En nuestra vida de relación con Chile por un sino de fatalidad se repite, ineluctable, la historia. En nuestra parte, siempre los mismos personajes histriónicos o soberbios ostentosos, el preciso escenario de autoritarismo, las traiciones infames y las adulaciones pérfidas. De su parte, Chile diseña y planifica; estudia y calcula; ladino, finge con astucia; ejecuta su plan, no importando para ello la paciente espera, hasta que se den las condiciones favorables de tiempo y personajes para realizar su nuevo atraco, y conseguir con la etiqueta de “acto de buena vecindad” otras depredaciones a su eterna víctima: Bolivia.

 

El caso del Silala es inaudito, como inauditos fueron todos los pactos celebrados con ese país, arrancados a la “ingenuidad” boliviana, en circunstancias iguales.

 

¿Por qué - como dijimos en nota publicada en EL DIARIO de fecha 21/4/09- una concesión graciosa de su patrimonio hídrico a una empresa privada, otorgada por la Prefectura de Potosí en 1908, tiene que ser materia de negociación con el Estado chileno?

 

¿Dicha concesión otorgada no fue un categórico reconocimiento de los derechos y propiedad bolivianos sobre las aguas del Silala, para ser ahora objeto de estudio, después de más de un siglo, sobre su naturaleza y alcances?

 

Al haberse extralimitado la empresa privada beneficiaria al transferir su derecho de uso de aguas de Silala a favor del Estado chileno u otras empresas, actuó arbitraria e ilegalmente, porque el permiso gracioso tuvo un único destino específico y determinado.

 

Consecuentemente el Estado chileno carecía de facultad legal para canalizar las aguas de Silala, dirigiendo hacia ese país un curso que naturalmente no tenía y para fines distintos del primitivo permiso; siendo tales actos arbitrarios y atentatorios a la soberanía ajena a quien debió pedir su consentimiento, previo acuerdo sobre compensación económica en este caso.

 

Entonces, ¿por qué Bolivia debe aceptar el pago de sólo el 50% de las aguas de Silala y solamente a partir de la firma del acuerdo?

 

¿Por qué Bolivia tiene que conceder tanto beneficio a quien ha usufructuado ilegítimamente, a sabiendas, de un recurso patrimonial de Bolivia?

 

¿Chile no se ha enriquecido tanto con los recursos despojados a Bolivia, después del asalto de 1879, continuando esos recursos como su sostén económico, para seguir exprimiendo otras fuentes, a un país pobre y anarquizado, precisamente como efecto de aquel despojo y sus emergencias, de los que difícilmente Bolivia procura emerger?

 

La original concesión de aguas a la empresa de ferrocarril es el verdadero título de propiedad de Bolivia. Luego, ¿por qué se debe estudiar durante cuatro años más para establecer el funcionamiento y naturaleza de las aguas del Silala, existiendo tantos antecedentes que incuestionablemente avalan el derecho de propiedad de Bolivia?

 

Basta que Chile efectúe una objeción por más disparatada que sea, para que las autoridades bolivianas se sometan sin ninguna demostración de firmeza. No es necesario tener tanques y aviones para pedir con entereza el reconocimiento de un derecho.

 

¿Por qué, en fin, el pago debe hacerse desde la suscripción de un acuerdo, cuando es justo que se pague por todo el tiempo que se ha hecho uso indebido del recurso?

 

¿Por qué tal acuerdo debe llamarse “Acuerdo bilateral inicial para la preservación, sostenibilidad, uso y aprovechamiento del sistema hídrico del Silala”? Este título, que debe ser de factura chilena, de comienzo es astuto e hipócrita, porque el estudio ni la convención tratará de la preservación y sostenibilidad del agua, si no solamente del uso y aprovechamiento unilateral por Chile de dichas aguas.

 

Se dice que a tan delicado asunto se ha dado un proceso de consulta social, lo que no es evidente, porque cuestión de tanta envergadura no interesa únicamente a los pobladores de Quetena o de Potosí, ni sólo a las instituciones y autoridades involucradas, ni a un partido político; es cuestión que atañe a todos los departamentos, a todos y cada uno de los bolivianos porque se refiere a la soberanía y dignidad de Bolivia y está en juego el cumplimiento de la Constitución vigente.

 

Hay tanto que decir de este nuevo atropello que se cierne sobre Bolivia, por el que se entrevé nuevamente un entreguismo claudicante.

 

En una nota posterior nos referiremos a las once razones por las que no se debe apoyar la celebración del Acuerdo Inicial sobre el Silala.
[email protected]