El presidente interino de YPFB ha anunciado que en los próximos días se licitarán las obras civiles para la instalación de la Planta Separadora de Líquidos en Río Grande, Santa Cruz, con lo que se reiniciará la ejecución de este proyecto, cuyo funcionamiento estaba previsto para agosto de 2009, frustrado luego de que en enero de ese año se destituyera a Santos Ramírez de la presidencia de YPFB, sindicado de estar involucrado en supuesto tráfico de influencias y otros delitos.

Según la agencia oficial de noticias ABI, el presidente interino de la estatal petrolera afirmó que "En el año 2009 hemos agotado todos los esfuerzos para evitar mayores daños económicos al Estado a través de la planta de Río Grande, por eso es que la planta de separación empieza su licitación de cero en enero del 2010". Los hechos parecen desmentir rotundamente a dicha autoridad.

No es de cero que empieza el asunto. YPFB pagó ya varios millones de dólares a Catler/Uniservice por una planta con capacidad para procesar un sexto del total de gas que se exporta al Brasil. De esa millonada no pudo recuperar al menos 13 millones de dólares, monto reconocido por las propias autoridades del Organo Ejecutivo, y que fue pagado a Gulsby, la fabricante subcontratada por Catler para un componente central de la Planta Separadora. El reinicio del que se habla parte entonces con números negativos y no de "cero" como se pretende hacer creer.

En una curiosa forma de enfrentar el problema, el propio gobierno infligió al menos ese daño económico de 13 millones de dólares al Estado boliviano, además del monto de dinero que no pudo recuperar porque esa planta separadora no estuvo funcionando desde agosto pasado, como estaba previsto, suma adicional que supera los 80 millones de dólares, que es el valor de los licuables no procesados en ese período. Este daño ya no se lo puede imputar al defenestrado Santos Ramírez, porque es resultado de las acciones de su sucesor. 

En efecto, un problema de supuesta corrupción pública sirvió de pretexto para que, desconociendo olímpicamente el carácter administrativo del contrato suscrito y de las facultades precisamente administrativas (exorbitantes) que tiene el Estado en cuanto contratante, los sucesores del ejecutivo de YPFB caído en desgracia, dejaran que el propio Estado boliviano pierda casi voluntariamente esos 13 millones de dólares y dejaran también que el gas rico en licuables siga fluyendo gratuitamente al Brasil, postergando los proyectos de industrialización en el país.

Lo que correspondía era procesar los asuntos penales en la vía penal y reasumir la construcción de la Planta en base a decisiones administrativas, ya que se utilizó dinero del Estado. La omisión y sus consecuencias ameritarán un examen posterior por cuerda separada, siempre y cuando la Contraloría General sepa cumplir su rol.

Quedan varias dudas en las difusas declaraciones de los ejecutivos de YPFB: ¿Cual la capacidad de procesamiento de la Planta cuya construcción se anuncia nuevamente? ¿Será de la misma reducida capacidad que se encargó a Catler/Uniservice? ¿Cual el costo previsto para esta nueva Planta? ¿Como se explica que se encargue una Planta con capacidad mucho menor al volumen de gas que se exporta al Brasil, como fue el caso de la que debía entregar Catler?