Dicen de Bolivia que es el país más pobre, obviando decir que es un pobre país con el mayor número de millonarios corruptos con fortunas depositadas en bancos extranjeros; de ahí la determinación del reelecto Presidente de la República de levantar el secreto bancario y aprobar la ley de investigación de fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Pero en tal sentido, sectores poblacionales ejercen presión contra un gobierno que, quiérase o no, aún sin decirlo, trabaja por levantar la autoestima del boliviano, pretendiendo evitar la comercialización de deshechos como la ropa usada y los vehículos chatarra.

Recordemos que hace muchos años atrás la ropa usada era traída por la Cruz Roja o por las congregaciones religiosas extranjeras, lo hacían en pequeñas cantidades, para distribuir en forma gratuita, entre la gente de escasos recursos. Ahora aquello se ha convertido en un negocio muy lucrativo para miles de comerciantes, que la introducen al país por la vía del contrabando, y que ya no tiene cabida en los basureros de los países del primer mundo, ni en las plantas de reciclaje. Nadie garantiza si aquella mercadería a medio uso ha sido desinfectada. Ni autoridad alguna pone precio, menos se puede esperar que genere impuestos.

Lo indiscutiblemente cierto es que ese hecho crea la desocupación entre la mano de obra de la confección y de la costura en el país. De ahí que miles de sastres cortadores y costureras indocumentados salen de Bolivia y son explotados de manera inmisericorde, como lo ha mostrado en varias oportunidades la prensa internacional.

Otro negocio millonario es la introducción al mercado nacional de todo tipo de vehículos, cuya circulación está prohibida en la mayoría de los países, al tercer año de uso, porque sus motores a diesel o gasolina comienzan a emanar humo que contamina el medio ambiente. Aquella chatarra que no halla espacio en los basurales europeos, japoneses o norteamericanos, es traída a Bolivia donde tienen libre circulación con su consecuente desmedida contaminación. El límpido azul del cielo boliviano comienza a opacarse por el smog de aquellos automotores.

Por lo antes expuesto, el gobierno actual dio un plazo fijo para que los vendedores de prendas usadas, terminaran de vender la ropa que contenía en sus depósitos y la que se encontraba en tránsito. Pero como es habitual en nuestro medio, se cumplió el plazo y los importadores de ropa usada siguen introduciendo y exponiendo su mercadería usada, protestando contra el gobierno y exigiendo ya no otro plazo, sino la prosecución de aquella actividad comercial que atenta contra la industria de la confección en el país. Lo que convendría al país es más bien fomentar la exportación de ropa confeccionada, teniendo en cuenta que nuestra mano de obra es bien utilizada en el exterior.

Asimismo en el mes de diciembre del anterior año, el gobierno por medio del Decreto Supremo 29836, prohíbe la importación de vehículos con una antigüedad mayor a cinco años. Esta determinación fue tomada para preservar nuestro medio ambiente de la creciente contaminación y a la vez evitar que el ciudadano sea engañado con vehículos obsoletos y de desecho.

Paralelamente, lo intolerable del caso es que de un país considerado como uno de los más pobres, de Bolivia salgan 1.150 millones de dólares por año hacia los puertos chilenos de Iquique y Arica, para comprar automóviles chatarra, rechazados en todo el mundo, ocupando mano de obra extranjera para su transformación, trayendo basura a Bolivia, dando poca oportunidad a la mecánica nacional.

En tal sentido el reelecto presidente, si piensa en el país al margen de la popularidad partidaria, debe mantenerse firme en los dos casos. Prohibir definitivamente la importación de ropa usada y sostener con firmeza el Decreto 29838 para evitar el ingreso de motorizados chatarra.