando Candia, quien ya, en su interinato presidencial de enero a agosto de 1966, suscribió un audaz convenio con Alemania Federal, para instalar hornos de fundición de estaño, industria estratégica que el MNR no se había atrevido a impulsar.

 

Bajo el nombre de “Centro de Integración Revolucionaria “Sergio Almaraz Paz” (CIRSAP), primero, y Grupo Revolucionario “Octubre”, (GRO) después, la IN difundió sus ideas mediante el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz (STPLP), cuya secretaría ejecutiva fue ocupada por Andrés Soliz Rada, a partir del 12 de abril de 1969 (Miguel Pinto Parabá: “1970: Cuando los periodistas se enfrentaron al poder”. Editorial Malatesta,  Primera edición, marzo de 2005)

 

El STPLP, con las ideas del GRO, defendió la nacionalización de la Gulf, en respuesta a los voceros del imperialismo y la izquierda miope, incapaz de valorar la importancia de la trascendental medida. Sus denuncias alcanzaron  al máximo dirigente de la COB, Juan Lechín Oquendo, quien, además de alinear al ente sindical a la ORIT, de EEUU, conspiró contra Ovando junto al MNR de Paz Estensoro, sometido a Washington, para restaurar el control imperialista.

 

Guillermo Lora, líder del Partido Obrero Revolucionario (POR),  pensaba que en ese momento la clase obrera debía tomar el poder, a través de una Asamblea Popular, reunida durante el gobierno de Torres y justificada por el sociólogo René Zavaleta Mercado, en la que, paradójicamente,  el MNR era el partido hegemónico. En tanto el Partido Comunista, línea Moscú, asumía posiciones contradictorias entre el lechinismo y la nacionalización, el PC – pro chino,  de Oscar Zamora Medinacelli, asaltaba moteles en la urbe paceña invocando la defensa de la moral ciudadana, lo cual era apenas un pretexto para desestabilizar a Ovando.

 

La mayor provocación, sin embargo, provino del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el que, dos años después de la muerte de Ernesto Guevara, abrió un suicida foco guerrillero en Teoponte (norte de La Paz), el que sólo podía culminar con el debilitamiento del gobierno y su reemplazo por un militar leal al Pentágono. Así ascendió al poder, el 21 de agosto de 1971, el general Hugo Bánzer Suárez, con el respaldo del MNR de Paz Estensoro y la derechista Falange Socialista Boliviana (FSB).

 

En forma previa, Soliz Rada fue encarcelado durante 45 días, por haber denunciado en el Semanario “Prensa”, editado por el STPLP, del que era director, a los jefes militares que complotaban contra el proceso nacionalista y que finalmente consiguieron revertirlo. Su libertad se debió a una acción comando de jóvenes militares, que defendían también la nacionalización del petróleo. El hecho ocurrió, el 7 de junio de 1970.

                                                                                                          

EL EXILIO  Y LA VENTA DE GAS AL BRASIL

 

La dictadura de Bánzer hizo que la mayoría de los dirigentes de Izquierda se asilara en el Chile de Allende, donde fundó el Frente Revolucionario Antiimperialista (FRA). El general Torres, derrocado con la cooperación miope de esos dirigentes, en lugar de que su naciente organización política, Alianza de Liberación de la Izquierda Nacional (ALIN), se diferenciara de ellos, ingresó al FRA como fuerza subalterna, con lo que perdió su perfil ideológico y desató una enorme confusión en las corrientes anti banzeristas.

 

Por su parte, Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien jugó papel relevante en la nacionalización de la Gulf, prefirió, durante el gobierno de Torres, tomar distancias del general patriota (¿fue correcta esa posición?) y fundar el Partido Socialista uno (PS-1), para luego integrar el FRA. De esta manera, el GRO quedó como la única corriente opuesta al banzerismo que articuló la defensa del proceso Ovando – Torres,  de la nacionalización del petróleo y del socialismo latinoamericano. De esos años, data el trabajo “El Papel del POR en el Colgamiento de Villarroel”,  en el que se demuestra que la des ubicación de Lora frente a Villarroel, se prolongó durante la Revolución del 52 y la nacionalización de la Gulf.

 

El régimen de Banzer (1972-1978) concretó la venta de gas al Brasil, en el marco de los intereses del gigante sudamericano, que aprovechó la ausencia de una estrategia coherente de Bolivia. La propaganda oficial presentó a quienes nos oponíamos a esa medida como a inadaptados que se negaban a que el país se beneficiara con el ingreso de recursos, para enfrentar la pobreza y el atraso crónico. Los medios de  comunicación silenciaron los argumentos de la IN sobre el tema, cuya síntesis es la siguiente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Primero.- El país debía conocer de manera previa el volumen de sus reservas probadas, probables y posibles. Esta tarea debía ser cumplida por YPFB y sus propios técnicos. La realidad demostró que las compañías  “especializadas” en certificar reservas manipulan las cifras de acuerdo a intereses de los consorcios. Así ocurrió en el lapso en que el país se movilizaba para nacionalizar los hidrocarburos, enajenados por Sánchez de Lozada.  De esta manera, la compañía norteamericana De Golyer McNaughton, que había certificado las reservas de gas en 54.9 TCF  en el año 2002, las redujo a 48.7 en el 2005, cifra que sólo quedó en 13.2, inmediatamente después de la nacionalización de Evo (Ministerio de Hidrocarburos: “La Nacionalización del Siglo XXI. Ediciones “Multimac SRL. La Paz – Bolivia, Página 174)

 

Segundo.- En función de las reservas, ejecutar una estrategia nacional de desarrollo, que abarque los próximos 40 años. Esta estrategia fue elaborada por                                                                                           el gobierno  de Ovando.

 

Tercero.- Priorizar la exportación de termoelectricidad a los países vecinos, incluido  Chile, los que son excelentes mercados para esta materia prima.

 

Cuarto.- No exportar gas húmedo, del que son extraídos los líquidos que debían servir para la petroquímica nacional. El primer error de no instalar una planta separadora de líquidos fue cometido por Banzer, en 1972, con la venta de gas a la Argentina. El segundo por GSL, en 1974, con la venta a Brasil. Sólo el gobierno de Evo Morales comenzó, aunque no con los volúmenes deseados, a construir plantas separadoras de líquidos en Río Grande, en Santa Cruz, y el Chaco tarijeño

 

Los gobiernos brasileños actuaron con enorme  prepotencia. No cumplieron “el Acuerdo de Cooperación y  Complementación Industrial”, Banzer – Geisel, el 22 de mayo de 1974, que incluyó  los siguientes objetivos: La implementación de un polo industrial de desarrollo en la zona del sudeste de Bolivia, con los siguientes componentes:

 

“Siderurgia integrada y combinada con la minería del hierro; petroquímica, con un complejo de fertilizantes nitrogenados; industria del cemento; generación de energía eléctrica para abastecer los requerimientos del polo; infraestructura necesaria para el polo” (ASR: “El Gas en el Destino Nacional”. Editorial “Los Amigos del Libro”. La Paz – Cochabamba – Bolivia. Página 35).

 

Antes de la firma final del contrato, en 1994, en los gobiernos de GSL y Cardoso, Brasil se comprometió a construir 49 termoeléctricas con el gas boliviano. 25 en Brasil y 24 en Bolivia. Ni una sola termoeléctrica fue construida en Bolivia.

 

Brasil. Durante el gobierno de Evo, se negó, inclusive, a que se tomara en cuenta una sugerencia del director general del Ministerio de Hidrocarburos, ingeniero Javier Escóbar Salguero, para que Bolivia sea socia de la termoeléctrica de Cuiabá, así como de las petroquímicas de Uberaba y Tres Lagoas,  ubicadas en la región  fronteriza y abastecidas con un gasoducto lateral del que se construyó a San Pablo.

           

Brasil siempre negó la posibilidad de comprar termoelectricidad de Bolivia. Sus promesas de industrialización conjunta con nuestro gas fueron simples recursos dilatorios para imponer sus puntos de vista. Desde su óptica, el gas “está” en Bolivia, pero geopolíticamente “es” de Brasil.

 

La prepotencia brasileña hizo que Deccio Odone, gerente de Petrobrás para el Conosur y luego representante de Petrobrás en Bolivia, sostuviera que si Bolivia incrementaba su exportación por encima de los 30 MMMCD, YPFB debía retirarse del contrato, a fin de convertirse en un negocio entre privados: Petrobrás SA, por una parte, con Petrobrás Bolivia SA, por otra.

 

Al observar esta realidad, la IN, al ocupar el Ministerio de Hidrocarburos, entre el 21 de enero y el 15 de septiembre de 2006, vio que la dependencia de San Pablo del gas boliviano era, en ese momento, la única oportunidad que tenía Bolivia para llevar adelante negociaciones equilibradas frente a su vecino. De ahí nuestro planteamiento de actualizar los contratos incumplidos por Brasil antes de firmar nuevos acuerdos a futuro.

 

LA IN FRENTE A LA DEMOCRACIA TUTELADA

 

El fin de la dictadura banzerista (1978), reabrió la polémica sobre la validez, importancia y límites de la democracia tutelada por los centros de poder mundial en los países sometidos. Las potencias de Occidente usan esta democracia como instrumento para descalificar a gobiernos contestatarios. Para ellas, la democracia es una entelequia inmodificable e incontaminada por el devenir histórico. Advierten que un Estado democrático no es idéntico a un Estado de derecho. Pueden existir, sostienen, gobernantes elegidos democráticamente, es decir por el voto ciudadano, pero que, en el ejercicio del poder no cumplen las normas de un Estado de Derecho.

 

La ONU considera que “el Estado de Derecho es un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”  (Las Naciones Unidas y el Estado de Derecho. Sitio Web y Archivo de Documentos).

 

 

En consecuencia, la democracia que sustenta al Estado de Derecho no puede ir acompañada, en opinión de los países hegemónicos, de adjetivos que la restrinja o condicione. Es inconcebible, por tanto, una democracia proletaria, socialista, social, directa, participativa, indígena, comunitaria, campesina, popular o antiimperialista. Sus teóricos aclaran, sin embargo, que la democracia es siempre democracia política, lo que los lleva a rechazar la democracia económica. La democracia política, dicen, es siempre democracia formal, pluralista o sustancial. Puntualizan que la democracia es sólo representativa, para concluir afirmando que una democracia igualitaria en lo económico y sin propietarios (sobre todo grandes y medianos) no puede ser verdaderamente democrática (Carlos Pereyra: “La Cuestión de la Democracia. Colección Marxismos. Editorial “Autodeterminación”. La Paz – Julio 2014. Páginas 8 y 9)

 

Los teóricos de la democracia tutelada colocan la carreta delante de los caballos, al tratar de hacer creer que en los países con democracias avanzadas,  Inglaterra, Francia y Estados Unidos, principalmente, “nacieron demócratas”. No mencionan que la democracia inglesa se origina en la Revolución de 1648, en la que Oliverio Cromwell venció a la nobleza y decapitó al Rey Carlos I. Su actual democracia constitucional es producto de cruentas pugnas entre republicanos y partidarios de la restauración absolutista.

 

La democracia francesa es impensable sin la Revolución de 1789 y sin la ejecución del Rey Luís XVI. La democracia estadounidense sólo se consolidó con la derrota del sur esclavista, respaldado por Inglaterra, por el norte industrialista.  Sólo a partir de entonces, EEUU tuvo la fuerza suficiente para desarrollar a plenitud su proyecto nacional primero e imperialista después.

 

Los admiradores de la democracia británica olvidan que ni rastros de ella existía en sus colonias en África, China, India o Guyana. No les agrada recordar que “es precisamente el terror inglés en sus colonias y su despiadada explotación los que garantizaron a los ciudadanos de Londres el goce de una democracia impoluta” (Jorge Abelardo Ramos: “La Era del Peronismo”. Buenos Aires. Ediciones del Mar Dulce, 1981. Página 138). No mencionan,  asimismo, los conflictos que sacudieron a Francia cuando su colonia favorita, Haití, pretendió aplicar en su territorio los principios democráticos vigentes en la metrópoli.

 

Es obvio que ninguna de las detalladas premisas de la ONU sobre el “Estado de Derecho” se cumple cuando el Presidente George W Bush abrió centros de detención de la CIA en Guantánamo o Afganistán, acompañado de violaciones a elementales derechos civiles dentro de EEUU.

 

Obama pretendió fiscalizar la transferencia de recursos de las transnacionales, a favor de partidos políticos y sus candidatos. Sin embargo, la Corte Suprema vetó la iniciativa. Lo anterior conlleva el uso de cuantiosos recursos económicos para campañas electorales alienantes y el financiamiento de propaganda política en  medios de comunicación masiva, inaccesibles para quienes plantean cambios en el sistema económico vigente.

 

Para el marxismo ortodoxo, la democracia representativa encubre la dictadura de la burguesía sobre el proletariado. Lo que corresponde, en consecuencia, es instaurar la dictadura del proletariado para aniquilar a la burguesía. La aplicación de esta doctrina en la URSS demostró que las decisiones del partido de la clase obrera fueron adoptadas por su Comité Central. Después el Secretariado del Partido impuso su criterio al Comité Central. Finalmente, la voluntad del Primer Secretario (José Stalin) impuso sus decisiones sobre el Secretariado, el Comité Central, el Partido y el conjunto del país, desatando sangrientas pugnas a nombre de la clase obrera.

 

Las teorías igualitaristas a ultranza o la pretensión de terminar con la preponderancia de las ciudades sobre el agro tuvo su máxima expresión en el genocidio de Pol Pot en Camboya, entre 1975 y 1979, quien gobernó a nombre de la “Kampuchea Democrática”, en la que causó el exterminio de una cuarta parte de la población del país. Asesinatos, golpizas, detenciones arbitrarias y torturas fueron cometidos también en China por la denominada Banda de los Cuatro, a nombre de una supuesta Revolución Cultural, en la década de los años setenta del siglo pasado.

 

Como puede advertirse, por estos y otros ejemplos, el invocar revoluciones culturales (o recientemente ultra indigenistas), dictaduras proletarias o democracias revolucionarias no ha elevado el nivel de la convivencia humana. Por tanto, la democracia es una construcción histórica, continuamente perfectible, y que, en los países  semicoloniales  no puede estar divorciada de su lucha por la autodeterminación y la liberación nacional.

 

LA IN EN LA APERTURA DEMOCRATICA

 

Las dictaduras y las democracias tuteladas en América Latina son producto de la balcanización impuesta por las potencias coloniales. El fracaso del proyecto bolivariano no sólo ha conllevado el surgimiento de débiles Estados nacionales sino la vigencia de dictaduras sanguinarias o democracias deformes y  caricaturescas, como la que existía en Bolivia hasta la Revolución de 1952.

 

Las democracias latinoamericanas, en proceso de consolidación, fueron aniquiladas, a partir de 1964, por golpes de Estado inspirados en la doctrina de seguridad nacional de EEUU, ante el temor de expansión de la Revolución Cubana. Las dictaduras del Cono Sur articularon sus acciones represivas a través del “Plan Cóndor”, las que adquirieron connotaciones demenciales.

 

Lo anterior nos lleva a no poner en el mismo nivel a democracias tuteladas con dictaduras como las que padecieron nuestros pueblos. Las democracias tuteladas permiten por lo menos el ejercicio de libertades ciudadanas que permiten luego a los movimientos populares organizarse y luchar por metas más ambiciosas. 

 

Con la presidencia de Jimmy Carter, (1977-1981), EEUU, Alemania Occidental y Japón dieron impulso a la “Comisión Trilateral”, fundada en 1972 por David Rockefeller, a fin de agudizar el deterioro económico e institucional de la URSS y de sus aliados en Europa Oriental, denunciados por su carencia de democracias representativas. Para que esa acción fuera creíble, Carter y sus aliados retiraron su respaldo a las dictaduras militares latinoamericanas, las que, una a una, abrieron paso a regímenes de  democracia tutelada.

 

En Bolivia, tal apertura fue precedida por la tenaz resistencia popular a la dictadura de Bánzer. Esa resistencia se aglutinó, principalmente, en la Unidad Democrática y Popular (UDP), liderada por el ex presidente Hernán Siles, e integrado por su partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNR-I) (con el que se diferenció del MNR de Paz Estensoro), por el socialdemócrata Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), y por el Partido Comunista de Bolivia (PCB), línea Moscú. La transición democrática no contó con la participación del líder del Partido Socialista Uno (PS-1), quien, junto a otros luchadores sociales, fue asesinado al producirse el golpe de García Mesa del 17 de julio de 1980.

 

La UDP, que asumió el gobierno el 10 de octubre de 1982, no tuvo la fuerza para enfrentar las enormes dificultades de la coyuntura. En primer lugar, EEUU no vio con agrado el surgimiento de un  régimen que buscó salir de los moldes de la democracia tutelada, a través de posiciones nacionales y antiimperialistas y que, en la medida de lo posible, retomara el proceso de liberación nacional llevado a cabo por los gobiernos de Ovando y Torres. Tales posiciones se reflejaron en el rechazo al pago de la deuda externa, en la co-gestión obrera en la COMIBOL y en la apertura o fortalecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, la URSS, China y otros países resistidos por EEUU.

 

Las políticas desestabilizadoras de EEUU contra la UDP tuvieron su correlato interno en la implacable oposición del MNR de Paz Estensoro y de Acción Democrática Nacionalista (ADN), fundado por Bánzer, al finalizar su dictadura. El MNR y ADN aceptaron que Siles Zuazo asumiera la presidencia, al reconocer los resultados de las elecciones de 1980, en las que ambos partidos tenían la mayoría parlamentaria. Esta situación provocó el colapso del gobierno de Siles Zuazo y el acortamiento en un año de su período de gobierno.

 

La arremetida del imperialismo, del MNR y ADN fue facilitada por la falta de cohesión interna de la UDP, en cuyo seno el MNR-I, con el débil apoyo del PCB, planteó que, en lugar de reconocerse los resultados de los comicios de 1980, se realizaran  nuevas elecciones, capaces de reflejar la nueva correlación de fuerzas que emergió luego del derrocamiento de García Meza y de los dos gobiernos castrenses que le sucedieron. El MIR desechó esta posibilidad, con lo que selló la inviabilidad de la UDP.

 

Las contradicciones aludidas tuvieron también su expresión dentro del MNR-I, cuya debilidad estructural permitió que personajes, íntimamente vinculados a Gonzalo Sánchez de Lozada, como su abogado en la Compañía Minera del Sur (COMSUR), Oscar Bonifaz, y el ingeniero Carlos Miranda Pacheco, que cumpliera poco después relevante papel en el debilitamiento de YPFB, integraran el gabinete de la UDP.

 

Durante el gobierno udepista, la COB, dirigida por Juan Lechín Oquendo, desplegó una oposición a ultranza. Su incontinencia salarialista era atendida con incontrolables medidas inflacionarias. De manera paralela, las medidas de reordenamiento económico asumidas por el Poder Ejecutivo fueron paralizadas por la oposición congresal mayoritaria. La situación descrita fue  agravada, aún más, por sucesivos “paquetes económicos” del FMI, que obligaban a la adopción de medidas impopulares. En ese marco, el proceso inflacionario llegó al 27.000 por ciento, provocó el acortamiento en un año del mandato presidencial de Siles Zuazo y abrió el cauce a las medidas neoliberales dictadas por el gobierno de Paz Estensoro.

 

LA IN FRENTE AL NEOLIBERALISMO

 

El 27 de abril de 1985, la IN boliviana difundió el primer número de la Revista “Patria Grande”, que, a lo largo de tres décadas (aunque con interrupciones), y con ediciones impresas primero y digitales después, marcó su línea ideológica. Lo anterior permite testimoniar las posiciones de la IN en la apertura del proceso democrático. Como hecho puntual anotamos, asimismo, que, a raíz de la promulgación del Decreto 21060, de 29 de agosto de 1985, con el que se inicia el período neoliberal en el país, se produjo una dura represión contra dirigentes obreros y del campo popular. En esa oportunidad, mi persona fue el único periodista apresado por el Ministerio de Gobierno, lo que demuestra la precoz preocupación del régimen de Paz Estensoro por las ideas de la Izquierda Nacional.

 

En 1992, publicamos el folleto “El Imperio en Bolivia. EEUU, el 21060 y el Poder Judicial”, en el que se demuestra que las políticas de ajuste estructural de Paz Estensoro y Sánchez de Lozada, sólo pudieron ser aplicadas luego de destituir de manera ilegal al presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Edgar Oblitas Fernández, mediante amañado juicio de responsabilidades, en el que la Embajada de EEUU jugó papel preponderante.

 

En 1996, salió a la luz la primera edición de la “Fortuna del Presidente” (luego se publicaron tres ediciones adicionales), en la que se precisa la forma en que Sánchez de Lozada utilizó sus cargos públicos para ejercer tráfico de influencias y desarrollar a su empresa más importante, la COMSUR. El texto resume, al mismo tiempo, las críticas de la IN boliviana al neoliberalismo y devela su objetivo central: Destruir a las empresas estratégicas del Estado.

“La Fortuna” demuestra que el Banco Mundial fue, de manera simultánea, prestataria de COMSUR, socio de COMSUR y fiscalizadora de COMSUR. Un año antes de terminar su primera presidencia, GSL fue designado miembro del directorio del Instituto de las Américas (dependiente de la Universidad de San Diego, California), junto a personalidades de la British Petroleum y de la ENRON. El 4 de marzo del 2002, pasó a integrar el directorio de Orvana Minerals Corp, de Canadá, con la que explotaba la mina “Don Mario”, en Santa Cruz.

Una de las compañías mineras más grandes del mundo, la Río Tinto Zinc (RTZ), compró el 30 % de acciones de COMSUR. Ambas pretendían exportar el gas a Chile, dentro del fraudulento proyecto Pacific LNG. Similares asociaciones fueron suscritas con compañías interesadas en explotar Huanuni, la fundición de Vinto y otros yacimientos de la desmantelada COMIBOL.

Eduardo Paz Rada, autor del prólogo a la cuarta edición, estima que el libro “ha marcado la historia política e intelectual del país porque su impacto alcanzó a socavar la hegemonía conservadora y a impulsar los cambios y transformaciones de los últimos diez años. Añade que tuvo la particularidad de generar y producir efectos profundos en la conciencia nacional, impulsar el movimiento y la rebelión de los sectores nacionales y populares e inspirar decisiones gubernamentales de soberanía, recuperación de recursos naturales y fortalecimiento de la dignidad de un pueblo” (Bolpress, 17-01-14)

“El Libro del Modelo Endógeno”, publicado en 1997, y coordinado por el autor de estas líneas, incluye las propuestas programáticas de Conciencia de Patria (CONDEPA), el Movimiento Patriótico de la Izquierda Nacional liderado por el comunicador Carlos Palenque Avilés, a cuyo fallecimiento la jefatura quedó a cargo de Remedios Loza Alvarado, la primera mujer de pollera que dirigió un partido político, fue candidata a la presidencia de la República y se convirtió en  diputada nacional.

 

 En esta coyuntura, la IN cometió el error, del que se autocriticó públicamente, de no oponerse al acuerdo suscrito, en diciembre de 1996, entre los candidatos Carlos Palenque, Hugo Bánzer y Jaime Paz de respaldar en el parlamento, en las elecciones de 1997, al que obtuviera el mayor número de votos frente al “gonismo”. La sustancia del acuerdo residía en que el candidato triunfante (en este caso correspondió a Banzer) debía detener la liquidación de YPFB, como eje para reimpulsar la economía nacional. Hubo ingenuidad en CONDEPA al suponer que ADN y el MIR cumplirían su compromiso.

 

El gabinete del nuevo presidente, integrado por ADN, el MIR y CONDEPA, no sólo que no reactivo al ente estatal, sino que prosiguió su debilitamiento, enajenando inclusive, la parte residual que había dejado Sánchez de Lozada. El pacto duró del 6 de agosto de 1997 al 6 de agosto de 1998. En esta fecha CONDEPA recuperó su independencia. Sin embargo, a raíz del fallecimiento de Palenque, el partido se dividió en una fracción, dirigida por Remedios Loza, que se alejó del gobierno, y otra, encabezada por su hija, Verónica Palenque, que prefirió quedarse en la coalición oficialista.

 

LA IN FRENTE AL INDIGENISMO Y AL SEPARATISMO                                                           

 

Producido el declive de CONDEPA, por la muerte Carlos Palenque y la ausencia de una dirección colectiva que continúe con la propuesta endógena, Eduardo Paz  y mi persona nos atrincheramos en la Revista “Patria Grande” y en columnas periodísticas que se publicaron en Bolivia y en el exterior.

 

A través de esas columnas advertimos que las ONGs, europeas y norteamericanas, aprovechaban legítimas reivindicaciones de los pueblos indígenas para enarbolar consignas que sólo podían culminar con la atomización del país. Una marcha indígena de los pueblos de tierras bajas, en septiembre de 1990, tuvo como epílogo la emisión de decretos del gobierno de Paz Zamora, otorgando territorios a mojeños, yuracarés, chimanes, chiquitanos y otros.

En medio de la euforia, se transfirieron territorios ancestrales a alrededor de 30 etnias, sin posibilidad de delimitarlos dentro del ordenamiento administrativo vigente. Lo anterior sólo podía desatar un caos institucional de enormes dimensiones.

 

Dentro de los territorios indígenas  debía regir una justicia comunitaria con igual jerarquía que la justicia ordinaria del Estado boliviano, la propiedad de  recursos naturales para poblaciones nativas y otras conquistas  incorporadas después por la Constitución Política del Estado de 2009, las que en el segundo gobierno de Evo Morales (2010 – 2014), quedaron sólo en enunciados. 

 

El avance indigenista iniciado por Paz Zamora, apadrinado por la social democracia europea, fue continuado con similar entusiasmo por el régimen neoliberal de Sánchez de Lozada, quien, en 1996, promulgó el 18 de octubre de 1996, la “Ley de Reconducción Comunitaria”, la que reconoció las denominadas Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Sobre esta base, se crearon parques nacionales, destinados a evitar la construcción de carreteras que vertebren la fracturada geografía nacional, sin dejar de proteger a las empresas madereras, que también apoyaban al neoliberalismo.

 

Las pocas voces disidentes del indigenismo a ultranza y, desde luego, la de la IN, eran calificadas de “racistas” y “anti indígenas”. Sin embargo, Evo Morales, en su segundo gobierno (2010-2014), optó por desechar el indigenismo radicalizado, financiado por las grandes ONG,  y por retomar al cauce de la Revolución Nacional,  abandonado por el MNR e interrumpido por el derrocamiento de los gobiernos de Ovando y Torres.

 

La IN valorizó la rememoración de los 500 años de la conquista hispana, como un excepcional acontecimiento para terminar con las lacras del colonialismo, rescatar los aportes de las culturales ancestrales, visibilizar a pueblos ignorados por la visión euro céntrica de la historia latinoamericana, tomar conciencia de la validez del planteamiento ecologista, ante los graves riesgos del calentamiento global y la contaminación ambiental y asumir el desafío de construir un nuevo modelo civilizatorio, ante el agotamiento del actual. Sin embargo, lo anterior debía tener como límite la preservación de nuestros Estados nacionales, en cuyo debilitamiento y destrucción están interesados los centros de poder mundial.

El debate fue enriquecido por la presencia de Movimientos Sociales (MS), a los que caracterizamos como la insurgencia de conglomerados indígenas, campesinos, obreros y urbanos empobrecidos que, en Bolivia, culminó con la derrota de una partidocracia,  que se había repartido el poder en forma desvergonzada. (ASR: Bolpress, 28-12-08).

Sin  embargo, los inciertos límites de los movimientos sociales, rápidamente aprovechados por ONGs de Europa y EEUU, permitieron atribuir un carácter exclusivamente indianista a sucesos, como la “guerra del agua” del año 2000, librada en Cochabamba, y la guerra del gas, del 2003, desarrollada en la ciudad de El Alto, las que se caracterizaron por el protagonismo de indígenas, campesinos, obreros, artesanos, estudiantes, empleados y amas de casa, aglutinados en un movimiento patriótico indo mestizo.

El censo de 2012, terminó con el mito de que Bolivia es un país de mayoría indígena, ya que sólo el 30 % de su población se auto adscribió como tal. Lo anterior se produjo después de fuertes confrontaciones en las que las ONG y el indigenismo radicalizado lograron que en los censos del 2001 y del 2002, no se permitiera incluir en la boleta censal la respuesta mestizo en cuanto a su filiación étnica.

 

Los comicios electorales del 2002 y el 2009, ocasionaron irreversibles derrotas al ultra indigenismo. En el 2002, el indianista Felipe Quispe obtuvo el 6 % de los sufragios, en tanto que Evo Morales alcanzó el 21 % de votos, a un solo punto porcentual de Sánchez de Lozada, gracias a que supo combinar en su programa consignas nacionales e indigenistas.

 

La anterior confrontación se dio, de manera paralela, con la incansable denuncia de la IN de los intentos separatistas de la Nación Camba, que pretendía dividir a Bolivia en dos Estados: El Oriente y el Occidente. Tales intentos, que, entre el 2007 y el 2009, pusieron en serio riesgo la existencia misma del país, se presentaron de manera paralela a la acción disgregadora del indigenismo radicalizado. Esta situación fue denunciada por el  intelectual cruceño, Roger Ortiz Mercado y mi persona, en manifiesto que publicamos conjuntamente al fragor de ambos peligros, al que titulamos “Alto a la Disgregación de Bolivia” (“Rebelión.org”, 04-05-09).

 

El movimiento separatista logró aglutinar, alrededor de la Nación Camba, organizada en Santa Cruz, a influyentes dirigentes cívicos de Beni, Pando y Tarija. La Nación Camba llevó a cabo, en septiembre de 2008, sendos referendos autonómicos, sin respaldo legal, razón por la que fueron calificados de separatistas. Lo anterior culminó con el frustrado golpe cívico prefectural, que llegó a controlar seis de los nueve departamentos del país, en tanto que en Santa Cruz sus dirigentes y su grupo de choque, “La Unión Juvenil Cruceñista”, logró ocupar la casi totalidad de las oficinas estatales.

 

Las consignas separatistas fracasaron, en primer lugar, porque no tuvieron en cuenta la forma lenta y dolorosa con la que se fue forjando la Nación boliviana. No advirtió el valioso aporte de patriotas cruceños a la guerra de la independencia, a las contiendas que Bolivia tuvo que intervenir frente a Chile, Brasil y Paraguay, a la fundación de YPFB, a la guerra civil de 1949, sí como a la Revolución de abril del 52.

 

De manera simultánea, la migración colla al oriente de empresarios, campesinos y capas medias, dejó sin base social a la Nación Camba, que aspiraba tener éxito sobre la base de un gobierno autónomo, altamente represivo, respaldado por las oligarquías de países vecinos, fuerzas de intervención extranjera y apoyos de organismos internacionales, que también la dejaron en la orfandad. Tampoco tuvieron éxito sus intentos de conseguir que la ONU  transformara a Santa Cruz en un protectorado.

 

La sostenida defensa de la unidad de Bolivia llevada a cabo por la IN tuvo sus mayores resultados en el gobierno de Evo Morales, quien, además de cerrar el paso a la Nación Camba y al ultra indigenismo logró el apoyo de sectores empresariales, que antes lo habían combatido con dureza. Inclusive, el grupo de choque del separatismo, denominado “La Unión Juvenil Cruceñista”, terminó por adherirse al Movimiento al Socialismo (MAS). Lo sucedido hizo recordar que la mayor victoria que puede alcanzar un político no es sólo la derrota de su adversario, sino el reclutarlo a sus filas.

 

LA IN Y LA EMERGENCIA POPULAR

 

Los intentos disgregadores avanzaron de manera paralela a los esfuerzos de las compañías  por mantener la succión del gas y la agonía de YPFB. La IN, junto con el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional (CODEPANAL), presidido por el ingeniero Enrique Mariaca Bilbao, denunció el carácter perverso del DS 24806, de 04-08-96, de GSL, dictado dos días antes de entregar el gobierno a su sucesor, Hugo Bánzer Suárez, por el que se otorga a las transnacionales la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo.

 

La disposición no fue incluida en la gaceta oficial, de manera que la opinión pública no fue informada de la misma, sino al cabo de casi cuatro años. La complicidad de Bánzer en esta materia resultó evidente. El 5 de diciembre de 2003, en la segunda presidencia de GSL, el Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad del clandestino decreto 24806, lo que demostró su sumisión al Poder Ejecutivo. En forma previa, GSL promulgó la Ley de Hidrocarburos de 1996, que rebajó la tributación del 50 al 18 % para campos nuevos. La disposición afectó a los mega campos de Tarija, descubiertos por YPFB, en la presidencia de Paz Zamora, en las que las compañías sólo pagaban la tributación del 18 %.

 

Estas políticas se basaron en la Ley de Capitalización, de 21 de marzo de 1994, por la que GSL dispuso que las empresas estatales de hidrocarburos, telecomunicaciones, ferrocarriles, transporte aéreo y servicios eléctricos transfirieran gratuitamente el 50 % de sus acciones a compañías extranjeras. El 50 % restante pasaba a ser administrado por AFPs.

 

LA IN FRENTE A LOS SUCESORES DE SANCHEZ DE LOZADA

 

El sucesor de GSL, Carlos Mesa Gisbert, dispuso, mediante el DS 27238, de 04-11-03 (quince días después de haber asumido la presidencia), la venta de este segundo 50%. De no producirse el cambio de estos gobernantes, el patrimonio nacional hubiera quedado liquidado. También en el gobierno de Mesa se dictó el DS 27957, de 24 de diciembre de 2004, por el que las empresas petroleras podían inscribir como propias en la oficina de Derechos Reales los campos petroleros que explotaban en calidad de concesiones temporales. La indignación popular, obligó al sucesor de GSL a dejar sin efecto el regalo navideño a las transnacionales, al abrogar el 27957 dos días más tarde.

 

Como emergencia de la “Capitalización”, fue creado el anexo “D”, vigente desde 1999 al 2005, por el que las capitalizadas gastaron 10 millones de dólares en viáticos, pasajes, capacitación y pagos a medios de comunicación que respaldaran la medida.

 

El signo antinacional del gobierno de Jorge Quiroga Ramírez, quien gobernó de agosto de 2001 a agosto de 2002), salió a relucir con su decreto 26366, de 04-10-01, por el que suprimió la obligación de las compañías de perforar, dentro de sus concesiones, al menos un pozo por parcela, dispuesta por la Ley de Hidrocarburos de 1996. Con esta disposición las petroleras ahorraron 1.300 millones de dólares que hubieran beneficiado a la actividad petrolera del país.

 

La IN también desplegó todos sus esfuerzos por evitar que Quiroga Ramírez firmara el Proyecto Pacific LNG, por el que Bolivia comprometía todas sus reservas presentes y futuras para ser presuntamente vendidas a México y EEUU. Las reservas calculadas en el 2014, por la canadiense GLS Petróleum, alcanzaron a 10.45 TCF las probadas, 3.50, las probables y las 4.15 las posibles, las que apenas alcanzarán a una década para cumplir los acuerdos de exportación a Argentina y Brasil y para el consumo interno.

 

 El proyecto, impulsado por el canciller Gustavo Fernández Saavedra y por el ex superintendente de hidrocarburos de GSL, Carlos Miranda Pacheco, además de enajenar definitivamente las reservas, buscaba que el gas se exportara a Chile, a fin de atender, de manera prioritaria, los requerimientos de la Rio Tinto Zinc, dueña del 30 % del paquete accionario de COMSUR. La insistencia de GSL por ejecutar el proyecto Pacific LNG provocó su derrocamiento, el 17 de julio de 2003, que simboliza la contención de las políticas neoliberales y la emergencia popular que culminará con la tercera nacionalización de los hidrocarburos.

                                                                                                                 

Carlos Mesa, en su afán de buscar un equilibrio entre las movilizaciones populares y las compañías, convocó a un referendo por el gas, el 18 de junio de 2004, cuyo resultado fue interpretado por las petroleras como una autorización a los proyectos de exportación del gas (Pregunta 5). Mesa, por su parte,  puso énfasis en la abrogación de la Ley de Hidrocarburos de GSL. También destacó la importancia de la abrogación del Decreto 24806. No obstante, tal decisión, al no tener carácter retroactivo, dejaba la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo en manos de las transnacionales, mientras durara la vigencia de los contratos, es decir en las siguientes cuatro décadas.

 

La Ley 3058, de 17 de mayo de 2005, promulgada por el Presidente del Senado, Hormando Vaca Diez, debido a que fue vetada por el Presidente Mesa, al recuperar la tributación del 50 – 50, conseguida por Paz Zamora y rebajada al 82 – 18, por GSL, significó el punto más alto de la resistencia popular, en materia de hidrocarburos, antes de la nacionalización del primero de mayo de 2006.

 

Sin embargo, la Ley tenía dos errores estructurales: Por su artículo 23, YPFB quedaba atomizada, ya que su Presidencia Ejecutiva debía funcionar en La Paz, la Vicepresidencia de Administración y Fiscalización en Tarija, la Vicepresidencia de Operaciones en Santa Cruz, la Gerencia General de exploración en Camiri, la Gerencia de Industrialización en Cochabamba y la Gerencia de Ductos en Sucre.

 

A la aberración anterior, se sumaba, en cumplimiento del artículo 52, que el 32 % recuperado de las trasnacionales, al que se denominó IDH, sea distribuido en 4 % para los departamentos productores, 2 % para los no productores, en tanto que el 26 % restante debía quedar a disposición del TGN, pueblos indígenas, originarios y  campesinos, municipios, universidades autónomas, FFAA, Policía y otros (SIC). En lugar de potenciar a la empresa estatal, la Ley 3058 la condenaba a la impotencia al determinar su dispersión administrativa y privarle de recursos económicos.

 

Para colmo de males, trece días después de promulgarse la 3058, el diputado gonista, Mario Cossío, hizo aprobar la denominada Ley “Tarija” (de 30-05-05) por la que el Estado nacional otorgaba a la Prefectura tarijeña la facultad de negociar convenios internacionales. Cosío trataba de imitar la nefasta decisión de Carlos Menem, quien otorgó a las provincias argentinas la citada prerrogativa, que continúa causando irreparables daños a la Argentina.

 

LA IN EN LA TERCERA NACIONALIZACION

 

La trayectoria de la IN explica el por qué el Presidente Evo Morales invitó al autor de estas líneas a ocupar el cargo de Ministro de Hidrocarburos y Energía, luego de su triunfo en las elecciones del 18 de diciembre de 2005. En esa condición, firmamos el histórico decreto de la nacionalización del primero de mayo de 2006. En forma previa, formamos parte de la comisión de transición encargada de recibir el informe del gobierno saliente, en el rubro energético.

 

Instalado el nuevo gobierno, se formó una pequeña  comisión, presidida por Evo y el Vicepresidente Álvaro García Linera, para que estudiemos el decreto de nacionalización prometido por el MAS en su campaña electoral. A su vez, la IN organizó un “mini gabinete” paralelo, integrado por compañeros vinculados a la Revista “Patria Grande” y que se constituyó en referente imprescindible para orientarnos en la coyuntura. Este “mini gabinete” estuvo integrado por Javier Escóbar Salguero, Eduardo Paz Rada, Oscar Paz Rada y Humberto Claure Quezada.

 

La comisión redactora advirtió que la nacionalización afectaría principalmente a Petrobrás, que controlaba la cadena productiva, asociada a la española Repsol, a la inglesa British Petróleum así como a la anglo belga Shell. Debía considerarse, además, que YPFB era una empresa residual, desorganizada, descapitalizada, casi sin recursos humanos, sin una planta técnica y administrativa capaz de enfrentar grandes desafíos. 

 

En el ámbito geopolítico, debíamos enfrentar la animadversión de EEUU, el enclaustramiento geográfico y la férrea defensa de Brasil y de los gobiernos europeos de sus empresas petroleras. La situación descrita estaba equilibrada por la existencia del Mercosur, dentro del que Luiz Inácio Lula da Silva y Néstor Kirchner tenían una actitud amistosa hacia Evo Morales. Sin embargo, el apoyo fundamental para la nacionalización vino del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías.

 

Pese a que Evo ganó las elecciones con el 54 % de los sufragios, el Senado estaba en manos de la oposición. Esta situación explica el por qué el 22 de agosto, la Cámara Alta censuró sin razones valederas al Ministro Soliz Rada, lo que obligó a Evo a ratificarlo en el cargo. Las Prefecturas (hoy gobernaciones) de los departamentos productores de gas y petróleo también estaban en contra del gobierno, al igual que la jerarquía de la Iglesia Católica y los más influyentes medios de comunicación.

 

LA NACIONALIZACION PROGRESIVA

 

Todas las nacionalizaciones en el mundo son diferentes, ya que obedecen a sus propias circunstancias. Evo Morales, en gira por países europeos, antes de asumir la presidencia, había sostenido que Bolivia debía tener socios y no patrones. Lo anterior implicaba llevar adelante una nacionalización sin expropiaciones, sin expulsiones ni indemnizaciones, salvo en el caso en el que la medida no fuera aceptada por las compañías. La nacionalización boliviana debía consistir en arrebatar a las transnacionales el control de la cadena productiva, a fin de que las que acepten este planteamiento se queden en el país como prestadoras de servicios.

 

Se trataba, en consecuencia, de romper el viejo círculo vicioso que comenzaba con la nacionalización, seguida de la expulsión de las empresas y del pago de indemnizaciones, para terminar aceptando su retorno en condiciones tan lesivas como las anteriores.

 

La llave maestra de la nacionalización residió en potenciar económicamente a YPFB. Este objetivo fue logrado inicialmente en la Ley 3058,  transfiriendo a YPFB el 50 % de las acciones que habían quedado en poder de los bolivianos, representados por las AFPs, dentro de las tres empresas en las que fue fracturada YPFB: Las capitalizadas Chaco (British, principalmente)  y Andina (Repsol, principalmente), encargadas de las tareas de exploración y explotación, y Transredes (Enron  - Shell), de las de transporte.

 

Petrobrás, al tener detallado conocimiento de las reservas de los megacampos del país, especialmente “San Alberto y San Antonio”, no participó en la capitalización de YPFB. Desde su punto de vista, no le convenía compartir sus utilidades con los bolivianos.

 

La situación descrita fue decisiva para determinar que los megacampos, en  poder de Petrobrás y sus socios europeos, subieran la tributación del 50 al 82 %. El 32 % adicional fue íntegramente destinado a potenciar a nuestra empresa estatal. Si se toma en cuenta que en los nuevos contratos se aceptó pagar a las compañías sus costos recuperables, se entiende que el “governmente take” (ingresos para el Estado), ha fluctuado entre  el 60 y el 85 % (“La Nacionalización del Siglo XXI”. Página 255)

 

Gracias a la nacionalización, YPFB obtuvo por lo menos el 50 % más uno del paquete accionario en Andina, Chaco y Transredes, a fin de controlar efectivamente el negocio petrolero. Para alcanzar esa meta había que recurrir a la compra de acciones o, en su defecto, a la expropiación o nacionalización de las que fueran  necesarias. 

 

Se trató, por tanto, de una nacionalización progresiva, que permitió, como dice el Art. Primero del Decreto 28701, del primero de mayo de 2006, “que el Estado recupere la propiedad, la posesión y el control total y absoluto” de los hidrocarburos del país. Se entendió por “control absoluto” la facultad de YPFB de definir las políticas estratégicas del sector, sin necesidad de consulta alguna con las petroleras foráneas.

 

Con el control mayoritario de las capitalizadas, las empresas petroleras quedaron obligadas a entregar a YPFB toda la producción de gas y petróleo, en tanto que la entidad estatal asumía las tareas de comercialización, definiendo condiciones, volúmenes y precios en el mercado interno, así como para la exportación (previa negociación con los países vecinos) e industrialización. Ese control explica la contundencia del Art. 5to del decreto cuando sostiene que “El Estado toma el control y la dirección de la producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de los hidrocarburos en el país”.

 

Para imponer este punto de vista utilizamos dos argumentos contundentes: Primero, todos los contratos de operación vigentes eran inconstitucionales al haberse violado el artículo quinto de la Constitución, que ordenaba que los contratos sobre explotación de recursos naturales necesitaban autorización del Congreso de la República. Al declararse la ilegalidad de los contratos firmados en las gestiones de Sánchez de Lozada, Bánzer y Quiroga, las compañías estaban obligadas a suscribir nuevos contratos, los que debían recibir  aprobación congresal.

 

El segundo argumento tenía carácter geopolítico y estaba relacionado con la dependencia temporal de San Pablo y de otras ciudades brasileñas del gas boliviano, lo que impedía a nuestro poderoso vecino dejar de adquirir el energético, lo que le hubiera ocasionado catastróficas consecuencias.

 

Como efecto de la nacionalización,  Transredes resolvió abandonar el país, lo que permitió comprar su 50 %, de manera que YPFB pasó a controlar el negocio de los ductos. En esa misma dirección, Petrobrás aceptó vender a YPFB las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz, que las había comprado durante el gobierno de Bánzer. Andina dio su acuerdo para vender una parte de sus acciones, en tanto que Chaco prefirió el camino de la confrontación, recurriendo a tribunales internacionales. Sin embargo, y de manera global, se consiguió que YPFB controlara todas las capitalizadas.

 

LA IN EN EL GABINETE DE EVO MORALES

 

Al formar parte del gabinete de Evo, la IN consideró que el país debía aprovechar su coyuntural ventaja geopolítica sobre Brasil para establecer nuevas reglas de juego con Petrobrás y con las compañías europeas. Lo anterior implicaba exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por Brasilia en los tres últimos lustros.

 

En los siete meses y 23 días que estuvimos en el cargo, desarrollamos al máximo la línea de la IN. En esa dirección, el Ministerio a mi cargo se negó a negociar con la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CNH), entidad que agrupa a las petroleras foráneas que operan en Bolivia. En la oportunidad, dijimos que el ministro dialogaría con las petroleras una por una, pero no con el “sindicato” de transnacionales existente en el país.

 

Consideramos que la nacionalización debía estar acompañada de acciones de defensa de la dignidad y el interés nacional. En esa línea, denunciamos que Repsol, en complicidad con Petrobrás, había cometido el delito de contrabando al exportar gas al Brasil de espaldas a YPFB. La acción penal fue iniciada de inmediato, ante la preocupación de la Embajada de España. También se inició una querella penal contra Enron por el perjuicio que sufrió YPFB, al haber desembolsado 130 millones de dólares para la construcción del gasoducto al Brasil, sin que obtuviera beneficio alguno por ese desembolso.

 

En nuestra gestión ministerial, se firmó el contrato para ampliar los volúmenes de exportación a la Argentina, de 7 a 27 MMCD día. El acuerdo fue condicionado a un sustancial incremento de precios (de 3 a 5 dólares por millar de BTU), así como a la construcción de una planta separadora de líquidos (obra construida siete años más tarde), para lo cual Argentina debía desembolsar un crédito de 450 millones de dólares, en términos concesionales, el que debía ser amortizado con las exportaciones de gas.  La obra permitiría usar el gas húmedo que quede en el país para dar inicio a la industria petroquímica.

 

Con este antecedente, estuvimos en mejores condiciones para negociar futuros precios con Brasil. Nos opusimos a reanudar las exportaciones de gas a Cuiaba, Uberaba y Tres Lagoas (en la frontera brasileña), salvo que se instalaran termo eléctricas o petroquímicas bi nacionales o que Bolivia fuera socia de las instaladas con nuestro gas.  

 

El ministerio, ante la parálisis inicial de la Contraloría General de la República, tomó a su cargo, en cumplimiento del decreto de nacionalización, la realización de auditorias a las petroleras que operaban en Bolivia. El ingeniero Javier Escóbar Salguero, Asesor General del Ministerio, planteó que las empresas encargadas de auditar a las petroleras, sean fiscalizadas por el despacho a mi cargo, a fin de evitar colusiones entre empresas privadas en perjuicio del país.

 

Para llevar adelante la tarea, Escóbar Salguero obtuvo el concurso del ingeniero Enrique Mariaca Bilbao, figura emblemática en la defensa de los hidrocarburos, quien, juntamente con Escóbar, realizó una tarea impecable, Infelizmente, los resultados de las auditorias no siempre fueron tomados en cuenta en la firma de los nuevos contratos.

 

De manera inexplicable, el círculo palaciego que rodeaba a Evo, impedía al Ministro nombrar a sus colaboradores de confianza, llegando, inclusive, sin  razón  alguna, a exigir la renuncia de Escóbar Salguero. El mencionado núcleo palaciego lamentaba que uno de sus integrantes no ocupara el Ministerio de Hidrocarburos, lo que impidió que existiera una fluida relación entre Evo y mi persona.

 

Mi relación con el gobierno se agravó debido a que, en aplicación del decreto de nacionalización, dispuse  que YPFB controlara la producción de las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz, que estaban en poder de Petrobrás.  La decisión originó la protesta del gobierno brasileño, a través del asesor político de Lula, Marco Aurelio García, lo que motivo que el vicepresidente Alvaro García Linera anunciara a los medios de comunicación el congelamiento de la medida. El anuncio de García Linera fue formulado sin avisar a mi persona, lo que  motivó mi renuncia el 15 de septiembre de 2006.

 

EL BALANCE DE LA NACIONALIZACION

 

Considerar que los altos precios del gas y del petróleo es la única razón que explica la bonanza económica de Bolivia es insostenible. Sobre el particular, cabe preguntar si nuestra situación sería la misma con el régimen tributario de Sánchez de Lozada de otorgar 82 % a las compañías y 18 % al Estado. Si sería la misma si continuaba en vigencia el DS 24806, también de GSL, de otorgar la propiedad de los hidrocarburos a las compañías en boca de pozo. Si sería la misma con la suscripción del Proyecto Pacific LNG, que, con el pretexto de exportar gas a California, se buscaba venderlo a Chile, en tanto que todas nuestras reservas, presentes y futuras, quedaban en poder de las petroleras. Si la situación de YPFB sería la misma si, como pretendía Carlos Mesa, todas las acciones de las empresas capitalizadas eran vendidas a empresas extranjeras.

 

Lo cierto es que la Nacionalización del primero de mayo de 2006, constituyó notable impulso a la recuperación de la dignidad nacional, de la economía y al fortalecimiento de YPFB y que la IN jugó importante papel en esta angustiosa lucha alcanzar la liberación nacional.

 

Con su participación en la tercera nacionalización, la IN cierra un ciclo de sus contiendas ideológicas que comenzó con su apoyo pleno a la nacionalización de la Gulf de 1969 y que pasó por polemizar con el dogmatismo clasista de Guillermo Lora, con las provocaciones guerrilleras, con la prédica alienante de la social democracia, y por difundir el pensamiento de Montenegro, Céspedes y Almaraz, así como por esclarecer, sin concesiones, las arremetidas del separatismo de la Nación Camba, de  las ONGs y el indigenismo contra la existencia de la Patria.

 

El desarrollo de estas pugnas, precedido por la exposición de sus raíces conceptuales, configura el presente texto, dirigido, principalmente, a que las nuevas generaciones cuenten con la contraparte nacional frente a los poderosos medios de distorsión del  imperialismo y sus voceros nativos.