“El Neoliberalismo no es una teoría del desarrollo, el neoliberalismo es la doctrina del saqueo total de nuestros pueblos“ (Fidel Castro)1
I Introducción

El Neoliberalismo ha sido la ideología hegemónica en materia económica desde el comienzo de la década de 1980, y especialmente hegemónico en América Latina. En América Latina hubo un momento, a finales de los 90, en que todos los países de la región, con excepción de Cuba, eran neoliberales. Desde el inicio del nuevo siglo, sin embargo, la intrínseca irracionalidad del neoliberalismo, su fracaso en promover el crecimiento económico de los países en desarrollo, su tendencia a profundizar la concentración del ingreso y a aumentar la inestabilidad macroeconómica (demostrada por las continuas crisis financieras de los 90), constituyen indicadores de su agotamiento. El castillo de naipes neoliberal, que por algunos años ofreció cierto grado de buen rendimiento en cuanto al aumento de los valores macroeconómicos a nivel internacional se refiere, ha comenzado a derrumbarse, víctima de sus propios errores, desde su misma base: los países capitalistas desarrollados. Pero, como siempre ocurre en estos casos, son aquellos países subdesarrollados situados en la periferia del sistema los que en mayor medida están teniendo que soportar los efectos de la actual crisis económica capitalista generada por la especulación y la avaricia neo-liberal. Tras décadas de imposiciones neoliberales a las políticas de desarrollo de estos países (vía BM y FMI), con unos resultados, a diferencia de lo ocurrido en el ámbito de los índices macroeconómicos internacionales, más bien modestos, la llegada de la crisis ha vuelto a poner de manifiesto la insostenibilidad del paradigma neoliberal como modelo de desarrollo para los países situados en la periferia del sistema. Es ahora cuando la ineficiencia de estas políticas, así como lo inadecuado de sus planteamientos para con el papel que el Estado debe jugar en el crecimiento de estos países empobrecidos, se ha ejemplificado con toda claridad. Incluso los logros alcanzados en los últimos años, tras la aplicación a escala mundial de toda una serie de medidas destinadas a alcanzar los Objetivos del Milenio (ONU, 2000), se están viendo ahora amenazados por los efectos de la crisis actual. Lo que para occidente es básicamente una crisis económica en el ámbito financiero que ha acabado por repercutir en la economía real con resultados no poco

1 Fidel Castro Ruz (1993). Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. IV Encuentro del Foro de Sao Paulo. 4 de julio.

preocupantes para sus clases trabajadoras, en los países empobrecidos se ha destapado en toda su crudeza como una crisis que abarca una triple dimensión: financiera, energética y alimenticia, y que está conduciendo a sus gentes a situaciones realmente trágicas. La pobreza, el hambre, el desempleo, en pocas palabras, la falta de alternativas reales para una vida digna, están alcanzando ahora cifras nunca vistas en la historia. Todo ello a pesar de que los apologetas del neoliberalismo siguen fieles a su discurso según el cual “para cualquier observador más o menos lúcido de lo que ha ocurrido con las economías estatizadas y el intervencionismo estatal, es inevitable reconocer que sólo una economía abierta trae desarrollo y progreso” (Vargas Llosa, 2009). Las evidencias, podríamos responder, sugieren justamente lo contrario: que si tras tres décadas de aplicación sistemática de los postulados neoliberales en los países empobrecidos, los índices de pobreza, de desigualdad social y, sobre todo, de acumulación del capital en cada vez menos manos, no han hecho sino aumentar, no será, pues, el neoliberalismo quien traiga desarrollo y progreso para los países empobrecidos de la periferia capitalista. El neoliberalismo, como mucho, traerá para estos países el desarrollo de la dependencia y la explotación, el desarrollo del subdesarrollo.

Ergo, si los proyectos para profundizar en el “ajuste” dentro del sistema-mundo capitalista que han marcado históricamente el camino para el desarrollo de los países de la periferia, y especialmente el paradigma neoliberal dominante en las últimas tres décadas, han fracasado en su intento de sacar a estos países de la condición de “subdesarrollo” en la que se encuentran, resulta iluso pensar que en adelante tal desarrollo pueda ser alcanzado insistiendo en los mismos modelos capitalistas que hasta ahora se han dado de bruces contra la realidad del sistema-mundo globalizado, generando fracaso tras fracaso en sus intentos por llevar el desarrollo allí donde no existe una economía nacional auto-centrada. La historia del sistema-mundo capitalista ha demostrado sobradamente, como bien han estudiado en sus obras autores de la talla de Samir Amin o A.G. Frank, que aquellos países que forman parte de la periferia del sistema jamás podrán aspirar a convertirse en países desarrollados mientras sigan inmersos como tales en el sistema-mundo capitalista. La permanencia en el sistema capitalista en las condiciones actuales, es decir, como países periféricos y dependientes, no abre a estos países ninguna posibilidad de desarrollo más allá de un ligero crecimiento coyuntural, que, a poco que la situación se vuelva desfavorable para la economía global, se va igual que vino, y aún con muchas más perdidas para estos países empobrecidos. La crisis actual y sus consecuencias en los países subdesarrollados es el mejor ejemplo de ello. Llegó el momento, pues, de apostar claramente por modelos alternativos de desarrollo, otros modelos que puedan tomar el relevo de las fracasadas políticas para el ajuste, apostando decididamente por dotar a los pueblos de la periferia de las armas necesarias con las que poder emprender el camino de su propio desarrollo,

lejos de las exigencias y los designios que los países desarrollados imponen sobre ellos a través de las instituciones financieras y comerciales internacionales.

Uno de estos modelos alternativos para el desarrollo, tal vez el que mayor repercusión histórica ha tenido, es la teoría del “desarrollo auto-centrado”. En este artículo nos centraremos en analizar una de las versiones de este tipo de teorías sobre desarrollo auto-centrado que mayor impacto ha tenido en el mundo científico: la “teoría de la desconexión” de Samir Amin. Analizaremos sus principales argumentos teóricos y, en vinculación directa con el mundo actual, haremos un análisis del presente y futuro de esta teoría en el marco de la actual situación política, económica y social del mundo de nuestros días. El problema científico que se estaría investigando y analizando en este artículo sería, pues, la validez o no de los planteamientos y vaticinios expuesto por Samir Amin en su “teoría de la desconexión”, una vez han pasado más de dos décadas desde su publicación por primera vez en el libro “La desconexión. Hacia un sistema mundial policéntrico (1988), y teniendo en cuenta para ello la realidad política y económica del mundo actual, así como la situación en la que dentro de ella se siguen encontrando los países en desarrollo y sus poblaciones. Como hecho concreto, y a modo de ejemplificación práctica, nos centraremos en un análisis detenido de la situación actual en América Latina, a través del cual se intentará demostrar al lector como los vaticinios históricos expresados por el gran teórico de la desconexión en sus libros y artículos (Samir Amin), están poco a poco viéndose realizados en la realidad mundial, mediante, por un lado, el fracaso que supuso el paradigma neoliberal como modelo de desarrollo para los pueblos de la región, y, por otro lado, mediante el hecho cada vez más patente de que ha sido este mismo fracaso el que ha conducido, entre otras cosas, a la emergencia de la praxis política y económica que actualmente están tratando de desarrollar ciertos países latinoamericanos integrados en la esfera de la Alianza Bolivariana para las América (ALBA), tanto desde la perspectiva de sus políticas nacionales, como, sobre todo, desde la perspectiva de sus acuerdos de integración regional. Nuestra hipótesis de trabajo es, por tanto, la relación que se establece en el mundo de hoy entre las teorías de Samir Amin y la realidad política, económica y social del mismo, en tanto que la una –la realidad del mundo actual- vendría a ser una ratificación histórica de las otras –las teorías de Samir Amin-: los planteamientos expresados por Amin en su “teoría de la desconexión” no solamente siguen siendo plenamente válidos en la actualidad desde un punto de vista científico (como demostraría el fracaso del neoliberalismo como política para el desarrollo en América Latina y otras regiones del mundo), sino que, además, se están viendo ya satisfechos de facto en la praxis actual del mundo de nuestros días (como demostraría la emergencia en América Latina de proyectos de integración regional de características nacional-populares y con aspiraciones de desconexión colectiva del sistema-mundo capitalista).

Para defender nuestra hipótesis, sustentaremos los argumentos y conclusiones de nuestra investigación sobre el análisis de una serie de variables y apartados que, de manera progresiva, se han de ir encadenando los unos con los otros hasta dotar de racionalidad y coherencia global al texto, en tanto que la interrelación establecida entre ellos debiera ser en sí misma el principal argumento para defender nuestra hipótesis. En primer lugar, analizaremos el fracaso que para los países de América Latina supuso la puesta en práctica del modelo neoliberal como paradigma a seguir para alcanzar el desarrollo. En segundo lugar, se hará un análisis de los principales planteamientos teóricos presentes en la teoría de la desconexión de Samir Amin, así como de algunos referentes teóricos sobre los que se ampara la visión de un desarrollo auto-centrado. A continuación se hará una resumida presentación de los actuales proyectos de integración que están emergiendo tanto política como económicamente en la región latinoamericana, concretamente la propuesta del ALBA, tratando de relacionar este proyecto y la evolución política de los países que lo sustentan sobre la base de lo ya expuesto con anterioridad a nivel teórico, así como con los datos aportados de manera específica para dar a conocer al lector los efectos que el neoliberalismo tuvo en América Latina mientras fue aplicado de manera hegemónica en la región, justo antes de la emergencia de los nuevos gobiernos de corte revolucionario encabezados por el presidente Hugo Chávez en Venezuela. Pensamos que hay argumentos sobrados para demostrar que una cosa –la emergencia de este tipo de proyectos revolucionarios en América Latina- es consecuencia directa de la otra –los devastadores efectos que el neoliberalismo tuvo sobre la región-. Finalmente se expondrán las conclusiones del artículo y algunas reflexiones de carácter personal, unas conclusiones que, como se ha dicho, no serán sino la integración de los principales argumentos aportados de manera progresiva en los diferentes apartados de este artículo. Es decir, básicamente concluiremos afirmando que el modelo neoliberal supuso una verdadera tragedia para la realidad socio-económica de los países latinoamericanos, contribuyendo así a aumentar la brecha establecida entre éstos y los países desarrollados del centro capitalista, lo cual, según la visión de Amin, no podía sino acabar conduciendo a la emergencia de proyectos de “desconexión” en tales países latinoamericanos, siendo América Latina además, no por casualidad sino más bien por sus propias condiciones históricas, el primer proyecto claro de este tipo que se da en el mundo desde la caída del muro de Berlín en 1989, un proyecto que se manifiesta en propuestas como las del ALBA, el Banco del Sur, PetroCaribe, etc., y que tiene su base en el denominado “Socialismo del siglo XXI”. Un proyecto, en definitiva, plenamente identificable con lo expuesto por Samir Amin en su “teoría de la desconexión”.

II Neoliberalismo y desarrollo en América Latina

El neoliberalismo tiene su basamento teórico en el liberalismo económico de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, teoría que fue expresión del propio desarrollo capitalista

en su afán por liquidar la excesiva tutela y trabas feudales a las que los Estados de aquellos tiempos sometían a las economías nacionales (Alfonso y Cedeño, 2004). El liberalismo económico fue la doctrina económica por excelencia hasta la gran depresión de 1929, una crisis que hizo estremecer los fundamentos mismos del sistema capitalista liberal. La caída del liberalismo como doctrina hegemónica de aquellos tiempos fue precipitada por la aparición de las teorías keynesianas. El enfoque de la política económica Keynesiana introducía cambios sustanciales en las políticas capitalista, aunque en ningún caso tuvo la pretensión de acabar con el sistema establecido. El modelo keynesiano concebía el principio de la demanda efectiva según el cual la economía tiende a una situación de equilibrio macroeconómico, pero que dicho equilibrio era poco favorable para el sistema al lograrse en un punto de subempleo y estancamiento económico. En ese sentido Keynes recomendaba que el Estado debía realizar amplias inversiones públicas con el fin de estimular la demanda, el empleo y los ingresos, sacando a la economía del maltrecho equilibrio en que se hallaba estancada. La recomendación keynesiana del gasto público fue asumida por los países capitalistas a través de dos salidas fundamentales, el Estado de Bienestar Social, y la Militarización de la economía. En este nuevo modelo de crecimiento capitalista, por tanto, se otorgó un plano secundario al comercio internacional, en especial, al de capitales, por el contrario, el motor que lo estimulaba era “la transformación interna de los procesos de producción, al centrarse la economía en el mercado interno a través del impulso de la demanda efectiva gracias al aumento en el poder adquisitivo de la población” (Keynes, 1948).

Durante 30 años de apogeo y perfeccionamiento del Estado del Bienestar, el planteamiento liberal no progresó. Éste comienza a ganar terreno nuevamente en la década del 70, especialmente a raíz de la crisis del petróleo de 1973 y los efectos devastadores que ésta tuvo para el crecimiento de las economías desarrolladas, que ahogaron al mundo en una profunda recesión económica mientras el capitalismo se veía afectado por la combinación simultánea de altas tasas de inflación con bajas tasas de crecimiento económico, un fenómeno económico conocido como estanflación, nunca visto con anterioridad en la historia del capitalismo, y que llevó la economía de la época a una situación sin salida ante la cual las recetas keynesianas no parecían tener solución alguna. Como consecuencia de todo ello, el ascenso al poder de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, líderes de los partidos conservadores en sus respectivos países, supuso el comienzo de una nueva forma de entender la política económica y la intervención del Estado en la economía. Así, recogiendo gran parte del pensamiento liberal monetarista, y reformulando la doctrina de la corriente neoclásica, surge la escuela conocida como “Economía de la Oferta”, raíz fundamental de lo que vino a conocerse como “Neoliberalismo”. Sus propuestas de organización de la actividad económica en su lucha en favor del equilibrio macroeconómico pueden ser resumidas bajo la fórmula “más mercado,

menos Estado”, dando origen al proceso de desregulación, privatizaciones, reducción de la protección social, precarización laboral y, en definitiva, de desestructuración del Estado de Bienestar característico de las economías capitalistas industrializadas durante las décadas que duró la hegemonía keynesiana (Bidaurrazaga, 2002-2003). La segunda mitad de la década de los años 70 y el principio de los 80 marca, pues, el comienzo de un cambio profundo en las percepciones a nivel económico de los diferentes gobiernos capitalistas del mundo. A partir de ese momento el neoliberalismo se convierte en un dogma casi sagrado, y todos los países del orbe capitalista se ven prácticamente obligados a seguir la nueva religión económica, incluidos, por supuesto, los países subdesarrollados. El modelo neoliberal es impuesto, a partir de ese momento, como único camino posible para el desarrollo económico de los países empobrecidos, todo ello a través de las presiones ejercidas mediante las instituciones financieras internacionales surgidas del Consenso de Washington (BM y FMI). Todo aquel país que quisiera tener acceso al crédito otorgado por estas instituciones financieras, debía acarrear con las exigencias planteadas desde las mismas en materia de política económica nacional, de lo contrario no había crédito. Resumidamente, podemos sintetizar estas exigencias en cuatro postulados esenciales (Albarracín et al, 1993): Por una parte, situar la lucha contra la inflación en el centro de la política económica, oponiéndola al crecimiento y a la creación de empleo. En segundo lugar, invertir el sentido de la distribución (para favorecer el crecimiento de los beneficios en detrimento de los salarios) y estrechar y hacer más regresiva la redistribución que se realiza mediante los impuestos y el gasto público. Tercero, denostar todo lo público y ampliar el ámbito del beneficio privado a través de la consecución de un cambio cultural que llevara a percibir negativamente las prestaciones y servicios públicos, la regulación estatal y la participación del sector público en la economía, identificando, sin embargo, las privatizaciones y la extensión del mercado como elementos progresistas. Cuarto, forzar un cambio en el equilibrio de poderes dentro de la sociedad, debilitando a los sindicatos en particular y, en general, a las organizaciones sociales cuya existencia contrapesa el funcionamiento del mercado y el poder de los grupos que lo controlan.

De modo más concreto, las “recomendaciones” neoliberales que desde las instituciones financieras se hacían llegar hasta los países en desarrollo que deseaban tener acceso a la financiación se fundamentaron en las siguientes líneas de acción económica (Sierra Lara, 2008): a) La devaluación: Las economías deben mantener en sus variables económicas externas, de la cual la tasa de cambio es una de las fundamentales, una base realista y competitiva. Esto significa en primer lugar la aceptación de que no sea el Estado a través de su política económica quien decida cuál será la tasa de cambio en que jugará su moneda. Esta elección, si se quiere que sea veraz, debe ser tomada en las instancias del mercado de divisas internacional. Devaluar la moneda abarata las exportaciones y hace más competitiva la posición del país que lo aplica,

b) Austeridad presupuestaria: En la concepción neoliberal encontramos una fobia desenfrenada contra el déficit presupuestario. Esto no es casual. Para los monetaristas la causa más profunda de la crisis económica está en la ruptura del equilibrio monetario, en el exceso de oferta monetaria que ocasiona inflación y corrompe el sistema económico, c) Liberalización de precios: En su casi fanática apología del mercado como regulador por excelencia, los neoliberales señalan que todas las variables del sistema económico deben estar completamente desreguladas, es decir, desvinculadas de los mecanismos de control estatal. Los precios son una variable clave en esa lógica, d) Liberalización del sistema bancario: El neoliberalismo aspira a que en los marcos de una economía nacional las cosas funcionen como lo hacen a nivel internacional. Por tal razón desean la liberalización y desregulación del sistema bancario de los países. Según los teóricos del Neoliberalismo, los países subdesarrollados se caracterizan por poseer un Sistema Monetario y financiero muy anticuado y rígido, incapaz de responder a las exigencias de la competitividad económica actual y es por eso que recomiendan que los gobiernos suelten dichos sistemas, e) Liberalización del comercio: Esta es una característica emblemática de la política económica neoliberal. Se les vende a los países del Tercer Mundo la idea de que la liberalización de su comercio causará el tan esperado desarrollo. No deben existir políticas proteccionistas tales como la aplicación de aranceles a las importaciones, cuotas, discriminación a productos foráneos, dumpings, etc. El país debe abrirse al mercado mundial y competir, f) Privatización de empresas públicas: En la ortodoxia neoliberal el Estado es un mal empresario, gestor de corrupción e ineficiencia económica, de tal forma, la empresa debe ser privada y no estatal o pública.

Prácticamente la totalidad de los Estados del mundo capitalista se vieron abocados a seguir algunas de las recomendaciones citadas, para tratar así de solventar los problemas económicos que les acuciaban tras la década de los 70 y el comienzo de los 80. Aunque, como se ha dicho, fueron los países subdesarrollados quienes se vieron realmente obligados a seguir prácticamente todas y cada una de ellas bajo los denominados “programas de ajuste estructural” (PAE), impulsados por el FMI y el BM para todos aquellos países del Tercer Mundo que querían tener acceso a los créditos. En concordancia con las exigencias planteadas con anterioridad, muy frecuentemente los PAE incluyeron drásticos recortes de los gastos sociales, como sanidad y educación, eliminar o reducir las subvenciones a productos básicos, y medidas favorables al capital extranjero, con los consecuentes efectos para las economías de los países empobrecidos que prácticamente en su totalidad vieron como aumentaban los índices de pobreza, de concentración del capital y de desigualdad social tras años de aplicación de estas medidas, amén del incesante aumento de la deuda externa que ha causado, y casusa, verdaderos problemas a las economías de estos países, impidiendo a todas luces su desarrollo: “El modelo económico neoliberal impuesto en la periferia de forma ortodoxa ha dado sus frutos durante

estos últimos treinta años. Frutos amargos para quienes lo aplicaron casi de forma fiel, y muy dulces para sus creadores en los centros de poder económico, político y académico mundial” (Sierra Lara, 2008). Pero, si hubo una región del mundo donde la aplicación sistemática de las doctrinas neoliberales se convirtió en dogma de fe, esa fue América Latina.

América Latina fue el lugar donde nació el neoliberalismo y el lugar donde más se expandió, fue el laboratorio de experiencias neoliberales por excelencia. En ninguna región del mundo pasó algo similar: en un momento, únicamente Cuba no era neoliberal (Sader, 2008). El programa fue aplicado originalmente por la extrema derecha en el Chile de Pinochet. Encontró otros adeptos en la derecha –como Alberto Fujimori en Perú–, pero 72 también absorbió fuerzas que históricamente habían estado asociadas al nacionalismo: el PRI en México; el peronismo en Argentina bajo el mandato de Carlos Menem, y, en Bolivia, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el partido que había encabezado la revolución nacionalista de 1952 con Víctor Paz Estensoro. Después, el neoliberalismo se apoderó de la socialdemocracia, ganando la adhesión del Partido Socialista chileno, de Acción Democrática venezolana y del Partido Socialdemócrata brasileño. Se convirtió en un sistema hegemónico en prácticamente todo el territorio de América Latina2 (Sader, 2008b). El neoliberalismo se implantó rápidamente, sobre todo bajo la influencia de los organismos financieros internacionales (FMI, BM), quienes impusieron sus condiciones para los créditos a través de los PAE, exigiendo rigor en las políticas monetarias, la reducción de las funciones del Estado y la disminución de sus gastos, a través de las privatizaciones, el pago regular del servicio de la deuda, etc. (Clacso y Cetri, 2002). Sus resultados no pudieron ser más desalentadores.

No por casualidad, en América Latina los años 80 fueron denominados como “la década perdida” para el desarrollo, principalmente porque en vez de continuar creciendo, el producto per cápita se redujo a los niveles de mediados del 70: “Descensos en el ingreso per cápita del orden del 10 al 15% eran comunes y alcanzaron o sobrepasaron el 25% en Argentina y Perú. América Latina fue marginada del tráfico comercial mundial. Toda América Latina y el Caribe, con una población de unos 450 millones, vio reducir su participación en las exportaciones mundiales del 4% en 1970 y 1980 a un 3% en 1990. Es decir, menos que Holanda, con sólo 15 millones de habitantes y escasas materias primas. Del 3% del total latinoamericano, a su vez, casi uno de estos tres puntos se debía a las exportaciones petroleras” (Frank, 1993). La consecuencia más directa de esta “década perdida” fue, por supuesto, una

2 Entre los gobiernos de América Latina que durante los años 90 descollaron en el cumplimiento de los lineamientos del Consenso de Washington, a la hora de implementar los ajustes neoliberales que como condición a su “ayuda” financiera exigían el BM y el FMI, cabe destacar los siguientes: Alberto Fujimori (1990-2000) en Perú, Carlos Salinas de Gotari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000) en México, Abdalá Bucaram (1996-1997) y Jamil Mahuad (1998-2000) en Ecuador, Fernando Collor de Mello (1990-1992) y Fernando Enrique Cardoso (1996-2002) en Brasil, Carlos Saúl Ménem en Argentina (1989-1999) y Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y Rafael Caldera (1993-1999) en Venezuela.

acelerada pauperización de las masas latinoamericanas: un informe de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y Caribe) de 1997 situaba los índices de pobreza en niveles verdaderamente preocupantes, todo ello a pesar de que se hubiera producido una reducción de la misma en los años precedentes, una reducción que, por otro lado, quedó sin efecto después de la denominada “crisis del bienio 1998/99”. Para 1997, en América Latina y el Caribe aproximadamente el 40% de los hogares eran pobres (CEPAL, 1997). Para 1999, en torno al 43.8% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza. En términos del volumen de población en situación de pobreza, éste alcanzaba en 1999 a algo más de 211 millones de personas, de las cuales algo más de 89 millones se encontraban bajo la línea de indigencia. Con respecto a 1997 esta cifra representa un aumento de 7.6 millones de personas pobres, en tanto que el número de indigentes tuvo un pequeño incremento en el trienio, que abarcó a 0.6 millones de personas (CEPAL, 2001b). La situación de pobreza estaba también condicionada para estas fechas por cuestiones de género: afectaba a más mujeres que hombres, dando lugar a que la mayoría de los indigentes (personas en situación de pobreza extrema) fuesen mujeres jefas de hogar. En las zonas urbanas, por ejemplo, el 45% de las mujeres no obtenían para el año 2000 ingresos propios mientras que sólo el 21% de los hombres se encontraban en esta situación (CEPAL, 2003).

En consecuencia, para el año 2000 la caracterización de los hogares pobres de América Latina revelaba, entre otros rasgos, que: “la mayoría de ellos habita en viviendas que carecen de acceso al agua potable y, en menor medida, con más de tres personas por cuarto. Además, son hogares con una alta tasa de dependencia demográfica y baja densidad ocupacional, donde el jefe generalmente posee menos de tres años de estudio y en algunos casos se encuentra desempleado. Los niños y jóvenes de hogares pobres suelen desenvolverse en entornos de bajo clima educacional, se incorporan tempranamente al trabajo, y muchos de ellos no estudian ni trabajan. En términos absolutos, poco menos de 77 millones de habitantes de la región residen en viviendas hacinadas, condición que caracteriza al 29% de los pobres y al 6% de los no pobres. A su vez, 165 millones de personas, de las cuales más de 109 millones son pobres, no tienen acceso al agua potable. Asimismo, el 39% de los 130 millones de personas que viven en un hogar cuyo jefe tiene menos de tres años de estudio son pobres. Aunque la inasistencia a la escuela es una realidad cada vez menos común entre los grupos pobres y no pobres, los menores de 15 años que residen en hogares con bajo clima educacional ascienden a más de 83 millones, de los cuales un 74% es pobre” (CEPAL, 2001b).

Por otro lado, la inseguridad alimentaria y el hambre son fenómenos que en América Latina y el Caribe están estrechamente asociados a la pobreza extrema, pero no se confunden con ella. También aquí las cifras eran alarmantes tras el paso ciclónico del neoliberalismo. Para

finales del siglo pasado (1998-2000) casi 55 millones de latinoamericanos y caribeños sufrían algún grado de subnutrición, lo que suponía un 11% de la población, todo ello a pesar de que, según diversos estudios, la región tiene capacidades para producir hasta un 30% más del alimento necesario con el que cubrir todas las necesidades alimenticias básicas del global de la población. Los escasos avances en materia de seguridad alimentaria registrados desde 1990-1992 en la mayoría de los países sólo permitieron reducir en poco más de un millón el número de personas que padecían esta situación de subnutrición: según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), hacia fines de los años noventa la subnutrición afectaba en algunos países a más del 20% de la población (Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana) (CEPAL, 2003). En la mayoría de los países de la región, además, la manifestación más habitual del hambre y la pobreza extrema entre los niños es la desnutrición crónica (insuficiencia moderada o grave de talla con respecto a la edad, o retardo en el crecimiento). El 8% de los niños menores de 5 años en la región se encontraban para el año 2000 en tales condiciones (CEPAL, 2003).

Otra de las consecuencias directas que el neoliberalismo tuvo sobre la región fue un aumento sin parangón en la desigualdad de la distribución de los ingresos. Alrededor de 1999, la desigual distribución de los ingresos se presentaba al mundo como el rasgo más sobresaliente de la estructura económica y social de América Latina, lo que le valió para ser considerada como la región menos equitativa del mundo: “La distribución del ingreso en América Latina resalta en el contexto internacional, especialmente por la abultada fracción de los ingresos totales que reúne el 10% de los hogares de mayores recursos. Salvo en Costa Rica y Uruguay, este estrato recibe en todos los países de la región más del 30% de los ingresos, y en la mayoría de ellos ese porcentaje supera el 35%. En contraposición, la fracción del ingreso recibida por el 40% de los hogares más pobres es muy reducida, y se ubican en casi todos los países entre el 9% y el 15% de los ingresos totales, con excepción de Uruguay donde el grupo mencionado recibe cerca del 22%” (CEPAL, 2001b). La propia CEPAL explicaba así este alarmante fenómeno: “El escaso dinamismo del ingreso por habitante y del mercado laboral para crear fuentes de empleo bien remuneradas ha sido insuficiente para paliar uno de los rezagos que más se reproducen y que es la creciente polarización social, que se manifiesta en estructuras distributivas inequitativas y en niveles de pobreza y marginación sumamente elevados” (CEPAL, 2001a). Por otro lado, de 1989 a 1999 el número de desempleados en la región aumentó en 11,1 millones, con la tasa de desempleo a nivel regional pasando de un 4,8% a un 9,2%, según la OIT (Weisbrot, 2006). Este fenómeno afectó particularmente a la población urbana, al punto que entre 1990 y 1999 la tasa de desempleo en esas zonas se elevó de 5.5% a 10.8% en el conjunto de la región (CEPAL, 2001b). En 1989, 57,8% del total de la ocupación latinoamericana eran asalariados. En 1999, ese porcentaje había caído a 51%, con la pérdida de 4,7 millones de empleos, siendo 3 millones

sólo en el sector industrial (Weisbrot, 2006). “Uno de los rasgos característicos de los mercados laborales en la mayoría de los países -de América Latina- es que la exclusión afecta a una proporción cada vez mayor de la población; asimismo, son rasgos comunes el mercado creciente de trabajo informal y una importante dinámica migratoria. Es por esto que durante las últimas décadas, siete de cada 10 nuevos puestos de trabajo se crearon en los sectores informales de las economías, la mayoría de ellos de ínfima calidad” (CEPAL, 2000). Además, en 1995 el salario mínimo real era inferior al de 1980 en 13 de los 17 países de la región (CEPAL, 1997). De 1960 a 1980, el ingreso per cápita en América Latina creció en un 82%, en términos reales – es decir, ajustado por inflación-. De 1980 a 2000, creció tan sólo 9%; y en los primeros cinco años de esta década (2000 a 2005), el crecimiento total fue de un 4%. Si queremos encontrar en América Latina un crecimiento siquiera cercano al fracaso que supieron estos años de apogeo neoliberal, tendríamos que retroceder casi un siglo y escoger un periodo que incluya ambos, la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Gran Depresión (Weisbrot, 2006).

En lo relativo al crecimiento económico, como se ve, la performance de las economías latinoamericanas a partir de 1980 difícilmente podría haber sido más decepcionante. El producto bruto interno creció a un ritmo anual medio de 1,7% en la década de los ochenta, y a 3,4% en la siguiente. Dado que en el primero de estos períodos el crecimiento de la población se situaba en el 2% anual, esto significó una caída en el PBI por habitante de alrededor de 0,3% por año a lo largo de toda la década. En la siguiente, con la tasa de crecimiento poblacional un tanto más disminuida, apenas si se revirtió la tendencia, quedando el crecimiento del PIB per cápita en una cifra cercana a un modesto 1,7% anual. Siendo positiva, esta magnitud equivale a menos de la mitad de las tasas de crecimiento del PIB per cápita que prevalecían en la región en las tres décadas comprendidas entre los años de la posguerra y la crisis de mediados y finales de la década de los setenta, cuando según los diagnósticos del FMI y el BM las políticas económicas en vigencia adolecían de incurables defectos y conducían a los países de la región por el sendero del atraso y el estancamiento (Boron, 2003). Por lo que respecta a la actividad sectorial, la tasa de crecimiento medio anual pasó de 3.4% en 1970/1980 al 2.1% en 1980/1990, a 1.8% en 1990/1993 y a 2.9% en 1995. El sector más afectado fue, sin duda, la industria, cuya tasa de crecimiento medio anual pasó del 5.9% en 1970/ 1980 al 0.5% en 1980/1990 y -0.5% en 1995. Ello contribuyó al establecimiento de cambios significativos en la estructura productiva de la región. El cambio principal quedó reflejado en una participación cada vez menor del sector industrial en la generación del PIB de los respectivos países (Ramírez López, 1999). Las economías latinoamericanas quedaban así definitivamente ancladas en su papel de economías de carácter principalmente exportador, según las demandas de los países desarrollados en el sistema-mundo capitalista, así como importadoras de productos de consumo generados en los

países desarrollados, todo ello en un marco determinado por la aplicación de la ley del valor globalizado, mecanismo principal mediante el cual se producen los desiguales flujos de capital, según nos dicen los defensores de las teorías del desarrollo desigual, que perpetúan y hacen aumentar el subdesarrollo en los países de la periferia del sistema.

Por otro lado, a consecuencia de esta extrema dependencia y la elevada vulnerabilidad a la que el neoliberalismo, con sus políticas para el ajuste, abocó a América Latina respecto de las economías desarrolladas, la región se vio asolada por tres graves crisis económicas en menos de 10 años en el periodo que va desde 1995 a 2002, todas ellas, por supuesto, generadas por perturbaciones en las economías del mundo desarrollado, como así lo reconocía la propia CEPAL: “La crisis por la que atraviesa América Latina y el Caribe –año 2001- es el tercer episodio en menos de una década en el que el ritmo de crecimiento del producto interno bruto regional sufre una brusca caída, haciendo disminuir el producto por habitante. Las crisis anteriores tuvieron lugar en 1995 y en 1998-1999. Todas fueron producto de fenómenos de origen externo, lo que coloca en el vértice de la atención el modo de transmisión de su impacto, reflejado naturalmente en las cuentas de la balanza de pagos: el comercio y las corrientes de capital” (CEPAL, 2001c). Además, entre los años 1980 y 1998 se produjo también un aumento acelerado de la deuda externa. La deuda externa regional ascendió, de cerca de 290 mil millones de US$ en 1981 a casi 540 mil millones en 1994 (Suárez Salazar, 2006), llegando a los 725 mil millones en el año 1996 (Daher, 2003). En consecuencia, entre 1982 y 1996 el continente pagó por los servicios de esa deuda aproximadamente 706 millones de US$ y en 1998 la deuda desembolsada ascendió a 740 905 millones US$, más del triple de su monto en 1980 (Miranda, 1999). Entre unas cosas y otras, la situación financiera de la mayoría de países de la región para finales del siglo XX era poco menos que agónica.

Al mismo tiempo, y en muchas ocasiones obligados precisamente por estas calamitosas situaciones financieras, además de ser un aspecto central en las recomendaciones de las instituciones neoliberales internacionales, entre 1990 y 1999, las privatizaciones en América Latina sumaron casi 180.000 millones de dólares. En las 500 mayores empresas de la región, la propiedad extranjera pasó de 27,4 a 43 por ciento y la estatal se contrajo de 33,2 a 18,8 por ciento (Daher, 2003), todo ello a pesar de que más del 55% de la población de la región se oponía a tales procesos de privatización. Las privatizaciones afectaron a casi todos los sectores de la economía, desde la agricultura, la pesca, la manufactura, el petróleo, el gas, la industria minera hasta los servicios públicos. En total, alrededor de 1.500 compañías públicas fueron transferidas al sector privado o, simplemente, cerradas o declaradas en bancarrota (Estache y Trujillo, 2004). Los países de la región no solamente transfirieron al sector privado las pequeñas empresas que estaban en sectores donde había competencia y para los cuales había muy poca

justificación para la propiedad estatal, sino que también lo hicieron con sus grandes empresas, en sectores estratégicos de sus economías o donde hay monopolios naturales, desnudando por completo las capacidades productivas del sector público. Unos de los primeros efectos de estas privatizaciones fueron las pérdidas de empleos en las nuevas empresas privadas respecto de las antiguas empresas públicas. Sólo un 44% de las empresas mantuvo el total de la plantilla 18 meses después de su privatización. En algunos casos las pérdidas de empleo llegaron a afectar a más del 70% de la plantilla (Estache y Trujillo, 2004). Un caso especialmente significativo fue el de Argentina, país que no mantuvo en poder del Estado ninguna compañía importante, con la excepción de algunos bancos nacionales y provinciales y algunas empresas provinciales de salubridad. Los resultados de este proceso privatizador se vieron a las claras en la escandalosa crisis económica que el país tuvo que soportar en el año 2001, una vez estaba completamente vacío de propiedades. Las empresas públicas fueron privatizadas con las excusas de fomentar su eficiencia, aumentar los ingresos fiscales del Estado, reducir el déficit público y acabar con las elevadas deudas externas presentes en los países de la región. Sin embargo, desde 1982 al 2002, América Latina pagó 1,4 billón de dólares, por lo menos seis veces más que la deuda acumulada en 1981. “Así, después de malvender empresas públicas y sectores estratégicos de las economías regionales, la deuda externa sólo siguió creciendo” (Daher, 2003). Incluso algunos servicios básicos fueron progresivamente privatizados en mayor o menor medida, tales como los servicios de Salud o el agua. Para 1994, según se desprendía de diversos estudios, se habían referido ya evidencias de tendencias privatizadoras en los servicios de salud en 15 países de la Región (Maingón, 1994). La agenda de privatización del agua, por su parte, se inicia igualmente en la década de los 90. En 1992, en la Cumbre de Río sobre Biodiversidad se define como horizonte el año 2000 como meta para establecer nuevas estructuras institucionales y jurídicas en torno al agua bajo el diseño, apoyo y financiamiento del BM y del FMI quienes serían los acicates por medio de los cuales se presionaría a los gobiernos a modificar sus legislaciones y preparar el terreno para el mercado abierto –liberalizado y privatizado- del agua (Castro Soto, 2006). En consecuencia, entre 1990 y 2005 en América Latina se firmaron 147 contratos de privatización del agua, por un valor de 20.971 millones de US$, lo que supone un 38,6% del total de contratos firmados en este sentido en el mundo entero, siendo así la región del mundo con un mayor número de contratos firmados al respecto (Castro, 2007).

Todo lo anterior, cómo no, tuvo consecuencias sociales directas en la región. Si para 1992, tras la “década perdida”, ya eran más de 130 millones de habitantes los que no tenían acceso a agua segura ni potable; 145 millones no disponían de sistemas sanitarios de eliminación de excretas y desagües; 300 millones contaminaban los cursos de agua arrojando sus desechos sin tratamiento previo; 100 millones, de los cuales el 90% viven en las áreas urbano-marginales, no tenían acceso a un sistema de recolección de basuras; 240 millones

estaban en condiciones de riesgo para su salud por el modo en que disponen sus basuras y el medio ambiente; y 100 millones no tenían acceso a servicios permanentes de cuidado directo de la salud (OPS, 1992), un nuevo estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señalaba que, a fines de 1999, 267 millones de latinoamericanos y caribeños sufrían exclusión de los servicios de salud relacionados con el déficit de camas en los hospitales; 152 millones no disponían de agua potable y/o alcantarillado y más de 125 millones estaban en condiciones de “inaccesibilidad geográfica” a los servicios de salud (Suárez Salazar, 2006). Entre una fecha y otra, los logros en estas materias fueron escasos, e incluso se produjeron retrocesos en algunos de los asuntos mencionados. Igualmente, para 1997, entre 40 millones y 50 millones de menores de la región (entre 6 y 14 años) estaban condenados a intentar sobrevivir en las calles (Suárez Salazar, 2006). En América Latina, además, los efectos de la crisis mundial de la producción capitalista se combinó con el retroceso histórico relativo del subcontinente, que inclusive la precedió, confiriendo localmente a esa crisis una forma particularmente destructiva, con ejemplos variados de barbarie, que han ido desde la represión sangrienta hasta las diversas formas de descomposición social, rural o urbana (Coggiola, 2006).

También, por supuesto, el neoliberalismo ha tenido consecuencias ambientales. En la década de los años noventa del siglo pasado, cuando el neoliberalismo dio la orden de privatización y los gobiernos lacayos de Latinoamérica vendieron a precio de miseria las empresas estatales, las multinacionales, especialmente españolas y estadounidenses, se lanzaron sobre Latinoamérica con un afán absolutamente depredador. Los resultados de parte de esta acción capitalista depredadora, concretamente los efectos causados por la acción de las multinacionales españolas en la región, han quedado recogidos en el informe elaborado por Greenpeace España titulado "Los nuevos conquistadores. Multinacionales españolas en América Latina", en el que se analiza el comportamiento de dichas empresas y los impactos sociales y medioambientales de sus actividades en el continente. Según Greenpeace: “las multinacionales españolas que operan en América Latina siguen un modelo de obtención de máximos beneficios en el plazo de tiempo más breve posible, vulnerando derechos y mediante la presión a autoridades locales” (Greenpeace, 2009). En el informe se detallan una serie de prácticas y proyectos de futuro que atentan descaradamente contra la sostenibilidad ambiental en la región. Estas prácticas y proyectos comenzaron desde el mismo momento en que las multinacionales españolas llegaron a la zona de la mano de los gobiernos neoliberales locales y, aunque han generado grandes olas de rechazo entre las poblaciones autóctonas, contaron desde el principio con todo el apoyo de dichos gobiernos. Entre otros asuntos, estos gobiernos neoliberales permitieron a estas empresas el uso del fenómeno jurídico conocido como “dobles estándares” (Greenpeace, 2009), es decir, poner en marcha en América Latina prácticas que no

estarían permitidas por la legislación española y que, caso de ser usadas en España, serían difícilmente aceptadas por la opinión pública.

Para colmo de males, los países de la región tenían encima de la mesa la propuesta del ALCA como proyecto neoliberal de integración regional. Las negociaciones en torno al ALCA tuvieron su inicio en la Cumbre de las Américas celebrada en la ciudad de Miami en diciembre de 1994 y se extenderían a lo largo del resto de la década de los años noventa y el primer lustro del siglo XXI, hasta que la propia iniciativa de los pueblos latinoamericanos, movidos por los nuevos gobiernos progresistas que estaban ascendiendo al poder en la región, acabara por enterrarla y sepultarla en la IV Cumbre de las Américas en Mar de Plata (Argentina) en noviembre de 2005. Desde entonces, este proyecto de integración neoliberal está congelado. La constitución oficial del ALCA hubiera supuesto la creación de un área de libre comercio que abarcaría todo el continente americano, inspirada en los principios de “promover la prosperidad a través de la creciente integración económica y el libre comercio entre los países del hemisferio, eliminar progresivamente las barreras al comercio de bienes y servicios y la inversión y maximizar la apertura de los mercados mediante altos niveles de disciplina a través de un acuerdo balanceado y comprensivo” (Granato y Oddone, 2007). Es decir, ni más ni menos que un acuerdo que garantizase una perpetuación de las políticas neoliberales en los países de la región. Según Montero Soler (2007): “la esencia de ese proyecto era imponer, por la vía aparentemente neutral del libre comercio, la progresiva desarticulación de los pocos ámbitos económicos y sociales sobre los que los Estados seguían manteniendo, tras la ofensiva neoliberal, un cierto control”. Teniendo en cuenta que EEUU maneja entre un 75 y un 77% del total del PIB de los países que habían de integrarse en esta propuesta económica neoliberal, el ALCA vendría a ser algo así como “un bloque regional y al mismo tiempo una estrategia estadounidense geoeconómica y geopolítica dirigida a potenciar su preponderancia económico-comercial en América Latina” (Morales Manzur y Morales García, 2007). Otro autores han visto en el ALCA un proyecto de los EEUU para anexar América Latina esencialmente en beneficio de los intereses de las transnacionales estadounidenses (Dierckxsens, 2006). El ALCA, pues, se iba a convertir de facto “en un freno para las políticas de desarrollo subsidiario y proteccionista de las economías nacionales, además se entorpecerían los esfuerzos para ampliar los mercados internos de los países y el desarrollo científico y tecnológico de la región, así como el acceso a los mercados internacionales; los esfuerzos de integración regional y subregional serían neutralizados por el ALCA; existiría una subordinación estructural de la región a la mono exportación de productos y bienes sin mayor valor agregado y de manufactura liviana; riesgo de disminución del poder negociador de los países de la región y el debilitamiento de los vínculos creados con otras regiones del mundo” (Moreno, 2007).

En definitiva, a la vista de estas cifras y acontecimientos, podemos decir con total propiedad que “en el marco de las políticas neoliberales implementadas casi sin excepción en toda la región en los años ochenta y noventa se observa una intensificación sin precedentes de la exclusión social y la pobreza” (Boron, 2003). En consecuencia también, los pueblos de la región no podían esperar por más tiempo para emprender un combate a muerte contra el neoliberalismo, un combate que los hiciera sanar de la enfermedad cada vez más aguda que padecían en el interior del actual sistema-mundo capitalista: “Esto nos indica claramente la necesidad de desarrollar paradigmas propios del mundo subdesarrollado, nuevos paradigmas en el área de la teoría del desarrollo, comenzando por comprender que no podemos participar de un modelo Global de acumulación del Capital Monopolista Transnacional y suponer que eso tiene algún tipo de conexión con nuestro paso al desarrollo. Estos modelos no están diseñados con ese objetivo” (Sierra Lara, 2008). Uno de estos modelos alternativos para el desarrollo, tal vez el que mayor repercusión histórica haya tenido tanto por el volumen de su fundamentación teórica y académica, como por la puesta en marcha de algunos proyectos históricos de este tipo (que si bien no estaban fundamentados en los modelos teóricos diseñados por los autores de esta teoría, si recogen sus principales características en la práctica), es la teoría del “desarrollo auto-centrado”. La emergencia de gobiernos de corte revolucionario en la región ha conducido a muchos de estos países a enrolarse en las filas de esta alternativa económica para el desarrollo, tratando de subvertir así el papel histórico que América Latina ha jugado en el sistema económico mundial. Veamos ahora en qué consiste este modelo alternativo de desarrollo, antes de pasar a exponer los detalles concretos de este cambio de rumbo en América Latina, manifestados especialmente a través de la emergencia en el panorama regional de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA).

III Desarrollo auto-centrado y desconexión: la propuesta alternativa de Samir Amin para el desarrollo.

La teoría del desarrollo auto-centrado cuestiona la consigna subyacente a la teoría convencional del desarrollo y a la política actual del mismo, por la cual se propugna una creciente integración del Tercer Mundo en el mercado mundial, como medio para superar el subdesarrollo. Por el contrario, la teoría del desarrollo auto-centrado propone la disociación temporal respecto al mercado mundial. La concepción de un desarrollo auto-centrado alternativo supone así una reacción teórica, en el marco de la Economía para el desarrollo, frente a la ineficiencia de los paradigmas tradicionales, una teoría con la que poder enfrentar en la práctica los defectos estructurales que afectan a las sociedades de la periferia en un marco de integración

capitalista mundial, manifestados principalmente a través de la situación de vulnerabilidad económica a la que estos países se ven arrojados a consecuencia de su situación de dependencia respecto de los países desarrollados del centro. La primera definición teórica que se hizo del desarrollo auto-centrado propiamente dicho, propuesta por Samir Amin, se remonta a 1957 y dice literalmente: "Mientras que en el modelo de la acumulación auto-centrada las relaciones exteriores se someten a la lógica y a los imperativos de la acumulación interna, en el modelo de desarrollo extravertido, por el contrario, son las relaciones con el exterior las que determinan casi totalmente el ritmo y las características de la acumulación interna" (Amin, 1990, 1994). Una economía auto-centrada se caracteriza entonces por el desarrollo dinámico de su mercado interno, en el que se encuentra integrada productivamente la masa de la población, cuyos modelos o estilos de consumo se traducen en una estructura productiva orientada, ante todo, hacia el mercado interno. Estructura productiva ésta: “cimentada sobre la firme base de la movilización de los recursos locales disponibles, y en la utilización de estos recursos en el lugar de ubicación, así como en el desarrollo y aplicación de los incentivos conducentes a la producción de tecnologías propias” (Pérez Sánchez, 1998). O, en otras palabras, en el planteamiento del desarrollo auto-centrado “ya no sería la demanda externa el eje de las conjeturas y esperanzas sino que la interna ocuparía el rol primordial, desplazando a aquella a un lugar secundario" (Schuldt, 1990). En sentido lato, el desarrollo auto-centrado consiste en la vinculación orgánica de las siguientes actividades (Clive, 1974): a) Renovada prospección de los recursos locales, b) Construcción de su propio sector industrial de bienes de producción, c) Desarrollo y producción de nuevas tecnologías adecuadas a los niveles de desarrollo de las fuerzas productivas y de la configuración de las mismas, d) Aumento de la productividad de la agricultura, e) Producción industrial de bienes de consumo masivo (demandados por las masas de la población), f) Solamente la convergencia de estas actividades permite la progresiva y paulatina apertura del mercado interior, a través del cual se integrará productivamente la amplia masa de la población, obtendrá ingresos y dinamizará la demanda interna hacia bienes de consumo agrarios e industriales y hacia equipos o inputs.

Sin entrar en una descripción de los detalles concretos acerca de las medidas que hay que tomar para aplicar un modelo de desarrollo de este tipo, y al hilo de lo ya expuesto con anterioridad, se puede decir que éste, además de lo dicho anteriormente: a) implica no sólo la proclamación de la “prioridad agrícola”, sino también su aplicación efectiva. Esto exige que las otras actividades cuya productividad sea superior no sean motivo de distribuciones de ingresos que sobrepasen a los que se distribuyan en la agricultura, b) implica que se conciba la industrialización primeramente como apoyo a los progresos de la productividad en la agricultura (producción de insumos adecuados para ésta –abonos, maquinaria, etc.-, obras de infraestructuras, etc.), así como un enfoque de dicha industrialización hacia la satisfacción de

las necesidades no alimentarias de la población rural y urbana de la manera más igualitaria posible. No se puede renunciar al desarrollo de esta industria nacional sustituyéndola por importaciones, c) implica, pues, formas nacionales y populares de organización social de la producción (el control de los campesinos sobre los proyectos agrícolas, creación de verdaderas cooperativas, instituciones de negociación colectiva de los precios agrícolas, control nacional de las industrias, una política nacional de salarios, etc.), d) implica una relación con la tecnología que no se limite a una transferencia de ésta, desarrollando una capacidad de inventiva que ayude a adecuar la tecnología, aunque esta sea importada, a las necesidades reales del propio desarrollo, impidiendo con ello que los países occidentales desarrollados puedan ejercer un control directo de la economía local a través de sus tecnologías, e) implica relaciones exteriores limitadas, la industria nacional-popular no se puede crear a través de unas exigencias de producción preexistentes (como son, por ejemplo, las derivadas de las demandas para la exportación), sino que se debe crear a partir de la satisfacción de las necesidades populares del país y de las necesidades intermedias y de equipos derivadas, f) finalmente implica la construcción de una estructura nacional de interdependencia entre los diferentes sectores productivos del país, a fin de que se pueda generar una redistribución equitativa del ingreso entre todos ellos, no habiendo unos sectores que por su mayor productividad o por que exista una mayor demanda de sus productos en el país, puedan beneficiarse en detrimento de otros sectores que finalmente pudieran quedar más atrasados. Por el contrario, se deben financiar los sectores menos competitivos, con el excedente generado por los sectores más rentables, algo que sería imposible de hacer a gran escala salvo que exista una amplia propiedad pública de la industria nacional (Amin, 1994).

Amin, igualmente, sintetiza la oposición modelo auto-centrado/modelo extravertido, mediante un esquema con cuatro sectores (1. Producción de medios de producción; 2. Producción de bienes de consumo de masas; 3. Producción/consumo de lujo; 4. Exportaciones.). Define el modelo auto-centrado como aquel que está determinado por la articulación de los sectores 1 y 2, y el extravertido como aquel que está determinado principalmente por la articulación de los sectores 3 y 4 (Amin, 1990, 1994). El esquema propuesto nos lleva a una conclusión principal: “En el modelo auto-centrado, las remuneraciones del trabajo (salarios y rentas de los agricultores) deben aumentar necesariamente al ritmo del progreso de la productividad. En el modelo extravertido, por el contrario, las remuneraciones del trabajo pueden estar desconectadas al crecimiento de la productividad” (Amin, 1990, 1994). El desarrollo vendría dado, pues, por el ajuste existente entre el crecimiento de la productividad nacional y el crecimiento de los salarios y rentas de los trabajadores, así como mediante una correcta redistribución del ingreso entre los diversos sectores productivos del país, lo que implica una economía puesta al servicio de las potencialidades, los recursos y las necesidades de

la sociedad en cuestión según sus propias características económicas, sociales y culturales, una economía que camina según el ritmo que le van marcando sus propias capacidades productivas, todo ello en un marco donde la economía nacional ha desconectado necesariamente de su papel dentro del sistema-mundo capitalista, saliéndose de las imposiciones determinadas por éste y tomando el mando de su propio destino productivo.

Según la visión de Amin, todos los países de la periferia que pretendan realmente alcanzar un verdadero desarrollo deberían apostar desde ya por un modelo de desarrollo auto-centrado de este tipo, pues la aplicación de un modelo de desarrollo auto-centrado frente a la aplicación de un modelo de desarrollo extravertido es precisamente lo que diferencia a los centros de las periferias en el marco de un mismo sistema-mundo: mientras los centros han utilizado históricamente el desarrollo auto-centrado como modelo de crecimiento económico, las periferias han seguido el camino del desarrollo extravertido. Tanto los centros como las periferias, por tanto, son un producto de la historia, concretamente de una misma historia conjunta en el interior de un mismo sistema-mundo de corte capitalista. Es decir, el proceso histórico mediante el cual se ha ido configurando la situación actual del sistema-mundo capitalista a nivel global, ha permitido en algunas regiones del sistema la constitución de “una hegemonía burguesa nacional y de un Estado que calificaremos igualmente de capitalista nacional” (Amin, 1990), mientras a otras se les ha negado sistemáticamente. O, en otras palabras, el desarrollo histórico del capitalismo ha permitido el desarrollo auto-centrado de unos lugares del mundo mientras ha condenado a seguir el camino del desarrollo extravertido al resto, generando Estados nacionales en los primeros lugares, y Estados subordinados y dependientes en los segundos. En la terminología concreta de Amin, el Estado es nacional cuando, aún inserto en el sistema mundial capitalista, controla el proceso de la acumulación de capital interno en el marco de las presiones exteriores reales, siendo dueño de su propio futuro y teniendo la capacidad de sustentar su desarrollo sobre la base de un desarrollo auto-centrado. Estos serían los centros. Las periferias, en cambio, se definen negativamente: “son las regiones que, en el sistema capitalista mundial, no se erigen en centros” (Amin, 1990, 2002a). Las periferias serán entonces los países y las regiones que no dominan localmente el proceso de acumulación del capital, el cual estará entonces conformado principalmente por lo impuesto desde el exterior (Amin, 2002ª), encauzado en un modelo de desarrollo extravertido. La clave de la diferenciación entre centros y periferias, entre desarrollo auto-centrado y desarrollo extravertido, se encuentra, como se podrá ver, en la capacidad que los Estados tienen o no de ejercer control sobre el proceso interno de acumulación del capital, sin tener que plegarse en ningún momento a las presiones externas, más aún, poniendo las relaciones exteriores al servicio de su propio desarrollo interno.

Más concretamente, el “control de la acumulación del capital” hace referencia al control que un determinado Estado es capaz de ejercer sobre cinco condiciones esenciales del proceso de acumulación (Amin, 1988, 2002c): 1) el control local de la reproducción de la fuerza del trabajo (lo que supone en una primera fase que la política del Estado asegure un desarrollo agrícola capaz de producir excedentes alimenticios en cantidades suficientes y a precios compatibles con las exigencias de la rentabilidad del capital, y en un segunda fase, que la producción en masa de bienes salariales pueda seguir simultáneamente la expansión del capital y de la masa salarial), 2) el control local de la centralización del excedente (lo que supone no solo la existencia formal de instituciones financieras nacionales, sino también su autonomía relativa respecto de los del capital transnacional) garantizando la capacidad nacional para orientar su inversión, 3) el control local del mercado (reservado en gran medida a la producción nacional) y la capacidad complementaria de ser competitivo dentro del mercado mundial, al menos de manera selectiva, 4) el control local de los recursos naturales (que supone, más allá de su propiedad, la capacidad del Estado nacional de explotarlos o de mantenerlos en reserva), 5) finalmente, el control local de las tecnologías en el sentido en que, desarrolladas localmente o importadas, éstas puedan ser reproducidas rápidamente sin verse obligados a importar indefinidamente sus insumos esenciales (equipamientos, conocimientos, manipulación, etc.).

Sólo los Estados capaces de controlar estos cinco puntos de la acumulación del capital pueden ser considerados “Estado nacionales”, según la terminología empleada por Amin en sus textos: “El Estado y la Burguesía que controlan estos cincos elementos de la reproducción social, merecen –y son los únicos que lo merecen- ser calificados de Burguesías y de Estados nacionales (…) La constitución histórica del Estado burgués nacional no es, por tanto, la regla, sino que hasta ahora constituye la excepción del s