El poder económico recibió con beneplácito el Fondo del Bicentenario. La decisión de asegurar las cancelaciones de los vencimientos privados y de organismos internacionales para el 2010 contó con el apoyo local y mundial de quienes requieren la normalización de la inserción capitalista de la Argentina en momentos de crisis de la
economía mundial.

Los principales Estados capitalistas han dispuesto cifras millonarias
para el salvataje de bancos y empresas en crisis, con lo que no debe
sorprender que las decisiones de política económica local vayan en ese
sentido y aseguren la voluntad de pago. Es el deseo de los acreedores,
un abanico que expresa parte del poder económico mundial. El paquete
incluye a los holdouts y al Club de Paris. Todos esperan se les pague,
la totalidad de la deuda o una buena negociación según sus intereses.
 
El canje del 2005, el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) en
2006 y todas las cancelaciones operadas en los últimos años expresan
voluntad de pago de la deuda y reinserción en el sistema financiero
internacional, como una parte de la continuidad del capitalismo en la
Argentina.
 
Un problema inesperado resultó ser ahora la “autonomía del Banco Central
de la República Argentina (BCRA)”. Queda demostrado con un absurdo como
la “política” en la Argentina está pagando caro no modificar la
institucionalidad de los 90´, entre otras la “autonomía del BCRA”
inscripta en la carta orgánica de la institución. La política monetaria
es un instrumento clave de toda política económica y no puede disociarse
en falsas autonomías al servicio de las demandas del poder económico.
 
Lo curioso es que ahora, con la decisión del pago de la deuda a
tenedores privados y organismos internacionales por 6.569 millones de
dólares en el 2010, en acuerdo con el Fondo del Bicentenario, el “poder
económico” reclama la subordinación del BCRA a la decisión de pagar del
poder ejecutivo nacional. Es el pronunciamiento de las asociaciones de
bancos, de ADEBA y de ABAPRA. En el mismo sentido se pronunció la
Confederación General del Trabajo ( CGT), asociada claramente a las
políticas de gobierno.

¿Cómo se salda la crisis institucional?

El gobierno quiere que el titular del BCRA renuncie y este resiste. La
decisión aparece condicionada por una comisión parlamentaria que
motivada en el recambio legislativo aún no está conformada y hay receso
hasta marzo próximo. La presión política entre el Poder Ejecutivo y el
presidente del BCRA continuará, tanto como los juegos de poder entre el
oficialismo y la oposición de derecha. Esa situación agudizará los
elementos de crisis política que hay en la Argentina desde la ruptura de
sectores de las clases dominantes, del agro y la industria con el
gobierno. La medida de pagar deuda apunta a recomponer lazos con el
poder económico mundial y es lo que debe colocarse en discusión.
 
La sociedad, especialmente el movimiento popular, debe manifestar su
voluntad de modificar la agenda de prioridades e incidir en la crisis
política para contribuir a satisfacer necesidades populares
insatisfechas. La Argentina no necesita nuevo endeudamiento, sino
reorientar su política económica en función de las necesidades de
millones de personas con dificultades para acceder a sus derechos a la
alimentación, la educación, la salud o la vivienda, el trabajo y una
calidad de vida adecuada. Los recursos en la Argentina existen, el
problema es su utilización.

No es el problema el suscitado en torno a la “autonomía”. Hay que volver
a instalar que no se puede pagar deuda con el hambre de la población,
que los fondos públicos deben utilizarse para la recuperación de una
economía popular que resuelve necesidades insatisfechas y se articule
con un proyecto de integración regional que discuta el orden capitalista
en crisis.

- Julio C. Gambina es Profesor Titular de Economía Política en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de
la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante
del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales,
CLACSO. Director del Centro de Estudios de la Federación Judicial
Argentina, CEFJA.